«Allí se tiró al agua y por acá lo vinieron a rescatar», me dice Jairo Gámez. Habla de un muchacho que se lanzó al río Arauca durante un tiroteo. Todo ocurrió mientras se daban los combates en Apure.

Me lo muestra en un video en el celular. Me señala el trayecto que atravesó el joven por esta caudalosa frontera que separa a Colombia y Venezuela. Le pregunto por qué se tiró al agua y, sin dudarlo, me dice que «por el ejército«.

Ahora Gámez, que se describe a sí mismo como trabajador del campo, está en la orilla colombiana. Observa su casa, en Venezuela, desde el otro lado. Y la añora. La tiene a 500 metros de distancia, pero no puede estar ahí.

«Lo que lo invade a uno es tristeza, dan ganas de llorar», me dice en un gesto inesperado para un hombre en principio inexpresivo. «Ver lo que construimos ahí, el trabajo de tantos años, que no es fácil, y sentir que prácticamente está perdido… Es difícil, de verdad».

Sus padres huyeron de Colombia a Venezuela en los años 90 por la guerra que lucharon el Estado, los paramilitares y las guerrillas. Él se quedó. Y ahora, me dice, «la violencia me ha vuelto a desplazar». Pero en sentido contrario.

Mientras en muchas ciudades de Colombia no cesan las protestas contra el gobierno nacional por temas como la reforma tributaria o la no implementación de los acuerdos de paz con las FARC, en un costado del país -y acallado por las protestas- sigue palpitando como una herida este conflicto.

Un conflicto armado inédito que estalló en el estado venezolano de Apure. Combaten el ejército de ese país y supuestas guerrillas colombianas. Después de 40 días, la tensión y los brotes de violencia continúan.

Casi 6.000 personas han salido de Venezuela y han convertido el estadio, el colegio y otros espacios públicos de la ciudad colombiana de Arauquita, al otro lado del río, en campos de refugiados amenazados por los contagios de covid-19 y coloreados por loros, perros y demás mascotas que trajeron los desplazados.

En los «alojamientos transitorios», como los llama la jerga humanitaria, se montó rápidamente un impresionante despliegue de atención y hospedaje para refugiados; carpas, baños, duchas y dispensadores de gel antibacterial en cada rincón para tratar de evitar la propagación del virus.

Pero los albergues no hospedan ni la mitad de los refugiados: la mayoría, estima la alcaldía local, está en casas o ranchos informales de familiares o amigos que acogieron a sus vecinos del otro lado del río.

«Es que somos colombo-venezolanos», me explica Gámez, quien ahora reside en la casa, con paredes de plástico y techos de zinc, de su nuera. «Es como si fuéramos de una sola tierra. Prácticamente aquí no tenemos fronteras».

Aunque Arauquita y La Victoria, el municipio venezolano de enfrente, están separados por un río de 500 metros de ancho, la vida de sus habitantes solía desarrollarse a ambos lados de la frontera.

Ahora, sin embargo, la distancia entre ellos parece más grande que nunca.

En Arauquita se ha vuelto frecuente escuchar bombazos que sacuden las ventanas con sus ondas. Por el cielo patrullan aviones y helicópteros, por el río vigilan lanchas militares de ambos países y por las calles caminan soldados equipados para un combate de alto calibre.

Pocos dudan de que al otro lado del río se está dando un conflicto armado.

Pero después de hablarlo con víctimas, expertos y residentes en la zona es difícil saber realmente qué fue lo que suscitó la violencia en Apure.

El gobierno y el ejército venezolanos, enemistados con sus partes colombianas, declaran estar en una gesta patriótica por la defensa de la soberanía ante una amenaza narcotraficante, terrorista e imperialista.

«Se visten de guerrilleros para servir, sencillamente, a las rutas del narcotráfico», ha dicho , Nicolás Maduro. Y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha acusado a la «oligarquía colombiana» de querer «exportar su modelo narco-paramilitar». Al menos nueve soldados venezolanos han muerto, informó.

Pero además de esta hay dos teorías que destacan entre expertos y residentes: que hay una truculenta lucha entre diferentes poderes del ejército bolivariano en Apure y que parte de la fuerza armada, en alianza con un bloque guerrillero llamado Segunda Marquetalia, busca contrarrestar a otro bloque supuestamente subversivo denominado Frente 10.

Tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, diversos y a veces contrapuestos grupos armados han emergido declarándose disidentes del proceso de paz con el Estado. Algunos, como sus antecesores rebeldes, podrían estar operando en el lado venezolano, resguardados de la persecución del ejército colombiano.

En Apure, la ONG Human Rights Watch ha denunciado que el ejército venezolano ha cometido torturas, robos, detenciones arbitrarias y el asesinato extrajudicial de una familia de campesinos. «No son guerrilleros, era gente trabajadora«, dicen algunos de los que fueron sus vecinos.

Gámez recuerda así esa madrugada del domingo 21 de marzo, cuando empezó todo: «Llegaron tanques, llegaron convoyes. Y a esa hora de la noche le tocó a todo el mundo salir a correr (…) Llegaron golpeando las puertas, dañando las ventanas, agarrando gente, tratándolos de guerrilleros, con insultos».

Como tantos otros vecinos, la familia Gámez agarró sus animales y cruzó el río en pijama, con apenas una o dos prendas más en su bolsa.

Unos días después, el campesino regresó a su casa con el miedo de que lo fueran a arrestar. Encontró viviendas quemadas y saqueadas y su nevera y su televisión agujereadas con cuchillos. Todo lo grabó y subió a las redes sociales. Al día siguiente fue acusado de guerrillero en las redes sociales y medios del gobierno chavista.

«A uno le corre sangre por las venas. A mí me dio mucha rabia que le hayan hecho esto a gente inocente, que venía a quemarles sus casas de toda una vida», justifica.

Muchos de los venezolanos con los que hablé admitieron que durante años tuvieron que vivir con la presencia de las guerrillas en la zona. Pero nunca, coincidieron, habían «tenido problemas con ellos».

Le pregunté a un soldado disidente de Venezuela que también se desplazó a Arauquita por qué sus excompañeros castrenses habrían de maltratar a la población local, y dijo: «Porque el sueldo que ellos ganan no es suficiente, ganan menos de un dólar (…) A ellos no les queda otra opción que solucionar por otro lado, y en este caso lo hacen de esta manera (robando)».

El ejército, sin embargo, niega estar robando a la población local.

Arauca y Apure comparten una geografía que para ambos países es motivo de orgullo: los llanos, una de las sabanas tropicales más grandes del mundo y que ocupa un área similar al territorio de Alemania.

Los atardeceres brumosos y coloridos al son de arpas y cantos entrañables que celebran la nostalgia y el campo son algunos de los referentes que unen a dos naciones comúnmente consideradas como «hermanas».

Pero la dificultad de marcar una frontera acá también hace que los problemas de un país tengan consecuencias sobre el otro.

Hace por lo menos una década organizaciones especializadas y el gobierno colombiano han denunciado al gobierno de Venezuela por supuestamente dar refugio a insurgentes colombianos solicitados por la justicia local e internacional bajo cargos de narcotráfico, rebelión o terrorismo.

Caracas siempre lo ha negado, aunque Maduro no esconde su simpatía por los dirigentes subversivos: «Las FARC son bienvenidas a Venezuela porque son líderes de paz», dijo en 2019, cuando surgió una disidencia al acuerdo de paz entre las FARC y el Estado que —por cierto— contó con la mediación del líder chavista.

Sobre la crisis actual, el gobierno colombiano de Iván Duque dice haber concentrado su esfuerzo en atender a los desplazados y ha tratado de rebajar la confrontación retórica con Maduro, al que no considera presidente legítimo y acusa de conspirar con las guerrillas.

Investigaciones de agencias especializadas como International Crisis Group reportan que en Venezuela hoy hay una multiplicidad de bandas armadas. El país se convirtió en puente clave en las redes internacionales de narcotráfico. En Colombia, al tiempo, surgieron nuevas y más temibles bandas delincuenciales que son consideradas un reciclaje de la violencia del pasado y se hacen llamar guerrilleras o paramilitares.

«Yo sigo inclinándome a que lo de ahora es una disputa por el control territorial», dice Andrei Serbin Pont, un analista en seguridad que ha dedicado este mes a investigar la crisis.

«Y creo que desde el punto de vista de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana venezolana) hay una preocupación verdadera por una pérdida de soberanía ante la multiplicidad de grupos y el auge del Frente 10», explica.

El analista destaca que este conflicto tiene connotaciones geopolíticas: Venezuela es aliado de Rusia así como Colombia de Estados Unidos. Y durante este mes reportes de aviones y armamentos extranjeros han dado pistas de lo que podría ser un escalamiento internacional de la crisis.

Los desplazados en Arauquita, sin embargo, están preocupados por otra cosa: dónde van a vivir.

Mientras Jairo Gámez dedica sus días a ayudar a sus hermanos, hijos y amigos en la construcción de pequeños ranchos. Están en una zona rural de la periferia de Arauquita. Otros desplazados piensan seguir su camino hacia el interior de Colombia u otros países.

Es el caso de Sandra, quien, a pesar de haber decidido no volver, pidió no revelar su identidad. Quiere proteger a su madre, que sí espera regresar a Venezuela.

«Me quiero ir, me quiero ir», me dice en el patio de una casa con muros descarapelados. Hay cinco familias hospedadas. «No sabemos si somos refugiados o desplazados. No tenemos respuestas y me preocupa porque yo quiero migrar, porque temo por mi seguridad y la de mis hijos».

Sandra se ha acercado a las autoridades locales y regionales, a la policía y a las organizaciones internacionales que están en la zona. Busca de «un papel que diga en qué estatus migratorio estoy». Sigue sin saberlo.

Hace tres meses, Duque anunció la creación de un estatuto temporal de regularización de migrantes venezolanos. Al país han llegado casi dos millones de ellos.

Pero dentro del esquema transitorio no está pautado que Venezuela, genere desplazados de una violencia que tiene origen al menos parcial en Colombia.

Una situación inédita que tiene implicaciones concretas para desplazados como Sandra. Mientras logra descifrar su próximo paso, les ha dicho a sus hijos que están de vacaciones.

«Yo a mis hijos los tengo engañados«, revela. «Les digo que estamos de vacaciones, y cada vez que suena una bomba les decimos: ‘Uy, va a llover’».

Han pasado 40 días desde que empezó esta crisis y las bombas siguen sonando.

Ahora Sandra teme tener que decirles a sus hijos que estas son vacaciones permanentes.

“Entre el 30% y 40% de los venezolanos desplazados que estaban en la zona de Arauquita han regresado a sus hogares en Venezuela”.

La información la ofreció Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Colombia, quien manejaba una cifra de 5.888 venezolanos desplazados en Arauquita.

A través de las redes sociales de la Gerencia de Fronteras de Colombia, dio a conocer detalles de la situación.

Gómez participó en un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Arauquita.

El retorno se produce a pesar de los enfrentamientos que se registran entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional.

“A pesar de los enfrentamientos entre fuerzas militares venezolanas y disidencias de las Farc recientes que se han dado del otro lado de la frontera, autoridades colombianas no han percibido un aumento de personas en los albergues en Arauquita”, indicó.

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 “La cifra total ha comenzado a disminuir de forma paulatina”, señaló.

No obstante, no especificó si estas personas pudieron haber tomado camino dentro de Colombia.

«Ese número, en los últimos días se ha reducido, estamos atentos a una verificación que solicitamos a cooperación internacional, la Defensa Civil y otras instancias presentes en el territorio», indicó.

El Gobierno de Colombia, las entidades territoriales y la cooperación internacional a través del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) siguen haciendo frente a esta contingencia, aseguró Gómez al portal Migración Venezuela. 

Sobre el tema de salud, el gerente de Fronteras dijo que la situación en Arauquita es de alta preocupación porque han alcanzado la cifra más alta, es decir, 82 casos positivos de covid-19.

Precisó que estas personas están en aislamiento preventivo y con las medidas de protección de bioseguridad para evitar más contagios.

Los nuevos enfrentamientos ocurrido en el estado Apure, entre las disidencias de las FARC y miembros de la FAN generó otra ola de desplazados hacia Colombia.

Yeliza Katherine Ceballos, de repente quedó en medio de los combates entre militares venezolanos y disidencias de las FARC. Atemorizada, buscó refugio en Colombia junto a otros cientos de miles de sus compatriotas que huyeron de los fuertes enfrentamientos. 

“No hay como estar en la casa de uno pero como dice el dicho, primero nuestra vida que una muerte sin necesidad a nada”, cuenta a la Voz de América Ceballo.

Son miles de familias que han llegado hasta Arauquita, Colombia, a refugios como el de La Rivera, uno de los 20 ubicados en ese municipio.

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La situación en este lugar es compleja. Más de 500 venezolanos se encuentran en este albergue donde han permanecido por más de un mes.

“Disparos, los aviones, eso es algo inesperado. Nunca habíamos vivido lo que se está viviendo ahorita”, dice Sully Pulido. Ela es otra de las víctimas que quedó en medio de los bombardeos. Cruzó en canoa el río limítrofe de Arauca para buscar refugio en Colombia.  

Los pobladores que llegan a Arauquita aseguran que la confrontación se debe a una ofensiva de Nicolás Maduro, contra una facción de las disidencias de las FARC.   

Niños, ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes duermen hacinados en carpas ubicadas en canchas de cemento. Esta vez ya no a la merced de los disparos, sino a la exposición de la COVID-19. 

Castigados por este conflicto y abarrotados en espacios improvisados, algunos esperan ansiosos por noticias de familiares.

“Es una situación extraña, a varios se los llevaron y no sabemos para dónde. Ahora estamos en una situación bastante crítica. No podemos regresar a nuestros hogares” aseguró José Sánchez.    

A pesar de la ayuda humanitaria, que cubre las necesidades básicas, estos espacios no son aptos para multitudes.

“Con el apoyo de varias instituciones estamos brindando espacios de bienestar. Precisamente para mejorar sus condiciones de vida mientras la situación permite el retorno. Así lo han venido haciendo algunas familias”, señaló Luis Atuesta, comandante de Policía de Arauca.

Los desplazados venezolanos, agradecen la acogida del pueblo colombiano. Piden garantías para retornar a sus lugares de origen, donde temen que sus casas deshabitadas sean saqueadas.

“Nos sentimos amenazados, obviamente salimos corriendo con mujeres, niños y lo que teníamos a la mano, nos tocó salir huyendo. Es algo que para nosotros en la comunidad es algo nuevo, porque nunca habíamos sentido tal amenaza”, relata Sánchez, habitante del estado de Apure, que con tristeza cuenta que jamás había sufrido esta situación, que espera cese pronto para poder regresar a casa.

La situación de violencia por los enfrentamientos entre grupos irregulares entre el estado Apure y el departamento de Arauca, en la frontera ha generado la movilidad de cinco mil personas (migrantes).

Desplazamiento que en número de familias, de ambas nacionalidades, se acerca a los mil núcleos. Todas ellas residentes del lado venezolano.

Y las cuales han dejado sus enceres y propiedades con el anhelo de retornar una vez se decante la situación de violencia producto del enfrentamiento entre disidencias de las Farc y las fuerzas militares venezolanas.

A Arauquita se ha desplazado personal y patrullas adicionales de Migración Colombia con el fin de atender la emergencia en materia migratoria.

Así lo dio a conocer este jueves Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia al presentar el balance de las acciones adelantadas en Arauquita.

Espinosa dijo que junto a organismos como Acnur, el ICBF, la alcaldía de Arauqita y la Gobernación de Arauca se les está otorgando a los migrantes «cobijo, techo, alimentación y tamizaje en salud».

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Por ahora el Gobierno colombiano no tiene contemplado la instalación de un campo de refugiados en la zona. Pero, sí confirmo que hay 50 puntos de asistencia básica para atender a estos migrantes.

Justamente las acciones adelantadas en el tema de salud permitipo detectar 16 casos de COVID-19 entre los desplazados.

Entre ellos seis colombianos, cinco en recuperación y los otros cinco se encuentran en aislamiento.

Los 11 casos iniciales detectados son de personas asintomáticas, informó el director de Migración Colombia.

Frente a tema de incorporación de estas personas al Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, Espinosa aclaró que su permanencia es temporal.

Es, decir, no pretenden quedarse en Colombia, sino retornar a sus casas, por lo tanto solo si lo desean y permanecen en Colombia se acogerán a ser beneficiarios del Estatuto.

Para la próxima semana se espera que el Gobierno de Colombia expida la resolución con la que se espera «ajustar» el Estatuto.

Esta semana Migración Colombia recibió 494 observaciones al proyecto de resolución, las cuales están siendo resueltas por la institución y así lograr el documento definitivo.

Además informó que esta semana inició la socialización y sensibilización del Estatuto en diferentes regiones de Colombia.

Comenzó con el Foro Regional en Cúcuta y la próxima semana se extenderán a los departamentos de La Guajira y Arauca en zona de frontera.

“De acuerdo con los compromisos asumidos publicamos el proyecto de resolución del #EstatutoTemporalDeProtección para comentarios de la ciudadanía. Recibimos 494 observaciones al documento, de diferentes personas y entidades como el @ICBFColombia”: @JuanFEspinosaP pic.twitter.com/qHJXlVCTTD

Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Colombia, confirmó que se detectó un brote de COVID-19 en los albergues de desplazados en Arauquita.

Se trata de 19 casos de personas que escaparon de la violencia en La Victoria, estado Apure, publico Fe y Alegría Noticias.

El funcionario dijo que «es una cifra baja». No obstante, expresó su preocupación porque los contagios pueden ir ascendiendo. Señaló que en los 18 albergues habilitados mantienen las medidas de bioseguridad y aislamiento preventivo.

Por otro lado, anunció que se coordinan las ayudas humanitarias a través de diferentes vías y organismos internacionales. Informó que en los albergues permanecen aún 4.471.

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En el desglose de esta cifra desplazados Gómez dijo que más de 1700 son niños, 200 adultos mayores y más 3 mil son venezolanos. El resto es de nacionalidad colombiana pero que viven en territorio apureño.

El Gerente de Fronteras aclaró que su gobierno no dispone de una vocación de albergues sino que por el contrario está buscando las maneras legales para que aquellas personas que manifiesten que deseen quedarse en Colombia ante esta situación lo puedan hacer con todas las prerrogativas.

Igualmente indicó que dentro de los refugios promueven el retorno progresivo y seguro hacia Venezuela «pero para eso tienen que mejorar las condiciones allá. Por lo pronto, los seguimos atendiendo acá con lo que podemos».

El gerente de Fronteras de Migración Colombia, Lucas Gómez, anunció que el gobierno de su país evalúa amparar a los venezolanos desplazados de Apure, con el Estatuto de Protección Temporal. Igualmente desmintió a las autoridades venezolanas acerca de que su país no perite el regreso de esas personas.

«No es cierto que Colombia este impidiendo el retorno de los venezolanos. Quien se quiera regresar, que lo haga. Quien se quiera quedar, estamos buscando la manera de que puedan plegarse al TPS», anunció en entrevista con Sergio Novelli.

“Aquel que decida quedarse estamos evaluando la fórmula para que eventualmente acceda al Estatuto de Protección Temporal. Pero entraría en las mismas condiciones que los otros 1.742.000 migrantes venezolanos que ya están en nuestro territorio y no en campos de las zonas fronterizas porque no es la vocación que nosotros tenemos”, agregó.

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“Estas personas, de acuerdo al Estatuto de Protección, están fuera de los límites. Nosotros habíamos hablado de una fecha límite, el 31 de enero de 2021. Luego mencionamos que aquellos que entren de manera regular pueden acceder al estatuto. Pero estas personas no están entrando por el paso fronterizo, están entrando de manera irregular”, detalló.

Sin embargo, como la situación es tan compleja, «si deciden quedarse no se van a quedar en campos de concentración. Estas personas entrarían en una vía de migración tradicional en donde buscaríamos el mecanismo para que puedan acceder al Estatuto de Protección”, insistió.

“No es que ahora cualquiera puede llegar y decir que viene de La Victoria, Apure, y pedir el estatuto, no. Hemos sido muy rigurosos. Colombia ha sido muy generosa con la migración venezolana pero también queremos que eso se dé en un contexto de normas para lograr una migración regulada”, aclaró.

“Este caso específico es algo que estamos estudiando con mucho detenimiento porque implica mecanismos de derecho internacional para los refugiados. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy importante que la migración que se haga tenga una fórmula para proteger a estas personas pero a la vez mantener nuestra política migratoria inclusiva”, concluyó.

Afirma Lucas Gomez, gerente de Fronteras Colombia: "No es cierto que Colombia este impidiendo el retorno de los venezolanos… quien se quiera regresar, que lo haga… quien se quiera quedar, estamos buscando la manera de que puedan plegarse al TPS" #aldiaconsergio @VPITV