La CIDH llega a Colombia para evaluar denuncias de abusos durante las protestas, en medio de la tensión por la suspensión del diálogo entre el Gobierno y el Comité de Paro.

Hará el monitoreo ante posibles violaciones a los derechos humanos en medio de la protesta social que inició el 28 de abril en Colombia y que deja más de 60 muertos.

La comisión se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Esto como condición del Gobierno Duque para autorizar su visita al país. Justo este lunes, previo al inicio de su periplo oficial se reunió con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

“La visita se desarrollaría desde el día 8 de junio, hasta el 11 de junio, con la previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano del protocolo», puntualizó Ramírez.

CIDH también pretende conversar con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas.

Desde mañana 8 de junio, hasta el próximo jueves, se llevará a cabo la visita de trabajo de la CIDH en terreno, en Cali, Popayán, Tuluá y Buga.

Oficialmente en Twitter la CIDH ha anunciado que su vista de trabajo a Colombia es para «observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril».

No sin antes recalcar a Colombia las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna.

Además, respetar los estándares que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

Habilitó también el registro para recepción de testimonios sobre la situación de DD.HH en Colombia en el marco de las protestas solo a través del link http://bit.ly/34RvFeW

Este 7 de junio en Bogotá la Comisión recibió de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría los insumos relacionados con lo sucedido a partir del 28 de abril.

«En Colombia hay un Estado que promueve, reconoce y protege los derechos humanos», le dijo a los delegados de la CIDH la Vicepresidenta-Canciller.

En ese sentido, la alta funcionaria reiteró el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sean escuchadas las voces de todos los sectores afectados en medio del paro nacional.

Enfatizó en el respeto a la protesta pacífica, pero también en una férrea condena al vandalismo y a los bloqueos.

«Hemos explicado a la CIDH que los bloqueos a los que han sometido al pueblo colombiano durante estas semanas han amenazado la vida, la seguridad alimentaria y la salud», aseguró.

En el marco de la reunión, la Vicepresidente y Canciller subrayó que Colombia es un país eminentemente democrático, con unas instituciones sólidas y respetuoso de los principios constitucionales.

“Tenemos un país con una democracia, con unas instituciones que funcionan (…) Este es un momento de reflexionar, mirar hacia adelante, avanzar unidos y cuidar todos a Colombia”, anotó.

Por su parte la Fiscalía colombiana informó a la CIDH que imputará cargos a un policía que participó en el procedimiento de traslado de una menor de 17 años a la URI de Popayán.

La misma menor que, luego de denunciar abuso sexual durante ese procedimiento, decidió quitarse la vida. Al parecer la niña recibió tocamientos durante el traslado.

Por eso mismo la institución colombiana acotó que expidió una resolución para examinar con enfoque de género las denuncias sobre casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, la explotación sexual, en el marco de la protesta. 

«Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD», señala el informe conocido por El Tiempo.

Fiscalía también investiga 21 casos de homicidios de personas que ocurrieron en el marco de la protesta, de los cuales en cuatro ya hay resultados.

Entre ellos el asesinato del Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, el del joven Santiago Andrés Murillo Meneses registrado en Ibagué por el que hay dos uniformados investigados.

Asimismo el del Brayan Fernando Niño Araque y de un menor de 17 años asesinado en Cali. Por esos casos hay dos policías privados de la libertad.

Además le anuncio a la CIDH que otros 11 están en verificación y 19 han sido descartados como asociados a las protestas.«Para la Fiscalía General de la Nación, es un compromiso con la ciudadanía y con el país establecer la responsabilidad sobre las muertes ocurridas de forma violenta durante las manifestaciones», se aseguró.

De igual manera dio a conocer que de las 1.136 personas capturadas, a 224 de ellas se les ha formulado imputación. Igualmente, del total de personas capturadas, 921 han sido dejadas en libertad.Y nuevamente recalca que en las protestas hay infiltrados de redes criminales en las protestas (disidencias de las Farc, el Eln y la ‘Nueva Marquetalia’). 

E investigan el uso de armas de fuego por parte de civiles en las manifestaciones.

Finalmente le dijo a los integrantes de la Comisión que hay 91 personas desaparecidas en Colombia durante el mes de protestas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo le dijo a la CIDH que ha contabilizado 12.288 actividades de manifestación: 6.218 concentraciones, 2.281 marchas, 3.144 obstrucciones de vías, 620 movilizaciones y 25 asambleas.

Y durante el 28 de abril y 3 de junio, se han recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

De estas, “se contabilizan 584 violaciones a los derechos humanos, siendo la más recurrente la vulneración de derecho a la integridad personal, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de circulación, libertad personal, libertad de opinión, expresión y buscar información, debido proceso y garantías judiciales, derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, derechos reconocidos a defensores y presuntos hechos de desaparición”, apuntó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Así mismo se conoció que el mecanismo internacional supo que el 73 % de las quejas en el Paro Nacional es contra integrantes de la fuerza pública y que en el 98 % de los casos se relaciona con uniformados.

Por su parte la Procuraduría General de la Nación le entregó a la CIDH el informe sobre 172 acciones disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública y funcionarios del Estado en el marco de las protestas.

En este primer encuentro estuvo el Consejero Presidencial para la Estabilización y vocero de las conversaciones entre Gobierno y Comité Nacional del Paro, Emilio Archila; la Consejera de DD.HH., Nancy Patricia Gutiérrez; la Viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, y el Embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Por parte de la CIDH, estuvieron presentes la Presidenta Antonia Urrejola, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido; los comisionados Stuardo Ralón y Joél Hernández; entre otros.

«Se trata de una visita histórica, que se enfoca en la promoción y prevención de los derechos humanos. Hacemos un llamado al diálogo y respeto mutuo», concluyó en rueda de prensa Urrejola.

?)) A esta hora una mancha tricolor recibe y saluda la llegada de la @CIDH a Colombia en inmediaciones de la Av Ciudad de Cali con Cll 26. #YoProtejoMiPais #ParoNacional6J pic.twitter.com/eXh6nY40M2

Reporte que presentará la Defensoría del Pueblo al organismo humanitario incluye violencia policial y de género y el impacto de los bloqueos. 

Hace un balance de los 28 días de paro y entrega cifras oficiales sobre muertos, desaparecidos, heridos, exceso de la fuerza pública y agresiones a la policía.

También el reporte sobre 548 casos de personas no localizadas, de las cuales 290 ya se sabe su paradero; pero insiste en la búsqueda urgente de 129.

De esos 129 desaparecidos la Fiscalía ya certificó haber encontrado 39 de ellas. Y describe las dificultades para el hallazgo.

«Porque no se cuenta de datos ni de familiares y amigos. «Tampoco las circunstancias en la que se perdió su rastro». En cuanto a homicidios el funcionario señala que con el apoyo de sus regionales ha trasladado 43 reportes, de los cuales la Fiscalía ha establecido que 17 corresponden a hechos sucedidos en medios de la protesta, 16 civiles y 1 Policía.«Trasladamos a las autoridades (Procuraduría, Fiscalía e Inspección General de la Policía) 239 casos que obran en nuestro sistema sobre todo tipo de vulneraciones de DD.HH durante la Protesta», asegura Carlos Camargo.

El Defensor del Pueblo también aclara que en 174 reportes se especifica como supuesto responsable a agentes de la Policía Nacional.

También se refiere a 106 reportes enviados sobre casos de violencia de género «De los cuales 23 casos corresponden a reportes de violencia sexual y 2 a hechos de violación».Camargo también rechazó «todos y cada uno de los hechos de abuso policial ocurridos en las protestas que iniciaron desde el pasado 28 de abril».Y concluyó que dice que se han habilitado canales no solo para que la gente conozca y ejerza sus derechos sino para que instaure denuncias.

Además aseguró que desde el 28 de abril la Defensoría del Pueblo ha hecho 156 asistencias a efecto de los bloqueos.

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La Defensoría advierte en el informe que presentará a la CIDH que si bien estas protestas fueron concebidas inicialmente como pacífica la protesta ha ido mutando.

«Pasando de ser una manifestación urbana, a convertirse en una serie de bloqueos en las vías que hoy colapsan a todo el país».

La Defensoría habla de 43 presuntos fallecidos, de los cuales 17 tendrían nexo directo con actividades de protestas así:

Finalmente, el documento habla de 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías, según el Diario El Tiempo de Colombia

La CIDH insiste en realizar visita a Colombia a la mayor brevedad para evaluar la situación de Derechos Humanos en este país.

La Vicepresidenta y Canciller designada, Marta Lucía, Ramírez, invitó a realizar una visita de trabajo a Colombia una vez se hayan entregado los informes solicitados por la propia CIDH a las autoridades judiciales y a los organismos de control de Colombia, y se haya surtido la audiencia ya convocada para el próximo 29 de junio.

A pesar de ello, varios organismos insisten en que el Gobierno de Iván Duque autorice sus vistas durante estas protestas y no dilate la misión que deben cumplir en Colombia como veedoras de DD.HH.