Yorely Escarleth Bernal Inciarte, una joven de apenas 20 años que fue deportada el pasado viernes 25 de abril de Estados Unidos, implora por su hija de dos años, Maikelys Antonella Espinoza Bernal, quien permanece en un centro de acogida bajo la custodia del gobierno estadounidense.

Este martes, ella y parte de su familia brindaron una entrevista exclusiva al medio zuliano Versión Final, donde relataron el trayecto de Yorely hasta su deportación de vuelta a Venezuela, quien asegura fue “engañada” al no regresar con su niña.

“Un día antes de que me sacaran de EE.UU. me dan un papel que dice que mi hija va a viajar conmigo para Venezuela. Yo estaba contenta”, relató entre lágrimas.

Pero al momento de abordar el vuelo de deportación, la niña no apareció.

“Pregunto por mi hija, no me dicen nada. Me pongo a llorar, le dije a los de ICE que me ayuden y nunca me ayudaron en nada”, expresó.

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Maikelys, conocida en su familia como Antonella, ha pasado más de un año entre centros de detención y hogares de acogida.

Según las autoridades, la niña fue separada de sus padres por razones de “seguridad y bienestar”, bajo sospechas no comprobadas de que sus progenitores forman parte del Tren de Aragua.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió en sus redes sociales una fotografía en la que, según él, se ve la mano de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado por error a su país.

Se trata de un puño cerrado donde debajo de cada nudillo hay un tatuaje. También incluye los caracteres M, S, 1 y 3 y unas palabras en letras diminutas, algo que parece añadido digitalmente y que pretende ser la explicación del significado de los dibujos, observó el medio RT.

Los tatuajes representan una hoja de marihuana, una carita feliz, una cruz y una calavera; símbolos que, según la Administración de Trump, corresponden respectivamente a cada una de las letras y números que componen la abreviatura MS-13, la cual se le atribuye a la organización delictiva transnacional Mara Salvatrucha.

«Esta es la mano del hombre que los demócratas sienten que debería ser devuelto a los Estados Unidos, porque es ‘una persona tan buena e inocente’. Dijeron que no es miembro de la MS-13, a pesar de que tiene la MS-13 tatuada en los nudillos», escribió el mandatario en las redes sociales. «Fui elegido para sacar a la gente mala de los Estados Unidos, entre otras cosas. Se me debe permitir hacer mi trabajo», concluyó.

This is the hand of the man that the Democrats feel should be brought back to the United States, because he is such “a fine and innocent person.” They said he is not a member of MS-13, even though he’s got MS-13 tattooed onto his knuckles, and two Highly Respected Courts found… pic.twitter.com/31sNr2k1SK

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Es de destacar que la publicación de Trump despertó polémica en Internet, donde múltiples usuarios alegaron que se trata de una imagen alterada, y otros aseguraron que esos tatuajes no se relacionan con la pandilla, cuestionando la interpretación dada a los símbolos.

«Oye viejo, Donald Trump, que alguien te enseñe Photoshop. Este es un excelente ejemplo de alteración de una foto en este caso para que tus acciones ilegales parezcan buenas. Pero, en vez de eso, pareces tonto», le dijo en X la exsenadora estatal de Minnesota Linda Higgins.

«Ignorando el hecho de que estas personas fueron deportadas sin el debido proceso, estoy tratando de averiguar cómo esos símbolos se traducen a MS13 y no puedo encontrar nada. A lo mejor él [Trump] piensa que el M S 1 3 escrito en la foto es un tatuaje de verdad. Si no, por favor, que alguien muestre cómo significan MS13″, dijo otro usuario de la red social.

Ábrego fue enviado en uno de los vuelos de deportación a su país de origen el 15 de marzo junto con otros migrantes con supuestos vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, a pesar de que contaba con protección legal contra deportación otorgada por un juez de inmigración.

El Gobierno de Donald Trump presentó este sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiéndole que levante el bloqueo temporal de emergencia que emitió en la madrugada prohibiendo las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador.

El recurso, firmado por el procurador general de EE.UU., John Sauer, solicita al Supremo permitir que se reanuden los vuelos de expulsión hacia el país centroamericano y también que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.

Poco después de la medianoche del viernes, el Supremo respondió a un recurso de emergencia de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), pidiéndole que interviniera ante un «inminente» traslado de migrantes venezolanos a El Salvador desde un centro de detención en Texas, recuerda EFE.

ACLU alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a los hombres sin darles un «tiempo razonable» para defender sus casos.

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El presidente republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».

El uso por parte del Gobierno de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.

El recurso del Gobierno alega que la demanda de emergencia que ACLU presentó anoche fue «terriblemente prematura» porque «se saltó» a los tribunales de menor instancia.

A su vez, alega que el Gobierno avisó a los migrantes con «antelación» antes de empezar el proceso para llevarlos a El Salvador y señala que la administración se ha comprometido a no expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros.

Según detalló ACLU el viernes en documentos judiciales -y confirmó este sábado el Gobierno- los oficiales del centro de detención Bluebonnet en Texas le entregaron a los migrantes venezolanos un documento informándoles que serían expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros.

La organización denunció que la notificación estaba escrita en inglés y que varios de sus clientes solo hablan español.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

Con información de EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó detener hasta nueva orden las expulsiones de venezolanos, ante los recursos de emergencia interpuestos este viernes por una organización que denuncia que el Gobierno de Donald Trump intenta expulsar a más migrantes a El Salvador.

Así, el Supremo estadounidense bloqueó las expulsiones de venezolanos -detenidos en un centro para migrantes en Texas- bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.

En su orden, que tuvo dos votos en contra, los jueces del Supremo actuaron tras el recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias parecían querer reiniciar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó el pasado 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

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La decisión se produce horas después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno de Donald Trump seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal, conocida como TPS, de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.

Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que «no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal».

La corte no concede o deniega la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que pausa su deportación hasta que se pronuncie un tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE.UU.

Un juez federal impidió temporalmente este viernes que la administración de Donald Trump deporte a países distintos del suyo a personas que han agotado los recursos legales sin que se les permita argumentar cómo ello pondría en peligro su seguridad.

El juez federal de distrito Brian E. Murphy dictaminó que las personas con órdenes de deportación deben tener «una oportunidad significativa» para argumentar que ser enviadas a un tercer país presenta un peligro que se considera digno de protección. Su orden permanece vigente hasta que el caso avance a la siguiente etapa de argumentos, reseñó Univisión.

«Los acusados argumentan que Estados Unidos puede enviar a un extranjero susceptible de deportación a un país que no es el de su origen, a un lugar donde un juez de inmigración ha ordenado su deportación, donde podría ser torturado y asesinado de inmediato, sin brindarle la oportunidad de informar a las autoridades que enfrenta un grave peligro o la muerte a causa de dicha deportación, escribió el juez Murphy.

«Los nueve jueces en funciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, el Congreso, el sentido común, la decencia básica y esta Corte discrepan».

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que hizo la agencia AP, pero los abogados de la administración argumentaron que una suspensión temporal interferiría con la aplicación de la ley migratoria.

En algunos casos, un juez puede determinar que el país de origen de una persona es demasiado peligroso, pero las autoridades pueden enviarla a un tercer país.

Murphy, quien fue designado por el presidente Joe Biden, se puso del lado de grupos de defensa, como la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que presentó una demanda el domingo en Boston en nombre de las personas que fueron transferidas a terceros países o que temían serlo pronto.

«El factor de daño irreparable también pesa a favor de los demandantes. En este caso, la amenaza de daño es clara y simple: persecución, tortura y muerte. Es difícil imaginar un daño más irreparable», escribió Murphy.

La orden del juez Murphy exige que la administración Trump notifique por escrito a los extranjeros antes de su deportación a un tercer país, así como una «oportunidad significativa» para plantear inquietudes sobre su seguridad, incluyendo al menos 15 días para reabrir sus procedimientos migratorios.

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En la demanda que conoce el juez, está el caso de un guatemalteco, identificado solo por sus iniciales en los documentos judiciales, que fue enviado a México, donde afirma haber sido violado previamente. Un juez de inmigración estadounidense determinó que no era seguro para él ir a Guatemala, pero el hombre no tuvo la oportunidad de argumentar en contra de su envío a México. El hombre se encuentra «escondido» en Guatemala.

En otro caso, un juez de inmigración dictaminó que una demandante no podía ser devuelta a Honduras, pero teme ser enviada a un tercer país cuando se presente a un registro obligatorio la próxima semana en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas.

Una jueza federal del distrito de Colorado bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de la llamada Ley de Extranjeros Enemigos (aprobada en el siglo XVIII) para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado.

La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), algo que ellos niegan, según sus abogados, recoge EFE.

El dictamen prohíbe temporalmente la deportación de todos los extranjeros que se encuentran actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado y que podrían estar sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump el mes pasado.

La decisión de la jueza se basa en que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que toda persona deportada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene el derecho de una audiencia de apelación en un tribunal federal antes de la deportación.

Por eso, jueces federales de Nueva York y Texas también se expresaron a favor de suspender temporalmente las deportaciones en esos estados hasta que se establezca un procedimiento para permitir dichas apelaciones.

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En el caso de Colorado, la suspensión de las deportaciones tiene una vigencia de 14 días, por lo que la jueza Sweeney programó una audiencia para el 21 de abril.

Con información de EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió «hasta nueva orden» este lunes la orden de una corte inferior que ordenó el regreso a Estados Unidos de un migrante salvadoreño enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, después de que la Administración de Donald Trump lo pidiera.

«(La orden) queda suspendida hasta nueva orden del abajo firmante o del Tribunal», informó el Alto Tribunal en una declaración firmada por su presidente, el conservador John Roberts.

El tribunal alargó el plazo que tiene el Gobierno estadounidense para traer de regreso a Kilmer Armado Ábrego García, que según había dictaminado la jueza Paula Xinis en un tribunal de Maryland acababa este lunes.

Roberts ordenó, además de la pausa, que las partes aportasen más argumentos al tribunal antes de este martes a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT) para poder decidir sobre el caso.

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El Gobierno estadounidense había apelado la decisión de la magistrada Xinis en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito, pero esta corte declinó intervenir de inmediato, lo que propició que la Administración recurriera al Supremo.

El Ejecutivo señaló en su escrito que «la Constitución encarga al presidente, no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la nación contra terroristas extranjeros, incluyendo su deportación».

Ábrego García, residente en el condado de Prince George en Maryland y casado con una estadounidense, fue puesto en la mira de las autoridades después de que en 2019 un informante asegurara que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha).

Aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez le concedió una suspensión de dicha orden, de acuerdo a la demanda.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvo el pasado 12 de marzo argumentando que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas.

Desde allí fue enviado en uno de los tres aviones que el 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad de ese país.

El Gobierno estadounidense admitió ante una corte que su envío a El Salvador fue un «error administrativo».

Con información EFE

Un juez federal en Massachusetts bloqueó temporalmente al Gobierno de Trump de deportar migrantes a lugares que no sean su país de origen sin proporcionar aviso previo y una oportunidad para buscar protección contra la persecución o la tortura.

En su fallo, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Brian Murphy bloqueó temporalmente a la administración de remover a individuos que están sujetos a deportación de Estados Unidos a lugares que no son su país de origen a menos que el Gobierno federal proporcione al individuo y a su abogado “un aviso por escrito del país al que pueden ser removidos”, entre otras medidas.

Se programó una audiencia en el caso para el 10 de abril, reportó CNN.

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Recordemos que en un esfuerzo por aumentar las deportaciones la administración de Trump ha dependido de socios regionales para aceptar migrantes de otros países de origen. Por ejemplo, a principios de este año, cientos de migrantes de Asia deportados de Estados Unidos fueron enviados a Panamá, que acordó recibirlos y eventualmente repatriarlos.

Más de medio millón de migrantes comienzan una carrera contra el reloj, luego que la Casa Blanca hizo oficial este martes la derogación del beneficio migratorio conocido como el parole humanitario, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.

Se trata de medio millón de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ingresaron a EE.UU. con un permiso humanitario conocido como ‘parole’ que ha sido revocado por la Administración del presidente Donald Trump, dejándolos expuestos a la deportación después del próximo 24 de abril.

La terminación del ‘parole’ representa «un regreso a las políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos primero», ha dicho la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Tricia McLaughlin.

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El DHS argumentó que el programa «no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior» de la Casa Blanca.

Además, el Gobierno Trump achacó al CHNV haber «exacerbado los retrasos» en el sistema migratorio del país que enfrenta un atasco de casos.

Con información EFE

La Casa Blanca se mantuvo firme este miércoles en la política de deportaciones aplicada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y desacreditó al juez que las ha bloqueado, James Boasberg, y a los magistrados en general que intentan frenar las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable», aseveró la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

En su rueda de prensa destacó que seguirán peleando en los tribunales las órdenes en su contra, reseñó la agencia EFE.

«Pero es increíblemente evidente que existe un esfuerzo concertado por parte de la extrema izquierda para elegir jueces que claramente actúan como activistas partidistas desde la magistratura en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. No permitiremos que eso suceda», advirtió.

En su opinión, dichos jueces no solo están «usurpando la voluntad» del presidente y del Ejecutivo, «sino que están socavando la voluntad del público estadounidense, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron debidamente» a Trump para implementar tales políticas.

Por ello recalcó que la ciudadanía «desde luego» que puede esperar que la campaña de deportaciones masivas prosiga.

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Por otra parte, se conoció que Trump y su círculo cercano incrementan la presión para destituir al magistrado Boasberg, que ordenó detener deportaciones de extranjeros sin vistas judiciales previas, después de que un congresista republicano iniciara el proceso legislativo para tratar de cesarlo.

«¡Si un Presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de presidente, entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!», escribió Trump en su red social, Truth Social, tras haber pedido la destitución de Boasberg en otra publicación unas horas antes.

Este martes el congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso.

Con información de EFE

El venezolano Yoiner José Purroy, que fue deportado desde Guantánamo, aclaró que fue detenido por sus tatuajes y calificado como un miembro de la banda el Tren de Aragua y llevado a una prisión de máxima seguridad en Guantánamo.

Así lo explicó a la cadena de Univisión el venezolano que fue deportado hasta Venezuela y desde donde rompió el silencio.

Purroy advirtió que los venezolanos están siendo víctimas de discriminación al ser calificados en una misma categoría, de criminales.

“No nos pueden tratar como como un delincuente por unos tatuajes que tienen mucho significado para nosotros, para nuestras vidas”, explicó.

Al tiempo que agregó: siento que están discriminando y tratándolo como unas personas que como que si fuéramos unos delincuentes,  donde nosotros somos unas personas honesta. De verdad emigramos de nuestro país en busca de una felicidad, en busca de una mejor vida para nuestra familia”.

Sobre su experiencia en Guantánamo explicó que se trata de una cárcel de máxima seguridad con condiciones que están muy lejos de ser un refugio de migrantes.

“Esos centros de Guantánamo no era un centro de detención (de migrantes), como decían ellos, era una cárcel maximizada que son para delincuentes, no para migrantes”.

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La política migratoria de deportaciones masivas de la nueva administración de Donald Trump y restricciones para miles de irregulares que se encuentra en EE.UU. ha generado una ola de incertidumbre y terror.

Las redadas, la contratación de personal extra y la orden de expulsar lo más rápido posible a los migrantes irregulares ha generado un clima de tensión de en el que nadie se siente a salvo.

No importan si tienes los papeles, el miedo de que la migra los atrape es generalizado, ya que según los reportes de prensa un estadounidense de origen latino fue deportado a México.

A finales de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó las directrices establecidas en 2021 bajo la administración de Joe Biden, permitiendo a los agentes de migración realizar detenciones, escuelas, iglesia y hospitales sin necesidad de aprobación previa.

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Hay varios grupos de migrantes que pueden estar tranquilos como los beneficiarios de DACA, quienes hayan pedido un ajuste, un reajuste en su estatus puede ser por procesos de violencia doméstica, los testigos de crímenes o quienes ya tuvieron su cita de huellas dactilares. Así como las personas que tengan visas de trabajo, de talento o los turistas y por último, los casos de asilo.

Los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que se benefician de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no corren riesgos.

Tampoco quienes estén pidiendo un reajuste en su residencia que incluye a quien ya tuvieron la cita de huellas, los que están en proceso por casos de violencia doméstica, así como quienes hayan sido testigos o víctimas de un crimen.

También aplican aquellos migrantes que puedan probar que tienen un proceso activo en trámite y avanzando, que no tengan récord criminal de deportación por cualquier razón y que puedan demostrar que están regularizando su estatus en este país.

Las personas que tenga su visa vigente o no se ha vencido, como el caso los turistas que tienen permitido de estadía que puede ser de 3,6 o 9 meses.

Las personas estan bajo proceso de asilo tiene una situación es un poco más complicado, en donde corren más riesgos quienes entraron ilegalmente al país en comparación de quienes entraron con visa y luego solicitaron el asilo.

¿qué documentos debo llevar conmigo y mostrar en caso de un encuentro con ICE? Aquí está la lista.

1.-Una identificación

Un ID, una licencia de conducir en los estados en las que la entreguen, su pasaporte o una visa y para quienes están en proceso.

2.- Recibos

Según explica Univisión los documentos claves son los recibos que le han llegado de inmigración. La recomendación es tomarle fotos a todos esos recibos, sáqueles una fotocopia y llévelo siempre con usted.

Cargar estos documentos pueden ayudar a demostrar que la persona está en proceso y que no es por ahora deportable.

Otra de las recomendaciones es que si el migrante recibe una cita ya sea en la corte con un agente de inmigración, una audiencia, lo que sea, debe asistir.

En caso de que no asista, puede ser sujeto de una deportación por ausencia.

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LatinoJustice PRLDEF, una organización que lucha contra la explotación económica de los trabajadores inmigrantes de bajos salarios y combate los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ofrece una serie de recomendaciones en caso de que un encuentro con el ICE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un balance de las deportaciones masivas emprendidas por el nuevo gobierno de EE.UU. según el cual el grueso de las personas recibidas, 13.455 en su mayoría son de origen mexicano.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, Sheinbaum, detalló que “son 13.455 (migrantes deportados recibidos). Estamos hablando, es desde el 20 de enero, cuando llegó el presidente Trump. 13.455 personas, de las cuales 10.485 son mexicanos y 2.970 extranjeros».

También se refirió a los acuerdos de repatriación logrados por Marco Rubio, en su gira por Centroamérica. “Ellos están haciendo vuelos directos a muchos países, a Guatemala, a El Salvador, eso es parte de los acuerdos que ellos tomaron», cita EFE.

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Cabe destacar que el miércoles, secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó vía telefónica con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

Los detalles fueron revelados este por ambos gobiernos. Rubio «expresó su agradecimiento por los recientes esfuerzos de México para frenar la migración indocumentada», cita AFP.

Por su parte, la cancillería mexicana resaltó que «México y Estados Unidos seguirán trabajando de manera coordinada, con pleno respeto a nuestra soberanía y para beneficio de ambos pueblos».

Se trató de una revisión de los «acuerdos convenidos» entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par mexicana, Claudia Sheinbaum.

Desconsolada, con la voz entrecortada y con un profundo dolor la madre de Joan Bastida relató cómo su hijo pasó de la ilusión del sueño americano a terminar detenido en Guantánamo.

Relata que su hijo estuvo retenido en el centro de detención de El Paso, Texas durante 10 meses, presuntamente por unos tatuajes que el joven tiene.

Aunque según una conversación que tuvo con su hijo el 19 de diciembre, según la cual ya había sido investigado y todo estaba bien, esta madre venezolana logró identificar a su hijo en unas fotografías de los traslados de migrantes a Guantánamo.

En su desconsuelo pide ayuda y defiende a su hijo, aclara que no es ningún criminal.

“Lo único malo es tener esos tatuajes (…)Lo que quiero es que cuando vea que este video me ayuden. Por favor, mi hijo no es un criminal. Y se lo llevaron como los peores, como fueron criminales. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Ayúdeme, me estoy muriendo”, dijo.

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Un grupo de 40 voluntarios de la Cruz Roja integrado por médicos y socorristas acompañó la llegada de los migrantes deportados de Estados Unidos que arribaron al aeropuerto internacional de Maiquetia la noche del lunes 10 de febrero.

A través de una nota de prensa, la Cruz Roja informó que brindará asistencia humanitaria a los deportados venezolanos.

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El equipo de la Cruz Roja hizo entrega de un kit de higiene personal, refrigerios y en el caso de que fuera necesario algunos medicamentos. También ofrecieron servicios de atención primaria y apoyo psicosocial.

El apoyo se mantendrá para los próximos vuelos de migrantes que regresan al país, forma parte de «los servicios humanitarios prestados por las Sociedades de la Cruz Roja a personas deportadas en México, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia».

Destaca la Cruz Roja que «estas acciones están enmarcadas en su mandato humanitario, enfocado en responder efectiva y oportunamente a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, y protegiendo su vida y dignidad en todo momento y lugar».

La noche del lunes 10 de febrero arribó a Venezuela los dos primeros envíos de venezolanos deportados de Estados Unidos tras el acuerdo entre los gobiernos deben de Nicolás Maduro y Donald Trump.

Se trata de un hecho que marca el inicio de una nueva etapa de las relaciones con Venezuela y Estados Unidos.

Llama poderosamente la atención que entre los deportados son del sexo masculino.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello aseguró que solo es el inicio, ya que «este proceso seguirá y los venezolanos volverán a su Patria de donde nunca debieron haberse ido, gracias a esas campañas mediáticas terribles que hizo la derecha fascista».

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La XII Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP acordó tomar medidas para enfrentar las deportaciones masivas emprendidas por Estados Unidos.

El encuentro liderado por el presidente Nicolás Maduro, y al final de la reunión celebrada de manera virtual este lunes 3 de febrero, acordaron exigir una investigación en el desmantelamiento de la banda de los coyotes, respeto a los migrantes y a unir esfuerzos para la reinserción de los migrantes a la vida productiva de sus países.

Durante varias horas de los integrantes de la Alba- TCP participaron en una reunión virtual en la cual expresaron sus diferentes puntos de vista.

Desde la preocupación por los aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump, el respeto a los migrantes, un recordatorio a los Estados Unidos de la manera como poblaron lo que hoy es considerado la mayor potencia del mundo y el respeto con el que tienen que ser tratados los migrantes fueron algunos de los puntos mencionados por los presidentes durante sus intervenciones.

A continuación los puntos más resaltantes expresados por los presidentes durante su intervención:

Para el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, «resulta inaceptable la deportación violenta y discriminada de migrantes».

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, aseguró los aranceles impuestos el gobierno de EE.UU. Donald Trump, que tendrá un impacto negativo en la economía de los países de la región

“Los aranceles van a traducirse en un aumento de precio de los productos y en los servicios que consumimos, que importamos de estos países y esto va a dificultar aún más la situación para nuestra gente. Habrá mayor presión sobre las monedas. Es posible, incluso, que veamos entre los efectos, cómo se va a generar una mayor inestabilidad en la periferia del marco capitalista global”.

En cuanto al tema migratorio, informó que “el Gobierno de San Vicente y las Granadinas tiene la obligación de recibir a cualquier nacional del país que sea repatriado o deportado de los EE.UU., una vez que esto se haga de conformidad con los procesos legales internos de ese país y de conformidad con el derecho internacional”.

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Rechazo al trato de los migrantes

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó el trato irrespetuoso hacia los migrantes. “Desde la Alianza Bolivariana por los Pueblos de nuestra América debemos rechazar estas medidas y exigir un tratamiento respetuoso y justo (…) debemos garantizar un trato digno a cada persona en movilidad, protegiendo sus derechos humanos y los de sus familias”.

Nicaragua recordó que EE.UU. fue poblado por migrantes

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un recordatorio a los que hoy gobiernan EE.UU. «no se olviden los que están gobernando Estados Unidos que no tenían idea de que existían estas tierras, y salieron como migrantes y llegaron al territorio que no era de ellos, simplemente lo ocuparon por la fuerza, asesinando a sus propios dueños, los Pueblos indígenas».

El gobierno de Colombia se ofreció a asumir el costo del transporte en avión y barco de sus ciudadanos que van a ser deportados desde Estados Unidos, para garantizar que se haga en «condiciones dignas», informó este viernes la Cancillería.

«A Mauricio Claver-Carone, enviado especial por el presidente (Donald) Trump para América Latina, le hemos propuesto asumir de manera inmediata el traslado de todos los ciudadanos deportados por los Estados Unidos», según una nota de prensa.

«Para tales efectos se evalúan en este momento todas las opciones de traslado aéreo y marítimo», agrega.

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La cadena Univisión Noticias publicó en sus redes sociales un fragmento de una entrevista que emitirá en la noche con el presidente, Gustavo Petro, en la que reitera que su gobierno no permitirá el ingreso de deportados que viajen esposados por las autoridades de Estados Unidos.

Las condiciones del traslado de los colombianos motivó un choque diplomático el fin de semana.

Petro se quejó por supuestos malos tratos hacia sus connacionales y bloqueó la entrada al país de dos aviones militares estadounidenses que el domingo iban a aterrizar con decenas de colombianos a bordo.

Trump respondió imponiendo aranceles y amenazó con retirar las visas a los funcionarios del primer gobierno izquierdista de Colombia.

El incidente diplomático se apaciguó horas después, cuando la Casa Blanca aseguró que Colombia había aceptado sus condiciones y echó para atrás las medidas.

Argumentando falta de consenso, la presidenta Pro tempore de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro anunció la cancelación de la reunión prevista para este jueves 30 de enero.

A través de las redes sociales, Castro aseguró que se cancelaba la actividad por falta de consenso acompañado de un comunicado de la cancillería hondureña.

Destaca el texto que el origen de la convocatoria de la cumbre era abordar el impasse entre Colombia y Estados Unidos relacionados con la migración.

Sin embargo, al haberse superado este impasse la reunión convocada quedó sin efecto, que fue solicitada por el presidente colombiano Gustavo Petro.

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El comunicado describe los hechos de formas cronológicas desde el inicio del problema hasta su resolución.

Finaliza indicando que «la Celac, como mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños», solo adopta decisiones por consenso.

También destaca que Honduras, a cargo de la Presidencia pro tempore, ha «alentado el cumplimiento de los objetivos comunes para lograr la integración regional y la unidad, incluida la cooperación entre los países miembros frente a otros países, bloques de países o actores internacionales».

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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a una reunión de emergencia el próximo 30 de enero para abordar el tema de las deportaciones masivas de migrantes emprendidas por el gobierno de Donald Trump.

A través de su cuenta X, Castro publicó: «Convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado; próximo jueves 30 de enero».

Los temas en agenda son: «migración», «unidad latinoamericana y caribeña» y «medio ambiente» y la misma se realizará en dos formatos virtual y presencial a las 11 de la mañana hora local.

La convocatoria se da en medio del impasse que ocurrió entre Colombia y EE.UU., por la negativa del gobierno de Gustavo Petro de recibir vuelos de repatriados colombianos, tras haber denunciado maltratos a sus connacionales.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó su presencia para la reunión, según un comunicado del gobierno de Honduras.

Mientras que la presidencia de Colombia aseguró que «Será una oportunidad para abordar temas estratégicos para la región, tales como la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos».

Con información AFP