Este sábado se conoció que con el objetivo de apoyar las operaciones militares que se han desplegado en el departamento de Arauca; el Ejército Nacional de Colombia dispuso de una flotilla de vehículos Titán Acorazado para reforzar la seguridad de toda la población civil en esta zona del país.

En total ya son cuatro los automotores de estas características que hacen presencia allí. Estos vehículos son una herramienta que tiene la institución para garantizar la vida e integridad física de sus soldados, reseña Infobae.

Las tropas colombianas día y noche están realizando operaciones para controlar el actuar terrorista de los grupos armados organizados residuales y del ELN; que se están enfrentando por el control de las economías ilícitas en este departamento.

Estos vehículos cuentan con capacidades tecnológicas y resistencia antiexplosivos, cumpliendo con los estándares de seguridad balística explosiva para enfrentar cualquier amenaza en el teatro de operaciones; adicionalmente, posee la capacidad de transportar a 25 hombres armados y equipados con todas las exigencias requeridas por la OTAN para afrontar cualquier desafío operacional.

También las tropas en tierra continúan haciendo presencia en los cascos urbanos, en las carreteras y en las zonas rurales, apoyados por aeronaves del Ejército Nacional; con el objetivo de seguir atacando a los criminales, como alias Antonio Medina, Pablito, Arturo y Culebro, por quien se ofrece recompensas que van desde los 300 millones hasta los 4000 millones de pesos.

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Desde el pasado 2 de enero, Arauca ha sido azotado por la violencia. Enfrentamientos entre grupos insurgentes pertenecientes al ELN con presencia en territorio venezolano y grupos residuales de las Farc; han generado una crisis que no solamente alarma a Colombia, sino, al mundo.

Los constantes llamados entorno a una intervención por parte del Gobierno; se convierten en una constante diaria que hasta el momento no logra solucionar la situación en esa región del Oriente del país.

Tras el atentado en el municipio de Saravena se iniciaron las investigaciones pertinentes que ya arrojan resultados. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el grupo de las disidencias de las Farc comandado por alias ´Antonio Medina´ seria el autor de el lamentable hecho.

La operación habría sido dirigida desde el vecino país de Venezuela y desde el ministerio se están ofreciendo hasta mil millones de pesos a la información que permita dar con el paradero del delincuente.

A través de su cuenta de Twitter, Molano señaló: “Anunciamos recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita capturar a alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de Farc presunto autor del atentado en Saravena. Este acto demencial fue planeado y financiado desde Venezuela por las disidencias”.

El hecho de inseguridad más reciente fue el atentado terrorista que afectó la sede el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), este acto violento dejó 20 heridos y un fallecido; que ejercía como guarda de seguridad del recinto. Además de los daños que sufrió la estructura tras la explosión de una camioneta blanca, los vecinos del sector reportaron que se llegaron a escuchar varias ráfagas de arma de fuego en la zona.

Según el diario El Colombiano, desde la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, denunciaron que el acto violento se registró tan solo a dos cuadras de donde empieza el anillo de seguridad de la policía.

Además de aseverar que los disparos que se lograron escuchar, se registraron frente al lugar del atentado sobre la medianoche.

El edificio que fue atacado, aloja diferentes ONG y grupos de líderes sociales, además de defensores de derechos humanos.

La directora de la fundación de derechos humanos Joel Sierra, Sonia Díaz, habló en Blu Radio; y afirmó que el atentado iba en contra de las organizaciones sociales que ahí se encontraban. Además, destacó un factor que apoya la hipótesis del ministro Molano, entorno a la participación de alias ´Antonio Medina´.

Cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure en Venezuela y Vichada en Colombia. Son desplazados que huyen de la violencia en la frontera que se ha sostenido por varios días y por la que ambos gobiernos han desplegado militares.

“Han cruzado con sus hijos y con los chinchorros, con mucho miedo. Duermen debajo de los árboles a la orilla de los ríos y otros en el pueblo. No tienen un albergue, están a la intemperie, si llega a llover se van a mojar y enfermar”. Así lo dijo el miércoles a The Associated Press, Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño, Vichada.

Human Rights Watch calcula que hay al menos 500 venezolanos desplazados forzosamente en Vichada, al este de Colombia. Entre ellos se incluyen indígenas sikuani y amorúa. Gutiérrez, por su parte, advirtió que la cifra de desplazados ascendería a 800 personas. No obstante, todavía no hay un número consolidado de afectados dado por el gobierno.

Juan Pappier, experto para Colombia de HRW, explicó a la AP que las personas están huyendo por amenazas de reclutamiento forzado. Además de los enfrentamientos en suelo venezolano entre el ELN y el Frente 10 de las disidencias de las FARC.

Los enfrentamientos entre estos grupos armados se empezaron a registrar con fuerza desde el 3 de enero. El gobierno colombiano confirmó la muerte de 23 personas en Arauca, algunas de ellas con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y secuestro.

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Colombia desplegó 700 miembros de grupos de operaciones especiales con el objetivo de capturar a las disidencias de las FARC y el ELN. Venezuela también reforzó su presencia militar en Apure para combatir a los que llaman “grupos Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos)”.

“Hasta ahora, el despliegue de tropas a zonas de conflicto no ha dado resultados en Colombia. Enviar soldados a Arauca no alcanza por sí solo para enfrentar los problemas estructurales en el departamento y difícilmente logre solucionar la actual crisis”, aseguró Pappier de HRW.

Los desplazamientos internos que iniciaron en Arauca, fronteriza con Apure, con un par de decenas de familias colombianas fueron aumentando. Algunas de ellas llegaron a Norte de Santander. Sin embargo, en Vichada el fenómeno ha sido distinto debido a que los desplazados son de nacionalidad venezolana.

La Defensoría del Pueblo ha atendido a las personas desplazadas y advirtió, desde el 14 de enero que la situación podría agravarse. ”(Venezolanos) nos informaron que van a llegar más familias desplazadas. En territorio venezolano estas organizaciones ilegales estaban reclutando adolescentes y personas que tengan hasta 30 años».

El Consejo Noruego para Refugiados en Colombia advirtió a la AP que ni en Arauca ni en Vichada hay recursos financieros para adecuar y atender a la población en los albergues temporales. Por ello, los desplazados requieren elementos básicos como carpas, productos de higiene, agua potable y alimentos. También acompañamiento psicosocial y educación, la cual han tenido que suspender por el conflicto.

Michelle Zurfluh Requiniva, secretario de Gobierno de Vichada, dijo a la AP que desde hace varios días instalaron un puesto de mando unificado que reúne a la institucionalidad y una sala de crisis. Además, realizan una caracterización de las víctimas para luego “adelantar acciones con disponibilidad de recursos”. Requiniva aseguró que la Gobernación de Vichada está dándoles a las víctimas agua potable.

La tensión que se vive en Arauca, en la frontera colombiana con Venezuela, ha provocado el desplazamiento de 170 familias (unas 673 personas). Todo tras la oleada de asesinatos selectivos emprendida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una disidencia de las FARC.

«Además de las cerca de las 170 familias desplazadas en Arauca, el fenómeno ya empieza a sentirse en Norte de Santander. Particularmente al municipio de Toledo a donde han llegado 24 familias», denunció la Defensoría del Pueblo.

El organismo, en un comunicado reseñado por Efe, dijo que hay «una gran tensión por parte de las comunidades y temor porque las acciones de los grupos armados puedan generar más muertes».

El pasado 2 de enero, organizaciones sociales y vecinos de zonas rurales de los municipios de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena empezaron a reportar el hallazgo de cadáveres. Hasta la fecha ya ascienden a 33 los homicidios registrados por las autoridades en las últimas dos semanas.

Al principio se habló de un enfrentamiento armado entre el ELN y una disidencia de las FARC, el Frente 10. Pero la Fiscalía aseguró que hicieron los disparos corta distancia, por lo que se trataría de ejecuciones, muy probablemente obra del ELN.

«Persiste el temor de las comunidades, por esta razón estamos en el departamento de Arauca conversando directamente con las comunidades afectadas», aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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Según expertos y autoridades, los asesinados serían miembros directos o de las redes de apoyo de las disidencias del Frente 10. Al frente del mismo estaría un antiguo mando medio de las FARC, Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias «Jerónimo» o «Arturo». Se cree que está coordinado por las disidencias nacionales de alias «Gentil Duarte», o incluso familiares o vecinos.

Tras estos hechos, organizaciones de derechos humanos denunciaron que las disidencias de las FARC han amenazado a líderes sociales. También a las Juntas de Acción Comunal de la zona, donde existe una red fuerte de tejido asociativo y sindicalista.

El 9 de enero, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que lanzaron un explosivo contra las instalaciones de la empresa comunitaria que gestiona el acueducto. Este es fundamental para el saneamiento de esta cabeza municipal.

Arauca sigue siendo el gran fortín del ELN en Colombia, y se considera que entre 60 % y el 70 % de sus efectivos se encuentran ahí o en la parte venezolana. Ahí libraron (y ganaron) hace unos 20 años una batalla contra los paramilitares, contra el Ejército y también contra las FARC por el control del territorio.

Sin embargo, la rápida expansión del Frente 10 en los últimos meses, habría provocado un enfrentamiento contra los ex-FARC. Todo auspiciado por el vacío de poder que hay en esta parte de la frontera y en el lado venezolano, así como el asesinato de mandos medios del ELN

«Hemos ordenado a todas nuestras unidades, urbanas y combatientes, que todo lo que simpatice, milite, dirigencia política, comunales, con el ELN serán objetivo militar (sic)». Así reza un comunicado de las disidencias emitido la semana pasada.

Unas 57 familias, que equivaldrían al menos a 176 personas, que residían en el lado colombiano de la frontera con Venezuela se desplazaron. Esto, debido a enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidentes de las FARC, informó defensor del Pueblo de Colombia.

«Se han generado varios desplazamientos forzados de quienes temen resultar afectados por las acciones de los grupos armados», ilegales, dijo Carlos Camargo.

En un video enviado a los medios este martes, Camargo explicó que las 57 familias desplazadas estaban en Tame, Saravena, Arauquita y Fortul, municipios del departamento de Arauca.

Allí se vive una cruenta confrontación entre los rebeldes. Aunque Camargo no especificó la cifra de personas, según la autoridad estadística en un hogar colombiano hay 3,1 miembros, para un equivalente de 176. 

Durante los primeros días de 2022, rebeldes del ELN y excombatientes de las FARC chocaron contra otros alzados en armas, reseñó AFP. Los enfrentamientos dejaron 24 muertos.

Camargo agregó, que «persiste el riesgo de que este número aumente debido a todos los escenarios de riesgo» humanitario en la zona.

La entidad, que vela por los derechos humanos, también advirtió un incremento en las «acciones de violencia en contra la población».

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A través de Twitter, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, indicó que pobladores de Arauquita «se desplazan hacia territorio venezolano», sin precisar cifras. Entre los fallecidos hasta el momento hay cuatro venezolanos, según Bogotá.

El gobierno de Colombia acusa a Nicolás Maduro de permitir «el asentimiento a grupos armados ilegales» en su territorio. Pero, estas acusaciones las niega el chavismo.

Blanco de constantes ataques contra la fuerza pública que incluyen explosivos y ráfagas de fusil, y ataques «terroristas» contra civiles, la frontera común es un corredor para el narcotráfico. 

Según investigaciones independientes, la «Segunda Marquetalia», comandada por el ex número dos de las FARC Iván Márquez, libra una batalla contra un grupo de sus antiguos compañeros al mando de «Gentil Duarte» e «Iván Mordisco». 

La estructura está conformada por algunos excabecillas de la otrora guerrilla marxista que no se acogieron al proceso de paz de 2016 y nuevos reclutas, que sumarían 5.200 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz. 

Por orden del presidente, Iván Duque, la convulsa línea fronteriza se encuentra militarizada. Bogotá y Caracas rompieron relaciones diplomáticas poco después de la llegada del derechista al poder, en agosto de 2018.