La administración del Donald Trump admitió oficialmente haber deportado a cuatro extranjeros originarios de Venezuela hacia El Salvador, pese a una orden judicial que establecía que cualquier persona con una orden final de deportación debía tener la oportunidad de presentar preocupaciones relacionadas con su seguridad antes de ser enviada a un tercer país.

La revelación se hizo mediante presentaciones judiciales realizadas durante la noche, en las que los abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad del traslado, según pudo constatar ABC News.

De acuerdo con estos argumentos, la remoción no violó la orden del juez federal Brian Murphy, emitida el 28 de marzo, debido a que en esta ocasión fue llevado a cabo por el Departamento de Defensa y no por el Departamento de Seguridad Nacional, que es parte demandada en el caso.

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Los cuatro venezolanos fueron identificados como presuntos miembros del Tren de Aragua, y los trasladaron en avión desde la Base Naval de Guantánamo hacia El Salvador, de acuerdo con una declaración jurada presentada por Tracey Huettl, responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Huettl afirmó que cada uno tenía antecedentes penales significativos y había sido identificado por las autoridades federales como integrantes del grupo criminal.

Se conoció que uno de los detenidos admitió ser miembro del Tren de Aragua, y señaló que reclutaba prostitutas para la organización. Otro fue acusado por múltiples delitos, incluyendo disparos y robo; un tercero sería un delincuente sexual condenado por tráfico humano y agresión doméstica; mientras que el cuarto fue arrestado por posesión y uso de drogas.

Pese a estas afirmaciones, ninguno contaba con órdenes específicas para ser deportado a El Salvador antes del traslado ocurrido el 31 de marzo, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.

La decisión judicial también contempla una audiencia programada para el 28 de abril para investigar posibles violaciones a las órdenes temporales dictadas previamente por Murphy.

El juez Murphy emitió además una orden preliminar el pasado viernes que obliga a la administración Trump a ofrecer siempre la oportunidad a los no ciudadanos para plantear inquietudes relacionadas con su seguridad antes de proceder con deportaciones hacia terceros países.

Tal como se había anunciado, la tarde de este jueves 10 de abril arribó el vuelo número 12, con 178 venezolanos deportados de EE.UU.

Así lo informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Se trata de un grupo de 178 personas, 162 hombres y 16 mujeres, que regresan al país. Hasta el momento han llegado 2.366 compatriotas.

Informó que entre los deportados se encuentra, una persona con código rojo de la Interpol solicitado por el gobierno de Venezuela.

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Destacó que siempre será el mismo procedimiento de recibimiento de manera amorosa, solidaria, y “el que tenga cuenta con la justicia que asuma su responsabilidad que nosotros seguimos adelante”.

Mientras que “el que no tiene nada que ver lo llamamos hasta su casa”.

Cabello dijo que están dispuestos a traer los venezolanos que sean necesarios.

Comentó que piden a EE.UU. traerse venezolanos, y los dejan esperando. «el Gobierno de los Estados Unidos tiene un desastre, anuncian un día que será una cantidad de personas las que enviarán y cuando llega el avión recibimos otra. Como ven, dijeron 300 y llegaron 178, cuando ellos se organicen, nosotros estaremos listos para buscar a nuestros compatriotas”.

Cabello atribuyó a una manipulación el presunto poder del Tren de Aragua, dijo que esta banda solo operaba en Aragua. Dijo que en este vuelo no llegaron integrantes de la banda.

“Los integrantes de esa banda delictiva nunca salieron de Aragua, ahora dicen que están por todo el mundo. Los delincuentes que estamos capturando en el Zulia relacionadas con el narcotráfico, también los relacionan a la extinta banda”, recalcó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, a que los integrantes del Tren de Aragua, eran jóvenes excluidos, dijo: «son el producto de una manipulación histórica que tiene que ver con el capitalismo, ambición y tráfico de drogas, que en Venezuela fueron combatidos».

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, adelantó que un nuevo lote de venezolanos llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía este jueves 10 de abril.

Agregó que en el grupo llega un solicitado con código rojo.

«Mañana viene otro lote, otro grupo de venezolanos. Estoy revisando la lista los nombres. Hay uno que tiene código rojo. Si hay uno con código rojo, nosotros n escondemos eso. Estamos averiguando los detalles», explicó.

Por otra parte, Cabello insistió que los venezolanos que fueron enviados a El Salvador están secuestrados por el gobierno «fascista» de Nayib Bukele.

«Maltrato físico, malas condiciones, y no son culpables de ningún delito, ni en Estados Unidos ni en El Salvador ni en Venezuela», sostuvo.

«Si hubiesen cometidos delitos en Estados Unidos, lo lógico es que los juzguen en Estados Unidos; si cometieron delitos en El Salvador, lo lógico es que los juzguen en El Salvador. Jamás habían estado en El Salvador, y los han llevado solo para meterlos en unas mazmorras, en un campo de concentración», denunció.

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También anunció que las autoridades venezolanas incautaron otras 15,3 toneladas de cocaína de alta pureza.

«En este instante van rumbo a buscar otra caleta, otra más (…) Lo que pasa es que el compatriota Patricio no sabe que encontramos otra de 15,3 toneladas», indicó Cabello durante el programa «Con el mazo dando».

Explicó que está incautación es aparte de las 16 toneladas de cocaína retenidas durante la Operación Relámpago del Catatumbo.

En total, ya son más de 31 toneladas de cocaína incautadas en las últimas semanas.

Alirio Guillermo Belloso avisó el viernes pasado a sus familiares que sería deportado a Venezuela, pero desde entonces no han vuelto a saber nada de él y necesitan confirmar si está en una cárcel para terroristas en El Salvador porque su rastro desapareció del sistema de Inmigración estadounidense.

«Es como si nunca hubiera estado detenido por Inmigración, nadie nos da información sobre él”, dijo a EFE su hermano Antonio Fuenmayor, que lleva varios días tratando de confirmar si hizo parte de los cientos de venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador tras verlo en una foto en los medios.

“Lo que están haciendo es inhumano”, agrega Fuenmayor, que reside en Florida.

El drama de esta familia, oriunda de Maracaibo, comenzó el sábado pasado cuando se enteraron que el Gobierno del presidente Donald Trump había enviado a más de 200 venezolanos -que la administración republicana asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Una imagen compartida por el Gobierno de Nayib Bukele del migrante siendo rapado mientras está encadenado, confirmó lo que se temía.

«Eso es un abuso de poder claramente, mi sobrino enfrentaba una simple deportación, un tema civil porque él no ha sido acusado ni condenado por ningún crimen en Estados Unidos ni en Venezuela», advirtió a EFE en una entrevista telefónica desde Venezuela Alixon Fuenmayor Vera, tío del inmigrante y abogado de profesión.

El abogado recalcó que los inmigrantes enviados a la cárcel salvadoreña tienen derecho a defenderse y conocer las acusaciones. Pero el Gobierno estadounidense se ha negado a contestar esas preguntas y ellos debieron enterarse por una foto.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que lo tenía bajo su custodia, no entregó información sobre el paradero del inmigrante a EFE y señaló que la solicitud se debe hacer a la Casa Blanca.

Varias familias de venezolanos consultadas por EFE temen que sus parientes estén detenidos en El Salvador y denunciaron que la información de estos ha desaparecido del sistema de ICE.

El silencio y hermetismo de la Administración Trump sobre estos operativos se ha mantenido incluso con un juez federal al que se ha negado este martes entregar detalles sobre el operativo amparado la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense sin vista judicial previa.

“Si no le quiere entregar información a un juez menos nos va a responder a nosotros”, lamenta el hermano del detenido.

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El inmigrante de 30 años y padre de una niña fue detenido el pasado 17 de enero en un pequeño poblado de Utah, donde vivía con otros dos primos y trabajaba como repartidor, tras llegar al país por la frontera sur en 2023.

Estaba estacionado en una gasolinera cuando agentes que aparentaban ser policías llegaron a pedir documentación a varios latinos y él no pudo presentar una licencia de conducir.

Su hermano cuenta que tenía una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) para hacerse las huellas digitales una semana después de su arresto como parte de un proceso de asilo. “Todo ese proceso se quedó ahí estancado por tener unos tatuajes de su familia”, manifiesta.

Tras dos meses en un centro de detención para inmigrantes en Texas, el detenido ya había aceptado regresar a su país. “Quería reunirse con su mamá y seguir la lucha aquí junto a sus seres queridos”, explica el tío.

Pero la alegría de volverlo a ver se ha convertido en una pesadilla, ya que ni la familia en Venezuela ni su hermano en EE.UU. tienen la posibilidad de viajar a El Salvador para tratar de sacarlo de la cárcel. “Es un castigo por ser venezolano”, agrega Fuenmayor.

En este sentido, organizaciones como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) han pedido al Ejecutivo estadounidense “reconsiderar” la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros a los venezolanos “de manera generalizada”.

En una carta al presidente Donald Trump, José Antonio Colina, presidente de Veppex, dijo que la norma “podría afectar injustamente a una comunidad que, en su mayoría, busca refugio y oportunidades en Estados Unidos tras escapar de una crisis humanitaria”.

“Le pido humildemente que las medidas se basen en pruebas específicas y procesos legales justos, dirigidas exclusivamente a los delincuentes y evitando castigos colectivos”, agregó.

Con información de EFE

La presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro aumenta, con advertencias de más sanciones de Estados Unidos si no acepta la deportación de venezolanos.

El Salvador, por su parte, justificó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que los deportados son «criminales comprobados», algo que el propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, contradijo. 

Exlíderes latinoamericanos instan al presidente Donald Trump a defender a los migrantes honestos, mientras que el chavismo alerta a nuestros connacionales sobre los riesgos de viajar a EE. UU. Génesis Pérez con el resumen de los últimos acontecimientos.

Tenemos entonces que Rubio anunció que algunos de los venezolanos deportados a El Salvador podrían ser enviados de vuelta a Venezuela si se prueba que no pertenecen al Tren de Aragua. La declaración llegó en medio de fuertes críticas, luego de que ICE admitiera que muchos deportados no tienen antecedentes. Mientras Trump ataca al juez que bloqueó más expulsiones y Venezuela advierte sobre los riesgos de viajar a EE.UU., cientos de migrantes enfrentan un futuro incierto.

«Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna. A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y crecientes», amenazó Rubio.

Entretanto, la administración Trump admitió que un número significativo de venezolanos deportados no tenían antecedentes criminales, lo que desató críticas sobre los criterios del proceso. Tras la suspensión de más expulsiones, Trump arremetió contra el juez, llamándolo ‘lunático de la izquierda radical’ y exigió su destitución.

La medida de deportación tan violenta a El Salvador ha causado gran consternación y comunidades venezolanas en Estados Unidos denuncian que muchos deportados eran simplemente indocumentados en busca de mejores oportunidades. El gobierno de Venezuela también ha reaccionado emitiendo un comunicado de alerta para sus ciudadanos que planeen viajar o residan en Estados Unidos, advirtiéndoles sobre los riesgos y condiciones adversas que podrían enfrentar.

«Se recomienda a quienes residen o transitan por Estados Unidos extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría comprometer su seguridad y bienestar», reza el comunicado oficial.

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Finalmente, hasta un grupo de expresidentes de España y América Latina envió una carta a Trump en la que respaldan la acción de su gobierno contra la organización criminal venezolana. Argumentan que el gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza hemisférica y para la seguridad de EE.UU. en particular.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves que solicitó la repatriación de un grupo de migrantes venezolanos llevados a la base militar de Guantánamo, en Cuba, los cuales fueron posteriormente trasladados a Honduras para ser “recuperados por aviones” de la aerolínea estatal Conviasa.

En un comunicado, señalan que la petición fue aceptada por el gobierno norteamericano y agradeció a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, por “toda la colaboración prestada para el rescate de estos compatriotas”.

?AHORACanciller @yvangil confirmó que Venezuela recibirá nuevo grupo de migrantes deportados desde EE.UUA través de un comunicado, el gobierno señaló que solicitaron "la repatriación de un grupo de connacionales que fueron llevados injustamente a la base naval de Guantánamo" pic.twitter.com/v1kviRKVm6

Previamente, el Gobierno estadounidense informó del traslado de 177 migrantes desde Guantánamo hasta el país centroamericano.

En su pronunciamiento, el gobierno se comprometió a que, en caso de que haya “alguna situación que tipifique cualquier forma de delito establecido” en el ordenamiento legal venezolano por parte de alguno de los repatriados, las autoridades “competentes actuarán de acuerdo con las leyes de la república y en resguardo estricto de los derechos humanos”.

Además, rechazaron “cualquier intento de criminalizar a la nación y a sus ciudadanos”.

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Se trata del segundo grupo de migrantes que regresan al país luego de que Caracas aceptara recibir deportados por Estados Unidos a finales de enero.

A los siete ciudadanos venezolanos los detuvieron en un operativo conjunto adelantado por Migración Colombia y la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá.

Por realizar actividades que atentaban contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social a los sujetos los expulsaron.

Según Migración Colombia los venezolanos presuntamente pertenecen a una banda denominada “Los Cosquilleros”.

Los detuvieron en flagrancia en un articulado de Transmilenio. Aprovechaban la congestión de pasajeros y extraían los elementos personales de los pasajeros.

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Tras su detención, y luego de que un juez determinara no darles medida de aseguramiento intramural, la Regional Andina de Migración Colombia tomó la decisión discrecional de expulsar a los extranjeros del territorio nacional, por un periodo de diez años.

Los llevaron hasta la población de Villa del Rosario en Norte de Santander, en donde se hizo entrega de los mismos, a las autoridades venezolanas.

Con esta medida de expulsión los siete extranjeros no solo no podrán ingresar a territorio colombiano por un periodo de diez años.

Además perderán la oportunidad de acogerse al Estatuto Temporal de Protección.

Cerca de 76 organizaciones civiles en 24 países del continente americano, agrupadas en Coalición por Venezuela, denuncian ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la deportación de venezolanos por Chile.

José Antonio Oropeza, secretario general de la Organización No Gubernamental, solicitó a Felipe González, relator especial de la ONU sobre los DDHH su intermediación y su pronunciamiento sobre la deportación de los migrantes.

A través de un hilo en Twitter este jueves, Oropeza hizo un llamado al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

 “Su intermediación y su pronunciamiento sobre las graves atrocidades jurídicas que se están cometiendo en Chile contra los desplazados forzados Venezolanos, son refugiados”.

“Entendemos que no debe existir una migración irregular, es más somos enfáticos en no promoverla”, informó.

Al tiempo que agregó: “sabemos que cada estado tiene leyes y reglas, pero el Derecho al Asilo está consagrado como un Derecho Humano art 14”.

Oropeza solicitó al relator González “que el Principio de No-Devolución consagrado en el art 33 de la Convención del 1951, o Estatutos para los Refugiados, sea aplicado”.

“Entendemos que los países deben aplicar la Convención de Palermo, pero es un maniqueísmo aplicar esta convención y no el Estatuto para los Refugiados o la Declaración Universal, o la Declaración Interamericana o simplemente la reciprocidad humanitaria”, añadió.

Otra de las solicitudes fue “la persecución y judicializar de manera efectiva a los grupos delincuenciales que se dedican a la trata de personas”.

Aclaró que “una cosa son los coyotes y otra muy distinta la protección que están buscando las víctimas de estos, en los estados que pretenden entrar”.

Alertó que “ayer fue Chile, mañana puede ser en Perú, Ecuador u otro país. Usted tiene una oportunidad de Oro con su próximo informe sobre los Push-Back”.

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Oropeza anunció que la Coalición por Venezuela acudirá a diversos organismos internacionales.

Así como al Tribunal de Justicia de Chile para denunciar la deportación de venezolanos por el gobierno de Sebastián Piñera.

En entrevista con VPItv, citada por La Verdad informó que acudirán al máximo tribunal del país austral “para solicitar amparo contra la deportación de venezolanos”.

“Le vamos a escribir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo Permanente de la ONU, a los representantes de Chile en el Consejo”, añadió.

Chile expulsó a 138 migrantes y de los cuales 86 personas eran de nacionalidad venezolana y el resto provenientes de Colombia, Perú y Bolivia.

El argumento fue que este grupo de personas se encontraba varado en la frontera norte de Bolivia bajo situación irregular.

La Coalición por Venezuela acusó al gobierno de Chile de “violar el derecho humanitario con expulsiones exprés de venezolanos «.

Aseguran que estos venezolanos ingresan al país en búsqueda de refugio.

A través de un comunicado, aseguró que se viola el derecho a un proceso legal antes de decidir cualquier deportación.

Recordó que el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho al asilo.

Indicó que en los últimos días la mayoría de los venezolanos que cruzan la frontera con Bolivia no cuentan con pasaporte, cédula de identidad o partida de nacimiento.

Esto “como consecuencia de la violación al derecho a la identidad por parte del régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro Moros”.