El Gobierno de Colombia reaccionó enérgicamente luego que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada difundiera  que había  20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.

La Cancillería de Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias y la procuraduría general argumentaron, por separado, la falsedad de la noticia.

Mientras este lunes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ratifica que los datos fueron proporcionados “distintas fuentes” oficiales, según Juan Pablo Albán, relator del comité de diez expertos.

“No podíamos dudar de la información reiterada de las fuentes que entrevistamos y que nos dijeron que hay restos en lugares donde no deberían estar, incluido el aeropuerto de Bogotá”, dijo Albán a EFE.

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A través de un comunicado, el ministerio de Relaciones que la declaración del Comité no tiene sustento y “ha generado confusión y controversia en el país”, al tiempo que agrega que esto afecta la confianza en el informe preliminar que el organismo presentó este jueves.

La cancillería emitió una nota verbal de protesta “exigiendo explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas”, cita CNN.

En texto indica que “el Gobierno Nacional continuará promoviendo una política de derechos humanos basada en la transparencia y el escrutinio internacional, pero subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas”.

El punto de discordia, es la afirmación de Comité que señala que las desapariciones forzadas siguen siendo un problema grave en Colombia, argumentando un marco jurídico fragmentado e ineficacia de las instituciones.

Por si fuera poco dice que “miles de cuerpos sin identificar” y añade: “Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo en su cuenta de X que desconoce la existencia del hangar referido por el Comité y “no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.

Mientras que la Procuraduría General de la Nación, inició una revisión a los 27 hangares del aeropuerto de El Dorado.  “No se evidenció la presencia de lugares equipados para la conservación de restos humanos. Los lugares visitados corresponden a los propios de la operación aeroportuaria”, indica un comunicado.

En Venezuela el retardo procesal del sistema de justicia tiene dos caras, una verdad de ineficiencia administrativa y otra ligada a decisiones políticas, que viola los derechos humanos de quienes son presentados ante los tribunales.

Se trata una verdad que ha generado desapariciones forzadas de varias personas vinculadas presuntamente a conspiraciones contra Nicolás Maduro. Mientras que desde el Gobierno se justifican estas acciones y se crítica la opinión que emite la comunidad internacional.

Tras las afirmaciones de presunta conspiración e intentos de magnicidio desde la Fiscalía General de la República, durante el mes de enero han sido detenidas más de 30 personas vinculadas a delitos políticos.

Sin embargo, propios y ajenos han denunciado que se ha violado el debido proceso en la ejecución de estas órdenes de captura.

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El equipo de Impacto Venezuela consultó a juristas sobre  cuál es el procedimiento que un Estado debe seguir para la presentación de estas personas.

De acuerdo con los expertos, una persona solicitada por la justicia debe ser presentada ante tribunales durante las 48 horas  siguientes, sin embargo, cuando se trata de imputación por delitos políticos existen precedentes de hasta 1 semana o más de desaparición sin comunicación con familiares.

Pese a que el mes de enero aun no finaliza ya el conteo de detenciones por motivos políticos supera las 30 personas, según el MP, sin embargo, la mayoría de estas detenciones han ocurrido con irregularidades sistemáticas que se traducen en desapariciones forzadas o «secuestros” como lo ha denunciado la dirigencia política de oposición, una violación al debido proceso amparado por el Tribunal Supremo de Justicia.

En Venezuela ocurren varias desapariciones forzadas, agresiones, detenciones y acoso por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, como el caso de Ariana Granadillo, una de las víctimas de la impunidad policial en el país.

Los agentes venezolanos entraron al hogar con armas, pero sin orden judicial y se llevaron a Granadillo. Durante la semana que siguió la confinaron, golpearon, interrogaron y casi la asfixiaron, para después dejarla ir intempestivamente. Sus captores le dijeron que eran agentes de contrainteligencia.

Las detenciones secretas, conocidas bajo el derecho internacional como “desapariciones forzadas” son uno de los principales sellos del régimen de Nicolás Maduro para controlar a la población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, según un nuevo informe de dos grupos de derechos humanos.

El escrito, documenta 200 casos así en 2018, y 524 en 2019. Esto se deriva del aumento en manifestaciones entre crisis políticas y económicas y la respuesta represora del gobierno.

El documento fue producido por Foro Penal, un grupo venezolano que lleva un seguimiento de casos así, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.

El informe se agrega a un gran acervo de evidencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por el presidente Nicolás Maduro y sus aliados, incluyendo reportes generalizados de tortura y una evaluación de las Naciones Unidas de que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.

Las desapariciones forzadas son consideradas por el Derecho Internacional como un crimen contra la humanidad si son sistemáticas. La táctica recuerda a las dictaduras de derecha a las que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, siempre se opusieron. Argentina y Chile fueron tristemente célebres por detener —y a menudo asesinar— secretamente a personas en los años 70 y 80.

El nuevo análisis arrojó que en Venezuela la desaparición promedio duraba poco más de cinco días, lo que sugiere que el régimen buscaba sembrar miedo y al mismo tiempo evitar el escrutinio que podrían generar las detenciones a largo plazo y gran escala.

El Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. publicaron este viernes un informe en el que alertan que la práctica de las desapariciones forzadas, por parte del régimen de Nicolás Maduro, ha ido en aumento con los años, como una forma de amedrentar al que piensa distinto.

«Este informe aborda la práctica de desapariciones forzadas en Venezuela. Comprende concretamente el estudio de casos que ocurrieron durante los años 2018 y 2019», destaca el informe.

«En el periodo cubierto, 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se reportaron 724 desapariciones forzadas de detenidos políticos en Venezuela. En 2018 se reportaron 200 y en 2019 524», agerga el escrito.

Destaca que «si bien este informe se enfoca en los años 2018 y 2019, la práctica de desaparición forzada continúa hasta la fecha. Aún con un número más bajo de manifestaciones políticas y con medidas de confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, según el registro del Foro Penal en lo que va de 2020 se han producido 235 detenciones con fines políticos en Venezuela. De este total de detenciones, 33 han constituido desapariciones forzadas y de estos casos, aún permanecen desaparecidas 14 personas al 31 de mayo de 2020, fecha de cierre de este informe».

Se considera como desaparición forzada toda detención o privación arbitraria de la libertad, por parte de agentes estatales, o con su aquiescencia, seguida por la negativa de brindar información sobre el paradero de la persona desaparecida, manteniéndola incomunicada, y la no presentación de dicha persona ante una autoridad judicial competente en un orgen de 48 horas desde que ocurre la detención inicial. A partir del plazo de 48 horas, y mientras se mantengan las condiciones ya mencionadas, se consideran las detenciones como desapariciones forzadas.

Lea el informe aquí: