El presidente peruano destituido Pedro Castillo, acusado de «rebelión» y «conspiración», seguirá detenido en una base policial luego que un tribunal de apelaciones declarara infundado este martes su pedido para salir libre mientras persisten las protestas que han dejado siete muertos y 200 heridos desde el domingo.  

El juez César San Martín decidió «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado», que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el pasado miércoles.

El magistrado señaló en el fallo que existe riesgo de fuga pues Castillo intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario izquierdista permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), al este de Lima, hasta este miércoles 14, fecha en que cumple su plazo de detención, señala la AFP.

La resolución judicial abre la vía a la fiscalía para presentar un pedido de prisión preventiva contra Castillo por mayor tiempo. 

«Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo en la audiencia en su primera declaración pública desde su destitución hace una semana.

«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión», acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). 

Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.

«Llamo a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos», dijo a la prensa Boluarte. Y anunció que en la tarde, en consejo de Estado con las fuerzas armadas, evaluará declarar el «estado de emergencia a nivel nacional» por las protestas.

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Las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.

Las violentas manifestaciones persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.

Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte. 

«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, que participaba este martes en el bloqueo del puente Internacional de Ilave, en Puno (frontera con Bolivia).

En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.

«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» por elecciones generales.

Su repercusión se desconoce aún pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

El aeropuerto de Cusco fue cerrado desde el lunes porque manifestantes intentaran tomarlo.

Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024.

El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que la cámara debatiera su destitución por presunta corrupción. Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó los delitos de «rebelión» y «conspiración» en flagrancia.

Con información de AFP

La ONG venezolana Foro Penal denunció que el «régimen chavista» usa la detención preventiva como un castigo.

Para la organización no gubernamental en Venezuela el 74% de las personas detenidas por razones políticas no tienen abierto un juicio.

Sólo a 20% de los detenidos se les ha abierto un juicio, mientras 6% han admitido los hechos.

Condición que demostraría la intensión de la administración Maduro de dilatar los procesos y castigar a los presos.

«Ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia», aseguró Alfredo Romero, abogado d ela ONG-

Además, «los mantienen arbitrariamente más tiempo», agregó Romero.

Las leyes venezolanas contemplan que esa detención preventiva no puede exceder los dos años, añadió el abogado de Foro Penal junto a Gonzalo Himiob.

Foro Penal ha desarrollado su trabajo en defensa de los presos políticos en Venezuela, la mayoría de ellos detenidos de forma arbitraria, asistiéndolos jurídicamente.

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En Venezuela hay actualmente 323 presos políticos, 23 de ellas mujeres y el resto son hombres, de los cuales al menos 123 son militares, dijo Romero en una conferencia de prensa.

Del 74% que espera un juicio, por ejemplo dijo Romero, 49 detenidos tiene dos años en prisión, 10 llevan cuatro años tras las rejas y cuatro ya cumplieron seis años en la cárcel a la espera de juicio.

“Estas personas están siendo utilizadas para mandar un ejemplo, en procesos penales que se eternizan y que se desnaturalizan, convirtiéndolos en una herramienta de persecución política”, dijo Himiob.

Por su parte Maduro y la Fiscalía venezolana desmienten la existencia de presos políticos en el país.

«En los casos de índole política, la verdad no cuenta, no interesa», dijo Himiob. Lo que interesa es “convertir el proceso en un castigo anticipado”, agregó.

Romero también denuncio que incluso cuando quedan en libertad se les aplican medidas restrictivas como prohibición de salir del país.

Además, muchas de ellas deben presentarse ante los tribunales cada 30 días.

Más de 9.000 personas desde el 2014 y hasta este año están en esa situación, desde políticos hasta militares.