“La tendencia de los denominados ‘therian’ o transespecies es un trastorno de la mente derivado de las nuevas guerras cognitivas”, aseguró este lunes el fiscal general, Tarek William Saab, en relación con la existencia de personas, sobre todo jóvenes, que se identifican como animales y piden que se les reconozcan derechos.

 Durante una entrevista en el programa “A Pulso”, transmitido por Venezolana de Televisión, Saab rechazó  el hecho de que la identificación de personas con animales constituya un derecho humano.

"No son derechos, sino expresiones de un plan global para generar caos interno”, dijo.

El funcionario advirtió que estas corrientes buscan normalizar conductas que, a su juicio, atentan contra la dignidad y la naturaleza de la raza humana.

 También expresó su preocupación por el impacto que estas tendencias podrían tener en la infancia, bajo el pretexto de supuestos derechos sexuales que, según Saab, pretenden legalizar desviaciones como la pedofilia.

Saab comparó este fenómeno con una estrategia de guerra híbrida orientada a confundir a la población presentando “lo malo como bueno”.

Señaló que estas “conductas impropias no contribuyen al progreso ni a la convivencia, sino que representan una distorsión que debe ser vigilada por la justicia para proteger la salud mental y la integridad de la familia venezolana”.

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 Saab reafirmó que la Fiscalía mantiene su compromiso con la defensa de la dignidad humana y los derechos de los niños frente a agendas externas que intentan imponer trastornos conductuales como normas sociales. 

Subrayó, además, que la institución seguirá realizando vigilancia institucional para garantizar que la paz ciudadana y el desarrollo de los jóvenes permanezcan libres de influencias cognitivas que, en sus palabras, degradan la condición humana.

🗣️SER "THERIANS" NO ES UN DERECHO, SINO "UN TRASTORNO"El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que el denominado fenómeno de los “Therians” no constituye un derecho de los niños, sino una “desviación mental” que intenta normalizar una situación “imposible de formalizar” pic.twitter.com/qhLqIMTjg6

Con información de VTV y Globovisión

El gobierno de Venezuela reitera que su compromiso con los derechos humanos es inalienable como mandar la Constitución.

A través de un comunicado emitido este martes, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que una muestra de ese compromiso constitucional “es que restableció la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos bajo los términos de independencia soberanía y no intervención de los asuntos internos”.

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En el texto queda claro que Venezuela celebra el Día de los Derechos Humanos y el aniversario de la Declaración de estos principios que ratificados por la Organización de las Naciones Unidas durante el 10 de diciembre de 1948.

“Venezuela hace un llamado a la comunidad internacional a respetar los principios contenidos en esta valiosa declaración internacional y a evitar la instrumentalización de la noble causa de los derechos con fines políticos, acción que le ha hecho un inmenso daño a la humanidad!”, se lee en el texto difundido por el canciller.

Uno de los puntos de honor de la política exterior de Venezuela es su condena  a los hechos a la guerra contra el pueblo palestino, por lo que el comunicado subraya la oportunidad que ofrece esta ocasión para impulsar esfuerzos en la materia, ante la necesidad de efectuar los contenidos en la Declaración Universal, sobre todo al considerar las atrocidades que comete el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina.

También reiterar el compromiso del pueblo y el Estado venezolano para garantizar la promoción, protección y disfrute de todos los derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dio inicio a un caso de investigación contra la Administración de Nicolás Maduro sobre el fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, y exigió que se conserven las actas de escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), según un grupo de abogados denunciantes este martes 3 de diciembre.

Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH., confirmó a EFE que el Comité les notificó que fue abierto su caso y se han dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.

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Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE.UU.), que denunciaron en octubre ante el mencionado Comité: fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.

La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha “solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales”, incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación mientras investiga.

Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, y que “probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”.

En su denuncia “se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos, cuyos derechos humanos han sido violados.

Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE.UU., quien denunció una privación del voto, que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.

Los abogados expusieron en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalaron un “patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.

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Tras pedir medidas provisionales, indiciaron “la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos”, ya que no es “un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato” sino “un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección”.

En ese sentido, destacaron que “a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela”.

El Comité de DD.HH. de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.

Con información de EFE

Tirana Hassan, jefa de la organización transnacional Human Right Watch, considera que el año 2023 no fue muy beneficioso para los derechos humanos.

Explica la representante de dicha organización, que estas luchas han sido utilizadas por los gobernantes en el mundo a su conveniencia, por lo que califica a los mismos como unos «hipócritas».

Explica que los derechos humanos no son ni «accesorios» ni algo que pueda acomodarse al capricho de los intereses estatales.

«2023 ha sido un año increíblemente difícil para los derechos humanos. Hemos visto varias tendencias en su erosión», explica la líder de HRW, en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

«Incluso en las democracias florecientes hemos visto cada vez más ataques a las instituciones en las que confiamos (…) para que los derechos humanos lleguen a todos», añade, refiriéndose a las «señales de alarma» de las amenazas a los derechos de los migrantes en Europa y en Norteamérica, en particular en México, o a los derechos de las mujeres.

«India es un excelente ejemplo», dice, lamentando que en este país, descrito a veces como «la mayor democracia del mundo», haya una «represión considerable de las minorías religiosas» y que el gobierno actúe contra sus críticos.

Para HRW el año 2023 fue un fiel ejemplo de la represión, poniendo como ejemplo lo sucedido en China y Ruanda, donde, a su criterio, los oponentes han sido atacados incluso fuera de sus países de origen.

«Lo que hemos visto en 2023 es que los gobiernos hacen cada vez más la vista gorda ante las violaciones, desde Tailandia a Vietnam o Túnez, con el fin de crear nuevas relaciones. Esto es lo que llamamos diplomacia transaccional».

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«Cuando los occidentales hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional, solo para promover su propia agenda, no es más que hipocresía», denuncia.

«Esta selectividad, este doble rasero, se ha constatado en los países del Sur y tiene un impacto deletéreo en las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos». 

Incluso «es utilizada como arma por ciertos actores como China y Rusia, que utilizan este doble rasero para decir ‘ya ven, estas instituciones no son para nosotros, los derechos humanos no se aplican a todo el mundo’. Y eso no es verdad», prosigue.

Con información de AFP

El venezolano Lucas García París ha dedicado su arte entero, plasmado en los comics, ha denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela, tanto en la mal llamada Cuarta, como en la Quinta República.

Sus viñetas, con altos contrastes entre luces y sombras, son crudas: una gigantesca bota militar amenaza con aplastar a manifestantes en las protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro; pescadores confundidos con «guerrilleros» son atravesados por balas disparadas por soldados y policías en la masacre de El Amparo, ocurrida hace más de 35 años en un pequeño pueblo fronterizo con Colombia; un hombre es ejecutado por un agente con una máscara de calavera en un barrio pobre.

#28Dic El cómic, un lenguaje para defender los derechos humanos en Venezuela ??Ni Spider-Man ni Superman salvan el día. No hay final feliz en los cómics con los que el ilustrador Lucas García París da voz a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sus… pic.twitter.com/VkxG0waMH6

Los cómics de García París nacieron en colaboración con organizaciones de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ante «la necesidad» de «un lenguaje, una iconografía, que fuera más cercana» a la gente, comenta a la AFP este artista de 50 años, en el pequeño estudio que tiene en su departamento en Caracas.

«Si tú me hubieses dicho hace diez años que este era el género con el cual íbamos a tratar temas centrales de lo que está pasando en el país, no lo hubiera creído», confiesa.

Venezuela tiene larga tradición en la caricatura, con grandes exponentes del humor político en América Latina como el fallecido Pedro León Zapata (1929-2016) o Rayma, pero el cómic ha sido un territorio poco explorado. 

«Aquí no se hicieron cómics de superhéroes» o «grandes novelas gráficas de ficción», repasó García París.

Maduro, que buscará la reelección el año próximo, enfrenta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y a raíz de la represión contra las masivas manifestaciones en su contra de 2017, que dejaron más de un centenar de muertos, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación que sigue en curso.

«¿Cómo le explicamos lo que está pasando a estos jóvenes que están frente a las protestas de una manera que sea más sencilla, más cercana?», fue la pregunta que según Marino Alvarado, directivo de PROVEA, impulsó la serie «Cómics de la Rebelión» en 2017.

Se buscaba con estas historietas de distribución gratuita, aunque no masiva, sortear un sofocante clima de «censura» que denuncia el gremio de la prensa.

Su impacto llevó a nuevas colaboraciones entre PROVEA y García París en los años siguientes: «Camino a la Justicia» resume los informes de las investigaciones de los fiscales de la CPI y «Lo que se cuenta no se olvida» lleva a las páginas de los cómics testimonios emblemáticos de víctimas en un libro del mismo nombre.

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«Nos ha dado una buena experiencia», comenta a la AFP Alvarado.

«El Amparo», publicado este año, rememora la masacre de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988. Los dos únicos sobrevivientes, aún hoy, piden justicia en un caso en el que no hay ni un detenido.

García París ha colaborado igualmente con otras organizaciones de derechos humanos como REACIN (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), así como con webs informativas; y acaba de publicar un libro propio: «El Tema. Una memoria gráfica sobre los derechos humanos».

García París recuerda que cuando migró temporalmente a España en 2012, en medio del masivo éxodo por la crisis de Venezuela, regaló todos los libros de su biblioteca, salvo los cómics que atesoraba desde su adolescencia.

«Es un medio súper interesante (…) Yo escribía y ahorita ya no escribo, porque me he dado cuenta de que lo que me gusta es hacer cómics», explica este ilustrador, cuyas primeras aproximaciones con organizaciones de derechos humanos se dieron como diseñador o asesor de comunicación.

En la medida en que trabajaba con estas agrupaciones, su «percepción» sobre los derechos humanos fue «evolucionando».

«Te vuelves más empático hacia el otro (…). De verdad, lo que le pasa al otro, te empieza a doler a ti», narra, esperando que sus lectores vivan esa misma metamorfosis. «La gente tiende a ver que (el tema de los derechos humanos) es un problema que pasa en otro lado y le pasa a otra gente y realmente lo que le está pasando al otro, te está pasando a ti».

Con información de AFP

Un total de «509 funcionarios y particulares que se han asociado a ellos para violar derechos humanos» han sido condenados, según informó el fiscal Tarek William Saab,en medio de los cuestionamientos del desempeño de la administración de Maduro en materia judicial.

En rueda de prensa, Tarek William Saab, detalló que 500 funcionarios han sido condenados en Venezuela desde 2017 por violaciones de derechos humanos. “Hemos logrado imputar a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos, hemos logrado la acusación de 2.304 involucrados y al mismo tiempo privado de libertad a 955″, indicó. A juicio de Saab es se trata de «una cifra importante».

La declaración del funcionario de la administración de Maduro, se produce luego que el pasado lunes, de la denuncia en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre «ataques selectivos» para «silenciar» a la oposición, con mecanismos que incluyen tortura.

Acusación que fue desmentido por la administración de Maduro quien calificó de «mercenarios» a los integrantes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, mientras que el informe presentado fue tildado de «panfletario».

Para Maduro este tipo de acciones lo que busca es «legitimar» las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos contra Venezuela.

#EnVideo?| Fiscal General @TarekWiliamSaab resaltó que se ha logrado la disminución del 40% de las violaciones a los Derechos Humanos en el país.#ElEsequiboNoEsColonia pic.twitter.com/bGZfxAx3bo

La Corte Penal Internacional (CPI), que en junio autorizó a la oficina de su fiscal en jefe, Karim Khan, a continuar sus pesquisas, considerando insuficientes los procesos judiciales internos en los casos investigados por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

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Por su parte, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que alega tener «motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias» entre enero de 2020 y agosto de 2023.

MIDH investiga acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023.

Destacó que el Ministerio Público ha abierto 5.428 causas vinculadas con hechos de pedofilia y alertó sobre el cuidado que deben tener los padres y representantes, por la forma en que se ha pretendido normalizar la legalización del matrimonio infantil.

También llamó a hacer las denuncias, y advirtió que la gente está perdiendo el miedo a formular acusaciones a familiares y abusadores.

#27Sep #AHORA Fiscal general de Maduro, Tarek Wiliam Saab, alertó sobre el cuidado que deben de tener los padres y representantes por la forma en la que se ha pretendido normalizar la legalización del matrimonio infantil¿Qué opina? ?: Cortesía pic.twitter.com/oYFd6mCmoD

Tarek William Saab ofreció detalles de las acciones emprendidas contra el abuso infantil.

#CIFRAS?| Fiscal General @TarekWiliamSaab ofreció el balance del programa de acción contra el abuso infantil:✅1.096 charlas informativas en el país✅4.142 Formadores✅5.428 casos registrados#ElEsequiboNoEsColonia pic.twitter.com/UoZQFnyaJt

También se refirió a la disminución de la tasa de homicidios, destacando el trabajo y acción en conjunto de los entes de seguridad para el combate a las mafias que promueven el delito.

Informó sobre la inauguración de una Oficina de Atención al Adulto Mayor y personas con discapacidad; esta brindará atención personalizada a ese sector vulnerable de la sociedad venezolana.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró al abogado colombiano Andrés Guzmán como comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión en El Salvador.

En un comunicado de la presidencia salvadoreña se de dice que “Con este nombramiento, el Gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los Derechos Humanos de la población”.

Andrés Guzmán Caballero, ha sido profesor en universidades en España, Perú y Colombia, se ha especializado en derecho de nuevas tecnologías y se ha desempeñado como defensor delegado de los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión en la Defensoría de Colombia.

La población salvadoreña, según el comunicado, “por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que anticiparon sus intereses al bienestar de los salvadoreños”.

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Desde hace 14 meses, organismos humanitarios cuestionan las detenciones que se realizan en El Salvador sin orden judicial amparadas en el régimen de excepción con el que Bukele viene haciéndole la guerra a las pandillas que durante décadas azotaron a El Salvador.

Ese régimen de excepción fue declarado el 27 de marzo de 2022 por el parlamento salvadoreño, a pedido del presidente Bukele, respondiendo a una escalada de asesinatos que acabó con las vidas se muchísimas personas, un ejemplo ilustrativo es que en tan sólo dos días del año pasado (del 25 al 27 de marzo) las pandillas mataron a 87 personas y ese fue el detonante para que el gobierno de El Salvador optará por recrudecer las medidas de seguridad y control social.

Desde que se implantó el estado de excepción han sido detenidos unos 69.000 presuntos pandilleros, sin embargo unas 5.000 personas fueron liberadas tras verificarse que no tenían vínculos con las pandillas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llega Venezuela atendiendo una invitación la administración de Maduro.

La agenda del funcionario contempla reuniones con altos funcionarios del gobierno, defensores de los derechos, representantes de la sociedad civil y grupos de víctimas y más, reseña el portal de la ONU.

La visita se da en medio de solicitudes puntuales que hace el sector de oposición, tales como, que el paso de Türk por Venezuela “traiga la liberación de los más de 240 presos, entre civiles y militares, hombres y mujeres”.

Antes de su viaje a Venezuela, el funcionario indicó que busca “asegurar que la perspectiva de derechos humanos está clara cuando se trata de cualquier medida que el Gobierno esté tomando, particularmente cuando se trata de espacio cívico”.

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Durante su visita, el Alto Comisionado se reunirá con altos funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas, jefes de entidades de la ONU y diplomáticos.

Al término de su misión, el sábado 28 de enero, el Alto Comisionado brindará una conferencia de prensa en Caracas aproximadamente a las 12:00 hora local.

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#ULTIMAHORA ?? ¡SE ENCUENTRA EN VENEZUELA!El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Volker Turk, llegó este #26Ene a Venezuela para una visita oficial hasta el 28 de eneroMás información ?https://t.co/CF7ETGfQp5 pic.twitter.com/5J8slygbGm

Entre tanto, la administración de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el cual aclara que Turk viene a Venezuela, por petición del Estado venezolano.

A continuación el comunicado íntegro

Venezuela reitera su compromiso inquebrantable con el diálogo durante visita del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial al país del 26 al 28 de enero de 2023, en atención a la invitación realizada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La visita del Alto Comisionado se llevará a cabo en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia técnica existentes entre Venezuela y la Oficina a su cargo.Venezuela reitera su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, así como su disposición de dialogar ampliamente con el Alto Comisionado, a los fines de seguir fortaleciendo la protección y garantía de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas.

Otro hombre fue ejecutado este lunes #12Dic en Irán, acusado de participar en las protestas que sacuden al país desde septiembre de este año.

A pesar de los constantes señalamientos de la comunidad internacional por aplicar la pena máxima a manifestantes, Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad.

La agencia oficialista de información, Mizan Online, reseño que el hombre fue ahorcado en una plaza pública y no dentro de la prisión.

Esta sería la segunda ejecución pública relacionada a las protestas que se llevan a cabo en el país islamista, debido a la muerte de una joven mujer que protestaba por derechos igualitarios y que perdió la vida en una celda de la policía iraní.

La primera pena capital relacionada a las protestas de este 2022 fue aplicada a un joven de 23 años, de nombre Mohsen Shekari, quien también fue ahorcado por supuestamente atacar a un funcioanrio de los organismos de seguridad.

Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, registradas probablemente antes de la madrugada, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa. 

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«La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes», declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

«Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio espectáculo», añadió.

La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta. 

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari.

Este lunes, los ministros de la UE tienen previsto adoptar una nueva serie de sanciones, «muy, muy severas», en términos del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.  

«Estas ejecuciones públicas son un intento descarado de intimidar a la gente», dijo por su parte la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

Activistas de derechos humanos piden, no obstante, una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. 

Antes del anuncio de la segunda ejecución, el director iraní Asghar Farhadi pidió en Instagram a las autoridades poner fin a estas muertes: «Matar y ejecutar a jóvenes sin defensa y a oprimidos sólo les traerá más ira y más odio».

Con información de AFP

El parlamento de Rusia aprobó por unanimidad este jueves #24Nov una enmienda que prohíbe la propaganda LGTB+ en todo su territorio.

«La promoción de las relaciones sexuales no tradicionales está prohibida (…) Esta solución protegerá a nuestros hijos y al futuro de este país de la oscuridad difundida por Estados Unidos y los países europeos», dijo el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso (Duma), Viacheslav Volodin, en un comunicado.

El documento legal está basado en un anteproyecto de ley del 2013, que en su momento prohibía la promoción de las relaciones sexuales «no tradicionales».

«Las multas ascienden a 10 millones de rublos» (unos 160.000 euros) para los infractores», añadió.

Esta nueva ley prohíbe ahora «promover relaciones sexuales no tradicionales» entre todos los públicos, en los medios de comunicación, en internet, en libros y películas.

Este amplio ámbito de aplicación, así como la amplia interpretación permitida por el vago concepto de «promoción» hacen temer una mayor represión de las comunidades LGTB+ en Rusia, que ya son objeto de una fuerte discriminación.

Para que el texto se convierta en ley, aún debe ser validado por la Cámara Alta del Parlamento, el Consejo de la Federación, y firmado por el presidente Vladimir Putin, que son trámites formales.

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La aprobación de esta nueva ley se produce tras años de represión contra las comunidades LGTB+. El Kremlin se dice defensor de los valores «tradicionales» frente a un Occidente que se presenta como decadente.

Los altos funcionarios presentaron esta ley como un acto de defensa en la guerra ideológica contra Occidente, en un momento en que las tropas de Moscú luchan en Ucrania.

Con información de AFP

El Fútbol Club Barcelona y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su alianza global se unieron para apoyar a los migrantes y desplazados en la frontera colombo-venezolana.

Con este motivo visitaron el departamento del Arauca, en Colombia, el presidente del club, Joan Laporta, y la directora general de la Fundación del Barcelona, Marta Segú, donde conocieron de primera mano los proyectos en esa entidad como los del Norte de Santander y se encontraron con niños, jóvenes y la población más vulnerable por cuenta del conflicto armado.

El proyecto de la Fundación del Barcelona busca crear entornos seguros que contribuyan al desarrollo y a la integración social de las comunidades a través del deporte. Se estima beneficiar a más de 500 refugiados venezolanos y desplazados colombianos.

«El deporte tiene el potencial de transformar positivamente las vidas de niños, niñas y adolescentes, así como de sus familias y comunidades, que han sufrido el desplazamiento forzado», señaló Mireille Girard, representante de Acnur

Por su parte, Laporta se mostró por «el trabajo que hacen sobre el terreno para ayudar a las personas que están viviendo en estos asentamientos en la frontera», recogió la agencia EFE.

«Me ha impactado a nivel personal. Impresiona porque es una realidad que por mucho que te acerques a ella nunca la conocerás totalmente, porque quienes la sufren son los que verdaderamente conocen la crueldad de esta realidad», expresó el dirigente del club catalán.

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Colombia ha recibido 2.5 millones de refugiados de Venezuela y sigue aumentando. El presidente @JoanLaportaFCB y el Club están #ConLosRefugiados #ConArauca @eACNUR pic.twitter.com/mJyvG4UTbb

Laporta manifestó su orgullo de que el FC Barcelona pueda ser útil y celebró poder ayudar a «las personas que sufren».

La Fundación FC Barcelona se creó en 1994 para apoyar a la niñez y la juventud de los grupos sociales más vulnerables a través del deporte y la educación en valores, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. La Fundación FC Barcelona enmarca sus actividades en los programas de la ONU Deporte para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una de las principales misiones del la Fundación es brindar el acceso y apoyo a la educación, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos en la infancia y la juventud, además de la lucha contra la exclusión social y la discriminación.

Actualmente, la Fundación llega a más de 1,5 millones de beneficiarios en todo el mundo.

Por su parte, la Acnur lidera la acción internacional para proteger a las personas obligadas a huir de sus hogares por causa del conflicto y la persecución. Entrega asistencia para salvar vidas, brindar cobijo, alimentos y agua, contribuyendo a salvaguardar los derechos humanos fundamentales, para asegurar lugar seguro a las personas.

La agencia trabaja en más de 130 países.

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil se reunieron este lunes #14Nov para pronunciarse en torno a los 500 días de detención que ha pasado el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona.

Durante una rueda de prensa, la coordinadora de documentación, Clara Ramírez, exigió la liberación de Tarazona, ya que consideran que no existen indicios suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

Indica Ramírez que la solicitud está amparada en el respaldo de diversas ONG de Derechos Humanos y de la sociedad civil. Además, de los dictámenes esgrimidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Javier Tarazona se encuentra tras las rejas desde el año pasado, cuando fue detenido en el estado Falcón junto a otros dos activistas, después de denunciar que eran perseguidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

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Para el momento, FundaRedes denunciaba la participación de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, específicamente en el Alto Apure.

En julio del 2021 ,después de ser liberados los otros dos activistas, a Javier Tarazona lo acusaron de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Marino Alvarado, director de investigación de Provea, otra ONG de Derechos Humanos en Venezuela, el caso de Tarazona es uno más de los miles que han llevado en contra de activistas sociales, líderes vecinales y activistas de Derechos Humanos.

Gracias al señor papagayo (@srpapagayos) por acompañarnos el día de hoy a exigir la liberación de nuestro director general, Javier Tarazona (@javiertarazona).#LiberenAJavierTarazona#NiUnDiaMasTrasLasRejas pic.twitter.com/rmzUdn8D2W

Alvarado indica que el retardo procesal es común en estos casos. «Hay un problema de estructura en el sistema de Justicia penal en Venezuela que está afectando a todos los presos políticos, pero también a otros presos».

Luego de apenas 24 horas después de que el fiscal de la Crote penal Internacional, Karim Khan solicitara la reanudación de la investigación sobre Venezuela, el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ofreció una especie de balance sobre su gestión en el Ministerio Público.

Además, en una entrevista transmitida por Venevisión, pidió a los funcionarios no cometer crímenes con sus uniformes puestos.

«Si usted quiere ser delincuente, bandolero, no utilice una chapa de la policía, no utilice una patrulla de la policía, un arma de reglamento, un uniforme, para cometer delito y convertirse en delincuente uniformado. No. Agarre y entonces funde una banda, y verá lo que le va a ocurrir cuando adverse al Estado venezolano”, dijo.

El fiscal de Maduro fue tajante al aclarar que “no es permisivo que dentro de la policía existan mafias o delincuentes uniformados”.

En ese sentido, detalló que han condenado 358 personas con sentencia definitivamente firmes por violación a los derechos humanos.

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#2Nov #Venezuela “No usen los uniformes, funden una banda”, pide Tarek William Saab a funcionarios violadores de DDHH pic.twitter.com/Zu8bTgf4kS – @monitoreamos

Por otra parte, William Saab se vio en la necesidad de presentar un balance sobre la gestión que ha hecho la fiscalía general en los últimos meses.

Ante la consternación sobre los recurrentes casos de abuso sexual a niños, el funcionario de Maduro detalló que, desde enero hasta octubre del 2022, la fiscalía contabilizó 1.024 casos de pedofilia.

Asimismo, informó que han imputados 1.426 agresores y que, hasta el momento, se han condenado a 752 personas con penas de entre 25 y 30 años por este delito.

«Hay que formarse con fuentes confiables, tener canales de comunicación con los niños y adolescentes, generar vínculos de confianza, enseñarles reglas de autocuidado y que tienen derecho a decir que ‘no’ ante cualquier acto que pudiese provenir de un adulto y les genere incomodidad», agregó.

Advirtió sobre el riesgo que representan las redes sociales, porque las «personas pedófilas, en la mayoría de los casos, ocultan su verdadera identidad. Incluso pueden estar muy cerca de la familia y del entorno, de los vecinos o tener algún parentesco».

La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG), denunció este domingo una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos; trabajadores humanitarios y sindicalistas.

«En los primeros días de julio se han realizado múltiples detenciones arbitrarias por parte de la administración de Nicolás Maduro en contra de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares; como lo son Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez», señaló la organización en un comunicado de prensa.

La plataforma, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público; indicó que estas «detenciones arbitrarias» representan «otro ataque» a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.

Asimismo, destacaron que todos los detenidos, ejercieron activismo sindical en diversas regiones del país. Gabriel Blanco actualmente se desempeña como trabajador humanitario.

«En Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingresos a las entidades de trabajo; ya sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o por exigir el cumplimiento de garantías laborales», agregó.

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Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

«Tribunal Cuarto de control con competencia en Terrorismo declara con lugar solicitud de privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) en contra del trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más», indicó la organización en su cuenta de Twitter.

La ONG venezolana Provea denunció el 7 de julio que la gestión de Nicolás Maduro «insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical; garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución nacional y la legislación vigente».

«Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida», añadió.

La madrugada de este 7 de julio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo al trabajador humanitario, Gabriel Blanco, sin orden judicial.

La información la suministró la organización Programa Venezolana Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció en sus redes sociales la detención.

Blanco es activista de una agencia humanitaria en Venezuela, defensor de derechos humanos, sindicalista y miembro de  la Alianza Sindical Independiente (ASI).

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Provea indicó que desde la noche del jueves funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaban detrás del activista de derechos humanos a quienes despojaron de su cédula de identidad y teléfono móvil.

Explican que aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, miembros de la Dirección de Inteligencia Militar Estratégica de la PNB procedieron a aprehenderlo sin justificación alguna.

La ONG indicó que a Blanco lo trasladaron a la sede policial de la PNB en La Quebradita, en Caracas. “Lo acusan de terrorismo y asociación para delinquir”, informó Provea.

URGENTE | Momento en el que Funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) y PNB se llevan detenido a Gabriel Blanco, trabajador humanitario.Lo acusan de “terrorismo” y "asociación para delinquir", lo trasladan a la Comisaría La Quebradita 12:52 AM. @mbachelet pic.twitter.com/vBaamxXgHy

Se conoció que la aprehensión de Blanco se da 6 horas después que la PNB llegó con una orden firmada de un juez con competencia en terrorismo, reseñó Efecto Cocuyo.

En las últimas horas se han detenido a varios sindicalistas entre ellos, Alcides Bracho y Emilio Negrín, pertenecen al partido político opositor Bandera Roja.

Asimismo, Alonso Meléndez en Falcón y Néstor Astudillo, privado de libertad el pasado 6 de julio en Charallave, estado Miranda.

En la ciudad de Caracas habría por lo menos dos centros clandestinos, en donde médicos forenses se dedican a hacer autopsias clandestinas, en donde no se reflejan las torturas a las que son sometidos ciudadanos detenidos por la administración de Nicolás Maduro.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los miembros de la Organización No Gubernamental, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que indica que en 100% de los casos, los forenses no emiten informes veraces, que reflejen la verdadera situación de salud de quienes denuncian haber sido torturados.

¿Autopsias clandestinas? Según información que obtuvo la @Coalicion_ddhh en Caracas habría un par de centros clandestinos dónde se realizarían autopsias, para presuntamente no reflejar en los informes las #Torturas que sufrió determinada persona.@ImpactoVE? pic.twitter.com/406jK8MS5t

Ana Leonor Acosta, directora de la ONG, manifiesta que la Comisión Nacional Contra la Tortura en Venezuela, debe hacer una evaluación minuciosa en torno a estos hechos, que quedaron plasmados en el reciente informe de dicha ONG.

Kelvi Zambrano, miembro de la coalición, indica que a los familiares de las víctimas se les han colocado obstáculos para poder denunciar los casos de torturas. «Esto ha traído como consecuencia que en muchas oportunidades los familiares no puedan denunciar, porque los funcionarios encargados de recibir las denuncias, o no las reciben, o desconocen la legislación en esta materia», dice Zambrano.

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«Pudimos apreciar y evidenciar, que existe un gran desconocimiento por parte de los funcionarios en relación a la ley especial que regula la aprehensión en cuanto a la tortura y desconocen también la normativa internacional», explica Zambrano.

«Del 100% de los casos denunciados, solamente el 30% ha sido contestado. Y la respuesta que nos han dado fundamentalmente es pidiéndonos información para poder ampliar las denuncias. Hemos insistido en casos que venimos denunciando desde el año 2019», según Zambrano, hasta este 27Jun no han recibido respuesta de parte de la administración de Nicolás Maduro.

A pesar de que hay un número considerable de averiguaciones ante la Corte Penal Internacional, la ONU y la OEA, sobre delitos de Lesa Humanidad, Diosdado Cabello considera que «es ridículo decir que en Venezuela hay violación de los Derechos Humanos».

Esta aseveración la hace el hombre fuerte del chavismo, durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, donde fue consultado sobre las recientes declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien mostró preocupación reciente sobre los hechos de violencia en Venezuela.

«De la señora Bachellet no nos extraña nada, aquí hay gente que habla de «la dictadura» y tienen como 20 micrófonos al frente. El tema de la libertad de expresión no es de los medios, sino del pueblo», dice Cabello.

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«Queremos manifestar nuestra preocupación ante el silencio escandaloso de la OEA, de lo que queda del Grupo de Lima, de algunos Gobiernos que le encantan criticar, de la ONU, con su comisión de derechos humanos, del mundo entero, que hoy guardan silencio sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la masacre que están haciendo contra nuestros hermanos indígenas», dijo Cabello, quien asevera que en el caso de Ecuador se han cometido delitos más severos y hay un silencio de parte de dichos organismos».

Al primer vicepresidente del PSUV también le preguntaron sobre la supuesta ayuda que envía Estados Unidos a varios países para la manutención de los migrantes venezolanos.

Dice que han entrevistado a varios venezolanos y los mismos dicen no recibir ningún centavo. Según Cabello, ese dinero ha sido tomado por el actual presidente de Colombia, Iván Duque y los políticos venezolanos que según él están protegidos por el presidente saliente de Colombia.

El intento de los migrantes africanos de penetrar irregularmente en el enclave español de Melilla el viernes condujo a unos enfrentamientos «sin precedentes» entre estos y la policía marroquí, que hicieron temer una espiral de violencia.

Hasta la tarde del domingo, el número de muertos subió a 23, según un balance actualizado publicado el sábado por la noche por las autoridades locales marroquíes.

«Cinco migrantes murieron, lo que eleva el balance a 23 muertos», indicó a la AFP una fuente de las autoridades de la provincia de Nador.

La fuente precisó que «18 migrantes y un miembro de las fuerzas del orden permanecen bajo observación médica». El anterior balance oficial era de 18 muertos.

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??#Spain | ??#MoroccoBREAKING: A new wave of assault on Spain as over 2’000 mainly sub-Saharan #migrants attempt to reach #Melilla.Hundreds of Moroccan officers were injured when they clashed with the migrants, attacking them with forces of violence.#Immigration. pic.twitter.com/fjLxI198Df

De acuerdo a un sudanés de 20 años, citado por  AFP en un centro de retención en Melilla: «Eso fue la guerra. Teníamos piedras para luchar contra los militares marroquíes”.

Otro migrante, detenido en el mismo centro, cuenta que escaló la valla que separa la ciudad marroquí de Nador del enclave español antes de que un agente de seguridad le golpeara las manos.

«Caí inconsciente del lado español donde fui golpeado por las fuerzas del orden», explica.

Estos dos jóvenes formaban parte de cerca de 2.000 migrantes procedentes del África subsahariana que intentaron entrar por la fuerza el viernes por la mañana en la ciudad autónoma española de Melilla, situada en territorio marroquí.

Al menos 23 migrantes murieron y 140 policías resultaron heridos, según las autoridades locales marroquíes.

Es el balance más mortífero jamás registrado en los numerosos intentos de emigrantes subsaharianos de entrar en Melilla y en el enclave español vecino de Ceuta, que constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con el continente africano.

La violencia sin precedentes del asalto marca un punto de inflexión, según expertos en migración.

«Es la primera vez que se observa tal violencia por parte de los migrantes frente a las fuerzas del orden», subraya Omar Naji, que sigue desde hace años las cuestiones migratorias en el seno de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador.

Unos 96 efectivos militares, pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían sido aprehendidos por orden del Ministerio de la Defensa de manera irregular en el estado Táchira.

Así lo dieron a conocer el abogado Carlos Ramírez López y la defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju a través de las redes sociales, donde indican que la detención obedecería supuestamente a la molestia que estos efectivos militares habrían dado a conocer con respecto a salarios y beneficios socio-económicos.

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Según la denuncia de los antes descritos, la orden fue llevada a cabo por el segundo comandante de la GNB en el estado Táchira, quien habría recibido un comunicado con el listado, que exponen en redes sociales los denunciantes.

#Venezuela Atención: El Dr Ramirez @carlosramirezl3y quien escribe queremos hacer pública la orden d aprehensión en contra d 93 Oficiales d la Fuerzas Armadas emitida x el Cnel Miguel Andrés Chacin,2do Cte d la GN del Edo Tachira,violando el debido proceso y garantías judiciales pic.twitter.com/Q9Tygm3PCA

Según los denunciantes, las detenciones de estos militares sería una violación flagrante de sus derechos fundamentales, ya que indican que no se les siguió un debido proceso.

«Dicho instructivo es violatorio de los principios del debido proceso judicial. Esto demuestra el malestar que existe en la Fuerza Armada por las condiciones socio-económicas que viven y un claro amedrentamiento para el resto de los oficiales», dice Tamara Sujú.

Las cifras de migrantes venezolanos que cruza la frontera del Darién “aumentó drásticamente”.

Según el investigador de la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, las autoridades panameñas registraron que entre enero y abril de 2022 fueron 7.000; para los mismos meses de 2021 eran 15.

Pappier regresó de la selva del Darién, paso ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, zona de riesgo que cruzan millones de migrantes para poder llegar a Estados Unidos.

A través de un hilo en Twitter hizo un adelanto de algunas de los datos que pudo recoger de este viaje.

Juan Pappier publicó la imagen de una pizarra en la que se lee que el país con más migrantes que cruzan esta selva está Venezuela.

En el control de las autoridades panameñas se precisa que en «enero ingresaron 4.204 ciudadanos venezolanos, en febrero lo hicieron 4.094, en marzo 3.735, en abril 6.148 y en lo que va de mayo 2.312».

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“Muchos nos dijeron que, como México y países de Centroamérica ahora les exigen visa, no encuentran otra opción para buscar refugio en Estados Unidos”, señaló Pappier.

El año pasado más de 130.000 migrantes de diferentes nacionalidades, incluyendo 29.000 niños, cruzaron el Darién. Las autoridades de Panamá estiman que este año la cifra será aún mayor.

Decenas de migrantes que caminan desde Capurganá (Colombia) a Carreto (Panamá), ahora llegan a Canaán.

Ese cambio ocurrió, según el investigador, después de que, al parecer, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia asesinaron al líder Fredy Pestana Herrera, quien había promovido la ruta por Acandí.

Hace pocos días volví de la selva del Daríen, en la frontera entre Colombia y Panamá.Va un hilo:

Los migrantes, además, le relataron a HRW que son asaltados por grupos criminales.

Aseguran que para llegar a Canaán, muchos migrantes pagan una lancha, que cuesta hasta 300 dólares por pasajero, desde Capurganá (Colombia) hasta Carreto (Panamá).

El investigador dijo que el camino por esta vía es más corto y seguro, pero quienes no tienen dinero deben caminar desde Capurganá y son más vulnerables a sufrir abusos.

La mayoría de las mujeres sufren violencia sexual. Solo en lo que va de año la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha atendido a 89 víctimas de violencia sexual en esta zona.

De la travesía del Darién, el investigador de HRW también destacó que la mayoría de los asaltos armados y abusos sexuales parecen ocurrir en una zona costera conocida como Armila y después de cruzar una loma, que los migrantes identifican como «loma de la muerte».

Juan Pappier entrevistó a decenas de migrantes, autoridades, documentó graves abusos, la escasa protección y acceso a la justicia.

También dijo que luego de pasar la noche en Canaán, los migrantes deben pagar 25 dólares para viajar en piragua hasta Puerto Limón, donde un camión del gobierno de Panamá los lleva hasta el puesto migratorio de San Vicente.

“No pueden salir de San Vicente. No hemos podido identificar el sustento legal de tal prohibición”, agrega el investigador.

Aseguró que en los próximos días la organización de Derechos Humanos publicará un informe detallado sobre lo que sucede con los migrantes venezolanos en la selva del Darién.