“Durante la última semana, se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país, sin información pública suficiente sobre las causas, las circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad”.

El llamado lo hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que destaca que, entre los detenidos se encuentran “el periodista Joan Camargo, y los estudiantes y realizadores audiovisuales Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra”.

Recuerda que tanto familiares y como  defensores de los DD.HH. “han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza”.

Para la ONG, este hecho “, configura un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, prohibidas expresamente por el derecho nacional e internacional”.

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Denuncia la organización que “esta situación constituye una violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular al derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero”.

Igualmente, alerta que “la opacidad en la información y la negación del acceso a asistencia legal generan un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada, incompatible con cualquier Estado que se reclame democrático y respetuoso de los derechos humanos”.

Por ello, la ONG exige, “de manera urgente que las autoridades nacionales garanticen la información inmediata y veraz sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales suscritos por el Estado”.

#ATENCIÓN Durante la última semana, se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país, sin información pública suficiente sobre las causas, las circunstancias o el paradero de las personas…

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denuncio la detención de Yorbin García, colaborador del medio digital Palpitar Trujillano.

En su cuenta en X, el gremio informó que García “fue detenido por efectivos policiales, presuntamente del Sebin, mientras hacía cobertura de los actos por la canonización de José Gregorio Hernández, en el santuario de Isnotú, el 18 de octubre”.

Informó que “García colaboraba como camarógrafo, haciendo equipo con la periodista Lisseth Medina, y estaba participando en la cobertura de los actos convocados por la rectoría del Santuario”.

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Agrega que el trabajador “es residente del municipio Rafael Rangel, localidad donde se encuentra Isnotú, y al momento de su detención estaba acompañado de su madre, que es artesana y atiende una venta de recuerdos y obras de arte”.

Y hasta el momento, se desconocen los motivos de su detención.

Por otro lado, Vente Venezuela, también en Trujillo, denunció la detención de Aracelis Balza, dirigente del partido, igualmente en el municipio Rafael Rangel.

Se supo que Balza fue aprehendida arbitrariamente la noche del domingo 19 de octubre, por funcionarios que la abordaron en su residencia tras los actos de canonización y se la llevaron sin orden judicial.

🚨OTRA DETENCIÓNAracelis Balza, dirigente de @VenteVenezuela en el municipio Rafael Rangel (Trujillo), fue detenida arbitrariamente la noche del domingo 19O. Funcionarios la abordaron en su residencia tras los actos de canonización en Isnotú y la trasladaron sin orden judicial. pic.twitter.com/ytMXIGRBl3

🚨 SIGUEN LAS DETENCIONES@sntpvenezuela denuncia que Yorbin García, colaborador del medio digital Palpitar Trujillano, fue detenido por funcionarios presuntamente del Sebin mientras cubría los actos de canonización de José Gregorio Hernández en el santuario de Isnotú, Trujillo pic.twitter.com/ymPMoOBNBJ

«En Venezuela, la detención arbitraria por razones políticas se ha convertido en una herramienta sistemática de represión. Las familias de las miles de personas encarceladas arbitrariamente por razones políticas viven una constante incertidumbre, enfrentándose a un sistema que busca silenciarlas», denuncia la organización Amnistía Internacional (AI).

En una reciente transmisión titulada “Libertad para los Presos Políticos: Hablan las familias”, familiares de detenidos relataron el horror de las desapariciones forzadas, las torturas y la falta de garantías procesales en el país.

Mientras que, en otra, titulada “Foro Penal: balance de los derechos humanos en Venezuela”, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, detalló cifras, datos y situación de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.

Diego Casanova, familiar de un joven detenido tras la represión postelectoral del 28 de julio, explicó el trabajo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Esta organización documenta las condiciones de reclusión, denuncia los abusos y brinda acompañamiento a las víctimas.

“En diciembre publicamos el informe ‘Celdas inhumanas: Prisión injusta’, donde detallamos las condiciones de reclusión en cárceles como Tocorón y El Helicoide”, señaló.

Este informe revela que los presos son sometidos a aislamiento prolongado, falta de atención médica y condiciones sanitarias deplorables. Además, el comité ha organizado vigilias y actividades públicas para exigir la liberación de los detenidos y denunciar las violaciones a sus derechos humanos.

Las vigilias frente a los centros de reclusión han sido fundamentales para conectar con los familiares de los presos políticos, quienes muchas veces desconocen el paradero de sus seres queridos. “La angustia de no saber dónde están es devastadora”, afirmó Casanova.

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Gonzalo Himiob señaló que desde 2014 han sido detenidas más de 18.000 personas por motivos políticos en Venezuela. De ese número, 17.238 han sido excarceladas, pero más de 10.000 siguen bajo procesos penales arbitrarios y medidas cautelares.

“El sistema penal no busca la verdad, sino que funciona como una sanción en sí misma para neutralizar y generar miedo en la población”, advirtió Himiob.

Actualmente, hay 1.060 personas detenidas arbitrariamente, de las cuales 165 son militares y 895 civiles. Entre ellos, hay 121 mujeres y 939 hombres, incluyendo 4 adolescentes que siguen privados de libertad. Además, 62 personas permanecen desaparecidas, lo que constituye un claro caso de desaparición forzada.

Foro Penal también ha denunciado el fenómeno de la “puerta giratoria”, que consiste en la liberación de algunos detenidos mientras simultáneamente se realizan nuevas detenciones. Desde el 17 de febrero, se han registrado seis excarcelaciones y cinco nuevos encarcelamientos, lo que demuestra que la persecución política continúa.

El Comité de Derechos Humanos de la organización Vente Venezuela denunció que la tarde de este miércoles 8 de enero fue detenido en Los Teques, estado Miranda, el dirigente político Ángel Godoy, ingeniero y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI).

Expresaron en su cuenta de la red social X que se desconoce su paradero.

«Estamos ante una nueva ola represiva de secuestros y criminalización por parte del régimen de Nicolás Maduro», denunciaron.

«Aunque quieran silenciarnos, los venezolanos estamos decididos a reclamar lo nuestro. El #CaminoALaLibertad está en marcha y no nos detendremos», agregaron.

? DETENIDO Comité de DD.HH. de Vente Venezuela (@VenteDDHH) denunció que Ángel Godoy, ingeniero y presidente del @mdi_venezuela fue detenido este 8Ene en Los Teques, estado Miranda. Hasta el momento se desconoce su paradero.? @LibertadLuchSoc pic.twitter.com/YAFPZDSgIP

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Por otro lado, el dirigente opositor y fundador del MDI, Nicmer Evans, confirmó la noticia.

“El Sebin detuvo al presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, ING. Ángel Godoy, organización a la que pertenezco y soy fundador junto a él. ¡¡¡EXIGIMOS SU LIBERACIÓN INMEDIATA!!!”, escribió Evans.

Esta nueva detención se suma a la de otras 15 personas en las últimas horas, que denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) en la mañana.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este miércoles profunda preocupación por la detención arbitraria y persecución de opositores y sus familiares en Venezuela tras conocerse varios casos en las últimas horas.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, sin hacer mención a ningún nombre, expresó durante la rueda de prensa diaria su parecer sobre los reportes de esos atropellos en Venezuela, que afectan también a defensores de los derechos humanos y a miembros de organizaciones de la sociedad civil, reseña EFE.

En las últimas horas han trascendido las detenciones de varios políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como la denunciada desaparición del activista Carlos Correa y el secuestro del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares.

El jefe de la ONU pidió que se respeten los derechos humanos en Venezuela y recordó que “nadie debería ser objeto de arresto o detención arbitraria y que todos tienen derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a tener opiniones sin interferencia, así como a la reunión pacífica”.

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Recordemos que este martes, Guterres, también a través de su portavoz, repudió una ofensiva contra los derechos humanos en Venezuela y dijo que espera que no haya más represión en los días venideros, especialmente esta semana.

El dirigente opositor César Pérez Vivas denunció la noche de este jueves en redes sociales la detención de Simón Vargas, exalcalde tachirense que había sido solicitado por el Ministerio Público (MP) por “incitación al odio y terrorismo en la frontera”.

«Continúa la práctica inconstitucional de cuerpos de seguridad o grupos armados ingresando a la fuerza, sin orden judicial, a las casas de los dirigentes de la alternativa democrática para encarcelarlos. La familia acude a solicitar información y no hay autoridad que responda”, alertó Pérez Vivas.

? DENUNCIAEl dirigente opositor @CesarPerezVivas denunció la detención de Simón Vargas, exalcalde del municipio Bolívar, en San Antonio del Táchira.“Hombres armados lo sacaron de su residencia… ¿Quién lo secuestró? Señores @MinpublicoVEN, informen”, escribió en X. https://t.co/2ax2RRR7Om

«Así han apresado a centenares de ciudadanos. Así lo acaban de hacer con Simón Vargas, el exalcalde democrático del Municipio Bolívar del Táchira. La Constitución les importa nada a los gendarmes del régimen”, agregó.

Han apresado a centenares de ciudadanos. Así lo acaban de hacer con Simón Vargas, el ex alcalde democrático del Municipio Bolívar del Táchira. La Construcción les importa nada a los gendarmes del régimen.

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Minutos antes, el MP publicó un cartel de Vargas para anunciar su captura.

Son varios los dirigentes opositores que han sido arrestados en el contexto de las protestas postelectorales y a poco días de la toma de posesión presidencial, el 10 de enero.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a una pareja en la Maternidad Concepción Palacios y le incautaron 192 cartuchos de diferentes calibres.

La información fue ventilada en las redes sociales de la PNB donde se especifica que el lote de balas comprendía 71 cartuchos para fusiles automáticos livianos 7.62X51 y 121 municiones calibre 22.

Por otras fuentes, el medio Últimas Noticias conoció que los detenidos quedaron identificados como Karen Alejandra Muñoz Pérez y Diony Daniel Colmenares Philips.

La versión apunta que la mujer se presentó a la Maternidad Concepción Palacios, ubicada en la avenida San Martín, Caracas, donde la dejaron hospitalizada. Llegó con un bolso, en el cual tenía resguardados los cartuchos.

Desde el referido centro de salud, la mujer telefoneó a su pareja, quien se presentó a la maternidad y recibió el bolso de parte de la mujer, situación que aguardaban los funcionarios policiales para proceder a su aprehensión, explicaron las fuentes, según el periodista Eligio Rojas.

La pareja reside en El Guarataro, sector vecino a la naternidad. La PNB investiga el origen de los cartuchos y su destino.  

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La detención fue notificada a la fiscal 24° del Área Metropolitana de Caracas Yaneth Espinoza.

En Venezuela hay un toque de queda no decretado que amenaza con desarticular el periodismo en el país, denunció el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), Marco Ruiz.

El dirigente gremialista se refirió a las detenciones de profesionales del periodismo ocurridas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en el programa «Vladimir a la Carta».

El secretario del Sntp informó que hasta los momentos hay nueve periodistas detenidos, entre los que mencionó el reciente caso de la comunicadora de la fuente de farándula Carmela Longo.

“La detención de la periodista Carmela Longo provoca una enorme consternación, muchas preguntas y pocas respuestas. Quienes la conocemos sabemos de su profesionalismo, de lo cuidadosa que ha sido durante todo este tiempo al momento de informar, de decir lo que está pasando, además cubre la fuente de farándula, lo que hace el caso más llamativo. Su detención es arbitraria e ilegal, porque en ningún momento se vio una orden de un juez”, expresó.

También se refirió a la detención de la periodista Ana Carolina Guaita, de quien dijo que estaría siendo usada como ficha de canje. Recordó que ella estuvo cubriendo el día que fue derribada la estatua del presidente fallecido Hugo Chávez en La Guaira, y este es otro elemento para su detención.

Ruiz recordó que a los periodistas detenidos los están acusando de terrorismo e incitación al odio, y en muchos de los casos no han tenido derecho a la defensa o ver a sus familiares.

«Llamo la atención sobre el estado de alerta continuado en el que nos encontramos los periodistas venezolanos, convoco a la solidaridad nacional e internacional y un llamado a las instituciones del Estado para que contribuyan al cese de esta campaña de odio contra los periodistas venezolanos, quienes son señalados de delitos de terrorismo, algo que no tiene justificación alguna”, precisó.

Marco Ruiz instó a las autoridades a recordar que los periodistas no son terroristas, “estamos haciendo nuestro trabajo y por eso exigimos respeto y justicia para los colegas que están tras las rejas”.

El Colegio Nacional de Periodista reporta 11 los comunicadores sociales detenidos desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales venezolanas.

#26Ago ?️ 11 PERIODISTAS DETENIDOSEl Colegio Nacional de Periodistas denunció que desde el #28Jul al #26Ago fueron detenidos 11 trabajadores de la prensa en el contexto postelectoral en Venezuela?: @CNPCaracas pic.twitter.com/Dqb7FsG5kb

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Incluso, además de los presos, Ruz denuncia que hay periodistas que han tenido que salir del país caminando por la frontera para huir de la persecución por parte de las autoridades.

Dijo que otros son víctimas de una campaña de odio desmedida a través de las redes sociales y algunos, si hacen una nota para el medio en el que trabajan, prefieren no firmar por temor a represalias.

A su juicio, todas estas acciones han terminado por desmovilizar a los periodistas, quienes tienen miedo de hacer su trabajo y han preferido priorizar la defensa de su propia vida.

Edward Ocariz cocinaba su almuerzo en una barriada de Caracas cuando llegó la policía a su casa. «Usted se va con nosotros», dijeron los agentes, mientras vecinos les gritaban «¡malditos!».

Ocariz es uno de 2.400 detenidos tras la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Este es uno de los caso que nos relata la agencia AFP.

No había orden captura. Se lo llevaron una semana después de la elección del 28 de julio, cuyos resultados desataron protestas en todo el país -incluidos sectores tradicionalmente dominados por el chavismo-, controladas por las fuerzas del orden. El torbellino dejó 27 muertos y casi 200 heridos.

#23Ago ? MASIVOS ARRESTOS TRAS REELECCIÓN DE MADUROEdward Ocariz, de 53 años, cocinaba su almuerzo en su casa en Caracas cuando llegó la policía. "Usted se va con nosotros", dijeron los agentes. Ahora es uno de 2.400 detenidos y se encuentra en la cárcel de Tocuyito?: AFP pic.twitter.com/NdIGOTy6g0

Ocariz, de 53 años, vivía en Coche, barrio humilde en el oeste de la capital, donde denunciaba abusos del poder. Le imputaron delitos de «terrorismo, incitación al odio y escarnio en la vía pública» y lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad.

«Es injusto», dice a la AFP su hermana, Sol, de 65. «No puedo permitir que a mi hermano, que es inocente, lo tengan preso. Era un activista de derechos humanos, lo que hacía era denunciar cuando se estaban cometiendo irregularidades».

Sol muestra videos del momento del arresto poco después del mediodía: él en chanclas, camiseta y pantalones cortos, esposado y escoltado por cuatro oficiales encapuchados. «¡Se lo están llevando!», se escucha en la grabación. «¡Malditos! ¡Algún día van a pagar!», gritan vecinos desde sus balcones en el edificio.

Maduro asegura que los detenidos fueron reclutados por la oposición para imponer violencia en el país.

La protesta fue neutralizada rápido. Solo el primer día hubo más de 700 arrestos y el Gobierno habilitó canales para delatar sospechosos en lo que se llamó «Operación Tun Tun», en referencia al sonido del toque de puerta cuando llegan los oficiales.

Ya van más de 2.400 detenidos, más de 100 adolescentes entre ellos, que también enfrentan cargos de terrorismo.

Decenas de personas se congregaron a las afueras de los calabozos buscando noticias de sus familiares. La visita es limitada y un abogado privado, una rareza: la mayoría termina con defensores públicos. 

«Las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pasaron a ser la nueva normalidad» con una «serie de patrones represivos», denuncia la ONG de derechos humanos Provea, que reportó un promedio de 150 detenciones diarias en dos semanas. «Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva».

Maduro asegura que es garante de la paz y apela a la «unión cívico-militar-policial».

Edward está en la cárcel de Tocuyito, habilitada junto a la de Tocorón para recluir a los detenidos. Ambos penales de máxima seguridad estuvieron por años bajo control de bandas criminales hasta que fueron ocupados por las fuerzas del orden en 2023.

«Es tremendo, pero uno tiene que moverse», cuenta Sol, que asegura no tener miedo en denunciar su caso, excepción en medio del pánico que reina entre los familiares que tienen a alguien tras las rejas por las protestas.

Le pasa a José, que pide cambiar su identidad ante un «nivel de terror bastante alto». Tiene dos amigos detenidos, hermanos de 23 y 27 años, que llama Luis y Carlos (tampoco son sus verdaderos nombres).

«Uno no sabe qué decir, con quién hablar» a causa de los delatores, explica José.

Luis y Carlos protestaron el 29 de julio en una céntrica avenida de la capital, que bullía de este a oeste entre llantas quemadas y banderas tricolor. «Se quería defender el derecho al voto» de «manera pacífica», rememora José, de 31 años. 

Fueron apresados luego de que policías «rompieran la reja» de su apartamento en el barrio de clase trabajadora La Candelaria, donde quedaron atrás su madre en «angustia permanente» y su padre enfermo. José asumió entonces la causa. 

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Toman apuntes, escuchan con atención, graban con sus celulares. «El familiar también es parte de este equipo», destaca Alfredo Romero, director de Foro Penal, a decenas de personas perdidas en un mar legal. Abogados de esta ONG, reconocida por defender a «presos políticos», ofrecen encuentros y asesorías gratuitas. 

«Esto es angustiante. A uno le cuesta mucho sonreír», dice con el llanto atascado en la garganta la madre de Adrián, un chico de 16 años abordado por militares en plena calle. Igual que el resto, teme declarar. 

Las redes sociales sirven también como ventana para testimonios anónimos de venezolanos presos del miedo.

«Me tocó pagar 750 dólares para que no metieran a mi hijo preso, tiene 19 años y sólo quiere vivir en libertad», dice uno. «Yo tengo régimen de presentación solo por publicar en mi Instagram lo que se vive en Venezuela», señala otro. «Esto es un desgaste mental, un psicoterror, ni siquiera sé cómo explicarlo».

En su primer encuentro después del arresto, Sol recuerda que le preguntó a Edward «¿cómo quieres que manejemos esto?». «‘Dale con todo’, me contestó, sobre seguir buscando justicia. Y aquí estoy. No estamos jugando».

Con información de AFP

Dos dirigentes políticos, un sacerdote y un abogado fueron detenidos entre este viernes y sábado, en el contexto de las acciones contra la oposición y organizaciones de derechos humanos, de parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Piero Maroún, dirigente de Acción Democrática, «se encontraba con su esposa y cuñada en un restaurante a las 10:20 pm (del viernes) cuando fue detenido por tres personas no identificadas», escribió en X la líder opositora María Corina Machado, sin detallar dónde ocurrió su arresto.

Carlos Molina, del partido Un Nuevo Tiempo, fue detenido por su parte tras participar de una concentración en la ciudad de Valencia. «Cuerpos represores lo bajaron de una camioneta», indicó por su parte el partido de Machado, Vente Venezuela.

Oenegés y activistas denuncian una ola de «represión» luego de conocerse el resultado oficial de los comicios del pasado 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. De su lado, la oposición reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado.

El sacerdote Elvis Cabarca fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo militar con funciones de orden público, mientras hacía el rezo de un rosario en capilla este 17 de agosto en medio de protestas.

«El padre abordó una camioneta y los GNB se lo llevaron en una grúa», indicó en X la ONG de derechos humanos Provea.

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En Puerto Ayacucho, estado Amazonas (sur), también se registró «la detención del abogado defensor de derechos humanos Henry Alexander Gómez Fernández. Habría sido detenido con otras personas cuyas identidades estamos confirmando», dijo el abogado de Gonzalo Himiob de la oenegé Foro Penal.

«No podrán ocultar con su represión lo que todo el mundo sabe (…) Libertad para todos secuestrados y presos políticos», continuó Machado, quien denuncia fraude y dice tener las pruebas para demostrarlo.

Manifestaciones que estallaron tras el anuncio de los resultados electorales en julio, se saldaron con 25 muertos y más de 2.400 detenidos, tachados por Maduro de «terroristas».

Estas aprehensiones se unen a la de Williams Dávila, Américo de Grazzia y Freddy Superlano.

Pero, no solamente detuvieron a estas personas, sino que también, las autoridades se llevaron a Mabel Meléndez, una joven que construyó una tanqueta de cartón con mensajes de paz en la manifestación de este sábado, en el estado Carabobo.

#AHORA | Denuncian detención de Mabel Meléndez, la joven que construyó una tanqueta de cartón con mensajes de paz en la manifestación de este sábado, en el estado #Carabobo. Video cortesía pic.twitter.com/fIrCMd5fy2

El fiscal general Tarek William Saab advirtió que “pudieran haber más detenidos” tras los últimos arrestos contra dirigentes de Vente Venezuela casos para generar acciones violentas de calle y por conspiración.

Tal aseveración la hizo durante entrevista al programa 360 con Boris Castellanos por Venezolana de Televisión (VTV).

Saab se refirió al caso del dirigente Emill Brandt Ulloa, quien hubo confesado una presunta conspiración para agilizar acciones de calle.

Brandt Ulloa señaló a sus compañeros de Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviárez, también detenidos, de participar en la conspiración.

Añadió que la detención de coordinadores de Vente Venezuela no es una persecución política, sino una actuación de la justicia venezolana para prevenir actos de violencia y desarticular planes conspirativos en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

#EnVideo?| "Esto no tiene que ver con una presunta persecución a sectores políticos, sino la judicialización de quienes se colocan al margen de la Ley, para enfrentar por la vía violenta al Estado venezolano con planes de asalto de cuarteles, de intento de magnicidio, de… pic.twitter.com/93rhnT7fKi

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«Hay muchos otros medios de prueba, por ejemplo, aparte del testimonio, aparte de las confesiones, aparte de las delaciones, aparte de todo eso, experticias forenses, experticias científicas, extracción telefónica, experticias digitales, producto de lo que vas investigando», aseguró Saab.

«Diría que estamos en una fase inicial de la investigación, podrían venir más acciones, pudieran haber más detenidos. Nosotros hemos librado nueve órdenes de aprehensión, las cuales dos han sido ya efectivas», advirtió.

El fiscal general afirmó que los «conspiradores» y grupos que los promueven tienen apoyo de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea.

La candidata de la oposición María Corina Machado responsabilizó este miércoles al presidente Nicolás Maduro por la «brutal represión» contra su equipo de campaña.

«Detuvo a Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización de mi comando de campaña, y a Dignora Hernández, coordinadora política. Además, ha emitido órdenes de captura contra varios otros miembros del comando nacional, incluyendo a mi jefe de campaña, Magalli Meda», escribió en su cuenta a través de la red social X.

Así se pronunció Machado tras conocerse la detención de miembros de su comando de campaña y de siete órdenes de aprehensión contra otros dirigentes de su partido Vente Venezuela.

Sostuvo que «estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia».

«Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos», agregó.

ALERTA MUNDIAL El régimen de Maduro desata brutal represión contra mis equipos de campaña. Detuvo a Henry Alviarez, Coordinador Nacional de Organización de mi Comando de Campaña, y a Dignora Hernández, Coordinadora Política. Además, ha emitido órdenes de captura contra varios…

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La tarde de este miércoles 20 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron a Dignora Hernández y Henry Alviarez, miembros de la organización política Vente Venezuela.

Acción denunciada por el partido y de inmediato confirmado por el fiscal general, Tarek William Saab, desde el Ministerio Público.

Se les acusa de promover la violencia y el asalto a cuarteles militares.

Además se anunció la orden de aprehensión de otros dirigentes de Vente Venezuela: Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magalii Meda, esta última la jefa de campaña de María Corina Machado.

La tarde de este miércoles 20 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrestaron a Dignora Hernández y Henry Alviarez, miembros de la organización política Vente Venezuela.

Ya el partido político lo había denunciado por las redes sociales y luego el fiscal general. Tarek William Saab, lo confirmó en una alocución desde el Ministerio Público.

En en video compartido en las redes sociales se observa cuando Dignora Hernández gritaba «no, por favor» y la arrastraban literalmente hasta el interior de una camioneta gris plomo de los cuerpos de seguridad.

#20Mar? ¡EXIGEN SABER DÓNDE ESTÁN! Denuncian presunta detención de dos dirigentes de @VenteVenezuelaLa ONG Un Mundo Sin Mordaza indicó que se tratarían de @DignoraHernandz y @HenryAlviarez?: @SinMordazapic.twitter.com/UIHijBeVMt

En forma simultánea también era detenido Henry Alviarez, otro coordinador político del comando de campaña de la candidata opositora María Corina Machado.

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Casi paralelamente, el fiscal Saab confirmaba la detención de ambos dirigentes y anunciaba la orden de aprehensión de otros dirigentes de Vente Venezuela como Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magalii Meda, esta última la jefa de campaña de María Corina Machado.

Los mismos, según el fiscal, está involucrado en un nuevo plan para desestabilizar el país, con acciones violentas en las calles (guarimbas) y asalto a cuarteles.

A esta conclusión se llegó tras la confesión de otro de los detenidos del presunto plan.

Relató que el 27 de diciembre Henry Alviárez, viajó a Barinas, “para contactar al general retirado Oswaldo Bracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio junto con Julio Borges y Antonio Ledezma”.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció recientemente que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

Por lo tanto, Michelle Bachelet deberá abandonar en septiembre el cargo que desempeña desde hace cuatro años.

Pero ya tiene listo un nuevo informe sobre Venezuela que será presentado por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde se recoge que en el país se registraron nuevos casos de tortura.

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El nuevo documento recoge que desde 1 de mayo de 2021hasta el 30 de abril de 2022 siguen los casos de torturas y detenciones arbitrarias aunque asegura que existe una disminución en las ejecuciones extrajudiciales

Asimismo registran la detención de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure.

También están documentados 35 casos de violaciones de derechos a la libertad y que al menos 22 personas seguían con medidas coercitivas.

Asimismo, reiteran su preocupación por las condiciones de detención en el Sebin y la Dgcim.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio.

La salida de Bachelet de su puesto como Alta Comisionada obliga al secretario general de la ONU, António Guterres, a proponer a una persona como sustituta.

El nombramiento requiere del visto bueno de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro de Naciones Unidas.

La oficina, que echó a andar a mediados de los noventa, se rige por un criterio de reparto geográfico, y, al contrario que otros cargos de la ONU, ha tenido a lo largo de su historia más mujeres que hombres -cuatro frente a tres-.

Antes que Bachelet ejercieron como altos comisionados el jordano Zeid Raad al Hussein, la sudafricana Navy Pillay y la canadiense Louise Arbor, entre otros.

Migrantes venezolanos se encuentra detenidos desde mayo en un centro gestionado por la guardia costera de Aruba; sin embargo los mantienen expuestos al COVID-19 y no les dan respuesta sobre su liberación.

Al menos cuatro protestas han realizado estos venezolanos que exigen sean enviados de regreso a Venezuela.

Sin embargo es poca la información que se conoce al respecto al caso, ya que organizaciones humanitarias no han podido tener acceso al caso, reportó Human Rigth Watch.

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Los medios de comunicación y algunas organizaciones de derechos humanos han podido tener acceso y denunciaron las condiciones deficientes de estos centros que incluyen hacinamiento, violencia por parte de guardias y falta de artículos básicos de higiene.

Un migrante detenido manifestó que no reciben visitas ni alimentación adecuada, y que sólo se les permite hablar por teléfono esporádicamente, por unos pocos minutos, con sus familiares en Venezuela.

Las autoridades no permiten los vuelos ni el tráfico marítimo entre Aruba y Venezuela desde febrero de 2019.

En la práctica, esto ha frenado los procesos de deportación, y los migrantes venezolanos permanecen detenidos, en una medida que claramente viola el derecho internacional. Algunos han estado detenidos por más de seis meses.

Exigen que la isla libere a los migrantes que no pueda deportar de inmediato a su país de origen. Disponer la liberación de los venezolanos detenidos no solo es una medida consistente con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que además constituye un paso importante para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, expuso HRW.

Al 21 de agosto, en esa entidad había 1.387 casos confirmados de Covid-19 y 6 muertes por esta enfermedad. Las autoridades no han indicado si se registraron casos confirmados o muertes dentro de establecimientos de detención de la GNC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las “personas privadas de la libertad posiblemente sean más vulnerables al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que conviven por períodos prolongados”.

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ha instado a los gobiernos a reconsiderar de la detención.

Insistió que deben evitar los campamentos y centros aglomerados para que no se registren focos de contagio por COVID-19.

Con el fin de evitar la aglomeración de personas, funcionarios de la Policía del municipio Simón Bolívar, realizaron recorridos preventivos en los que disolvieron varias aglomeraciones e incautaron equipos de sonido e implementos deportivos.

Así lo informó el director del ente de seguridad municipal, comisionado agregado Power Cano Nieto, quien aseguró que «los funcionarios tienen instrucciones de velar por el cumplimiento de la cuarentena social radical y prevenir así el contagio del COVID-19».

Los funcionarios disolvieron varias aglomeraciones, denominadas popularmente «Corona party» así como el decomiso de 2 plantas de sonido, 2 cornetas, 3 cajones de sonido, 1 DVD, 2 arquerías de fútbol, juegos de bolas criollas, juegos de cartas y otros de dominó, entre otros.

Por desacato a la cuarentena social e incurriendo en alteración del orden público, tres hombres, dos de ellos adolescentes, fueron detenidos por funcionarios de la Policía del municipio Simón Bolívar, cuando se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, en la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como: José Aníbal Ruiz de 28 años y 2 adolescentes de 17 años.

El director de la policía, aseveró que «para el momento del llamado de atención, los mismos asumieron una actitud agresiva contra los uniformados, por lo que una vez controlada la situación se procedió a la detección de estos y fueron trasladados hasta a la sede policial, donde se colocó el procedimiento a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público».

Añadió, que a los detenidos se les incautaron 10 botellas de anís, 2 de ron y 14 de cervezas.

Por el tráfico de trata de personas y asociación para delinquir en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fueron privados de libertad 11 hombres y una mujer.

La orden de detención fue emitida por el Tribunal Segundo en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.

Según nota de prensa, los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico ilegal de personas y asociación fueron cometidos contra 68 víctimas: tres adolescentes de sexo masculino, una adolescente de sexo femenino, dos niñas y dos niños, 42 adultas y 18 adultos. 

“La medida del referido juzgado recayó sobre los ciudadanos Teófilo Ramon Zabaleta, Adrián Rafael Cova, Oswaldo Pérez Mata, José Gregorio Medina, Wilmer Devi González, Jesus Vicente Medina, Ángel Daniel Marcano, Julián Alberto Barrera, Nicolás Eduardo Marín, Wilson Valderrey Cooper y Henry Jesus Moya, así como sobre la ciudadana Anneris José Suarez”.

Se conoció que los 11 hombres y la mujer fueron detenidos por una comisión de efectivos de la Armada Bolivariana que realizaba control de tráfico fluvial en el río Orinoco, y logró avistar una embarcación tipo chimana con 39 personas a bordo, quienes informaron que iban a salir de aguas territoriales venezolanas con destino a la República de Trinidad y Tobago.

Una vez realizado el transbordo del personal femenino y de los niños y adolescentes, la comisión de la Armada Bolivariana continuó el tránsito hacia el sector de Pueblo Blanco, donde se encontraban otras 50 personas en un refugio, las cuales esperaban de igual forma ser trasladadas a la mencionada nación insular.