Las recientes declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, trajeron indignación, desaprobación y una invitación a conocer una cruda realidad del país que muchos extranjeros ignoran.

La nutricionista y especialista en seguridad alimentaria, Susana Raffalli, le pidió que aceptara visitar el abismo, esa parte que no todos conocen de Venezuela, donde hay hambre, indigencia, desnutrición.

Esto luego de que Benedetti afirmara que Venezuela vive una recuperación económica y que Las Mercedes es un espacio de “lujo” en Caracas.

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..estamos a su orden cuando quiere bajar al abismo en el que convivimos con la desigualdad: barrios, basureros, presidios. Usted diga, pero no se quedé con tan poco del país al que se le asignó para trabajar y no se recupera.

Ante esto, Raffalli, se le ofreció a acompañarlo a «bajar al abismo», ese que se encuentra en las calles llenas de indigentes, ese donde abunda la pobreza y pone a Venezuela en cifras mundiales alarmantes

«Estamos a su orden cuando quiere bajar al abismo en el que convivimos con la desigualdad: barrios, basureros, presidios», escribió la nutricionista en su cuenta en Twitter.,

Asimismo, insistió que le diga cuando, pero, «no se quede con tan poco del país al que se le asignó para trabajar y no se recupera».

En lamentables condiciones, con signos de deshidratación y desnutrición, ingresó un bebé a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), donde a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida. La causa del fallecimiento: no recibió alimentación por varios días.  

Reseña la prensa local que el pequeño que presuntamente habría muerto de inanición, ya que su mamá tenía varios días sin darle ningún tipo de alimentos.

El hecho ocurrió en la comunidad de Güigüe, municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo.

La capturaron

Los  funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron la captura de la madre del pequeño identificada como Eglee Macías Macías de 27 años de edad.

Se pudo conocer que a la emergencia pediátrica de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), de Valencia fue ingresado un bebé con quebranto y aparentemente en delicadas condiciones.

Los médicos de guardia proceden a atenderlos y a hacer todo lo posible por salvarle la vida, pero al poco rato el pequeño murió.

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El personal de guardia se percató de las lamentables condiciones en que se encontraba la criatura, reseña El Periodiquito.

“Presuntamente, habría muerto de inanición, ya que su mamá tenía varios días sin darle ningún tipo de alimentos. El lactante presentaba un alto grado de deshidratación y desnutrición”, agregan.

Dado el contexto, las autoridades del hospital denunciaron el caso y una comisión de la Delegación Municipal de Carlos Arvelo se trasladó al sitio para recabar información.

Según informó director nacional del Cicpc, Douglas Rico las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de la mujer, quien sin ninguna razón dejó de proporcionarle leche materna al niño y también se negaba a darle otros alimentos.

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“Los funcionarios del Cicpc al realizar las pesquisas correspondientes, determinan que la mujer, constantemente, dejaba solo al menor. Junto a sus otros hijos y le habría quitado la leche materna sin motivo aparente, sin embargo, se negaba a suministrarle otro suplemento alimenticio, lo que ocasionó notoriamente un deterioro físico del niño, hasta su muerte”, explicó el comisario Douglas Rico.

La policía científica se trasladó a la residencia de Macías y procedió con su captura. El caso fue remitido a la orden del Ministerio Público, ente que se encargará de seguir con las averiguaciones del caso.

De acuerdo con el boletín del Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (Saman) de la organización, levantado con reportes de 12 diócesis. La desnutrición aguda global (moderada y severa) afecta predominantemente a niños menores de 2 años, con más intensidad en los menores de 6 meses de edad.

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La organización de la Iglesia Católica detectó, para noviembre de 2021, 23 % de los niños menores de 6 meses evaluados tenían desnutrición aguda. Una prevalencia que prácticamente duplica los niveles de las otras edades.

«Analizando la desnutrición aguda global en el período cuyos efectos pueden ser más graves e irreversibles (primeros 2 años); registramos que casi el 40 % de los niños a esta edad tienen desnutrición aguda moderada o severa», resalta el boletín.

En noviembre, el último mes analizado en el 2021, 28,1 % de los niños evaluados (menores de 5 años) llegaban a Cáritas con retraso del crecimiento lineal (talla baja para su edad). Según la organización, estos niveles alcanzan los umbrales internacionales de significancia alta como crisis de salud pública. 

Igualmente, 26 % de los niños menores de 6 meses evaluados mostraron retraso de su crecimiento, una situación que de acuerdo con el informe también refleja problemas de desnutrición materna (intrauterina).

La organización Una Ventana a la Libertad, informó que la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis y el VIH, siguen siendo los principales problemas en los calabozos policiales del país.

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Según el último informe presentado por la organización, entre octubre de 2021 y marzo de 2022 murieron al menos 18 privados de libertad en comisarías ubicadas en siete regiones de Venezuela que cuentan con un hacinamiento mayor al 200 por ciento.

Del total de la población penitenciaria investigada (8.266 reclusos en 151 Centros de Detención Preventivas), se contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7 %), 207 de tuberculosis (2,5 %), 45 con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (0,6 %) y 24 con COVID-19 (0,3 %).

Las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad son deplorables. Según el estudio de los 151 calabozos policiales estudiados, solo 59 cuentan con servicio de agua potable (39 %).

Además, 67 con baños (44 %) y 90 con servicio de recolección de basura (59,6 %), según nota de prensa.

Estas condiciones están lejos de ser solventadas, debido a que las condiciones de estos espacios, capacitados para albergar reclusos por lapsos de 48 horas, no son las más adecuadas.

Bajo estas condiciones, los privados de libertad quedan expuestos a estas enfermedades.

Gracias al trabajo en conjunto de Una Ventana a la Libertad y la organización Proyecto Once Trece, se han logrado realizar jornadas médicas en varios estados de Venezuela.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, un total de 527 reclusos los evaluaron en siete jornadas médicas.

Estas se realizaron en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Entre las enfermedades detectadas, destacan casos de hipertensión, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas y respiratorias, como tuberculosis y casos positivos de VIH en las pruebas rápidas.

Los reclusos evaluados también recibieron atención primaria y parte de los medicamentos que requieren.

Se evidencia que Venezuela sigue atrapada en una grave crisis. Aún hay importantes índices de desnutrición en el país; además, se aprecia que la disparidad entre una zona u otra puede ser abismal.

El Observatorio Social Humanitario reunió este jueves a un panel de expertos en temas de nutrición y seguridad alimentaria; los cuales realizaron un balance de la situación que actualmente aqueja a los venezolanos.

Por su parte, Maritza Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa hizo referencia al promedio de ingresos de una familia venezolana; con respecto al costo de la canasta alimentaria. Esto impide el acceso a alimentos de calidad para la ingesta de comida balanceada y básica.

«Tenemos que diferenciar que hay varios mundos en Venezuela, una cosa es lo que podemos tener en Caracas y otra en el interior del país. Es bueno diferenciar que la desnutrición aguda tiene una variabilidad muy grande, puedes conseguir una comunidad con 3% y otra con 12 o 14%. Igual con la desnutrición crónica, que no solo va a causar retardo en el crecimiento en la parte física, sino que también tiene un componente importante del desarrollo del ser humano”, detalló.

En ese sentido, destacó que en la medida que se alejan de los centros poblados del país en donde con “cierta regularidad” llegan las cajas CLAP el problema es más complejo.

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Landaeta alertó que al menos el 20% de los embarazos en Venezuela son de madres adolescentes que comienzan la gestación con déficit nutricional. Lamentablemente, impacta en el desarrollo del niño los cuales tienden a nacer con falla de peso. Asimismo alerta que en los primeros años del desarrollo de su vida no tiene un ambiente acorde para su crecimiento.

Para Landaeta es importante ampliar el radio de acción. Considera que el problema nutricional impacta de manera diferenciada a los distintos sectores; por lo que se debe incorporar esa visión no solo al diagnóstico sino al abordaje.

Por su parte, Lissette González, Coordinadora de Investigación y Difusión de la organización Provea, presentó los hallazgos de su más reciente informe; y denuncian la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población venezolana.

González insistió en que el Estado venezolano falló en su obligación de proteger el derecho a la alimentación de los venezolanos. Cuestionó que no promovieron medidas en relación con las sanciones de terceros países.

“No hubo tampoco medidas para proteger el ingreso de los trabajadores. Y otra obligación es que los alimentos importados, tanto de los CLAP como los de los bodegones, no pasan por los controles sanitarios del Estado venezolano; por lo que no nos están protegiendo», agregó.

Asimismo también cuestionó que el Estado no cumple con sus obligaciones en el marco de diseñar políticas que posibiliten la alimentación de los venezolanos. También mencionó la deficiencia de los servicios públicos.

Alertó que la escasez del suministro de agua y de gas imposibilita que los venezolanos puedan cocinar. “Lo que tiene un impacto directo sobre la capacidad de la población para alimentarse. Por otra parte, los CLAP no se distribuyen con la misma periodicidad del pasado, y tampoco contienen alimentos nutritivos y necesarios. Sobre los bonos de la patria, también son insuficientes y tampoco hay criterios claros de asignación», dijo.

Lisette González cuestionó que la administración de Nicolás Maduro imposibilitara el ingreso de ayuda humanitaria al país; aseguró que esto pudo ayudar a muchas familias en estado de vulnerabilidad.

Y actualmente se sigue restringiendo la labor de los programas de campo y criminalizando la labor de las organizaciones humanitarias, denunció.

Con este panorama hay distintas organizaciones de la sociedad civil atendiendo a grupos vulnerables.

La investigadora advirtió que, aunque se observen mejoras en los indicadores económicos, el Estado venezolano dejó de invertir en políticas públicas.

 “La economía se recupera al costo de un aumento tremendo de desigualdad y de un retiro del Estado y el cese de los derechos de los venezolanos. La economía crece para un grupo que recibe ingresos en divisas, entre otros. El resto de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad cada vez mayor», finalizó.

Los Bomberos estudiantiles de la Universidad de los Andes (ULA) realizaron el rescate de un profesor jubilado de este campus, quien se encontraba en su apartamento en un severo estado de desnutrición y junto a él, yacía el cuerpo de su esposa muerta.

Pedro José Salinas, un ingeniero de 85 años de edad, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. El pasado domingo lo rescatan los bomberos, quienes atendieron un llamado de la comunidad.

Al parecer, su esposa habría muerto por desnutrición y el estado de salud del profesor jubilado ya estaba comprometido, por lo que lo trasladaron de inmediato a la emergencia del hospital Universitario de Los Andes, donde actualmente se encuentra recluido.

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Sobre su esposa, Isbelia Hernández, se conoce como bioanalista jubilada y abogado, también profesora de la universidad de Los Andes (ULA).

La comunidad de la ULA se ha manifestado a través de las redes sociales. Indican sentirse conmocionados ante tal noticia.

La mañana del domingo los bomberos universitarios acudieron a un llamado de alerta que hicieran vecinos de las residencias Los Sauces, en el paseo La Feria de Mérida.

Vecinos escuchaban gritos de auxilio, por lo que llamaron a los apagafuegos. Estos al ingresar al apartamento, encontraron al profesor en el piso pidieron ayuda y a su lado, el cuerpo de su esposa.

Se pudo conocer que los dos profesores jubilados estarían solos en el país.

El profesor Pedro José Salinas es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene en su haber varios reconocimientos y estudios en Londres.

Salinas fue director de la Revista Forestal Venezolana y MedULA, Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.

Trabajadores del cementerio municipal de San Cristóbal, estado Táchira, hallaron el cuerpo de un septuagenario a medio enterrar.

Uno de los encargados del campo santo informó que a eso de las 10:00 de la mañana notaron que una mujer llegó con una carretilla y depositó algo en una fosa.

Esperaron que la mujer se retirara del lugar y al llegar a la fosa se encontraron con el cadáver del septuagenario en “estado de esqueletización”, dijo uno de los trabajadores.

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Las autoridades del cementerio denunciaron la situación al  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, quienes se apersonaron en el lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo.

Los trabajadores del campo santo identificaron al hombre como Rafael Contreras de 78 años, al que trasladaron a la Morgue del Hospital Central.

Según funcionarios del Cicpc, el anciano falleció por desnutrición y fue su esposa quien lo había trasladado a la fosa del cementerio.

Se conoció que la mujer al parecer sufre de trastornos psiquiátricos. 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, publicó este jueves, su informe sobre el Panorama Humanitario Global para 2022. Venezuela está ubicada como el onceavo país con mayores necesidades en el mundo.

La ONU resaltó que una contracción económica prolongada y significativa, inflación crónica con episodios de hiperinflación; polarización política y violencia localizada; las cuales son impulsores clave de las necesidades humanitarias en el país.

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También, resaltaron que el deterioro de los servicios públicos ha tenido un impacto negativo en la vida y los medios de subsistencia de las familias vulnerables. En este sentido, señalaron que los servicios relacionados con la protección para abordar la violencia, el abuso, la negligencia y la explotación; incluida la salud mental y la violencia de género también se han visto afectados.

Para la ONU la inseguridad alimentaria y la nutrición forman parte de las preocupaciones principales sobre el país; debido a que la tasa de desnutrición aumentó del 2,5% en 2010-2012 al 27,4% en 2018-2020.

Ante la publicación de este nuevo informe, el comisionado presidencial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, lamentó que Venezuela aparezca por tercer año consecutivo como uno de los países con mayor crisis humanitaria.

“La continua falta de políticas públicas sigue deteriorando la calidad de vida de los venezolanos”, concluyó Miguel Pizarro.

Los otros países de la región que figuran en la lista son: Haití, Colombia, Guatemala y Honduras.

Cáritas Venezuela detalló que la desnutrición aguda alcanzó un 12 % en 2020. Aseguran que el retraso del crecimiento se acumuló de forma sostenida desde 2016 y la escala del problema se mantuvo por encima de los umbrales internacionales de manera consistente.

Susana Raffalli, investigadora de Cáritas Venezuela, indicó para un reportaje a Crónica Uno, que los datos  provienen de la evaluación de los niños del programa Saman durante el período 2017-2020.

Además, utilizaron los patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El propósito de este trabajo fue identificar en qué edades hay retrasos de crecimiento; así como exigir la reprogramación de las estrategias para abordar el problema en el país.

Raffalli alertó sobre el retraso del crecimiento como consecuencia de la desnutrición crónica y explicó que fue más frecuente identificarlo en los primeros dos años de vida de los niños. Además, un 41 % de los casos estudiados arrojó que el pico de prevalencia ocurre específicamente entre los 20 y 22 meses de edad.

Resaltó que hay mayor incidencia en las niñas con respecto a los niños.

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– Solo 4 % de los niños evaluados padecen de desnutrición aguda y retraso del crecimiento simultáneamente.– La desnutrición aguda fue identificada en 13 % de los niños con retraso del crecimiento.– El retraso del crecimiento lo detectaron en 33 % de los niños con desnutrición aguda.– Los niños con desnutrición aguda tienen 1,09 veces más probabilidades de sufrir retraso en su crecimiento con respecto a los niños que tienen su peso y estatura adecuada.– Los niños con retraso del crecimiento tienen 1,085 veces más posibilidades de caer en desnutrición aguda que sus pares con buen crecimiento.

Raffalli acotó que la desnutrición aguda aumenta la probabilidad de tener retraso de crecimiento y viceversa.

Al menos 37 privados de libertad fallecieron por complicaciones de enfermedades respiratorias, tuberculosis, desnutrición, VIH (Sida) y COVID-19.

El último informe de salud presentado por la organización Una Ventana a La Libertad, se realizó en 119 Centros de Detención Preventiva de cinco regiones: Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.

De los 37 casos registrados entre abril y septiembre de 2021, 31 fallecieron por tuberculosis (83,8%).

Si se suma los decesos ocurridos entre octubre de 2020 y abril del 2021, primera fase del proyecto de jornadas médicas, el equipo de UVL registró que fallecieron 24 privados de libertad con tuberculosis, tres con VIH,  tres con complicaciones respiratorias, uno con una afección gastrointestinal y uno con un infarto.

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La sumatoria de las defunciones registradas en el segundo periodo del proyecto, se confirma que entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 69 reclusos murieron por complicaciones de salud en Caracas, Miranda, Vargas, Zulia y Nueva Esparta.

El documento también detalla que del total de la población penitenciaria registrada (7.947 privados de libertad) se han contabilizados otras enfermedades, entre los que destacan 492 casos de desnutrición (6,19%), 216 de tuberculosis (2,71%), 10 del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y dos con COVID-19.

Del total de los Centros de Detención Preventiva, donde 101 son de carácter civil y 18 militares, se determinó que en estos espacios predominan las enfermedades respiratorias, como tuberculosis, desnutrición, VIH/Sida, infecciones en la piel, síndrome diarreico, COVID-19, entre otras.

Con respecto a la pandemia de la COVID-19, el equipo de Una Ventana a La Libertad recibió denuncia de familiares que aseguran que varios reclusos presentan síntomas asociados al virus.

Sin embargo, la organización no ha podido contabilizar los casos porque no existe una información oficial por parte de las autoridades que confirmen con pruebas el descarte del virus.

Un total de 32 privados de libertad fallecieron por tuberculosis, VIH, infarto y otras enfermedades respiratorias. Decesos que se dieron en detención preventiva del Área Metropolitana de Caracas, además de los estados Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.

Así lo constató Una Ventana a la Libertad en su informe del mes de mayo, en el cual documentan los casos basado en las investigaciones que realizan su equipo de profesionales.

Entre octubre de 2020 y abril 2021 fallecieron 3 privados de libertad con VIH, 24 con tuberculosis y una con una afección gastrointestinal; 3 con complicaciones respiratorias y uno con un infarto.

UVL constató que hay un total de 14 personas privadas de libertad con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 274 afectados por tuberculosis, 951 afectados por desnutrición.

Advierten que documentaron 93 casos de privados de libertad que resultaron afectados por la pandemia COVID-19.

El informe se hizo sobre la base de la situación de salud de los privados de libertad que se encuentran recluidos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) del Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia .

El monitoreo se realizó sobre un total de 111 Centros de Detención Preventiva, de los cuales 96 están orientados a población civil y los otros 15 al sector militar.

Estos centros tienen una capacidad de albergar a 3.702 privados de libertad; sin embargo, para el mes de abril de 2021 mantienen una población de 11.527 detenidos.

De estos  10.393 son hombres y 1.134 mujeres. Mientras que 11.383 son adultos y 145 son menores de edad. El hacinamiento alcanza el 311%.

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Estos centros triplican su capacidad, con el agravante de que ninguno (100%) estos centros cuentan con comedor o espacios para que los privados de libertad puedan consumir sus alimentos.

 70 (63%) de estos centros no poseen baños, para que los privados de libertad puedan realizar sus necesidades fisiológicas y puedan asearse.

Situación que genera condiciones de insalubridad ya que “en muchos casos deben hacer sus necesidades en bolsas, que mantienen durante largos períodos dentro de los propios calabozos en los que están recluidos, lo que pone en riesgo su salud”.

Sólo 18 (16%) de los centros cuentan con agua potable, para el consumo personal y aseo de los privados de libertad. Lo que aumenta el riesgo de deshidratación o de padecer enfermedades por el consumo de agua no apta.

Apenas 10 centros de detención (9%) cuentan con servicio médico y personal de salud y solo 4 (3%) cuentan con unidades de transporte para el traslado de privados de libertad, en casos de situaciones de emergencia.

Lo que implica que los privados de libertad que tengan alguna urgencia de salud en la mayoría de los centros de detención monitoreados no podrán recibir atención inmediata.

En sólo 7 de los centros monitoreados que albergan población femenina se ofrece atención médica a privadas de libertad que se encuentren en estado de gestación, lo que implica que tanto las madres gestantes privadas de libertad, como sus bebés están en situación de vulnerabilidad, al no tener acceso a los controles ni a los suplementos vitamínicos que requieren.

Hasta abril de 2021 UVL había confirmado que en los 26 CDP monitoreados en Caracas hay 3.089 detenidos, de los cuales 2.829 son hombres y 260 son mujeres. En esta población hay 3.056 adultos y 33 adolescentes.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, ratifica que se encuentran al menos 156 reclusos que tienen tuberculosis y unos 283 con desnutrición.

Destacan que “el Centro de Detención Preventiva que tiene la mayor cantidad de internos con tuberculosis es la PNB de Boleíta; actualmente en este CDP hay unos 109 contagiados”.

Esto de acuerdo con los voceros de los familiares de la población reclusa.

No obstante, el informe revela que según “fuentes extraoficiales de la PNB aseguran que la cifra es de 30. Lo cierto es que los familiares de los enfermos hacen peripecias para costear los tratamientos”.

La cifra de desnutrición alrededor de 283 personas “se infiere que el número puede ser mayor”.

“No solo por la falta de diagnóstico, ni de cifras oficiales, sino que hemos confirmado cómo los parientes de estos reclusos no tienen los recursos para garantizarles una alimentación balanceada”, indica el informe.

Se trata de 26 centros correspondientes al Distrito Capital y Municipios Chacao, Libertador, Sucre y El Hatillo, del estado Miranda.

Asimismo del estado Miranda (29 centros correspondientes a los municipios: Lander, Urdaneta, Rojas, Independencia, Paz Castillo y Simón Bolívar, Guaicaipuro, Los Salias, Carrizal, Plaza, Zamora, Brion, Páez y Pedro Gual).

Y los estados Nueva Esparta (23 centros), Vargas (5 centros) y Zulia (28 centros), entre octubre y abril de 2021.

Hacinamiento, desnutrición y tuberculosis, así está la población carcelaria en Venezuela. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la “precariedad” con la que viven más de 30 mil reos.

La directora de la OVP, Carolina Girón, calificó como “critica” la situación por el hacinamiento, reseñó La Verdad del Zulia.

Según el informe de la ONG, hay 37.500 presos, cuando la capacidad instalada es para 26.238 en el país.

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En una audiencia pública realizada por el 141° período ordinario de sesiones de la CorteIDH, precisó que en 2020 fallecieron 292 reos.

Precisó que de esa cifra, 184 fallecieron a causa de la desnutrición y la tuberculosis; es decir casi el 60%.

«El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros a personas de grupos vulnerables», dijo.

Entre esos grupos están: «adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes».

Girón explicó que hay dos tipos de penales: los abiertos, «controlados por presos», y los que permanecen bajo régimen «con estricto control» del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

«La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos».

Asimismo, denunció que desde el 13 de marzo de 2020, «no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19”.

“No conocemos si en las cárceles  de Venezuela ha habido contagios o muertes por esta enfermedad».

Un preso de la Comunidad Penitenciaria de la Fénix-Lara, Marcelino Contreras Camargo de 65 años de edad murió por desnutrición.

Desde enero lo único que comía eran conchas de frutas, mango y cambur que otros reos tiraban a la basura.

Según La Prensa, Contreras, oriundo del estado Bolívar, se cayó y se golpeó en la cabeza pero no hubo traslado al hospital.

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Autoridades hacen el levantamiento del cadáver y lo llevan a la morgue del Hospital Central, allí sus familiares, tres días después llegaron al reconocimiento.

«Él nos pedía dinero para alimentarse, pero igual estaba desnutrido. El viernes nos avisaron que se había caído y se golpeó el rostro, pero del penal no lo trasladó al hospital, luego nos avisaron que ya se había muerto», dijo un familiar.

Con la muerte de Contreras ya son 16 reclusos fallecidos en la Fénix por desnutrición o tuberculosis.

El preso Alexander David Alvarado Fernández de 32 años de edad murió la mañana de este domingo en los calabozos de la Comunidad Penitenciaria Fénix en Lara. Padecía tuberculosis y es el tercer reo que pierde la vida en menos de una semana por esa enfermedad.

Alvarado Fernández tenía dos años recluido en la cárcel, tenía varios meses enfermo y no recibió la atención adecuada.

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Según la Prensa de Lara, el cadáver lo llevan a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda. Estaba desnutrido.

Varias ONG’s como Ventana a la Libertad, han denunciado que enfermedades como la tuberculosis, afecciones respiratorias y la tuberculosis están azotando los recintos penitenciarios.

Estas enfermedades no son tratadas a tiempo y el desenlace de meses de abandono es la muerte.

Con Alvarado Fernández, ya son tres los reclusos que mueren en Fénix por esta enfermedad en menos de una semana.

El primero fue Jorge Enrique Torres Hernández, de 37 años, quien murió el 29 de marzo.

Mientras que Luis Antonio Rengifo Romero falleció el 31 de marzo también por tuberculosis.

La organización Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó el informe del segundo semestre de 2020, donde destaca que la principal causa de muerte de presos en los centros de detención preventivas son las enfermedades con un total de 143 fallecimientos.

Del total de 208 muertes, 143 son por enfermedades, lo que representa 68,75%. Además, “15 detenidos murieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas”.

Cinco enfermedades acaban con la vida de los reclusos en los centros penitenciarios, 87 por ciento son por tuberculosis con 86 casos.

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Mientras que 13 privados de libertad fallecieron en el último semestre del año 2020 por desnutrición.

Por problemas respiratorios se reportaron 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas con cinco casos.

“Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición», según nota de prensa.

«La tuberculosis es la verdadera pandemia en los centros de detención de prevención”, agrega el informe.

Según el documento publicado en su página web, el segundo lugar lo ocupa las muertes por fuga con 42 fallecimientos, 20,19% del total.

“Estas muertes están básicamente relacionadas al proceso de recaptura que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento”, destaca.

Los registros de UVL, indican que murió solo el 17, 28 % del número de fugados.

Esto significa que «la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo”.

“La sobrevivencia en los calabozos policiales, que se convirtieron en las nuevas cárceles del siglo XXI, depende de los familiares de la población reclusa, quienes, pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo para movilizarse en transporte público, hicieron peripecias para llevarles alimento a sus privados de libertad”, agrega.

Para finales del año 2020 el problema de hacinamiento en los centros de detención preventiva, aumentó de 207 a 221, “llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo en 19 estados del país”.

Asimismo, Una Ventana a la Libertad confirmó en esos 19 estados que en estos centros estaban detenidos “22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%), para un total de 24.218″.

El cupo total disponible en esos centros era de 7.457.

“En estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia”.

Consideran que el uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía, “una violación” a los detenidos.  

“En más del 60 % de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables”, agregó.

De la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y política que tiene el país tampoco se salvan los privados de libertad. En las cárceles de Venezuela los presos comen una sola vez al día.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) constato esta situación, específicamente en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en el estado Táchira.

Los familiares de los reclusos denuncian que la falta de alimentos y la violación a los derechos humanos en el penal es constante.

 “Allí, los presos comen sólo una vez al día“, reveló Raiza Ramírez, coordinadora de la OVP en Táchira.

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Ramírez recordó por la pandemia del cornavirus el sistema de justicia estuvo paralizado por meses, afectando a 1.430 reclusos en todo el país, según El Nacional.

El Centro Penitenciario alberga a 600 reclusos en el CPO, 1.450 en el CPO II y cerca de 220 mujeres en el anexo femenino.

Asimismo, hay una población cercana a 160 en la zona de procesados militares, de acuerdo con la representante del OVP.

“Todos ellos solo se alimentan una vez al día porque no hay suficientes recursos para darles las tres comidas al día”, denunció Ramírez.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó su “Reporte de la situación en Venezuela en octubre de 2020″ de embarazadas.

En el informe destacó que el 23,9 % de las mujeres embarazadas atendidas en ambulatorios monitoreados por el organismo padecen algún tipo de desnutrición.

Unicef señaló que durante las pruebas de detección se identificaron desnutridas 409 en gestación, entre ellas, 68 adolescentes.

Para el estudio examinaron a  1.714 mujeres embarazadas, de las cuales, 267 son adolescentes.

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Por ello, el informe de la Unicef determinó que el 23,9% de las mujeres examinadas presentan signos de desnutrición.

De estas estadísticas, el 25,5% de las mujeres en gestación con algún tipo de desnutrición son adolescentes.

Estas mujeres fueron examinadas en todo el mes octubre, y las estadísticas corresponden a ese mes que se estableció el estudio.

El organismo resaltó que proporcionaron tratamiento a estas mujeres subalimentadas para mejorar su estado y reducir los riesgos.

Además, prestaron servicios nutricionales preventivos y curativos en todo el país a un total de 9.313 niños menores de cinco años.

Unicef detalló que son: 4.654 niñas y 4.659 niños, incluidos 70 niños indígenas y 7 niños de ascendencia africana.

Asimismo, explicó que aplicaron exámenes antropométricos en 4.625 niños menores de cinco años.

De esos niños, registraron malnutrición aguda global en 700 niños, incluidos 184 con malnutrición aguda grave y 516 con malnutrición aguda moderada.

Unicef pidió más ayuda de la comunidad internacional para enfrentar “las necesidades derivadas de la triple carga presente en Venezuela”.

Esto incluye los efectos de la prolongada crisis humanitaria, la pandemia del COVID-19 y las corrientes migratorias entrantes y salientes”.

Nueve meses han transcurrido del año 2020 y las muertes de los presos se han duplicado en comparación con el año pasado, así lo informó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Girón expresó que la situación es realmente alarmante y destacó que la situación se viene presentando tanto en cárceles como en calabozos policiales.

Según el monitoreo del OVP, en el primer trimestre del 2020 murieron 74 presos tanto en cárceles como en calabozos.

En las cárceles murieron un total de 57 personas, 28 de ellas por condición salud, lo que representa el 49,12% de las muertes.

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Mientras en los calabozos se registraron 17 muertes, de las cuales 7 fueron por condición salud, equivalente al 41,18 %.

La directora del OVP explicó que la mayoría de los fallecidos presentaron cuadros de desnutrición y muchos casos estuvieron asociados a tuberculosis, enfermedades respiratorias y  obstrucciones intestinales. 

“En cuanto al contexto pandemia, en el periodo de abril a septiembre del 2020, tanto en cárceles como en calabozos policiales murieron 242 personas, 133 de ellas por condición salud.”, explicó la abogada y defensora de derechos humanos.

Con respecto a las muertes en las cárceles, murieron 163 presos, de los cuales 93 presentaron problemas de salud, lo que representa el 57,76%.

En los centros de detención, en este mismo periodo de tiempo murieron 79 presos, 40 por salud, lo que representa un 50,63% de las muertes.

“Las muertes por salud son sumamente preocupantes porque están en aumento», enfatizó Carolina Girón.

«Vemos que realmente la situación en contexto pandemia y las cárceles aumentó de una manera dramática con respecto al mismo periodo del  pasado 2019”, sostuvo.

Según las cifras que lleva el equipo del OVP, en un comparativo del periodo de enero a septiembre en las cárceles, el año pasado murieron 78 presos, pero en este mismo periodo ya han muerto 218 personas, lo que representa un incremento de 279,49%.

De los 78 fallecidos en cárceles durante nueve meses de 2019, 45 fueron por salud; mientras que de los 218 que van este año ya 121 han muerto por la misma causa, lo que representa un incremento en estas muertes de 268,89%.

En los calabozos policiales, en el mismo periodo de enero a septiembre del 2019, habían fallecido 145 presos. En 2020 van 96 muertes, lo que representa un descenso.

En lo que respecta a las muertes por salud, el año pasado murieron 66 presos por salud y este año van 47 decesos por este mismo motivo.

“Aunque este año se observa una reducción de muertes en los centros de detención, de todas maneras que mueran 96 personas es grave”, enfatizó Girón.

“Ni en las cárceles, ni en los calabozos deben morir presos, porque ellos están bajo la custodia del Estado, no estaban en las calles. El Estado es responsable de su vida, de su integridad física, salud y de su alimentación”, agregó.

Durante todo el 2019 se registraron las muertes de 295 personas, tanto en cárceles como en calabozos. Este año, en el lapso de nueve meses, van 314 fallecidos con un incremento de 106,44%.

De las 295 muertes de todo el 2019, 104 en cárceles y 191 en calabozos, 66 presos murieron por condición salud en cárceles y 87 en calabozos.

Este año de los 314 fallecidos, 218 corresponden a cárceles y 96 a calabozos policiales; 121 han fallecido en cárceles por condición salud y 47 en centros de detención.

“Si yo tengo una población penitenciaria desnutrida es evidente que cualquier enfermedad los hace presa fácil de la muerte”, puntualizó Girón.

Según tratados internacionales citados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el consumo de alimentos para cada uno de los presos no debe ser menos a 2.500 calorías. Una norma hecha letra muerta en cárceles venezolanas.

«Son unos 2 mil internos en la cárcel de Fénix que están comiendo una sola vez al día, anoche (14 de octubre 2020) les dieron de cena agua de caraotas».

El menú según cuenta la fuente llega a las 8 o a las 11 de la noche, comen una sola vez al día «como los perros».

Comenta que la paquetería como alimentos secos y otros artículos deben pasar por una «alcabala» cuyo mandamás es presuntamente el mismo Director de Establecimientos Penitenciarios de la región Centroccidental, inspector Ender Ávila.

Reclamar no es opción. La queja se castiga duramente dentro de este centro penitenciario ubicado justo al lado de la antigua cárcel de Uribana al norte de Barquisimeto.

Parte del castigo es el aislamiento o la suspensión de la paquetería del mes.

Otra denuncia es que fue aprobado por Iris Varela el ingreso de cajas Clap para la alimentación de los internos y llegan incompletas.

«Se la quitan al pueblo en la calle y mandan a los penales. Los custodios le sacan el aceite, azúcar, leche y otros productos cuando traen».

«¡A Ávila no lo queremos! Mandan a decir con su familia los privados de libertad.

Se trata de un funcionario que, según denuncian, negocia con la comida de los internos en complicidad con custodios para venderla en la calle.

«Si los internos se molestan o denuncian los amenaza».

El familiar describe una imagen que seguido deben ver los presos.

«Ávila camina con un arma en la mano diciéndole a los privados de libertad que se alcen para matarlos, están amenazados y enfermos. Nadie los atiende».

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones en los últimos 6 meses, once privados de libertad de Fénix han fallecido por hambre y enfermedades.

Tuberculosis y obstrucción intestinal sería la principal causa que se agravó por cuadros críticos de desnutrición en la población penal.

En algunos casos los internos han perdido hasta 30 kilos de peso.

Se conoció que la situación es crítica a tal punto, que uno de los internos fue asesinado como castigo.

Compañeros de celda lo agredieron con un arma blanca luego que  robara agua y alimentos intentando saciar el hambre.

En Fénix no hay médicos. Y una enfermera conocida como «Ludy» no los atiende según denuncia el informante, no les da medicamentos.

Los casos más graves son trasladados a centros médicos. Como familiar piden asistencia «cometieron un delito, pero son seres humanos».

Según datos recabados por el OVP la cárcel construida en 2013 con capacidad para albergar a 1.500 personas tiene hoy 2.300 hombres y 171 mujeres acumulando 65 % de hacinamiento.

Con un salario mínimo de menos de 1 dólar (Bs. 400.000) no se alimenta ni a las mascotas. Esa es la realidad de Venezuela, un país petrolero donde la gente muere por hambre.

Según un reportaje realizado por la Prensa de Lara, expertos aseguran que en los últimos seis años la mortandad por hambre se ha incrementado.

Pero en 2020 con la pandemia el caos se exacerbó, así lo asegura Rodrigo Agudo, director de la asociación civil Red Agroalimentaria de Venezuela, quien indica que «la mortandad está empezando, hay hambruna».

«Venezuela está entre las cinco naciones con hambruna que registra la Organización de Nacionales Unidas”.

Los otros cuatro países, “la República Democrática del Congo, Sudán, Yemen y Afganistán están en esta situación porque registran una guerra civil».

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En Latinoamérica, dice Aguro, el país registra niveles de pobreza por encima de Haití, El Salvador y Guatemala.

Rodrigo Agudo explica que la paralización de la producción, la escasez de combustible y la caída de las importaciones de insumos y materia prima agrícola, lo que ahora exhiben los anaqueles de abastos y supermercados es tan sólo el 20% de los productos que debería consumir la población.

“Paradójicamente no se registra escasez de alimentos, porque sólo el 10% de la gente tiene el salario para pagarlos. El resto vive en pobreza extrema, ya no sobreviviendo, sino muriendo”, dijo.

Precisa que llegamos a esta situación por la política equivocada que el gobierno ha tenido desde el 2000.

«Política de agredir a la inversión privada que es la que generaba riqueza, y pensar que la bonanza petrolera iba a ser eterna”.

“La ideología basada en el populismo colapsó en 2014 y a partir de 2015 se ha desatado una crisis progresiva que ocasionó la hambruna», comentó.

Venezuela que tuvo excedentes en ingresos petroleros hasta 2008, pudo abastecer el 65% de los alimentos que consumía.

El 35% restante era importado, pagado con renta petrolera y buena parte con capital privado, recalca.

Insiste que esa realidad dio un giro de 180 grados en 2014, año en el que el gobierno no pudo seguir endeudándose a través del financiamiento externo para pagar el gasto público.

Es allí cuando inicia el descalabro de la economía, que comenzó a hacer estragos en la calidad de vida del pueblo.

«La política de intervención del sector privado tras haber expropiado más de 6 millones de hectáreas productivas y de nacionalizar empresas, se agotó”.

Además, “en 2015 no pudieron mantener el gasto fiscal, ni garantizar la importación de alimentos que ya no producía el campo venezolano por falta de incentivos financiero y confianza, y fue cuando apareció el desabastecimiento”.

“Había el producto, pero la gente ya no podía escoger entre varias marcas», dijo.

En 2016 el especialista, indicó que el país vivió una fuerte escasez de productos de primera necesidad, se originaron las largas filas de personas fuera de los supermercados y las empresas siguieron bajando disminuyendo su operatividad.

«Llegamos al 2017 y la escasez se convirtió en hambre. La población en vez de comer tres veces al día comía dos veces o una vez para rendir lo poco que tenía».

«Empezó la hiperinflación en el país que no le permitía a quienes ganaban salario mínimo pagar los alimentos necesarios», mencionó.

Los años 2018 y 2019 fueron de caos total. Afirma que la gente ya no comía una o dos veces al día, sino un día sí, otro no, es decir, el país dejó de consumir los requerimientos mínimos de alimentos.

«De 63 gramos de proteína que cada persona requiere consumir al día, tan sólo los venezolanos están comiendo 20 gramos, y de 2.200 calorías estamos consumiendo menos de 1.200», resaltó.