Beatriz Marino, madre del preso político Hugo Enrique Marino Salas, a través de sus redes sociales, pidió públicamente apoyo para exigir a las autoridades una fe de vida de su hijo  desaparecido desde abril de 2019.

 “Soy la mamá de Hugo Marino, les quiero pedir un gran favor: ayúdenme a que el régimen me dé la fe de vida de mi hijo”, escribió Beatriz en su cuenta en X, acompañada por una foto de ella y Hugo.

 “Ayúdenme a presionar para que me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo”, agrega. Y afirma que debe "encontrar la verdad; por favor, no me dejen sola. Gracias".

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@bsmarinos soy la mamá de Hugo Marino les quiero pedir un gran favor ayúdenme a q el régimen me dé la Fe de vida de mi hijo ayúdenme a presionar para q me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo debo encontrar la verdad por favor no me dejen sola gracias pic.twitter.com/Mj0lqwMJLh

El pedido de la señora Marino ocurre días después de que se supo de la muerte de Víctor Hugo Quero, otro preso político que estaba desaparecido desde enero del año pasado y hace apenas unos días informaron de su deceso, hace 9 meses.

Ambos casos tienen varias similitudes.

. Según las denuncias presentadas, estos hombres fueron arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

 Sus capturas se enmarcarían dentro de la definición de “desaparición forzada”. Y lo más relevante: quienes han encabezado la lucha por su libertad han sido sus madres, que superan los 80 años de edad.

La última vez que Beatriz de Marino habló con su hijo, acababa de aterrizar en Maiquetía.

Llegaba con la intención de disfrutar unos días con sus familiares, de acuerdo con el testimonio de sus allegados. 

Sin embargo, agentes de la DGCIM lo habrían detenido y desde hace siete años no hay información sobre su paradero.

Con información de Infobae

La ONG Fundaredes comenzó la campaña #Desaparecidosenlafrontera para visibilizar los casos de 1.092 personas desaparecidas en las zonas fronterizas de Venezuela, en los últimos cinco años se exponen.

Mediante sus redes sociales, donde Fundaredes difunde imágenes y testimonios, se busca llamar la atención de las autoridades, explicó la directora de la organización, Clara Ramírez.

Se trata de “visibilizar y seguir denunciando la desaparición de 1.092 venezolanos en estados fronterizos de Venezuela, así como brindar apoyo y acompañamiento a familiares y comités de familias que buscan diariamente a sus seres queridos”, señala a su vez una nota de la ONG.

La organización defensora de derechos humanos ha estado monitoreando y documentando estos casos durante más de cinco años y dentro de los principales hallazgos han denunciado la existencia de grupos armados irregulares y bandas criminales que se aprovechan de personas en estado de vulnerabilidad cuando buscan salir de Venezuela por rutas peligrosas con la esperanza de un mejor futuro.

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“Cuando hablamos de personas desaparecidas en Latinoamérica, a menudo pensamos en México o Colombia, pero en Venezuela esta es una realidad”, expresó la activista, quien aseguró que han llevado estos casos ante autoridades e instancias locales e internacionales, en búsqueda de justicia.

«Estas familias buscan desesperadamente a sus seres queridos, quienes desaparecieron en diversos contextos: algunos salieron a trabajar y no regresaron, otros buscaban mejores condiciones de vida en una mina o intentaron migrar a través de los pasos fronterizos de nuestro país”, aseveró.

Las desapariciones no solo ocurren en tierra firme – señaló Ramírez- también muchas de estas personas intentaron salir por altamar, por lo que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ONG, las entidades con mayor cantidad de desaparecidos documentados desde 2019 son; Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.

Aseguró que FundaRedes ha llevado estos casos ante instancias locales, nacionales e internacionales en busca de justicia y respuestas.

#DesaparecidosEnFrontera | La peligrosa travesía en un pequeño barco abarrotado, es quizás el reflejo más impactante de la huida de la crisis humanitaria que en los últimos años han emprendido miles de venezolanos.No saber cuál ha sido su destino, es el dolor que llevan a… pic.twitter.com/nWBCqRb4wc

Con el propósito de cooperar para la búsqueda de desaparecidos en su frontera común, donde durante décadas han operado narcotraficantes, guerrillas y paramilitares. los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y de Venezuela, Yván Gil, firmaron el viernes un acuerdo.

El acuerdo «permitirá establecer los mecanismos más adecuados para realizar la búsqueda, recuperación e identificación de restos humanos en territorio venezolano», dijo la cancillería colombiana en un comunicado citado por AFP.

Los dos países comparten 2.219 km de frontera común en donde grupos armados de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares han actuado durante décadas de conflicto en Colombia, dejando miles de víctimas y de desaparecidos.

El acuerdo bilateral con fines humanitarios ya había sido anunciado a finales de mayo por los mandatarios de ambos países en Brasilia, durante una cumbre convocada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, indicó la misma fuente.

La firma se produjo en Bogotá durante una reunión de ambos cancilleres para poner en marcha una comisión de buena vecindad e integración Colombia-Venezuela para impulsar sus relaciones.

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Desde que asumió el poder en agosto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, inició las gestiones para retomar las relaciones bilaterales rotas en 2019 por su antecesor Iván Duque (2018-2022), que desconoció al gobierno de Nicolás Maduro alegando que su reelección fue fraudulenta.

En el marco de la integración fronteriza, los dos países también anunciaron que trabajan en atender las necesidades de sus nacionales con la reapertura de los consulados de Colombia en Caracas, Maracaibo, San Antonio del Táchira y San Cristóbal.

Por su parte, Venezuela reabrirá servicios consulares en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Riohacha.

Familiares de 150 desaparecidos desde el 2015 en las costas venezolanas, durante nueve distintos zarpes, exigieron «una investigación exhaustiva» y justicia, ante la acción de las bandas criminales que se lucran con la trata de personas.

Los afectados hicieron la denuncia en una protesta en la sede del Ministerio Público en Caracas, según los videos difundidos por la ONG Fundaredes, en sus redes sociales.

Las familias están agrupadas en el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata (CONFAVIDT) que lamentaron que entre los desaparecidos hay personas que intentaban migrar del país a través de las costas y también pescadores que salieron a trabajar y jamás regresaron.

“Seguimos exigiendo justicia, respuestas. Somos muchas las familias que seguimos sufriendo la desesperación de lo que es tener familiares desaparecidos”, dijo Jhonny Romero, presidente del Comité.

«El @MaydayCONFAVIDT se ha dirigido a todas las instancias nacionales para elevar el caso y exigir se realice una investigación exhaustiva de los casos y no han obtenido respuesta alguna de las autoridades competentes», denuncia Fundaredes.

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Informaron que sus familiares desaparecieron tras zarpar de las costas de Falcón, Nueva Esparta y Sucre y en nueve casos hubo el «mismo modus operandi», que involucra a «una red de tráfico y trata de personas».

 «Los vendieron (…) No damos con ellos desde hace cuatro años. Hemos hecho cualquier cantidad de diligencias ante el Ministerio Público, ante la Presidencia (…) Tenemos cuatro años viniendo aquí y tenemos cuatro años esperando avocación, esperando respuestas”, expresó.

De su lado, Norelis Mata, familiar de Wilmer José Marcano, otro de los desaparecidos, explicó que junto a su hijo salieron a pescar otras cuatro personas, en el estado Nueva Esparta. “Hemos ido a todas partes y no nos dan respuesta de nada, queremos respuestas, queremos justicia, ellos están desaparecidos”, ratificó.

«Es preocupante que los sectores de las costas se han convertido en zonas de informalidad y de clandestinidad. Los jóvenes son captados a través de ofertas laborales engañosas que resultan en una posible deportación, naufragio, desapariciones o hasta la muerte», señaló Fundaredes.

Ellos piden la incorporación del comité en el plan nacional contra la trata de personas, creado por la administración de Nicolás Maduro en el 2021.

Para FundaRedes «es preocupante que los sectores de las costas se han convertido en zonas de informalidad y de clandestinidad. Los jóvenes son captados a través de ofertas laborales engañosas que resultan en una posible deportación, naufragio, desapariciones o hasta la muerte».

Familias Víctimas de los desaparecidos en embarcaciones en alta mar, piden justicia ante el Ministerio Público en #Caracas. pic.twitter.com/W5KRcTx8NZ

Dos incidentes en Nueva Esparta tienen en alerta a las autoridades que buscan dar con el paradero de 5 personas reportadas como desaparecidas durante el fin de semana.

Se trata  de dos casos aislados que resultaron en seis personas desaparecidas en dos embarcaciones de pesca artesanal, en la isla de Margarita.

Según Unión Radio, el primero de los casos se trata de la desaparición de una mujer, su pareja y un niño, de 5 años de edad.

El hecho ocurrió cuando la embarcación donde viajaban soltó una de las tablas, durante el trayecto mientras de la Península de Macanao (Margarita) hasta la isla de Coche.

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Según el reporte del corresponsal Dexy Guédez  el capitán Francisco Gutiérrez logró llegar a tierra nadando, a Punta de Piedras y aunque varias embarcaciones emprendieron la búsqueda de la familia, no tuvieron éxito hasta la noche de este domingo 5 de marzo.

Mientras que el Consejo de Pescadores Artesanales de Juan Griego reportó el retraso del peñero Tarzán, ocupada por los marinos Carlos Manuel Rojas Gómez y José Ángel Ribas Lárez.

Según las estimaciones la embarcación debía regresar a las 9:00 am del domingo, pero esto no ocurrió.

 Ante este panorama los equipos de búsqueda tampoco obtuvieron resultados en este segundo caso ocurrido en Nueva Esparta.

La Armada de Colombia, comenzó este miércoles, la búsqueda de 17 migrantes desaparecidos en el mar Caribe; entre ellos: 11 venezolanos, 3 ecuatorianos y 3 tailandeses.

De acuerdo con información de la Armada, estos ciudadanos, salieron de forma irregular en un barco desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua.

“Habrían salido el pasado 17 de diciembre, en horas de la madrugada, de la isla de San Andrés con destino a Nicaragua a bordo de una motonave ilegal de ese país, perdiendo desde ese día todo contacto con ellos”, detalló el comunicado.

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Unidades de @ArmadaColombia se suman a la búsqueda de 17 presuntos migrantes desaparecidos, quienes al parecer pretendían llegar a #Centroamérica desde #SanAndrés, a bordo de una embarcación ilegal.?https://t.co/8JeThUaVsc pic.twitter.com/cIT6NO9kKQ

Asimismo, la institución detalló que a pesa de sus intensas labores de búsqueda no han tenido resultados, pese a que se han utilizado guardacostas, unidades de superficie y patrulleros de la aviación naval.

Las maniobras de búsqueda y rescate se iniciaron después de recibir información de familiares que daba cuenta de la desaparición. Igualmente, la Armada colombiana está coordinando con autoridades militares de Costa Rica y Nicaragua para la búsqueda de las 17 personas desaparecidas en el mar.

A su vez, en tanto se amplía y verifica la información, se ha puesto en conocimiento a la Fiscalía colombiana y al Gobierno departamental la situación de los migrantes irregulares desaparecidos.

«Estas personas, usualmente, se hacen a la mar en embarcaciones tripuladas por sujetos que emplean rutas no autorizadas con el fin de evadir los controles», dijo el comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capitán de navío Octavio Gutiérrez Herrera.

En lo corrido del año, la Armada de Colombia ha rescatado a 683 migrantes irregulares en aguas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad.

Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52.000 cuerpos sin identificar.

La situación es crítica incluso en la capital. «Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo», lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.

Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad, constató la AFP durante un recorrido por las morgues de Chilpancingo y Acapulco (Guerrero), y diálogos con médicos legistas de otros servicios forenses.

«Nos sentimos muy cansados (…), pareciera que esto no va a tener fin», confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido.

En redes sociales, Maestro, de 36 años, declara su amor por Clementina -su gata a quien llama «rayo de luz»-, el ciclismo, las chamarras de colores, el vino… Todo lo que le ayude a sobrellevar su labor.

Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos como Guadalupe Camarena, de 62 años, quien da una nueva muestra de ADN para encontrar al menos restos de sus cinco hijos en el estado de Jalisco (oeste), también atestado de cuerpos.

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'The dead keep coming': violence overwhelms Mexico's morgues.The morgue in Chilpancingo in Guerrero state is full of anonymous human remains — like many others in a country struggling to process a backlog of tens of thousands of bodieshttps://t.co/8R6ju0YFR0 pic.twitter.com/mdrlQeS0mk

En el servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los ingresos de cadáveres. Encoge los hombros cuando se le pregunta por qué no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional.

Ventiladores y carretillas dañadas atiborran los pasillos oscuros hacia los frigoríficos, llenos de bolsas plásticas con restos anónimos, observó un equipo de AFP en septiembre. El incienso que queman empleados no oculta el mal olor ni espanta a las moscas.

«Los estudios para confronta (de ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos están en nuestros refrigeradores y la familia dice ‘no nos los quieren dar’. Esto crea frustración», reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad.

México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos).

Los «desaparecidos y no localizados» también se dispararon de 265 en 2006 a 10.366 en 2021, para un total de 108.000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.

El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios (7,1% menos en el comparativo interanual), atribuye la mayoría de crímenes a guerras entre delincuentes.

El colapso también se explica por déficits presupuestales, de personal, de laboratorios de ADN rápidos y de un banco único de datos forenses, según expertos.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estima que en estas condiciones serían necesarios 120 años para analizar los 52.000 cuerpos que documenta la oenegé Movimiento por Nuestros Desaparecidos, gran parte de ellos sin información básica.

«Esta mesa es como la expresión de la crisis: estaba vacía hace cinco o diez años (y hoy) la osteoteca (depósito de huesos) está rebasada. ¡Ya no cabemos!», afirma Maestro, señalando una plancha con un esqueleto en estudio.

Como agravante, algunos criminales incineran a sus víctimas o las entierran en fosas clandestinas. «Saben cuáles son las áreas que valoramos (para la identificación, como caderas o yemas de dedos) y las destruyen. ¡Es terrible!», prosigue la antropóloga, subrayando que los cadáveres más maltratados «son de mujeres».

El gobierno admite como una «omisión muy grave» la falta de un censo de «cuerpos no identificados y de identificados y no reclamados en fosas comunes».

México carece de «capacidades institucionales para atender el rezago», afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Los forenses también procesan cadáveres exhumados por orden judicial para armar sus fichas, o cuerpos que encuentran parientes en tumbas secretas.

Durante una exhumación, Guadalupe llora aferrada a las fotos de Lucero, Oswaldo, Tonatiuh, Ernesto y José, sus hijos desaparecidos en Jalisco.

«No quisiera encontrarlos así (muertos), pero si no los puedo encontrar vivos…», afirmó en mayo en el panteón de Coyula. Aún no tiene los resultados.

Empleada doméstica, no sabe de Lucero desde 2016, cuando desapareció en Guadalajara. En 2019 también perdió rastro de sus hijos varones, según ella tras ser detenidos por policías de Ocotlán.

Los presupuestos forenses regionales pasaron de 110 millones de dólares en 2015 a 122 millones en 2020, según datos oficiales. Pero la media de homicidios en ese período subió de 17,16 a 28,3 por 100.000 personas.

La nómina, en tanto, aumentó 4% entre 2019 y 2020 a 10.119 trabajadores (81% dedicados a peritajes), lo que especialistas consideran insuficiente.

El impacto de la crisis lleva a tomar terapia psicológica a peritos como Dalia Miranda, coordinadora de las exhumaciones en Coyula. «Encuentras (…) cosas muy feas», dice.

«Muchas personas pensarán que no hacemos nada, pero realmente estamos trabajando», defiende su colega René Andraca en la morgue de Acapulco, donde una ficha con el rótulo de «desconocido» cuelga de un pie.

El gobierno ha emprendido acciones como la creación de dos centros de identificación y cuatro de resguardo de cadáveres.

También avanza en la conformación de un laboratorio de genética al que Estados Unidos aportará cuatro millones de dólares. La Fiscalía tiene pendiente crear un banco de datos forenses ordenado por ley.

Mientras fructifican esas iniciativas, Guadalupe revisa semanalmente fotografías de muertos en la morgue de Guadalajara en busca de pistas de sus hijos, rutina que sobrelleva con antidepresivos. Maestro, en tanto, continúa archivando trozos de costillas en diminutos sobres que, en medio de la impotencia, exhibe como un logro

El estado Mérida está azotado por las fuertes lluvias que desde el viernes han generado desbordamientos de ríos y quebradas, derrumbes y cierre de vías, lo que obligó al gobernador de la entidad, Jehyson Guzmán, a declarar la alerta naranja en varias zonas.

Los municipios con mayores incidencias son Obispo Ramos de Lora y Tulio Febres Cordero Guzmán, donde se registraron el desbordamiento de 10 ríos, hay 11 derrumbes y 89 viviendas tienes daños estructurales.

«Tenemos afectaciones severas en tres parroquias de #ObispoRamosDeLora, la fuerte crecida del río Caño Tigre colmató el puente y causó daño total a las tuberias que surten de agua a los habitantes de Caño Tigre y Caño Moro de San Rafael de Alcázar», precisó el gobernador en su cuenta en Twitter.

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Guzmán indicó que hay «más de 209 familias afectadas en más de 13 sectores, algunos aún aislados, todo el personal de Protección Civil, Bomberos se encuentran desplegados trabajando sin descanso».

En el municipio Tulio Febres Cordero, destacó Guzmán, hay afectaciones en cuatro parroquias, uno de los sectores más afectados es Caño Arenoso, donde más de 45 viviendas resultaron afectadas.

Las lluvias han causado estragos nuevamente en nuestro estado Mérida, nos vemos en el deber de informarle al pueblo que he tomado la decisión junto a la @ZODIMerida22 y el comité de Gestiónde Riesgo @PC_MERIDA de declarar en alerta naranja el eje panamericano. #Balance: pic.twitter.com/V3PkDMziCZ

En Caracciolo Parra y Olmedo, el río de La Madrid causó daños al puente y a los trabajos de canalización, lo cual afectó la vialidad.

En Tucanicito el desbordamiento del río obligó a desalojar más de 315 familias.«Está fuera de servicio el terminal de Tucani.

En el sector el Pinar también tuvimos afectaciones de vivienda por la crecida del río Chimomo, hasta ahora en este sector tenemos tres personas presuntamente desaparecidas», precisó.

A propósito de la próxima reapertura de la frontera colombio-venezolana, la ONG Fundaredes, registró en lo que va de año, 246 desapariciones en esa zona del país, integrada por seis estados que limitan mayoritariamente con Colombia.

«En lo que respecta a la cifra de desaparecidos por entidad fronteriza monitoreada por FundaRedes, Táchira, se ubicó en 48 %, con 118 casos», destaca la organización, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Mientras que el estado Bolívar es el segundo, con 55 casos, seguido por el Zulia con 29, Apure con 22, Falcón con 17 y Amazonas con 5.

La ONG alerta que las estadísticas en Táchira, el principal punto de tránsito de migrantes, «demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos» en esta región.

Esta entidad «registra el mayor movimiento de grupos armados irregulares que controlan los pasos ilegales hacia Colombia por donde transitan miles de personas a diario», alerta Fundaredes en el video.

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Los municipios tachirenses con más desaparecidos son: «Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia», justo los que limitan con el departamento colombiano de Norte de Santander.

Por ello, Fundaredes denunció «la indiferencia del Estado venezolano para investigar, así como para atender las denuncias de los familiares de las víctimas».

Recientemente, la ONG aseguró que en agosto se registraron 36 desapariciones en el «corredor fronterizo», conformado por Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, lo que representa un aumento de 50 % en relación con julio, cuando se computaron 24 en la misma zona.

Indicó, además, que se contabilizaron 65 homicidios en estos seis estados fronterizos, siendo Zulia donde se cometieron más asesinatos.

Los hechos violentos asociados a la presencia de grupos irregulares en la frontera también son motivo de alarma para la ONG.

Indica la ONG, que el estado Zulia se ubica en primera posición a causa del mayor número de actos violentos cometidos en agosto.

«25 homicidios, 2 desapariciones y 4 enfrentamientos armados; aunado al uso de artefactos explosivos reflejando 11 atentados con granadas y armas de fuego, lo que comprueba nuevamente la falta de atención por parte de las autoridades», señala.

Por su parte, el estado Bolívar ocupa la segunda posición como «entidad oprimida por la violencia».

«No solo se evidencia la problemática en las minas, sino que también un total de 13 homicidios, evidencian el aumento del 85% en comparación al mes de julio, donde hubo 7, 13 desaparecidos y 1 enfrentamiento armado, manteniendo a la población en completo desamparo», se lee en el informe.

La noche de este jueves las autoridades del estado Táchira lograron hallar al grupo de 16 personas, reportados como desaparecidos, luego de una intensa búsqueda que implicó movilización de al menos 160 efectivos,  vehículos, drones y una brigada canina.

Fue el propio gobernador Freddy Bernal, quien dio la noticia y confirmó la versión de que se encontraban en un retiro espiritual. Incluso aseguró que al momento de encontrarlos estaban orando.

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Los detalles del caso aún no se conocen, lo que si se conoció fue la versión de Yeilen Gutiérrez, tía de Dixon Luna Gutiérrez, niño de 13 años, quien explicó que los familiares querían sabe el paradero del menor.

La familia materna del niño alega que el papá del jovencito fue quien alertó inicialmente que algo estaba pasando con el referido retiro.

Justamente fue eso información la que llenó de desesperación a los familiares del adolescente, por lo que deciden pedir ayuda para encontrarlo.

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Hasta el momento no se conocen mayores detalles del estado de salud del grupo, según el reporte de las autoridades todos están sanos y salvo.

Sin embargo, la tía del niño aseguró a representantes de los medios de comunicación que se le practicaran los exámenes de rigor, entre ellos los psicológicos.

Por su parte, el director del CICPC, Douglas Rico hizo un llamado a no caer en los llamados “Fake News” al tiempo que publicó un video con el grupo de presuntos desaparecidos afirmando que estaban en un retiro espiritual orando.

También ratifican el libre culto religioso consagrado en la Constitución. Cabe destacar todos los Organismos de Seguridad Ciudadana y la FANB estamos al servicio del pueblo venezolano.

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De los desaparecidos de La Grita no se sabe mucho, lo que si es evidente es la afinidad religiosa del grupo, por lo que cobra fuerza que haya algo de fanatismo religioso en la situación; sin embargo, monseñor Mario Moronta salva la responsabilidad de la iglesia católica en este hecho.

En declaraciones citadas por el portal La Grita 7, el religioso advirtió que “las parroquias católicas de La Grita no tienen ninguna responsabilidad en las supuestas actividades espirituales que –a título personal-, habría organizado y realizado Rosa García, vinculada con el movimiento de renovación carismática de esta localidad”.

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Así lo informó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, en sus primeras declaraciones públicas desde que se conoció el caso de las personas desaparecidas en el municipio Jáuregui del estado Táchira.

Moronta resaltó que aunque algunos de los adultos desaparecidos han sido o son miembros de este grupo de apostolado, “no se puede decir que el grupo de renovación carismática está organizando este tipo de cosas, sino que es una responsabilidad propia de algunas personas”.

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Hasta la fecha las autoridades no tienen una lista detallada sobre el número total de ciudadanos, que se encuentran desaparecidos en la zona de montaña alta del municipio Jauregui del estado Táchira.

Hay versiones encontradas sobre la cantidad de personas desparecidas, ya que inicialmente se manejó una cifra de 16 personas, pero algunos voceros y medios digitales se atrevieron a decir que eran casi 40 personas.

El caso está a cargo de la Fiscalía No. 27 del Ministerio Público que adelantas las gestiones a los fines de determinar el paradero de  las 24 personas desaparecidas en La Grita.

Protección Civil se suma al operativo de búsqueda, para lo cual se despliegan en la zona con ocho funcionarios de Salvamento y Rescate (SAR) que usarán un dron, una unidad canina y búsqueda en territorio.

Lo cierto es que ante las autoridades hay una sola denuncia del caso y es la pareja sentimental de la madre del bebe recién nacido que se encuentra entre los desaparecidos.

Una de las características de los vecinos del sector Santa Ana del Valle, desaparecidos, es que son creyentes de la religión católica y acudían a ciertas misas de sanación.

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En estas misas de sanación es donde se presume les “lavaron el cerebro”, acción que fue llevada a cabo por una mujer llamada «Rosita» García y Adolfo Peña. Cabe destacar que ambos están siendo buscado por las autoridades.

Un familiar de uno de los desaparecidos aseguró a la Prensa Táchira que “Rosita” aseguraba que a una de las jóvenes desaparecidas, se le «había metido un espíritu». También se comprometió a ayudarla a expulsarlo de su cuerpo a través de diversos rezos.

Por si fuera poco la mujer le expresaba a los vecinos de La Grita que ella los quería ayudar pues el fin del mundo estaba cerca, luego que la Virgen María se le apareciera en reiteradas oportunidades.

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Los desaparecidos responden a los nombres de: José Manuel Mora, 50 años; Brígida Roa, de 56 años; Rosselis Viviana Luna, de 28 años; Dorimar Roxely Prato Luna, de 8 años; Valery Sofía Prato Luna, de 24 días de nacida; Roxana Briggith Luna Roa de 32 años; Manuel José Mora Luna de 10 años; José Alejandro Mora Luna de 6 años, y Dickson Alberto Luna Gutiérrez de 14 años. Carlos García de 30 años; Francy Peña de 27 años; Wilfredo Serrano de 32 años, y Joaquín Serrano de 1 año de edad.

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A 15 se eleva el número de personas desaparecidas, pertenecientes a dos familias, en La Grita, hecho que ha causado conmoción en la comunidad.

Según la prensa local desde hace más de 15 días, al menos nueve integrantes de una familia del municipio Jáuregui se encuentran desaparecidos. Mientras que este sábado, se conoció de una segunda familia que también desapareció en la misma  circunstancias.

A través de las redes sociales familiares presumen que el hecho pudo haberse registrado en las montañas de esa jurisdicción.

Lo cierto es que circulan cualquier cantidad de rumores, entre las cuales cobra fuerza de que la desaparición  podría estar relacionado con una secta religiosa.

Esta hipótesis esta basado en el hecho de que estas personas se dirigían presuntamente a un «retiro espiritual.»

Otra de las preocupaciones de la familia es que al parecer una de las mujeres habría llevado a su bebé de pocos días de nacida.

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El portal La Prensa Táchira informó que entre los desaparecidos se encuentran Roselis Viviana Luna Roda de 28 años de edad; Dorimar Roxely Prato Luna de 8 años; Valery Sofia Prato Luna ( aproximadamente 8 días de nacida); José Manuel Mora de 10 años; José Alejandro Mora Luna de 6  años;  Dickson Alberto Luna Gutiérrez de 14 años y Brígida del Socorro Roa de 56 años.

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El medio La Grita Digital informó  este sábado que otra familia de 6 integrantes también desaparecieron.  Se trata de Teresa García de 53 años, Carlos Peñas de 30 años, Francy Peña de 27 años, Wilffrido Serrano de 32 años y un bebé de tan solo un año identificado como Juaquín Serrano.

Se pudo conocer que los cuerpos de seguridad y familiares manejan como hipótesis que se trata una secta religiosa presente en la zona. Hasta los momentos no se tiene más conocimiento sobre este hecho por lo que desde la Prensa del Táchira se está intentando contactar con los familiares para esclarecer estos acontecimientos.

Los cuerpos de seguridad están informados de los casos y los familiares están a la espera que inicien las investigaciones necesarias para dar con el paradero de las 15 personas.

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La situación en Cuba se complicó tras el incendio de un tanque de petróleo que provocó el impacto de un rayo este viernes en la ciudad de Matanzas. Los bomberos han hecho todo para extinguirlo, pero este sábado las llamas alcanzaron un segundo tanque.

El último reporte de las autoridades cubanas es que las cifras de heridos por quemaduras ascienden a 67 y Presidencia reportó también 17 desaparecidos, «bomberos que estaban en la zona más cercana» al incendio.

Información del personal médico en el hospital provincial «Faustino Pérez», dan cuenta que, de los 67 heridos atendidos hasta el momento por el incendio, tres de ellos están en estado crítico, otros tres muy graves y 12 graves, el resto están menos graves o con heridas leves.

El incendio se desató el viernes, tras un rayo impactar cerca de las 9:00 de la noche de este viernes en unos de los tanques que almacena petróleo de la base de supertanqueros situada a las afueras de Matanzas, a unos 90 kilómetros al este de La Habana.

Según conoció la agencia AFP, a las 5:00 de la madrugada de este sábado el fuego se extendió a un segundo depósito, por lo que se procedió a la evacuación de la zona.

Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de Matanzas, informó de que hay alrededor de 800 evacuados.

Testimonios recogidos por la agencia de noticias dan cuenta que la explosión hizo correr a los habitantes de Matanza. Yuney Hernández y su familia abandonaron su casa del barrio de la Ganadera, a unos dos kilómetros del incendio.

Regresaron «como a las tres y pico de la madrugada» porque los niños tenían sueño, explicó esta mujer de 32 años a la AFP.

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Pero sobre las 5 de la madrugada comenzaron a escuchar más explosiones, «se sentía como si estuvieran cayéndose los pedazos del tanque», añadió.

El primer depósito «contenía unos 26.000 metros cúbicos de crudo nacional, alrededor del 50 % de su capacidad máxima, cuando la intensidad del rayo golpeó la cúpula de la instalación», informó el diario Granma.

Asimismo, destaca el medio cubado que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, supervisan desde la madrugada las acciones de socorro.

Desde las partes altas de Matanzas se observan las llamas y una inmensa columna de humo que se ha extendido en dirección a La Habana. En las inmediaciones del incendio se ven varias ambulancias estacionadas, tanques de agua y grúas listas para intervenir.

«Al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos, que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica», según Granma.

Danger Ricardo, un soldador de 37 años que trabaja en el lugar, no se explica cómo falló el sistema de pararrayos de los tanques.

«La cosa está bastante fea, nunca se había previsto que explotara un tanque ahí porque eso tiene un sistema de pararrayos que no se sabe cómo falló», explicó.

Los dos tanques abastecen la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, pero el bombeo hacia esa planta no se ha detenido, informó Granma.

El incendio se produce en momentos en que la isla sufre desde mayo pasado dificultades para satisfacer la mayor demanda de energía debido al calor veraniego.

La obsolescencia de sus ocho termoeléctricas, roturas, mantenimientos programados y la falta de combustible lastran la generación eléctrica.

Las autoridades programan desde mayo apagones de hasta 12 horas diarias en algunas regiones del país. Desde entonces se han registrado una veintena de protestas en localidades del interior de la isla.

Durante el último trimestre, la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, ha recibido más de 25 denuncias sobre venezolanos desaparecidos en el eje limítrofe provenientes de varios estados del país, en su mayoría adolescentes.

Situación que los obliga a proponer la creación de un frente que exija a los gobiernos de Bogotá y Caracas, empeñar esfuerzos para hallar a las víctimas sometidas por grupos armados.

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Uno de los desaparecidos es  Yofran Wilyordy Roa Davila de 21 años, residente de Socopó estado Barinas, que migró a Colombia para ayudar a su familia y desde el mes de abril no se sabe su paradero.

María Dávila, madre joven venezolano desaparecido en Colombia, pide ayuda para dar con el paradero de su hijo.

Como ella, hay muchas madres venezolanas con hijos desaparecidos en la frontera, que guardan la esperanza de volverlos a abrazar.

Para ver reporte de Maryne Glod  ingrese al canal de YouTube

Autoridades venezolanas están en la búsqueda de tres pescadores de una embarcación que zozobró en el río Orinoco, específicamente frente a una comunidad del estado Bolívar.

La información la suministró el martes el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) a través de su cuenta en Twitter.

“Mantenemos activas las labores de búsqueda y salvamento de tres tripulantes presuntamente desaparecidos; luego que la embarcación de pesca en la que navegaban zozobrara en el río Orinoco frente a la comunidad pesquera El Almacén en Ciudad Bolívar”, reza textualmente el tweet.

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Explican que la embarcación, procedente de la comunidad de El Palmar en el estado costero de Anzoátegui; zarpó con seis tripulantes.

#21Jun ¡Suceso marítimo!Mantenemos activas las labores de búsqueda y salvamento de 3 tripulantes presuntamente desaparecidos luego que la embarcación de pesca en la que navegaban zozobrara en el río Orinoco frente a la Comunidad pesquera El Almacén en #CiudadBolívar. De pic.twitter.com/IY8kbTwLCO

Destacan que tres de ellos “lograron salvarse” y se presentaron ante la Capitanía de Puerto de Ciudad Bolívar para reportar el suceso.

“Se efectuó patrón de búsqueda. Inmediatamente se inició la búsqueda con el apoyo de pescadores de la zona”, precisó la institución.

Estos tres pescadores se suman a otros cinco cuya embarcación fue dada por desaparecida el pasado 14 de mayo; tras varios días sin noticias de los tripulantes.

Los familiares de estos cinco pescadores, que viajaban en la embarcación “Santo Amaro II”; pidieron a la Fiscalía que investigue el caso, dijo a EFE el pasado 15 de junio Doris Vargas, hermana del capitán del barco.

Allison Guerrero es una joven de 21 años. Salió con su novio y algunos amigos a un bar del norte de Bogotá.

Esa noche, Allison se convirtió en una persona extraña y violenta. Sus amigos dijeron que, tras unos tragos. ella los atacó física y con palabras fuertes. No había explicación. Descontrolada, salió a la calle, y desapareció.

Al otro día, con fotos en manos y un cartel en redes sociales, su familia rogaba por información.

La buscaron en hospitales, Medicina Legal, y la angustia se hizo viral.

Javier Guerrero, padre de Allison, denunció que lo llamaron para pedirle un millón de pesos por “devolverle” a su hija.

Allison es una de las 823 personas desaparecidas en Colombia, de acuerdo con los informes de Medicina Legal.

¿Qué está pasando en la capital del país con los desaparecidos?

¿Hay un patrón común entre ellos?

¿Cuántos terminan en un desenlace fatal?

Las autoridades tienen varias hipótesis y aseguran que están comprometidas en cada caso para tranquilizar a los allegados.

Allison afortunadamente apareció con vida, pero otra suerte tuvieron Felipe Mejía y Juan Sebastián Yanquen, dos jóvenes cuya búsqueda se hizo viral en los últimos días.

Tanto fue así que llevaron a pensar que se había desatado una ola de desapariciones durante los fines de semana en Bogotá.

A los dos los encontraron muertos y se está investigando qué pudo haber ocurrido en cada caso.

El cuerpo de Mejía, quien era ingeniero y trabajaba en una reconocida empresa tabacalera, fue hallado convulsionando en una calle en Chapinero.

Hasta ahora, las autoridades creen que murió por cuenta de una intoxicación. 

Yanquen, según los médicos, habría sufrido un golpe contundente en la cabeza, quedó en estado vegetativo y falleció a los pocos días.

En ninguno de los dos casos se sabe si hubo terceros involucrados y qué fue lo que realmente les pasó a estas víctimas.

Lo cierto es que no murieron de forma natural, sino de manera violenta.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, señaló que, si bien se sabe que no existe una organización criminal detrás de todas las desapariciones, sí hay manos criminales.

También dijo que hay casos de personas, que durante el fin de semana, se ausentan sin decirles a sus familiares, y a los pocos días aparecen, tratándose de falsas alarmas.

“Los familiares reportan la desaparición de la persona, pero no informan cuando aparece, y en las redes sociales y en la opinión pública queda la sensación de que hay organizaciones que están atacando a las personas bajo estas circunstancias, cuando no es cierto. Se trata de actividades individuales”, explicó el general Camacho.

Los investigadores establecieron que en algunos casos las víctimas de desaparición terminaron sumergidas en una trampa criminal, que incluye escopolamina en bares, reuniones y hasta en el transporte público.

El alcalde encargado y secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, afirmó:

“Son múltiples las causales y cada caso es diferente. Por eso se investiga y se busca resolver de manera inmediata por parte de las autoridades (…) pero no hay un patrón común o que estén relacionadas las desapariciones, son casos individuales”.

Entidades como la Fiscalía y la Policía lanzaron grupos de investigadores dedicados de manera exclusiva a seguir el rastro de estas personas que un día salieron de sus casas y no regresaron.

Así se han reportado casos de muchas víctimas deambulando por las calles, desorientadas, ultrajadas, golpeadas.

Algunas terminan en los hospitales, donde se activa un código especial para informarles a sus familiares.

Las historias con desaparecidos son un drama para los parientes y el desenlace no siempre es alentador.

En los reportes judiciales están consignados relatos de madres y padres que llevaban semanas en la búsqueda de sus seres queridos, incluso en los peores escenarios, como la morgue de Medicina Legal.

El caso de Felipe Mejía tiene ingredientes particulares.

Según los investigadores de la Policía, el día de su desaparición los reportes se hicieron por medio de las redes sociales.

Se estableció que tuvo una cita con una persona que conoció en una aplicación.

Estuvieron en varios establecimientos públicos y luego nadie supo de su paradero.

Los familiares de Mejía tienen su propia versión.

Señalaron que él estuvo con otra persona con la que compartió algunos tragos y no descartan un posible envenenamiento.

La investigación la encabeza la Fiscalía.

Cada historia es única. Su investigación y desenlace igual. Para Fernández de Soto, algunas desapariciones son consideradas «momentáneas» y se deben a hechos muy particulares, no de un patrón común, son diferentes las causas, cada elemento es distinto y se aborda de forma especial.

Son varias las historias con un final violento. 

Por ejemplo, los investigadores tratan de establecer qué pasó con Juan Sebastián Yanquen, de 18 años, que tras 25 días de búsqueda fue encontrado en un hospital.

El joven desapareció el 19 de marzo en Suba. 

Sus familiares exigen una respuesta.

Alberto Yanquen, padre de Juan Sebastián, inició una cruzada para encontrar a su hijo. Recuerda que la última conversación la tuvo el mismo día de su desaparición. 

El tiempo transcurrió y la zozobra se viralizó con la imagen de Sebastián en una página en Facebook para personas desaparecidas.

Gracias a esa publicación le informaron a Alberto de un joven con características similares que se encontraba en estado vegetativo en un hospital. Efectivamente, era Juan Sebastián.

Se estableció los detalles de una investigación de la Policía que revela una dinámica criminal que se alimenta de la preocupación de las familias con seres queridos reportados como desaparecidos.

Los agentes advierten cómo los extorsionistas están al tanto de las publicaciones que hacen en redes sociales sobre las víctimas de desaparición, llamando luego a los familiares exigiendoles dineros por supuestas liberaciones.

Medicina Legal hizo un llamado para que los reportes de desaparecidos se hagan primero ante las autoridades competentes, cuando la familia lo estime conveniente. 

No es necesario esperar las supuestas 72 horas, después de esto las redes sociales son otra opción.

Son muchas las familias que viven este drama, que buscan a sus seres queridos, que no tienen respuesta, pero mantienen viva la esperanza de reencontrarse.

El trabajo de los investigadores, de los medios y de las mismas redes sociales resulta vital para extender las fuerzas y la posibilidad de encontrarlos.

Un deslizamiento de piedra y lodo de un cerro enterró este martes a decenas de casas en un pueblo andino del norte de Perú, dejando una veintena de desaparecidos.

#15Mar ? ¡SEIS DESAPARECIDOS!Unas 60 casas sepultadas, 15 personas atrapadas y seis desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en la región La Libertad de Perú. @ImpactoVE ? pic.twitter.com/sEIlBdY8oj

«¡No! ¡Dios! Se tapó todo», se escucha decir a una persona que grabó el derrumbe del cerro en un video que circula en las redes sociales.

El gobernador de la región norteña de La Libertad, Manuel Llempén, dijo a la radio RPP que «el deslizamiento del cerro ha cubierto, según el informe preliminar, aproximadamente entre 60 y 80 casas. Han sido totalmente cubiertas».

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«Tenemos estimado entre 15 y 20 personas aún están desaparecidas», indicó en el pueblo afectado el ministro de Defensa, José Gavidia, el martes en la noche, unas 12 horas después del derrumbe del cerro.

El alud ocurrió hacia las 08H30 locales (13h30 GMT) en el poblado de Retamas, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Parcoy.

Según Rolando Capucho, un responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), quedaron al menos 15 personas atrapadas.

De ellas, «se han rescatado a ocho personas», señaló el ministro Gavidia, quien llegó en la tarde al poblado afectado, reseñó AFP.

Entre los desaparecidos, hay tres niños, indicó por su parte el director de gestión de riesgo del ministerio de Salud, el doctor Jorge Luis Escobar, al canal televisivo N.

El comisario de Retamas, el teniente Carlos Alberto Valderrama, indicó que rescatistas de la policía y bomberos trabajan en la remoción de escombros para ubicar a las personas desaparecidas.

«Hemos logrado rescatar a cuatro personas entre ellas a una ciudadana venezolana que se encontraba atrapada en un mercado. Hasta el momento no hemos encontrado fallecidos», detalló Valderrama por teléfono a la AFP.

Después el ministro elevó a ocho la cifra de rescatados.

«La zona está aislada. Hay grietas en el cerro, tenemos información que se puede producir otro derrumbe», agregó el oficial.

Gavidia explicó que las autoridades han «tenido mucha dificultad para desalojar a la gente, [pues] no querían dejar sus casas» a pesar del riesgo de nuevos deslizamientos.

Los aludes ocurren con cierta regularidad durante los meses del verano austral en la región andina de Perú, debido a las lluvias estacionales.

El poblado de Retamas, habitado por familias de mineros, está a 16 horas por carretera desde la ciudad de Trujillo, la cabecera regional situada en la costa, 500 km al norte de Lima.

«Pude salir a tiempo, mi casa fue sepultada. El derrumbe nos dejó sin nada», contó a la radio RPP Ledy Leiva, quien pudo salir de su casa con otros cinco integrantes de su familia.

Varias personas atrapadas fueron rescatadas por vecinos que perforaron techos y paredes de las casas sepultadas, antes de que llegaran los rescatistas, informaron medios locales.

El presidente peruano Pedro Castillo anunció el martes en la noche que viajará a Retamas y que su gobierno apoyará a las familias damnificadas por el deslizamiento de tierra.

«Me dirijo a la provincia de Pataz [donde se encuentra Retamas] para verificar in situ la zona afectada por el siniestro ocurrido esta mañana», tuiteó el mandatario tras entregar un mensaje ante el plenario del Congreso.

Castillo había ordenado más temprano que viajaran a la zona el jefe de la Defensa Civil y Gavidia junto con rescatistas.

«Me solidarizo y acompaño el dolor de las familias que vienen sufriendo las lamentables consecuencias del deslizamiento de tierra», escribió en Twitter el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, además presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).

Cabrejos agregó que el alud «ha traído como consecuencia más nefasta la pérdida de vidas humanas», aunque por ahora las autoridades peruanas no han informado sobre muertos.

En 2009, al menos 13 muertos, entre ellas un niño, dejó un alud que sepultó varias casas en Retamas.

«Ya se había determinado este lugar como zona de alto riesgo», advirtió Miguel Yamazaki, director de Preparación de Indeci.

Más 500 familias damnificadas y una niña desaparecida tras  las fuertes lluvias que se han suscitado desde este viernes en San Pablo de Nariño en Colombia.

#19Feb⚠️ ¡IMPRESIONANTE AVALANCHA!Una niña de 8 años está desaparecida por el desbordamiento de la quebrada Las Brisas en San Pablo, departamento colombiano de Nariño, este #18Feb. Más de 500 familias quedaron damnificadas.? @NoticiasRPTV@ImpactoVE? pic.twitter.com/BNXHQjctq7

El alcalde de San Pablo, Ricardo Emiro Gómez Lasso, indicó que una niña de 8 años de edad está desaparecida.

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Sostuvo que más de 350 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada La Brisa, que se represó en la parte alta del sector urbano.

El agua arrasó con motos y carros e ingresó a varias viviendas. De hecho, se procedió con la evacuación de varios sectores de San Pablo para trasladar a los ciudadanos hacia el coliseo de la Normal Superior del municipio.

Los cadáveres de dos jóvenes en estado de descomposición los localizaron en una zona boscosa de la vía a El Paíto, al sur de Valencia, estado Carabobo. Cada uno tenía un disparo en el cuerpo.

Los jóvenes identificados como Ezequiel Jesús Hernández Parra, de 23 años, y Carlos Enrique Ruiz Bencomo de 26, los denunciaron sus familiares como desaparecidos desde el 1 de diciembre de 2021.

El camión en el que se movilizaban ambos también desapareció en esa fecha y fue recuperado días después en el estado Táchira.

Fuentes policiales infieren que quienes cometieron el abominable asesinato y robo, pretendían pasar el camión a Colombia, para venderlo.

La Policía del Táchira tiene retenido el vehículo, el cual se encuentra a disposición del Ministerio Público, al igual que el hombre que lo conducía.

Uno de los móviles que se maneja es la existencia de una banda criminal, “piratas de carreteras”, que se están dedicando a robar vehículos en el centro del país para venderlos por partes en la frontera de Táchira con Colombia.

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Según La Nación, este no ha sido el único caso con el mismo patrón de robo y asesinato. Ya en varias dependencias de las policías del centro del país hay denuncias sobre varios hechos.

Asimismo, se conoció que por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, se presume que los jóvenes fueron asesinados el mismo día de su desaparición.  

Explican fuentes policiales que los jóvenes salieron de Bello Monte (Valencia) para entregar una mercancía en El Paíto.

Se supone que regresarían a entregar un peso, de los que se usan para el pesaje de materiales reciclables con los que laboran, pero nunca llegaron a su destino.

Cuando iban de regreso, a eso de las 5 de la tarde, fueron interceptados por sujetos armados que los despojaron del camión.

Se presume que varios de los miembros de esa banda llevarn a los dos jóvenes a la zona boscosa y le propinaron un tiro a cada uno.

Otros, tomaron el camión Cargo blanco y se lo llevaron hasta el estado Táchira. El conductor del vehículo lo detuvieron en un punto de control.

Esto, luego de que las autoridades se percataron que el vehículo de carga estaba solicitado por el delito de robo. Hasta ahora se desconoce si hay más detenidos por el caso.