Colombia ocupa el 3er lugar de los países del mundo en pésimo tratamiento y atención a las crisis, según la lista anual publicada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), en la que entró por primera vez porque en el país hay 7,7 millones de personas con necesidades humanitarias; así dio a conocer la agencia EFE.  

Esta clasificación «pone en evidencia el incremento de las necesidades humanitarias a medida que el prolongado conflicto sigue desplazando a miles de personas. Al mismo tiempo, Colombia acoge a cerca de 2,5 millones de personas venezolanas que huyen de la creciente crisis humanitaria de ese país», alertó Giovanni Rizzo, director de NRC en Colombia.

«Esta desatención no es inevitable, es una elección. En el país hay 7,7 millones de personas con necesidades humanitarias y es muy preocupante que los donantes internacionales solo financien un poco más de un tercio de los fondos necesarios para cubrir las necesidades más básicas de la población», agregó Rizzo en un comunicado difundido este jueves, y que así dio a conocer Blu Radio.

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El informe también puso de manifiesto la «escasa cobertura mediática sobre asuntos relacionados con el desplazamiento en Colombia».

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la financiación total del plan de respuesta humanitaria de Colombia fue de 108 millones de dólares en 2022, de los 282 millones de dólares solicitados, lo que hace que la respuesta solo esté financiada en un 38 %.

El ranking anual de las crisis de desplazamiento más desatendidas que elabora NRC se basa en tres criterios: financiación humanitaria inadecuada, falta de atención mediática y ausencia de iniciativas políticas y diplomáticas internacionales.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó alarmantes cifras del impacto y tendencias humanitarias en Colombia durante este año.

De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Así mismo, informó que de las personas en esa situación, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.

El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad.

Respecto a este flagelo del confinamiento forzado, el informe señaló que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.

Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.

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Hay municipios que requieren particular atención, entre esos está Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde 15.000 personas han sido afectadas por desplazamiento masivo y confinamiento a lo largo de 2021.

“Roberto Payán, Magüí Payan, Barbacoas y Tumaco (Nariño) presentan un aumento de enfrentamientos y consecuentes emergencias por desplazamientos masivos, que se han generado a lo largo del año, especialmente a partir de mayo”, sostuvo el informe.

Así mismo en Bojayá, Medio San Juan, Istmina y Alto, Medio y Bajo Baudó, en Chocó, existe un aumento de confinamientos del 17 % en comparación con el mismo período del año anterior. 

En Argelia (Cauca) se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad.

Este municipio ha reportado una intensificación de la violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates.

“Otros eventos que llaman la atención y requieren seguimiento es el Resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguará II que está ubicado en tres municipios fronterizos La Macarena (meta), Calamar (Guaviare) y San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se desplazaron 53 personas de la comunidad indígena debido a amenazas contra el líder de la comunidad”, aseguró la OCHA.

Del otro lado, en Arauca, se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

¡Alarma! A través de una carta, firmada por el frente Diomer Cortez de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, y por el frente de Guerra José María Becerra, del ELN, se anunciaron acciones en contra del paramilitar Carlos Patiño, diciendo que ambos frentes guerrilleros decidieron declarar un paro armado indefinido.

La carta, que fue difundida a través de redes sociales, advierte a los residentes y comerciantes de los pueblos Playa Rica, Huisito, Las Palomas, Pandiguando y Honduras, a no transitar desde las 00 horas del día 6 de diciembre. Según la amenaza descrita en el documento, si encuentran motos o carros circulando en horas no permitidas por ellos, les prenderán fuego. 

Camilo González, presidente de Indepaz, aseguró que lo que se vive en esa zona es preocupante. “Se han estado alternando entre el grupo “Carlos Patiño”, la “Segunda Marquetalia” y el ELN para hacer demostración de fuerza, de control, de posicionamiento, en el territorio, donde las comunidades están reclamando que se respeten las normas humanitarias, que no se agreda a la comunidad civil, pues la presencia de la fuerza pública es endeble.

Todo se trata de una disputa territorial que involucra el negocio que mantiene en pie a estas organizaciones armadas: el narcotráfico. En este año han aumentado, de manera impresionante, los cultivos de hoja de coca. 

El acuerdo de paz, en esa zona ha estado fallando. En lo que va del año, se han presentado 15 eventos de desplazamiento forzado.

En la región acontecen atentados, bloqueos, incendio de carro tanques, amenazas y la afectada es la población inerme que está atrapada.

La población está exigiendo garantías están intentando movilizarse, pero con un fusil en la nuca es muy difícil, bajo esas condiciones la gente no puede expresarse libremente.

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En la carta firmada por los dos frentes declarantes del paro armado indefinido, se recordaron situaciones específicas por las cuales, supuestamente, estarían tomando la determinación que, entonces, tendría confinada a la comunidad que, por miedo a represarías en su contra, se mantiene encerrada en sus hogares. 

El 2 de diciembre, según argumentaron, el grupo paramilitar Carlos Patiño habría incinerado dos carros que transportaban gasolina en la vía que conecta a los municipios de Balboa y Argelia.

Días antes, el 28 de noviembre, en el norte del Cauca, el grupo armado secuestró a tres jóvenes residentes de la zona rural del municipio de Buenos Aires.

Esa misma estructura, comentaron los dos frentes en el comunicado, es acusada de secuestrar y desaparecer a dos líderes sociales del río Yurumangui Naya. 

De acuerdo con lo informado por medios de comunicación, como El País, con base en lo dicho por los pobladores, ya habrían iniciado las acciones violentas que prometieron en la carta. 

“A eso de las 3:30 de la tarde, varios sujetos armados salieron a la vía, por el sector conocido como Cruce San Alfonso, para obligar a los conductores a detenerse, después los intimidaron para que descendieran de los automotores y procedieron luego a prenderles candela”, relataron habitantes de la zona a ese diario caleño.

Indígenas, estudiantes, sindicalistas y campesinos llegarán a la ciudad de Cali, el próximo 10 de diciembre, para llevar a cabo una movilización en contra de lo que está sucediendo.

El desplazamiento forzoso de los indígenas Wayúu en La Guajira venezolana es un negocio para quienes a través de las alcabalas cobran una tarifa plana entre 5$ y $30.

El Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) alertó que decenas de alcabalas limitan la vida de indígenas Wayúu en la Guajira venezolana.

Esto con el agravante que no tienen un pasaporte vigente y en medio de la pandemia, tampoco un diagnóstico de la COVID-19, denunció Provea a través de un  informe.

Se estima que en cada punto de control cobran entre 5$ y 30$.

El tránsito por la troncal es una travesía por el riesgo que implica ser víctima de los abusos de policías o militares, indicaron los consultados por Provea.

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La ONG destacó que los indígenas deben «bajarse de la mula» y entregar dinero a los funcionarios de seguridad para atravesar la carretera internacional Troncal del Caribe, informó El Carabobeño.

Esto debido al desplazamiento forzoso que se ha venido desarrollando ante la crisis de gasolina y el colapso en los servicios públicos.

«Desde 2010 las organizaciones indígenas vienen denunciando que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional y policías les violan sus derechos humanos», señala el informe de Provea.

Desde 2017, la falta de gasolina, y el colapso en los servicios públicos, generan un dramático deterioro en las condiciones de vida de los habitantes estas comunidades.

Situación que crea un daño irreparable a la cultura de estos pueblos y empujándolos al desplazamiento forzoso, señaló Provea.

La Guajira venezolana es un territorio poblado por indígenas Wayúu y Añú. Ubicado al norte del estado Zulia.