La ONG Provea denunció la desaparición de  Petter Distefano Padilla Rea, un ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad, quien fue visto por última vez el 27 de julio.

Según la ONG, los familiares de Padilla, ese día  mantuvieron un último contacto con él, al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de   Cúcuta, desde donde se trasladaría a Venezuela.

Padilla Rea viajó el 27 de julio proveniente de  Guayaquil, Ecuador, con destino final a la ciudad de Maracay, en el estado Aragua.

“Sus familiares pudieron hacer una verificación de las cámaras y lograron constatar su tránsito hasta el puente Simón Bolívar”, publicó Provea en sus redes sociales.

Presumen que, por estar cerrada la frontera debido a las pasadas elecciones municipales, Padilla habría cruzado una de las trochas abiertas en los pasos fronterizos.

Algunas personas de la zona indicaron que fueron presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes se lo habían llevado.

Los familiares han acudido a centros de salud y lugares de detención, pero tampoco lo han encontrado.

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Incluso, han recurrido a la Fiscalía de Colombia, Ministerio Público venezolano, Defensoría del Pueblo, delegada del estado Táchira, SEBIN, Migración Colombia, Guardia Nacional Bolivariana y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Pese a las denuncias hechas, han recibido escasas respuestas de parte de las autoridades venezolanas y colombianas, y ninguna información sobre el paradero del ciudadano.

Este 28 de octubre, ejercieron una acción de Habeas Corpus ante el TSJ debido a la negativa de los Tribunales Penales de Caracas a recibir el recurso.

Aún se desconoce el paradero de Petter Padilla.

🚨 DESAPARECIDO EN LA FRONTERA COLOMBIA–VENEZUELAFamiliares denuncian la desaparición de Petter Padilla Rea (41), visto por última vez el 27Jul tras llegar a Cúcuta y dirigirse a Venezuela. Testigos señalan que presuntos funcionarios de la DGCIM lo habrían detenido📹 @_Provea pic.twitter.com/UGO7Zymtu5

Con información de Provea

La familia del exalcalde de Barquisimeto, Macario González, denunció que desde el viernes 12 de septiembre no saben nada de él,  y a 72 horas de no saber de su paradero, alertan que se puede estar ante una desaparición forzada del dirigente.

 Macarena González, hija del exalcalde, a través de un video difundido en sus redes sociales, dijo que lo vieron por última vez en la Universidad Fermín Toro, en una reunión en la sala de profesores.

“Como familia y amigos, hemos intentado obtener información sobre él, pero hasta el momento no hemos logrado localizarlo. Exigimos a las autoridades venezolanas que inicien una investigación para confirmar la vida de mi padre”, clamó Macarena González.

Macario González, quien actualmente tiene de 73 años, de los 25 los ha dedicado a la docencia en esa universidad,  fue alcalde del municipio Iribarren entre 1995 y 2000 por el Movimiento al Socialismo (MAS). 

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El mismo 12 de septiembre, en su cuenta en X, González  publicó un mensaje pidiendo la libertad de los presos políticos en el país. “Echémonos el miedo a la espalda y salvemos la patria”, citó, añadiendo el hashtag #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos.

El partido Voluntad Popular, al cual pertenece González,  denunció la desaparición del dirigente. “La persecución contra quienes luchan por una Venezuela libre continúa escalando”, alertó VP en un post en X.

Asimismo, el Observatorio Venezolano de Prisiones, también hizo la denuncia.

“Macario González, exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario, fue desaparecido forzosamente la tarde del #12Sep en el estado #Lara”, publicó el OVP en X.

“Macario es un dirigente activo que, pocas horas antes de su desaparición, había expresado públicamente en su cuenta de X la exigencia de libertad para los presos políticos. Hoy, es él quien se encuentra privado de libertad por un régimen que utiliza la desaparición forzada como método de persecución y silenciamiento”, alertó.

 En Venezuela, los casos de desapariciones forzadas de personas -en el marco del aumento del terrorismo de Estado- han aumentado dramáticamente, asegura la ONG Provea, en un trabajo especial publicado en su página web.

Al repertorio represivo estatal, se ha sumado en los últimos años el incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión de las personas detenidas.

Las desapariciones forzadas en Venezuela, cometidas en el marco de la escalada represiva actual, han pasado de ser de «selectivas y de corta duración» como se documentó y denunció en picos de conflictividad como el registrado en 2014, a desapariciones masivas y de larga duración.

Lamentablemente, esta práctica tiende a «institucionalizarse» y se enmarca dentro de una política de Estado de ataques contra la población civil.

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Los patrones

Este informe especial tiene como objetivo describir los patrones detectados a raíz de la documentación de 23 casos denunciados en Provea entre los meses de septiembre de 2024 y mayo de 2025, sobre personas en situación de desaparición forzada; así como relatar todas las situaciones desafiantes que enfrentan los familiares al momento de intentar agotar las vías regulares ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta oportuna y serles violentados sus derechos fundamentales adicionalmente.

Dichas denuncias fueron tomadas mediante entrevistas presenciales para obtener el relato pormenorizado de los hechos y poder prestar toda la asesoría jurídica correspondiente a cada caso, así como para registrar todas las circunstancias que rodearon la desaparición forzada, en aras de proceder posteriormente a diseñarle al denunciante una hoja de ruta, en lo que respecta, primeramente, a la búsqueda de su familiar en los recintos policiales y en el sistema de justicia, además de prestarle toda la asesoría y apoyo sobre las acciones legales a ser emprendidas ante los tribunales del país y las instituciones especializadas en materia de protección de derechos humanos.

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Represión post-electoral

Las denuncias de estos casos fueron recibidas en un contexto del incremento de la represión en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que fue caracterizada por “la imposición de obstáculos administrativos y judiciales contra dirigentes opositores, actos de amenazas y hostigamiento, y detenciones arbitrarias acompañadas de desapariciones forzadas contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos”.

A ello se sumó el aumento de privaciones ilegítimas de libertad ante un control judicial cada vez menor que da pie al incremento de las irregularidades procesales y a mayor impunidad.

Ante este panorama, los familiares de los desaparecidos se ven obligados a recorrer diversas sedes policiales de detención preventiva, en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde no les proporcionan información sobre sus parientes y niegan que se encuentren bajo su custodia, sin tampoco poder visibilizar el listado reglamentario en la entrada de dichos centros que develen la identidad completa de quienes allí están privados de libertad, ni permitirles recibir visitas de sus familiares y/o abogados de confianza, por lo que se desconoce por días, semanas y hasta meses su estado físico y mental, así como su condición de salud en general.

Los órganos de administración de justicia tienen la obligación de dar información inmediata sobre el paradero de la persona, y una vez vencido el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas reglamentarias para celebrar la audiencia de presentación, no es posible saber el tribunal ni el fiscal del Ministerio Público designados.

También es común que se desconozca si se llevó a cabo la propia audiencia de presentación ante algún juzgado y de haberse celebrado, no se sabe la fecha, ni los delitos imputados, ni el lugar de reclusión designado, en caso que se haya dictado una medida judicial de privación preventiva de libertad.

Sin rastros

Al hacer la búsqueda en los sistemas automatizados de los órganos de administración de justicia, ninguna de estas personas ha aparecido reflejada en pantalla.

Así, en el Poder Judicial, específicamente, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, en adelante (URDD), de los distintos Circuitos Judiciales Penales correspondientes, existe total opacidad sobre estos casos al facilitar el número de cédula de identidad del desaparecido, puesto que los funcionarios judiciales sólo indican que no aparecen en el sistema.

Idéntica situación ocurre en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Superior perteneciente al lugar de detención, donde tampoco indican el Fiscal de guardia que debió haber presentado al detenido ante el tribunal.

Y lo más grave es que al no tener ningún tipo de información sobre el procedimiento policial ni el proceso penal que recién debería estar iniciando, el abogado de confianza queda totalmente excluido del caso, mucho menos aún tiene acceso a las actuaciones policiales que integran el expediente, lo que genera que adicionalmente suela ser impuesto un Defensor Público.

Los familiares y abogados al encontrarse con todas estas dificultades, tratan de agotar las vías y acciones legales procedentes en estos casos, como la acción de amparo constitucional de habeas corpus, la cual tampoco suele ser recibida por la URDD de ningún Circuito Judicial Penal, ya que los funcionarios judiciales alegan que están esperando instrucciones o que no tienen autorización para recibirlo.

Excepcionalmente ha sido recibido un solo escrito de amparo en los tribunales ordinarios en los casos que hemos documentado, pero no ha habido respuesta alguna.

La negativa a recibir los escritos de habeas corpus aumenta la vulnerabilidad de las personas.

Sin precedentes

Es importante destacar que en la historia jurídica contemporánea del país no se conocían situaciones en las que los tribunales de la República se negaran a recibir los habeas corpus, violando de manera expresa el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Este escenario ha implicado que los familiares de desaparecidos sean orientados a llevar el escrito de amparo directamente a la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde han sido recibidos, pero ni el máximo juzgado del país ha actuado conforme a derecho, ni ejecuta ninguna acción al respecto.

Nadie responde

Asimismo, otra de las acciones legales procedentes, es la interposición de la denuncia ante el Ministerio Público, en su carácter de titular de la acción penal del Estado, a través de la cual se solicita la inmediata designación de un fiscal con competencia en materia de protección de derechos humanos, en aras de ordenar la investigación por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y desaparición forzada, entre otros, sin que tampoco se obtenga respuesta alguna.

En efecto, los funcionarios del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Correspondencia, se limitan a indicar que el denunciante debe regresar en un plazo de quince (15) días hábiles para informarle qué hicieron con su caso (lapso que no está previsto en ningún instrumento legal de nuestro ordenamiento jurídico interno y cuya actuación debe ser inmediata), y una vez transcurrido ese tiempo, lo que indican es que se encuentran esperando instrucciones o que falta una firma de algún superior para avanzar en el caso, quedando igualmente estancado y sin ningún tipo de respuesta; aunado a que en el devenir del acompañamiento que hemos hecho a los familiares, los funcionarios de la propia Dirección de Protección de Derechos Humanos, nos han informado que tienen expresamente prohibido recibir denuncias sobre desapariciones forzadas.

Defensoría que no defiende

Igual comportamiento ocurre con la Defensoría del Pueblo que no realiza ningún tipo de actuaciones.

Esta institución por mandato constitucional y legal tiene la posibilidad de visitar sin previo aviso las instalaciones policiales y militares, sin embargo, se abstiene de indagar la suerte de la persona detenida.

La institución que por mandato constitucional debería estar acompañando a las familias en la búsqueda de la persona desaparecida no actúa, no responde las comunicaciones presentadas por los familiares y no informa de manera privada ni pública sobre las diligencias realizadas.

Las instituciones obligadas a dar información del detenido no la proporcionan.

Se ha podido constatar que no se trata de actuaciones aisladas de cada institución, sino prácticas coordinadas que constituyen una política de omisión de la información.

Se genera angustia en los familiares, aumenta el riesgo del detenido de recibir tratos crueles e inhumanos e incluso tortura y se vulnera el debido proceso.

La desaparición forzada como política de Estado

Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, se reactivó la modalidad más violenta de la maquinaria represiva del Estado que condujo a graves violaciones de derechos humanos y otros delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, evidenciando que en Venezuela existen ataques contra la población civil.

Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, ha reafirmado que las desapariciones forzadas, forman parte de un patrón represivo en Venezuela.

A partir de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la existencia del elemento contextual de una política de Estado, es criterio reiterado que ésta debe estar destinada a cometer un ataque contra una población civil, ser organizada y seguir un patrón regular que utiliza recursos públicos y privados, que puede ser implementada por grupos que gobiernan un territorio o por una organización con capacidad de cometer un ataque generalizado o sistemático, y que no necesita estar explícitamente definida o formalizada como política.

En este sentido, en cada uno de los casos mencionados se evidencia la presencia de factores estructurales que contribuyeron a las graves irregularidades denunciadas y que indudablemente se produjeron en “el marco de un proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho acaecido desde 2014”, mientras se produce “el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales que dio lugar a una creciente impunidad”, tal como ya lo ha afirmado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIDH).

Los informes de la MIDH muestran que en el país se dan los elementos, antes mencionados, ilustrando la existencia de una política de Estado de cometer un ataque contra la población civil.

Ello ha permitido que la estructura represiva del Estado dirigida por las autoridades nacionales para implementar esa política se fortalezca cada vez más, al existir un “cumplimiento prácticamente automático” de las órdenes superiores que definen toda la maquinaria represiva, especialmente por parte del SEBIN y la DGCIM.

La misma dinámica se observa en los órganos de administración de justicia, al acoplarse a toda esta política con total impunidad y omisión de las funciones que le son propias según la Constitución y las leyes.

Además, se puede afirmar que, a diferencia del elemento sistemático, el elemento de la “política de cometer un ataque contra la población civil” se encuentra probado en Venezuela.

En efecto, el hecho que no se requiera que esa política esté “explícitamente definida o formalizada” hace que este elemento contextual tenga un umbral de prueba menos elevado que, por ejemplo, el elemento contextual de ataque sistemático, lo que implica que siga siendo ilustrado bajo el estándar de prueba “motivos razonables para creer”, tal como lo ha venido haciendo la MIDH.

Conclusiones y recomendaciones

Estos casos forman parte de un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violación a las garantías constitucionales más elementales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La falta de respuesta en todos los niveles que impera por parte del Estado genera mayor vulnerabilidad a estas personas, que están bajo su custodia sin cumplir con ninguno de los estándares nacionales e internacionales de privación de libertad, ni existir autoridad alguna que controle y limite este tipo de arbitrariedades, indistintamente de los motivos que hayan originado cada una de las detenciones, con lo que quedan totalmente despojadas de toda protección legal.

En la mayoría de los casos documentados, esta situación se extiende por meses, y en algunas detenciones a pesar del tiempo transcurrido y de todas las gestiones efectuadas por sus familiares, sigue siendo infructuosa la obtención de información alguna.

Todos estos obstáculos para acceder a la información sobre la persona detenida y/o desaparecida, implican un entramado de abusos exacerbados del poder punitivo que representan graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y al derecho a la defensa, no solo en perjuicio de los detenidos, sino que también atenta contra los derechos más fundamentales de sus familiares.

Se convierte en angustia y sufrimiento permanente para quienes solo quieren una fe de vida de sus parientes, potenciando así el estado de indefensión y vulnerabilidad en que se encuentra la persona y dejando en evidencia la falta de control judicial de estas actuaciones revestidas de total ilegalidad, que ponen en riesgo su vida, salud e integridad física y mental.

Aunado a que, pese a las distintas acciones y denuncias formales incoadas por los familiares y abogados ante las instituciones competentes sobre estas severas irregulares, el Estado no está investigando y sancionando a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, sino que permanece inactivo y mantiene sus estructuras represivas intactas desde los propios poderes públicos, como una política robusta donde todas las instituciones confluyen y actúan al unísono.

En virtud de lo anterior se procede a plantear las siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales:

Exigimos a los órganos de administración de justicia del país, específicamente a los tribunales de la República, a que reciban y tramiten de inmediato las acciones de amparo que les sean interpuestas para procurar la inmediata restitución del derecho constitucional infringido.

Exigimos a la Defensoría del Pueblo a tomar todas las acciones pertinentes dentro de sus facultades constitucionales y legales, entre ellas la inspección de centros de detención para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Exigimos a las instancias especializadas en materia de protección de derechos humanos del Ministerio Público, que inicien, efectúen e impulsen investigaciones transparentes y expeditas por parte de los fiscales del Ministerio Público, para que ordenen el cese de la incomunicación a los organismos de seguridad respectivos, y determinen e informen de inmediato el paradero de las personas a sus familiares.

Exigimos a las autoridades determinar las responsabilidades civiles, penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar por estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas, en aras de imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición.

A las instituciones del Estado competentes, exigimos el cumplimiento de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas establecida en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Cumplimiento de las normas constitucionales y legales que establecen que las personas detenidas deben ser presentadas sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión y ser autorizadas a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y se garantice la visita de sus familiares y el defensor o la defensora de su preferencia.

Se permita que cada persona detenida disfrute plenamente de los derechos y garantías para la defensa y debido proceso.

Con información de Provea

Familiares del dirigente nacional de Vente Venezuela, Julio Velasco, exigieron una fe de vida del activista, luego de que han pasado 10 días desde la última vez que supieron de él, por lo que denuncia que se encuentra bajo “desaparición forzada”.

  Marcos Velasco, hijo del activista, difundió este jueves un video donde denuncia que han buscado a Julio, en El Helicoide, en la Zona 7 de Boleíta y en la sede de la DGCIM, pero les niegan información sobre su paradero.

“Exigimos fe de vida hoy, su presentación inmediata ante la familia, el acceso a su defensa con abogado de confianza, una evaluación médica independiente y la información precisa del lugar de reclusión para poner fin a la incomunicación”, reclamó el joven.

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 También responsabiliza  al Defensor del Pueblo , Alfredo Ruíz Angulo y al fiscal general Tarek William Saab, por omisión, porque “quienes dan las órdenes y quienes las ejecutan comparten la responsabilidad penal y moral”.

Adicionalmente, destaca que este caso “no es un hecho aislado, es público, notorio y comunicacional… en la Venezuela que viene, nadie más será perseguido, sus familias no serán correteadas, habrá justicia sin vicios y con pleno Estado de derecho”, afirmó Marcos Velasco.

“¿Dónde está Julio Velasco? ¿Dónde está mi papá? No pedimos privilegios; exigimos derechos: vida, verdad y justicia. Hoy, no mañana. Fe de vida ya”, concluyó.

🚨 "LA FAMILIA NO SE TOCA"La familia de Julio Velazco, padre del activista Marcos Velasco, denuncia su desaparición forzada desde el 2Sep a manos de funcionarios de la administración de Maduro. Exigen fe de vida, acceso a abogado, evaluación médica y conocer su paradero pic.twitter.com/8hti4kMG5Y

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves la presunta desaparición forzada de la ciudadana hispano-venezolana Sofía María Sahagún Ortiz, a quien se perdió la pista el pasado 23 de octubre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cuando se disponía a viajar rumbo a Madrid.

De acuerdo a HRW, la familia de Sahagún Ortiz supo de ella por última vez a través del mensaje de texto que envió a su marido para informarle que había pasado el control migratorio antes de subir al avión.

Transcurridas menos de 24 horas, la familia supo que no se le permitió subir al avión y desde entonces no han tenido información sobre su paradero. Por ello, ha solicitado repetidamente a las autoridades venezolanas que la localicen y aclaren si ha sido detenida.

«Sahagún Ortiz parece ser víctima de una desaparición forzada, un delito grave según el Derecho Internacional, y, lamentablemente, común en Venezuela hoy en día», afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

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Desde HRW explican que el Derecho Internacional define la desaparición forzada como la detención de una persona por parte de fuerzas estatales o sus agentes, quienes se niegan a reconocer dicha detención o dar a conocer el paradero de la persona, reseña Europa Press.

Tras la desaparición de Sahagún Ortiz, agentes de policía acudieron en repetidas ocasiones a su domicilio, acosando a familiares y conocidos con preguntas sobre la familia, según contó el esposo de esta a HRW, lo que lo llevó a él y sus hijos a mudarse primero y días más tarde huir de Venezuela.

Además, el 30 de octubre, el abogado de la familia se dirigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar que investigaran el caso, pero los fiscales se negaron a abrir una investigación. Estos optaron por remitir el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), una rama de la policía encargada de realizar investigaciones forenses, según ha constatado la ONG.

«El Gobierno venezolano debe dar a conocer con urgencia su paradero, y las autoridades españolas deben presionar a Maduro para que garantice sus derechos», ha reclamado Goebertus.

Durante una intervención forense al cementerio de Carepa, en Antioquia, la Justicia Especial para la Paz (JEP) confirmó los primeros hallazgos.

Se trata de 13 cuerpos que podrían ser de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Urabá.

La determinación de intervenir el camposanto se dio tras las declaraciones entregadas por militares imputados por falsos positivos en la JEP.

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La intervención en el cementerio de Carepa aconteció entre el 28 de agosto y el primero de septiembre “en tres puntos de interés forense en bóvedas que conservaban cuerpos expuestos y en riesgo”, indicó el tribunal de paz colombiano.

El Instituto de Medicina Legal tomó 85 muestras biológicas de quienes denunciaron la desaparición de familiares para cotejar si entre los 13 cadáveres recuperados están sus seres queridos; así dio a conocer Oscar Rosas en Caracol.

José Cádiz, enfermero y activista por los derechos sindicales del sector salud, habría sido liberado después de que fuese detenido este lunes, tras protagonizar una protesta gremial.

Cádiz habría protagonizado recientemente una protesta en donde salió con unos zapatos rotos, reflejando la precariedad por la que atraviesan los trabajadores del sector salud, ante los sueldos.

Sin embargo, el pasado lunes habría sido detenido por funcionarios dela Policía Nacional Bolivariana (PNB) según denunció la organización pro Derechos Humanos PROVEA.

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Posteriormente, la misma ONG de derechos humanos anunció que en horas de la noche de este martes fue liberado Cádiz, según información aportada por los familiares.

Hasta los momentos no se tiene información oficial sobre el motivo de la detención de Cádiz.

Organizaciones No Gubernamentales elevaron su voz por la desaparición forzada del enfermero y defensor de DDHH laborales, José Cádiz, de quien se desconoce su paradero y estado de físico.

La ONG Provea  denunció que “Presuntos funcionarios de la PNB detuvieron la tarde de este lunes #21Ago al enfermero y defensor de DDHH laborales, José Cádiz, mientras caminaba a su casa en el centro de Caracas”.

También destaca que “A las 12:08 PM de este martes #22Ago el trabajador se encuentra en desaparición forzada”.

Hasta la tarde del martes, “ninguna autoridad ha respondido a los familiares, quienes han acudido a distintas sedes policiales de Caracas”.

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Por tal motivo, Provea eleva su voz para conocer más detalles del caso. “Exigimos a las autoridades que brinden respuestas sobre el paradero de Cádiz y las razones de su detención”.

Cádiz es un trabajador activo en las movilizaciones laborales en Venezuela durante los últimos 2 años, que se ha caracterizado por denunciar “la precaria situación por el instructivo ONAPRE y por mejoras salariales para todos los trabajadores”.

“Protestar por los derechos laborales NO es un delito”, recalca la ONG.

Por el delito de desaparición forzada agravada en contra de la niña Sara Sofía Galván de 2 años, la Fiscalía en Colombia acusó a la madre de la menor, Carolina Galván Cuesta.

De igual manera lo hizo contre el padrastro de la menor, Nilson Bladimir Díaz Valenzuela. Los dos podrían ser condenados a más de 40 años de prisión.

Han pasado 6 meses desde la desaparición de la niña. Con la perdida del rastro se han descartado varias hipótesis, entre ellas, la de una supuesta venta a una red de tráfico de personas

Por su parte la Fiscalía cree que la niña está muerta y en el documento de la acusación, conocido por EL TIEMPO, se describe la razon.

«​Adelantadas las diferentes actividades investigativas, la hipótesis que ha cogido más fuerza es que la niña falleció y el cuerpo sin vida».

Además describe la manera en que su cuerpo fue manipulado:

«Luego de ser envuelto en una manta azul, se introdujo en un costal de fibra color blanco, el cual es amarrado con un cordón de zapato color café y puesto a la orilla del caño del río Tunjuelito por Nilson.

Y agrega: «a pesar de la búsqueda, a la fecha no se ha ubicado el cuerpo».

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Ha anunciado la Fiscalía que citará al estrado a más de 40 testigos en contra de la pareja, entre ellos la hermana de Carolina, Xiomara Galván Cuesta.

Xiomara denunció la desaparición de su sobrina, de apenas 22 meses de edad. También declararán investigadores y peritos que han participado en la búsqueda.

Así como la mujer venezolana que dijo a los fiscales que Carolina le había confesado que la niña estaba muerta y que habían arrojado su cuerpo al río Tunjuelito en Bogotá. 

​También se presentarán ante el juez las versiones de los acusados, que están presos y que ahora se declaran inocentes.

«En diligencia de interrogatorio a indiciado, Carolina reitera que la verdad es que la niña falleció el 27 de enero del presente año y posteriormente su cuerpo fue arrojado al caño Tunjuelito»

Igual manifestación hizo el señor Nilson en ampliación de interrogatorio a indiciado realizado el 23 de abril de 2021.

«La niña fue dejada en el caño Tunjuelito por él mismo, quien la colocó en la orilla y observó cuando el agua se la llevaba», se lee en la acusación.​Nilson Díaz está detenido en la cárcel La Picota y Carolina, en El Buen Pastor.

Mientras la Fiscalía, Policía, Bomberos y Defensa Civil mantienen la búsqueda del cuerpo aguas abajo, en los municipios del suroccidente de la Sabana de Bogotá.