Desde la Asamblea Nacional, el presidente de este organismo, Jorge Rodríguez, y la diputada Iris Varela pidieron todo el paso de la ley para Juan Carlos Del Pino por sus gestiones conspiradora en contra de la patria.

La tarde de este jueves, los diputados aprobaron la destitución de Delpino, y pidieron al Ministerio Público la aplicación la ley.

Ambos argumentaron que Delpino incurrió en una serie de delitos que son de lesa patria, que deben ser juzgados por separados a fin de castigar y perseguir las faltas graves que cometió.

Delpino cuestionó el proceso de totalización y transmisión de actas el día 28 jul cuando se anunciaron resultados pese a un presunto hackeo al sistema electoral.

Rodríguez aseguró que Delpino tiene intereses y compromisos con factores que son enemigos de Venezuela.

Por eso solicitaron «al Ministerio Público inicie de manera inmediata una averiguación penal que conduzca a la administración de justicia sobre este delincuente que actuó violando lo más sagrado valores de la República Bolivariana de Venezuela».

Los delitos, según explicó Rodríguez asociación y complicidad, traición a la patria, los homicidios cometidos contra el pueblo venezolano durante los días 29, 30 y 31 de julio de este 2024, entre otros.

«Yo solícito la destitución solicito que se establezca la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos Delpino por esta Asamblea Nacional, solicito que se le aplique el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se le apliquen los delitos contenidos en el Código Penal y encerrados en las categorías de traición a la patria asociación, para delinquir, homicidio o complicidad en los homicidios cometidos en los días 29 y 30 de julio», dijo.

Detalló que los daños no fueron más graves porque al final se chorreó y no se atrevió a dar como ganador a Edmundo González, como era el plan inicial del imperialismo y los factores de derecha de Venezuela.

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La sesión de este 17 de octubre inició con el debate en torno a la destitución del rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino.

Además, se abre la posibilidad de una investigación por parte del Ministerio Público, entre otras cosas, por hacer acusaciones sin pruebas, quién sabe con qué intenciones.

La investigación en contra de Delpino estaría justificada por la presunta participación en la «comisión de hechos punibles» que vulneran la Constitución.

También está en agenda de esta sesión la “designación y juramentación” de un nuevo rector principal de Poder Electoral.

La diputada Iris Varela asegura que las acciones de Delpino, constituyen una pruebas de la comisión del «delito de traición a la patria».

Por su parte,Benigno Alarcón, analista político asegura que «evidentemente en una situación de ese tipo, la lógica dice que alguien tiene que auditar el proceso y en un país donde no hay instituciones autónomas y confiables, para todo el mundo, pues evidentemente alguien que no es parte del conflicto tendría que servir como árbitro por decirlo así de este proceso de auditar las actas y decir bueno, pues, estas son legítimas y estas no lo son o estas son confiables reúnen todas las condiciones o estas no lo son».

Al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no le quedó otra alternativa que derogar el Estado de excepción «por grave conmoción interna”, tras 14 días de intensas protestas.

La petición la hizo el grupo indígena en conflicto al mandatario, esto mientras la Asamblea Nacional decidió aplazar para este domingo la decisión de destituir o no a Lasso de sus funciones como Presidente de la República.

«Procedo a suspender la presente sesión y la convoco para su continuación el día domingo a las 16 horas», dijo Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento.

Esta petición de destitución la hizo el grupo de legisladores que apoyan al expresidente Rafael Correa. Más de 40 congresistas recogieron los votos necesarios el viernes para iniciar el proceso contra Lasso, que vive una de las peores crisis de su gobierno por las manifestaciones.

«Vamos a elecciones anticipadas, que Lasso se vaya a su casa», clamó la asambleísta Pierina Correa, hermana del exmandatario.

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El jefe de Estado, un exbanquero que asumió hace un año, no asistió al debate pero designó a su secretario jurídico, Fabián Pozo, para leer su defensa.

«Los asambleístas (…) buscan desestabilizar la democracia», declaró Pozo.

Entre los principales reclamos de quienes protestan está la disminución en el precio de los combustibles y una mayor inversión social en sectores como salud y educación.

El movimiento indígena y el gobierno sostuvieron un primer acercamiento el sábado, y horas después Lasso puso fin al estado de excepción que regía en seis de las 24 provincias del país con un robusto despliegue militar y toques de queda nocturnos.

Según la BBC Mundo, varias ciudades se encuentran incomunicadas en varios puntos por el bloqueo de carreteras, lo que ha generado desabastecimiento de algunos productos.

A las masivas movilizaciones en Quito siguieron choques con la fuerza pública, avivados por la represión policial.

Los dos patrulleros de la policía colombiana mintieron, desvirtuaron los hechos, balearon a Javier Ordóñez, lo hirieron 8 veces con la pistola taser, actuaron con brutalidad, lo llevaron muerto al hospital y nunca recibió auxilio por parte de los uniformados.

Por tales razones fueron destituidos e inhabilitados por 20 años, la maxima sanción disciplinaria a un servidor público en Colombia.

Se confirmó, además, que mintieron y actuaron con brutalidad policial, crueldad, cobardía e intensión de hacer daño.

Además, los videos de cómo bajaron a Javier Ordóñez de la patrulla que lo traslado al CAI y la manera cómo lo golperon al interior de este lugar fueron decisivos como prueba de la actuación de los uniformados.

«Juan Camilo Lloreda lo molió a golpes mientras Harvey Rodrígez lo sujetaba con uso excesivo de la fuerza y sin condolerse, mientras Ordónez estaba indefenso», aseguro en la lectura del fallo la jueza encargada.

Harvey Rodríguez y Juan camilo Lloreda reciben así la más alta sanción disciplinaria en la Procuraduría.

Mientras su proceso continúa en la Fiscalía con la imputación de cargos y permanecen con medida de aseguramiento en la cárcel de Fusagasugá para policías.

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Según el fallo de la Procuraduría por brutalidad policial, la víctima murió al interior del CAI, víctima de una «cruel y cobarde golpiza».

El fallo contra los policías colombianos se otorga por los tratos crueles, intencionales e injustos a los que fue sometido Javier Humberto Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre de este año, en el CAI de Villaluz, en Bogotá.

La sanción también desmiente el informe policial sobre los hechos de la noche del 8 de septiembre y la madrugada del 9 hizo el patrullero Rodríguez y que los patrulleros fueron agredidos.

Y asegura que actuaron bajo el accionar propio que aprenden en la formación policial donde se les enseña a neutralizar y hacer daño.

Además, el patrullero Rodríguez admitió que Ordóñez recibió un disparo disuasivo en el piso supuestamente para evitar que dejara de agredir a Lloreda.

Así mismo, la Procuraduría concluyó que Ordoñez murió al interior del CAI.

La Procuraduría indicó que el comportamiento de los uniformados se enmarca en el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, que al mismo tiempo es una falta disciplinaria.

De acuerdo con la formación y capacitación que los dos patrulleros tenían sobre su labor y cómo debían tratar a las personas, para la Procuraduría actuaron de forma consciente al cometer esos delitos.

Los policías apelaron la decisión.

En la noche de este jueves, el Congreso de Perú dio inicio a la destitución del presidente, Martín Vizcarra por incapacidad moral.

Aprobaron la moción de vacancia que tiene la intención de destituir a Vizcarra , pues lo acusaron de “incapacidad moral».

Por supuestamente pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante.

Vizcarra pidió al Congreso “analizar la situación con cautela y responsabilidad». «Tomen la decisión que crean conveniente”, dijo.

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No obstante, el mandatario adelantó su reticencia a presentar su renuncia: “No me voy a correr, expresó el jueves por la noche en un mensaje televisivo”.

“Estamos ante un complot contra la democracia”, agregó el mandatario que, al menos antes del estallido del escándalo, gozaba de aprobación en la sociedad por sus iniciativas contra la corrupción.

La decisión implica que Vizcarra deberá comparecer ante el pleno del órgano legislativo en una sesión convocada en un plazo de hasta 10 días y allí defender su inocencia. 

Entonces, al menos 87 de los 130 miembros del Congreso escucharán a Vizcarra durante una hora.

Luego tendrán que votar a favor de su destitución para que esta se formalice.

De ser este el caso, será el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien asuma el poder.

Lo tomará hasta la finalización el período presidencial, el 28 de julio de 2021. 

No obstante, de darse el mismo resultado que el del viernes, Vizcarra lograría evitar su remoción.

#ULTIMAHORA Congreso de Perú inicia proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral.