El francés Matthieu Pigasse tiene por delante el reto de reestructurar la deuda de Venezuela, una misión que este banquero de izquierdas, con ambiciones políticas, ya llevó a cabo en otros países, como Argentina, Ecuador o Grecia.

Venezuela anunció el 13 de mayo un plan de reestructuración de su enorme deuda pública externa, un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

Aunque varios bancos querían esta misión, el elegido fue el estadounidense Centerview y, en concreto, el equipo de Pigasse, indicaron esta semana los diarios Wall Street Journal y Le Monde, que apuntan a la influencia de un intermediario próximo de Donald Trump.

"Estamos orgullosos de acompañar a Venezuela en esta etapa decisiva, de ayudarla a recuperar su soberanía económica, de aliviar la carga de la deuda pública que pesa sobre su población y de volver a conectar con el crecimiento", dijo Pigasse en un mensaje a AFP.

"Y yo conozco y he trabajado con Delcy Rodríguez", la presidenta interina de Venezuela, "desde hace quince años", apuntó.

El banquero francés realizó misiones de asesoría en Venezuela desde principios de la década de 2010, durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, destaca su entorno.

Pero, junto a su equipo, llevó a cabo también numerosas reestructuraciones de deuda en países en dificultades: Argentina en 2001, Grecia en 2010, Ucrania en 2014, Ecuador o Costa de Marfil.

Matthieu Pigasse, de 58 años, es un banquero de inversión y antiguo alto funcionario cercano a la izquierda, tras haber iniciado su carrera en los gabinetes de los ministros de Finanzas socialistas Dominique Strauss-Kahn y Laurent Fabius.

El regreso de la derecha al poder en 2002 lo lanza a los brazos del sector privado. Como socio del banco Lazard, obtiene numerosos mandatos prestigiosos, desde la creación del banco de inversión Natixis hasta la fusión GDF-Suez, pasando por la venta del club de fútbol PSG.

Es "el banquero que todos quieren", titulaba Le Monde en 2006.

Pero en 2019, deja Lazard para consagrarse a un "proyecto personal de carácter empresarial". Varios medios informan entonces de tensiones con otros directivos del banco francoestadounidense Meses después, está al frente de la oficina de París de Centerview.

Y, en paralelo, desarrolla sus propias actividades personales de inversión en los medios y la cultura en Francia. Su grupo Combat posee la revista Les Inrocks, Radio Nova y el festival Rock en Seine, y es accionista de la productora Mediawan, entre otros.

El nombre de su grupo Combat resume la reivindicada batalla ideológica que libra en Francia contra las ideas del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, y en el terreno mediático contra el conglomerado del multimillonario conservador Vincent Bolloré.

Esta forma atípica de compromiso político contrasta con la trayectoria clásica de un titulado de la prestigiosa universidad Sciences Po y luego de la Escuela Nacional de Administración (ENA), el otrora centro de formación de élites.

Este padre de tres hijos y amante del grupo británico The Clash no esconde su sensibilidad política. En junio de 2024, llama a votar por el frente de izquierdas y alerta contra "el regreso de la 'bestia inmunda' del siglo pasado, pero con nuevas máscaras", en referencia a la ultraderecha.

Pero el hombre, nacido en 1968 en Clichy en la región parisina, pensaría incluso en presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede optar Emmanuel Macron, un exbanquero de negocios de Rothschild. La extrema derecha lidera los sondeos.

Según el semanario Le Canard enchaîné, Pigasse se dispondría a crear una asociación de financiación, etapa indispensable para entrar en campaña, y sus apoyos habrían reservado ya el dominio web: "pigasse2027.fr".

Con información de AFP

Casi una década pasó para que Venezuela pudiese encarar un proceso de reestructuración de su deuda soberana. Entre incumplimientos propios y sanciones de Estados Unidos, el país quedó gradualmente fuera del radar de los mercados voluntarios de crédito desde 2017, una situación que derivó en aislamiento global y en un fuerte impacto en la economía.

“Es obvio que Venezuela hubiese querido hacer esto hace mucho tiempo”, observa el economista venezolano y presidente de la consultora Datanálisis, Luis Vicente León, que explica además que esto se ha demorado por la situación interna del país y la falta de reconocimiento de Estados Unidos del gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, siempre teniendo en cuenta que la mayor parte de la deuda del país tiene jurisdicción en la primera potencia mundial.

Para todos los países, reestructurar una deuda que siempre procede de un impago es un gesto de confianza del mercado a un posible ordenamiento en términos financieros, pero también en términos políticos. Es cierto que Venezuela se encuentra recién en una etapa de anuncios. 

Resta todavía una negociación y luego pactar las condiciones de entendimiento con los acreedores. Recién ahí se conocerá el grado de aceptación y respaldo de todo este proceso. Pero el camino ha comenzado.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la agencia Reuters unos meses atrás —Venezuela no difunde estadísticas oficiales sobre su pasivo—, el total de la deuda externa del país asciende a entre US$ 150.000 y US$ 170.000 millones. Esto incluye todos los préstamos bilaterales, los laudos arbitrales y las obligaciones de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La relación entre deuda y PBI está entre 180% y 200%, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para decirlo más sencillamente, el total de la deuda del país supera en casi un 200% a lo que Venezuela produce en un año. Es un porcentaje superior al promedio de la región. Según los últimos datos del mismo organismo, el vínculo promedio entre deuda y producto en América del Sur es del 79,7%.

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“Es un tema muy complejo, es una deuda muy grande, con muchas aristas. Va a ser un proceso difícil. El anuncio es positivo. El tema central es que, mientras un país tiene una deuda que desde 2017 está en default, se acumulan intereses estrambóticos que aumentan la carga día a día. No se puede esperar el momento perfecto para hacerlo, hay que arrancar ese proceso. Hay que parar el sangrado de los intereses”, sostiene Luis Vicente León. 

En ese sentido, el economista entiende que Venezuela intentará renegociar en primer lugar la deuda cuantificada, documentada, que es la emitida bajo legislación de Nueva York, papeles del Estado y de PDVSA que cotizan en bolsa. “Eso facilita la negociación”, agrega. Y estima que la deuda más difícil de revisar será la bilateral, la que Venezuela tiene con organismos multilaterales y la que proviene de juicios, que es la mayor porción del total de acreencias.

Otros economistas venezolanos aseguran que, para que el proceso sea exitoso, el país deberá renegociar al mismo tiempo todas sus deudas, no solamente las financieras.

Venezuela se asoma a la renegociación de su pasivo con el apoyo de Estados Unidos, en el contexto de una relación bilateral que ha cambiado desde la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Donald Trump le dio impulso a este proceso al reconocer al gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez. Y luego al emitir una licencia para asesorar al país caribeño en términos legales y financieros.

“El anuncio de reestructuración debe ser visto como un paso más hacia el restablecimiento de vínculos entre Venezuela y los mercados internacionales y es consistente con la reaproximación, forzada por el ataque militar estadounidense de enero, a Washington”, sostiene el analista internacional, Gabriel Puricelli, que asegura además que nada de lo que hace el gobierno venezolano se puede entender sin ponderar la amenaza de una nueva intervención militar ordenada por Donald Trump.

El economista Asdrúbal Oliveros, apunta que “Estados Unidos es el principal interesado en que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera y sabe que para eso necesita atraer inversiones; por eso la solución de la deuda es un punto importante. La relación entre ambos países hoy es diferente, es una relación de tutelaje, donde Estados Unidos tiene injerencia sobre la dinámica económica y otros temas clave”.

Desde que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro, se ha producido un alineamiento forzado entre ambas naciones. Ese giro inducido en las relaciones bilaterales ha generado también nuevas expectativas sobre el futuro de Venezuela, no solamente en materia económica, sino además en lo que puede ser el comienzo de un sendero democrático, con elecciones libres y transparentes en el horizonte.

Hija de esa sumisión repleta de gestos de condescendencia con Estados Unidos es esta incipiente reestructuración de la deuda venezolana. Un paso clave, imposible de imaginar antes del 3 de enero. 

Para la economía del país, acordar con los acreedores puede resultar un antes y un después. “El proceso de negociación va a exigir orden en las estadísticas de la economía venezolana. No hay proceso posible sin información seria. El Banco Central lleva años sin ofrecer datos, más allá de que los tenía, pero no los divulgaba por conveniencia”, señala León. Este es un primer punto para entender la importancia de este plan en el futuro económico.

Por otra parte, al valor fundamental de recrear la credibilidad del país, hay que agregarle que un exitoso proceso de reestructuración le permitirá a Venezuela reinsertarse en los mercados, manejar sus fondos sin restricciones —una parte de los recursos que genera el país se canalizan en Estados Unidos— y apalancar su mercado petrolero. Venezuela tiene un déficit crítico de infraestructura y necesita recursos para dinamizar la producción de su insumo estrella.

Luis Vicente León no duda de que esta situación “es infinitamente mejor que en los últimos años. No quiere decir que resolviste todos tus problemas, son procesos graduales, pero sin duda tiende a ser mucho mejor”.

Por lo demás, algunos analistas interpretan que subsiste la preocupación porque un gobierno que nació solo de la voluntad de Donald Trump para remover a Nicolás Maduro de su cargo sea el que le toque llevar a cabo toda esta negociación fundamental para el país.

Eso no cambiará hasta que haya elecciones. En ese sentido, León recuerda que “cuando pensamos en nuestro gobierno, ya no es solamente un gobierno, sino dos, al menos desde el punto de vista económico”.

Mientras tanto, Venezuela va en busca de la confianza perdida.

Con información de CNN

Cuando el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este mes que el país emprendería una profunda reestructuración de su deuda de más de 150.000 millones de dólares, se comprometió a que la transparencia guiaría el proceso, un enfoque diferente del de gobiernos anteriores.

 Sin embargo, el nombramiento ‌de la firma estadounidense Centerview Partners como asesora ha otorgado uno de los puestos más codiciados en materia de deuda en décadas sin un proceso competitivo formal,  publicó la agencia Reuters, que cita a ocho personas con ‌conocimiento de la contratación, lo que genera dudas en el mercado sobre su equidad y transparencia.

Centerview tendrá la tarea de definir la estrategia financiera del país y liderar las negociaciones sobre su deuda, que el expresidente Nicolás Maduro dejó de pagar en ​2017.

En juego están miles de millones de dólares que Venezuela adeuda a sus acreedores y que, como parte de la reestructuración, están destinados a una amortización, cuyo monto será crucial para determinar la sostenibilidad de las finanzas del país y su salud económica.

A la preocupación por la reestructuración de la deuda y el nombramiento de Centerview se suman las dudas sobre el papel que desempeñó el inversionista Mauricio Claver-Carone en la intermediación de la contratación, según siete fuentes.

Claver-Carone fue brevemente enviado para América Latina durante el primer gobierno de Donald Trump y durante unos cuatro meses tras su vuelta a la Casa Blanca, pero actualmente no ocupa ningún cargo oficial.

Claver-Carone declaró a ‌Reuters que había ayudado a Washington a implementar y ejecutar la política ⁠hacia Venezuela desde julio. Afirmó haber avalado a Centerview cuando Rodríguez y otros funcionarios de ambos países le pidieron su opinión sobre la firma, aunque sin respaldarla.

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«¿Cómo funciona un proceso abierto en Venezuela? ¿Qué otra empresa tiene una licitación abierta?», preguntó Claver-Carone al ser consultado sobre la falta de un proceso competitivo abierto, y añadió ⁠que Caracas había conversado con otras firmas.

Un portavoz de la firma dijo que «Venezuela contrató a Centerview porque nuestro equipo es líder mundial (…) y sin conflictos de interés», y agregó que Claver-Carone «no participó en nuestra propuesta para el contrato y no tenemos ninguna relación financiera ni de otro tipo».

 Funcionarios venezolanos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado declaró que Claver-Carone es un experto con contactos en la región y que, «consulta y comparte habitualmente ​sus ​opiniones con funcionarios estadounidenses».

Este relato sobre cómo Centerview obtuvo el contrato se basa en entrevistas a fuentes de los ​ámbitos gubernamental, diplomático y financiero cercanas a la situación, que hablaron con Reuters bajo ‌condición de anonimato debido a lo delicado del asunto. El Washington Post informó previamente sobre aspectos del papel de Claver-Carone y la contratación de Centerview.

La captura de Maduro el 3 de enero preparó el terreno para la reapertura de Venezuela tras años de sanciones y una profunda crisis económica. Numerosos inversionistas y asesores han viajado a Caracas en busca de oportunidades.

Si bien se están firmando memorandos de entendimiento, no está claro cuántos se convertirán en contratos debido a la incertidumbre sobre el estado de derecho y los altos precios de los activos, dijeron a Reuters cuatro abogados y asesores financieros.

Ejecutivos de Centerview Partners mantuvieron reuniones con funcionarios locales en febrero, según tres de las fuentes. Regresaron varias veces antes de mayo, añadieron.

Dirigido por el veterano banquero Matthieu Pigasse, el equipo de Centerview incluye a Charles Albinet y Hamouda ‌Chekir, quienes aportan décadas de experiencia en la gestión de reestructuraciones de deuda soberana, incluyendo el asesoramiento a países como ​Argentina, la República del Congo y Grecia, en la mayor reestructuración de deuda de la historia.

Pigasse, de 58 años, es ​un destacado banquero francés cuyos clientes han incluido a empresas de primer nivel como L’Oréal y ​Kering. Es propietario del grupo mediático Combat en Francia y mantiene una participación en el periódico Le Monde.

Al ser consultado sobre la elección de Centerview, Pigasse declaró ‌a Reuters: «Conozco a Delcy Rodríguez y he trabajado con ella durante los últimos 15 ​años».

Cuatro fuentes dijeron que las principales firmas de asesoría ​de deuda como Lazard, Rothschild y Alvarez & Marsal no fueron contactadas formalmente para competir por el mandato en Venezuela. Contratar a un asesor sin un proceso de selección formal es inusual, según tres de las fuentes.

Lazard y Rothschild declinaron hacer comentarios. Alvarez & Marsal no emitió comentarios.

Algunos señalaron el papel desempeñado por Claver-Carone, ahora socio gerente de LARA, el Fondo Latinoamericano de Oportunidades en ​Activos Reales. LARA invierte en energía, infraestructura y activos industriales en América Latina ‌y el Caribe.

El hecho de que parezca actuar con la aprobación del gobierno estadounidense a pesar de no tener un cargo formal está generando preocupación entre inversionistas y políticos ​venezolanos o estadounidenses, según las fuentes.

Los tenedores de bonos esperan que Venezuela continúe actuando con rapidez y busque un acuerdo con los acreedores a más tardar para finales de ​2027.

Con información de Reuters.

“¡Exprópiese!”. La expresión fue inmortalizada por Hugo Chávez en enero de 2010. Mientras recorría la plaza Bolívar de Caracas, el difunto comandante la repetía una y otra vez para ordenar la eliminación de una serie de negocios privados que funcionaban en el centro de la capital venezolana.

Aunque su autor desapareció hace 13 años, la palabra vuelve a retumbar con fuerza ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), publicó el portal Infobae.

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El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que alcanzaría los 162 mil millones de dólares.

 El informe de Cedice registra 57 procedimientos arbitrales contra Venezuela, de los cuales 47 se gestionaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta la culminación de este estudio, 23 habían concluido con un fallo negativo para Caracas.

“Los acreedores cuya deuda ha sido reconocida y determinada en estos procedimientos de arbitraje tienen posición de cobro privilegiada entre los demás acreedores, por esta razón, esta categoría es de suma importancia para Venezuela”, explica la ONG.

Entre los arbitrajes que terminaron con condena en el CIADI, el análisis de Cedice destaca en primer lugar la expropiación que sufrió en 2007 ConocoPhillips, que demandó a la República por 8 mil 446 millones de dólares luego de que Chávez decretara la nacionalización de los proyectos que desarrollaba en la franja petrolífera del Orinoco.

Aunque el presidente Donald Trump ha invitado a las grandes corporaciones de energía a invertir nuevamente en Venezuela, el director ejecutivo de la multinacional norteamericana, Ryan Lance, ya dejó claro que su “enfoque principal sigue siendo intentar obtener la recuperación que nos corresponde por las dos sentencias que tenemos vigentes”.

 La política de expropiaciones ha puesto en peligro la propiedad de Citgo, empresa propiedad de PDVSA que opera en Estados Unidos.

Otro caso relevante que recoge el informe es el de la minera Crystallex, cuya concesión para explotar el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar fue revocada por Chávez en 2008.

La empresa canadiense reclamó como compensación mil millones de dólares y ante la falta de pago, acudió a la justicia de Estados Unidos para embargar a la refinadora Citgo, propiedad de Pdvsa.

El ímpetu nacionalizador de Cháez también afectó a la canadiense Rusoro Mining Limited, que interpuso una demanda ante el CIADI por la expropiación en 2011 de sus inversiones para la explotación del oro en Venezuela. El monto que exigió: 971.079.502 dólares.

“La política sistemática de violación a la propiedad privada y de expropiaciones llevadas a cabo por los regímenes chavistas no solo es contraria a las normas de la Constitución y de tratados de derechos humanos vigentes en Venezuela, sino que ha generado una grave crisis humanitaria y una deuda pública externa sin precedente en la historia de los países petroleros”, recalca Cedice.

Sin hacer mucho ruido y manteniendo el manto de opacidad, el chavismo comenzó a desandar sus pasos desde hace algunos años, frenando las expropiaciones y devolviendo propiedades a sus antiguos dueños. Esta tendencia se profundizó después del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó el ataque militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

 La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión de evaluación de activos públicos, que básicamente tiene como fin identificar aquellos bienes del Estado que pueden ser privatizados. Además, restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrir estos sectores al capital privado.

Venezuela anunció el miércoles de esta semana  la «reestructuración integral de la deuda pública» , pero aún enfrenta importantes obstáculos para llevar a cabo uno de los procesos de este tipo  más grandes y complejas de la historia.

Estás son las claves del proceso 

El monto 

El gobierno y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tienen bonos en mora por un valor aproximado de 60.000 millones de dólares, aunque los analistas estiman que, una vez incluidos los intereses acumulados, otras reclamaciones y los laudos arbitrales, el total de pasivos podría superar los 150.000 millones de dólares.

¿Qué deudas se abordarán?

El gobierno encargado ha dicho que el objetivo es la «normalización» de sus obligaciones de deuda pendientes, incluyendo la deuda  internacional y los bonos de PDVSA.

Su declaración es menos clara respecto a otras deudas. La deuda oficial —préstamos de prestamistas multilaterales— se abordaría mediante la normalización institucional, mientras que no se menciona cómo se gestionará la deuda bilateral contraída con otros gobiernos de todo el mundo.

Según el análisis de JPMorgan, Venezuela adeuda alrededor de 2.000 millones de dólares tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bilateralmente, adeuda al menos 10.000 millones de dólares a China, siendo Brasil y Japón también acreedores importantes.

JPMorgan afirmó que la reestructuración de los bonos y la deuda comercial de Venezuela podría seguir un camino diferente, y potencialmente más rápido, que el de sus préstamos impagados a los acreedores del «sector oficial».

Principios básicos 

Venezuela afirma que la reestructuración se basaría en cuatro principios: sostenibilidad, integralidad, buena fe y transparencia, y celeridad o rapidez.

Sin embargo, los analistas tienen dudas sobre la rapidez con la que Caracas podrá avanzar, al tiempo que se garantiza que el proceso examine con suficiente detalle todo tipo de reclamaciones y cuestiones legales estadounidenses.

No obstante, la intención de reestructurar la economía ha contribuido al fuerte repunte de los bonos del país este año.

Los analistas de Citi afirmaron que Venezuela avanzaba más rápido de lo esperado hacia una reestructuración, y recalcaron que, si bien no era inminente, era importante que el proceso ya estuviera en marcha de manera creíble.

¿Qué pasará después?

Venezuela ha establecido un calendario ambicioso, comprometiéndose a presentar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) en junio.

El marco normativo detallaría los supuestos y pronósticos económicos, mientras que la DSA evaluaría su capacidad para hacer frente a la deuda e indicaría cuán drásticamente debe reestructurarse la misma.

Ambos procesos suelen involucrar al Fondo Monetario Internacional y pueden tardar meses en completarse.

 El cronograma de junio sugiere que el Fondo podría no desempeñar un papel destacado, un punto que ha generado dudas entre analistas e inversores acostumbrados a que el FMI proporcione evaluaciones creíbles e independientes en este tipo de situaciones.

El FMI declaró el jueves que hasta el momento no había participado en el proceso, mientras que el presidente interino del banco central de Venezuela, Luis Pérez, dijo a Reuters que una delegación viajaría a Washington a finales de mes para reunirse con el FMI.

Con información de Reuters 

A través del sitio de noticias financieras Business Wire, se conoció este viernes que el Gobierno encargado designó a la firma Centerview Partners como su asesor financiero para la reestructuración integral de sus obligaciones de deuda pública externa.

Centerview Partners es una firma boutique de inversión independiente y asesoría financiera, fundada en 2006, que se especializa en proveer asesoramiento estratégico en fusiones, adquisiciones, valoraciones y reestructuraciones a nivel global, operando bajo un modelo de asesoría pura alejado de la banca tradicional.

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Con oficinas en Nueva York, Londres, París, Menlo Park y San Francisco, la empresa posee experiencia en sectores como tecnología, finanzas, bienes de consumo y atención médica, habiendo asesorado previamente a corporaciones multinacionales como Pfizer, Disney, AstraZeneca y CBS.

En lo que respecta al cronograma institucional establecido, el Gobierno de Venezuela prevé presentar su marco macroeconómico y el correspondiente análisis de sostenibilidad de la deuda pública ante la comunidad financiera internacional en junio de 2026.

El comunicado técnico añade que el Estado se compromete a completar la totalidad del proceso con la mayor celeridad posible, bajo el estricto cumplimiento de los marcos legales y reglamentarios aplicables.

El enfoque de reestructuración de la deuda pública del sector público, que abarca de forma unificada tanto las obligaciones de la República como las de Petróleos de Venezuela (PDVSA), se ejecutará bajo los principios de sostenibilidad, exhaustividad, buena fe, transparencia y celeridad.

A través de este procedimiento, las autoridades venezolanas normalizarán las obligaciones comerciales pendientes emitidas en forma de eurobonos, sustentadas en un intercambio formal de datos con los comités de acreedores.

Con información de Globovisión

"La reestructuración de la deuda soberana de Venezuela y la de PDVSA sacará al país de las sombras del sistema financiero mundial".

Así lo aseguró el presiente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV) Luis Pérez.

El funcionario hizo la afirmación luego de que Venezuela anunció este miércoles que comenzará a reestructurar su deuda externa, que se encuentra en mora desde 2017.

Según estimaciones de los analistas, la deuda supera los 150.000 millones de dólares en bonos impagados, laudos arbitrales e intereses.

La reestructuración "saca a la República de las sombras en el mundo financiero internacional", dijo Pérez a Reuters en una entrevista.

"El mundo entero observa con entusiasmo y aprobación este proceso", afirmó.

Pérez no ofreció detalles del plan de reestructuración de la deuda, diciendo que esa información es competencia del representante del país ante el Fondo Monetario Internacional, Calixto Ortega.

Venezuela busca reintegrarse al sistema financiero global tras el restablecimiento de relaciones con el FMI y el Banco Mundial, que fueron suspendidas en 2019 debido a disputas gubernamentales sobre el reconocimiento.

«La ruptura de relaciones con el Fondo Monetario Internacional jamás debió haber ocurrido. Fue consecuencia de las sanciones», añadió Pérez.

Por otro lado, adelantó que una delegación venezolana viajará a Washington a finales de mes para reunirse con funcionarios de la entidad.

El FMI ha indicado que podría proporcionar apoyo mediante aproximadamente 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) que permanecen sin utilizar.

La presidenta encargada  Delcy Rodríguez, que llegó al poder en enero después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro, pretende utilizar los recursos para el sector eléctrico.

Con información de REUTERS.

  Estados Unidos concedió este martes  a Venezuela permiso para contratar asesores financieros que comiencen a reestructurar su deuda, un paso importante que podría permitir al país salir de décadas de malestar económico.

 El Departamento del Tesoro ha ido suavizando las sanciones impuestas a Venezuela tras la destitución, a principios de año, de Nicolás Maduro, su anterior dirigente.

 El martes, el Departamento emitió una licencia general 58 que permitirá a Venezuela iniciar el proceso de reembolso de unos 60.000 millones de dólares de bonos impagos por el gobierno y su empresa petrolera estatal. 

Venezuela debe unos 170.000 millones de dólares a inversores de todo el mundo en distintos tipos de deudas, entre ellas préstamos comerciales e intereses.

Con esta licencia, Venezuela ya puede empezar a contratar asesores, abogados y banqueros mientras se prepara para reestructurar sus deudas, que incluyen miles de millones de dólares de indemnizaciones pendientes de pago a empresas petroleras como Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Desde la caída de Maduro, Estados Unidos básicamente ha tomado el control de la industria petrolera venezolana. 

El presidente Donald Trump ha instado a las gigantes petroleras estadounidenses y europeas a invertir al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela.

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El gobierno de Trump dijo que ha empezado a enviar millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo al gobierno de Venezuela. Sin embargo, sigue sin estar claro adónde va exactamente ese dinero del petróleo y cómo se está utilizando.

Solo la reconstrucción de la industria petrolera podría costar más de 180.000 millones de dólares y tardar más de una década, según los analistas de Rystad Energy, una empresa de investigación. Incluso entonces, el país produciría menos que en su punto álgido de la década de 1990.

El Atlantic Council estimó en un análisis a principios de este año que Venezuela necesitará reducciones sustanciales de la deuda en un 50 por ciento o más para evitar un ciclo de impagos repetidos y atraer la inversión extranjera. Estas rebajas podrían ser difíciles de conseguir, ya que gran parte de la deuda venezolana se debe a China y Rusia.

Estados Unidos ha estado instando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a que vuelvan a colaborar con Venezuela en su reconstrucción económica. El mes pasado, ambas instituciones anunciaron que empezarían a trabajar con Venezuela y su nueva dirigente, Delcy Rodríguez, por primera vez desde 2019.

A solo minutos del anuncio de la OFAC, los bonos soberanos y de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) se dispararon.

En el mercado secundario, los bonos soberanos con vencimiento en 2027 avanzaban 5,41% hasta 55,53 centavos por dólar, su nivel más alto en nueve años según precios indicativos recopilados por Bloomberg. 

Mientras que los bonos Pdvsa con vencimiento en 2037 subían 4,1% hasta 40,1 centavos por dólar.

Sin embargo, la posible reestructuración de la deuda venezolana enfrenta desafíos, entre ellos un plan económico viable que esté vinculado a la recuperación de producción petrolera, junto con políticas fiscales y monetarias sólidas; es clave para el éxito de las negociaciones de reestructuración.

•  Servicios necesarios para evaluar, desarrollar o preparar opciones, propuestas y materiales de apoyo para la reestructuración de la deuda del Gobierno venezolano y de PdVSA.•  Incluye asesoría en relación con deudas existentes de PDVSA y sus entidades controladas.

•  No permite la reestructuración, transferencia o liquidación efectiva de la deuda.•  No permite negociaciones directas entre el Gobierno venezolano y sus acreedores para ejecutar la reestructuración.•  No autoriza pagos de honorarios que no sean comercialmente razonables, ni pagos en oro, moneda digital, criptomonedas o “petro”.•  No permite acuerdos de ejecución de embargos, sentencias o afectación de bienes bloqueados.•  Prohíbe expresamente cualquier transacción que involucre a: Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China o entidades controladas por estos países•  Personas o entidades designadas en la lista SDN (Specially Designated Nationals).•  No desbloquea bienes bloqueados por sanciones…

Con información de The New York Times y Bloomberg.

Un grupo de acreedores privados que poseen bonos de Venezuela ha iniciado el proceso para contratar a un asesor financiero mientras intensifica los esfuerzos para iniciar una reestructuración de deuda de US$60.000 millones, publicó la agencia  según personas familiarizadas con el asunto.

 El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir conversaciones privadas. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como la próxima semana, según una de las personas.

Los miembros del comité y los representantes de Houlihan y Ankura declinaron hacer comentarios.

El comité, un grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.

Los precios de los bonos del Gobierno y de las petroleras estatales -en mora desde 2017- subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de que EE.UU. capturara a Nicolás Maduro. La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado su disposición a cooperar con Trump en un plan para aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía.

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Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 han subido a unos 41 centavos de dólar desde alrededor de 33 centavos antes de la destitución de Maduro, según los datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.

Aunque los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones puedan llevarse a cabo tan pronto como este año, el calendario de cualquier proceso depende en gran medida de la política.

 Venezuela sigue bajo sanciones económicas estadounidenses que le prohíben acceder a los mercados de capitales, un paso crítico en cualquier reestructuración. Y el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país fue recibido con cautela por los principales ejecutivos del sector energético.

Si se tienen en cuenta los intereses vencidos de la nación sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, su deuda total se estima en unos US$170.000 millones, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.

El comité se formó hace unos ocho años, después de que Venezuela empezara a incumplir su deuda financiera tras una primera ronda de sanciones estadounidenses. Su representante legal es Thomas Laryea, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. 

El grupo también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc, y VR Advisory Services Ltd.

Con información de Bloomberg

“Mientras Venezuela intenta navegar hacia un nuevo orden político bajo el gobierno de Estados Unidos, los fondos de cobertura están ocupados en una misión muy diferente”, dijo este jueves el economista Asdrúbal Oliveros, quien hace un análisis de las repercusiones de la intervención estadounidense sobre la deuda de Venezuela.

A través de su cuenta en X, el experto indica que, “en los últimos días, los fondos de cobertura han comenzado a intentar rastrear miles de millones de dólares en reclamaciones esotéricas contra Venezuela que podrían producir grandes ganancias si el país se acerca al pago de su deuda”.

A su juicio, se trata de “una apuesta arriesgada. Estas reclamaciones son una forma menos convencional de invertir en la deuda del país que comprar bonos soberanos o pagarés de PDVSA, la petrolera estatal”.

Explica que “históricamente, los inversionistas en gran medida no se interesaron en estos bonos, no solo por la escasa probabilidad de que Venezuela los pagara, sino también porque eran altamente ilíquidos”.

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Pero, “con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, esta deuda no convertible en bonos —que incluye pagarés, cuentas por cobrar y demandas de arbitraje— de repente ha cobrado nueva vida”.

Indica que “algunas de las reclamaciones más solicitadas son aquellas que han sido adjudicadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones(CIADI), una organización dirigida por el Banco Mundial que resuelve disputas de arbitraje”.

Sin embargo, cree que “el problema es que esta deuda está dispersa por todo el mundo. Los inversores estiman que hay unos US$ 30.000 millones en circulación, y gran parte de ella se encuentra en cantidades inferiores a $ 500 millones”.

Dijo, incluso, que “Fondos como Carronade Capital Management y Canaima Capital han estado rastreando estas reclamaciones internacionales, según personas familiarizadas con el asunto”.

Mientras tanto,  dice que “Seaport Global , una firma de banca de inversión y comercio reconocida por su intermediación de bonos soberanos, ha sido uno de los participantes más activos en la búsqueda de posibles vendedores y la facilitación de operaciones”.

Oliveros aclara que “no todos están seguros de que la situación terminará con un buen día de pago. Según Jay Newman , el cerebro detrás de la larga batalla del fondo de cobertura Elliott Management con Argentina por el pago de su deuda en mora, la administración Trump está principalmente interesada en asegurarse de que el país esté bien para los venezolanos.  Lo cual podría no ser tan bueno para los fondos de cobertura”.

La crisis de deuda de Venezuela es uno de los mayores impagos soberanos no resueltos del mundo, el legado de años de colapso económico y sanciones estadounidenses que separaron al país de los mercados internacionales de capital, destaca la agencias Reuters en una publicación.

 El país se encuentra en cesación de pagos desde finales de 2017, cuando incumplió los pagos de bonos internacionales emitidos por el gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

 Desde entonces, el capital impago, los intereses acumulados y las demandas legales vinculadas a expropiaciones pasadas han incrementado los pasivos externos totales de Venezuela, mucho más allá del valor nominal de los bonos originales.

Un bono de PDVSA que vencía originalmente en 2020 estaba garantizado por acciones de la refinadora estadounidense Citgo, un activo que ahora está en el centro de los esfuerzos supervisados ​​por la corte por parte de los acreedores para recuperar su valor.

La deuda venezolana en dificultades ha aumentado ligeramente recientemente, ya que algunos especuladores apuestan por la posibilidad de un cambio político. 

A continuación, se presenta un vistazo a lo que podría incluirse en una eventual reestructuración y quiénes estarían llamando a la puerta de Caracas para cobrar.

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¿Cuánto debe Venezuela a sus acreedores?

Los analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en mora, mientras que la deuda externa total, incluyendo las obligaciones de PDVSA, los préstamos bilaterales y los laudos arbitrales, asciende a aproximadamente 150.000 millones de dólares, entre 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se cuenten los intereses acumulados y las sentencias judiciales. 

El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB nominal de Venezuela será de unos 82.800 millones de dólares para 2025, por lo que la relación deuda/PIB se sitúa entre 180%-200%.

¿Quién sostiene qué?

Años de sanciones, incluyendo la prohibición de negociar la deuda venezolana, han dificultado el control de quién posee qué. La mayor parte de los acreedores comerciales probablemente esté compuesta por tenedores de bonos internacionales, incluyendo fondos globales de mercados emergentes e inversores especializados en deuda en dificultades, a veces llamados fondos buitre.

También figura en la lista de acreedores un grupo de empresas que recibieron una indemnización mediante arbitraje internacional tras la expropiación de activos por parte del gobierno. Tribunales estadounidenses han confirmado laudos multimillonarios a ConocoPhillips y Crystallex, entre otras, convirtiendo dichas reclamaciones en obligaciones de deuda y permitiendo a los acreedores reclamar los activos venezolanos para resarcirse.

Un creciente grupo de demandantes reconocidos por los tribunales compite por la recuperación de la empresa matriz de Citgo mediante procedimientos legales en Estados Unidos. Un tribunal de Delaware registró aproximadamente 19.000 millones de dólares en reclamaciones por la subasta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, una cifra que supera con creces el valor estimado de los activos totales de Citgo.

Caracas también tiene acreedores bilaterales, principalmente China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto al presidente Nicolás Maduro como a su mentor, el expresidente Hugo Chávez. Es difícil verificar con precisión los saldos pendientes, ya que Venezuela no ha publicado estadísticas completas de deuda en años.

¿Una reestructuración a distancia?

A pesar de las periódicas subidas del mercado en los últimos tiempos , una reestructuración formal sigue estando lejos.

Una reestructuración de la deuda soberana podría estar anclada en un programa del FMI que establezca metas fiscales y supuestos de sostenibilidad de la deuda, pero Venezuela no ha tenido una consulta anual del FMI en casi dos décadas y sigue excluida del financiamiento del prestamista.

Las sanciones estadounidenses son otro obstáculo. Desde 2017, las restricciones impuestas tanto por gobiernos republicanos como demócratas han limitado drásticamente la capacidad del gobierno para emitir o reestructurar deuda sin licencias explícitas del Tesoro estadounidense.

Las relaciones entre Washington y Caracas han oscilado entre presiones hostiles y un diálogo limitado. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, las sanciones se intensificaron junto con el reconocimiento estadounidense del líder opositor Juan Guaidó.

El gobierno del expresidente Joe Biden flexibilizó algunas restricciones para fomentar los compromisos electorales, pero no llegó a otorgar una autorización amplia para las negociaciones de la deuda. Desde el regreso de Trump al poder, las medidas estadounidenses han incluido presión militar en el Caribe, la incautación de un cargamento de petróleo, amenazas de un bloqueo petrolero y un ataque terrestre.

¿Qué son los valores de recuperación??

Los inversores están cada vez más centrados en cómo podría ser un futuro acuerdo de reestructuración.

Los bonos han tenido una rentabilidad cercana al 100% a nivel de índice este año. El repunte cobró un nuevo impulso en septiembre, junto con el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Los analistas de Citi afirmaron el mes pasado que el repunte de la deuda venezolana refleja las expectativas de que un cambio político podría eventualmente desbloquear las negociaciones de reestructuración. Según sus estimaciones, se requeriría una quita de capital de al menos el 50% para restablecer la sostenibilidad de la deuda y cumplir con las posibles condiciones del FMI.

Según el escenario base de Citi, Venezuela podría ofrecer a sus acreedores un bono a 20 años con un cupón cercano al 4,4%, junto con un instrumento cupón cero a 10 años para compensar los intereses vencidos. 

Con una rentabilidad de salida del 11%, Citi estima el valor actual neto del paquete en torno a los 45 centavos por dólar, con recuperaciones que podrían ascender a cerca de 40 centavos por dólar si los inversores reciben instrumentos contingentes adicionales, como warrants vinculados al petróleo.

Otros inversores proyectan un rango más amplio. Aberdeen Investments declaró en septiembre que inicialmente había previsto recuperaciones de alrededor de 25 centavos por dólar para los bonos venezolanos, pero que la mejora de los escenarios políticos y de sanciones podría elevar las recuperaciones a entre 30 y 35 centavos, dependiendo de la estructura del acuerdo y del uso de instrumentos vinculados al petróleo o al PIB.

¿Cuál es la forma de la economía venezolana?

Las previsiones de recuperación se enmarcan en un contexto sombrío . La economía venezolana se contrajo drásticamente después de 2013, cuando la producción petrolera se desplomó, la inflación se disparó y la pobreza se disparó. 

Si bien la producción se ha estabilizado en cierta medida, la bajada de los precios internacionales del petróleo y los descuentos sobre el precio del crudo venezolano limitan el aumento de los ingresos, dejando poco margen para el pago de la deuda sin una reestructuración profunda. El reciente bloqueo estadounidense a los petroleros sancionados golpea el corazón de lo que queda de la economía venezolana.

Millones de venezolanos han abandonado su país en busca de oportunidades en otros lugares, lo que suma la fuga de cerebros a la incertidumbre de la reconstrucción.

Con información de Reuters

Funcionarios del CICPC en el estado Zulia esclarecieron el triple homicidio de dos hermanos y un amigo a manos de un sujeto alias Tilín.

El director del cuerpo policial, Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que los detectives lograron detener «a un peligroso delincuente, identificado como Deiny Raúl Montilla Fuenmayor (29)», en un sector del municipio Jesús Enrique Lossada de la entidad.

Alias Tilín es responsable por el triple homicidio de Ángel Antonio Ospino Almarza (22), Jesús Enrique Ocampo Villazmil (26) y Adrián Antonio Ocampo Villazmil (20), hecho ocurrido en los sectores El Carmen y Las Minas, parroquia Andrés Bello, en la Cañada de Urdaneta.

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La captura de Montilla se logró tras determinar que los hermanos Ocampo Villazmil y su amigo, habían adquirido una moto, dejando una deuda pendiente, ya que no habían cancelado la totalidad del dinero.

Por este motivo, Montilla contactó a otros delincuentes, quienes se encuentran en fuga, para que le quitaran la vida, por lo que estos utilizaron armas de fuego para interceptarlos y propinarles múltiples disparos, causándoles la muerte.

El Cicpc puso el caso a disposición de la Fiscalía 13ª del Ministerio Público del estado Zulia.

Se espera que la deuda pública mundial siga aumentando y alcance los 100 billones de dólares para fin de año, equivalente al 93% del PIB mundial, apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre política presupuestaria (Fiscal monitor) publicado este martes.

En términos porcentuales no hay aumento, ya que la deuda pública había alcanzado el 93% en 2023, pero si está creciendo la cantidad de dinero que se debe y esta tendencia no está en proceso de revertirse, lamenta el Fondo, que prevé un nivel del 100% del PIB al final de la década.

A modo de comparación, la deuda privada de los hogares y las empresas no financieras representaba el 146% del PIB global a finales de 2023, según datos de la institución.

«Hay buenas razones para pensar que la situación es incluso peor de lo esperado», subrayó Era Dabla-Norris, subdirectora en el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, durante una conferencia de prensa en línea.

«La experiencia nos recuerda que las proyecciones de deuda tienden a ser demasiado optimistas, ya sea porque los gobiernos son muy optimistas acerca de sus previsiones de crecimiento, o porque las reformas presupuestarias nunca se llevan a cabo totalmente», detalló.

Si los Estados ya hubieran anunciado ajustes presupuestarios, no necesariamente estabilizarían la deuda pública y menos aún la reducirían, incluso si se implementaran en su totalidad.

Esto se debe a que la deuda de algunas de las principales economías, en primer lugar Estados Unidos y China, sigue aumentando y no dan señales de revertir la curva.

Para permitir una reducción real de la deuda pública, sería necesario un ajuste del 3,8% del PIB cada año hasta el fin de esta década, muy superior al 1% previsto actualmente.

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Pero una reducción significativa del gasto público mal calibrada podría tener un gran impacto en el crecimiento y provocar un aumento de las desigualdades, así como del nivel de deuda de los países.

El FMI ha recordado en varios momentos la necesidad de que los Estados reconstituyan los márgenes presupuestarios, minados por las crisis sucesivas desde la pandemia de covid-19, precisamente para estar en condiciones de enfrentar las que están por venir.

Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de que los Estados inviertan muchos recursos contra el calentamiento global y la adaptación de las sociedades para mitigar sus consecuencias.

Pero el alza de las tasas de interés en los últimos tres años ha perjudicado las finanzas públicas de muchos países al aumentar el costo de los créditos.

Según el Banco Mundial, unos cuarenta países enfrentan actualmente una crisis de deuda o están cerca de esa situación, sobre todo debido al aumento significativo del servicio de su deuda.

El exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Ricardo Albert Rosas Reyes (20), fue condenado por el Tribunal Segundo de Control de Miranda, por el asesinato de Jhon Jaider Londoño Mejía, de 22 años de edad, informó el Ministerio Público.

La sentencia fue emitida luego de que Rosas Reyes admitiera su responsabilidad en el hecho.

Todo ocurrió la noche del 10 de junio en Guatire (Miranda), cuando el victimario planeó un encuentro con la víctima en el barrio El Calao, para pagarle un dinero que le había prestado.

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Una vez en el sitio, el ex PNB y un adolescente que lo acompañaba, sometieron y amarraron Londoño Mejía, para luego propinarle dos balazos con su arma de reglamento y causarle la muerte.

Todo se descubrió porque la esposa de la víctima denunció ante el Cicpc la desaparición de Londoño.

Tras la investigación, los detectives determinaron la responsabilidad de Rosas Reyes, lo detuvieron y lo pusieron a la orden del Tribunal 2° de Control el 6 de julio.

España se ha convertido en un prestamista cada vez más importante para Venezuela.

Entre 2011 y 2018, la cantidad que el país latinoamericano adeudaba a esa nación, se mantuvo bastante estable, en torno a los 70 millones de euros, pero a partir de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa estos préstamos se han multiplicado, reseña una nota del portal The Objetive, que cita cifras oficiales.

Señala que «en 2023, la deuda externa de Caracas en manos del Estado español alcanzó los 221,8 millones de euros, lo que significa que esta cantidad se triplicó en cinco años».

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Agrega que «Venezuela ha pasado de ser el 16º deudor de España, a estar entre los seis principales, según datos facilitados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa».

En 2018, las obligaciones emitidas por la República Bolivariana solo representaban 0,5% del conjunto de préstamos que España ha concedido a otros países.

Pero, esta proporción que ha ido aumentando hasta rozar 2%, lo que se traduce en que, de cada 50 euros que el Estado español presta a sus socios extranjeros, uno sale con destino a Caracas».

Pero, el intercambio entre España y Venezuela no se limita a préstamos y deudas, puesto que ambas naciones mantiene una activa relación comercial.

Por ello, el director Ejecutivo de la Cámara Venezolana Española de la Industria y Comercio (Cavespa), Robert Concepción, expresó, en entrevista con Televen, que hay varias propuestas de inversión en varios rubros, entre ellos nuevas rutas aéreas.

“Creo que de una u otra manera eso genera un poco más de confianza no solo hacia el turismo, sino también hacia la inversión, ya que permite el libre retorno sin mayor tipo de restricciones”, comentó.

Agregó que Cavespa también ha explorado posibilidades de inversión en el interior del país, para analizar las potencialidades de inversión con empresas regionales.

Otro ejemplo del intercambio es la reciente reapertura del Zara más grande de América Latina, precisamente, en el centro Sambil de Caracas.

Los bonos venezolanos subieron a sus niveles más altos en tres meses a medida que JPMorgan Chase & Co. comienza a aumentar la ponderación de los instrumentos en los índices de deuda de mercados emergentes.

Los fondos han estado añadiendo deuda venezolana antes de su reponderación, proceso que comienza este 1 de mayo, y los bonos del Gobierno y de las empresas estatales han subido un promedio de alrededor del 20% este año, según datos recopilados por Bloomberg.

JPMorgan aumentará desde cero la ponderación de los instrumentos en la serie Emerging Market Bond Index durante un período de tres meses.

A pesar de permanecer en mora durante más de seis años, se ha reavivado la demanda de la deuda por parte de los operadores a medida que se acercan las elecciones presidenciales y el Gobierno de Caracas señala que está abierto a reestructurar eventualmente sus US$154.000 millones en préstamos, bonos y otras obligaciones en mora.

Los bonos del Gobierno con vencimiento en 2027 se negocian en torno a los 21,5 centavos por dólar y los de la petrolera estatal PDVSA, con vencimiento en 2026, se acercan a los 12,5 centavos, según operadores y datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. Alrededor de US$53.000 millones en bonos serán reponderados, pero es probable que el impacto total del reequilibrio en los precios no se manifieste de inmediato.

Es probable que algunos de los bonos venezolanos se negocien cerca de los 25 centavos por dolar, dijo Francesco Marani, responsable de negociación de la firma de inversión Auriga Global Investors, con sede en Madrid.

La gran variedad de partidos de oposición de Venezuela se unió detrás de un solo candidato para competir contra el presidente —Nicolás Maduro— en julio, lo que aumenta las expectativas de que los observadores internacionales reconozcan la elección como justa. Esto se sumaría a los recientes acontecimientos políticos que han mejorado las perspectivas de los inversionistas para el país.

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Si bien Estados Unidos restableció las sanciones petroleras debido a la falta de avances de Maduro en sus compromisos electorales, dejó una ventana abierta para las empresas que quieran seguir haciendo negocios en Venezuela y dio señales de que continúan las negociaciones con el Gobierno venezolano.

La “confianza del mercado ha estado mejorando recientemente”, dijo Ramiro Blázquez, jefe de investigación de Banctrust. “Parece que la oposición se está volviendo más pragmática, una dosis necesaria y largamente esperada de realpolitiks”.

JPMorgan había recortado a cero la ponderación de los bonos en sus índices de referencia de mercados emergentes en 2019 en medio de las sanciones estadounidenses.

Con información de Bloomberg

El pasado 16 de mayo, transeúntes de la calle principal del sector 12 de Julio de la población de Michelena en el estado Táchira, localizaron el cadáver de un hombre con varios tiros en el cuerpo .

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), hicieron el levantamiento del cadáver e iniciaron las pesquisas del caso.

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La víctima está identificada como Jogly Jesús Briceño Carrero de 31 años de edad, quien presentaba heridas en la cabeza y el pecho, producidas por el paso de proyectiles.

Tras las investigaciones y la autopsia de ley, el cuerpo detectivesco se encontró con que el hoy occiso solía adquirir sustancias estupefacientes a un hombre identificado como Y. D. Alviárez de 22 años de edad, quien le vendía la droga y en muchas ocasiones le quedó debiendo dinero.

Según la reconstrucción de los hechos, la mañana del crimen, Alviárez le pidió a Briceño Carrero que lo acompañara a hacer una diligencia.

Este accedió y se montó, como “parrillero”, en la motocicleta, marca Suzuki, modelo TS125, color gris, identificada con la placa AK8K77V.

Cuando se encontraban a la altura de la calle principal, el dealer sacó un arma de fuego y lo atacó a balazos, causándole la muerte a Jogly Jesús, de manera instantánea.

Al tener todos los elementos que identificaban al presunto asesino: entrevistas a familiares de la víctima, el cruce de llamadas telefónicas y el análisis del perfil de Briceño, se captura al victimario y se pone a la orden de la Fiscalía.

Al momento de la detención de Alviárez se le encontró el revólver utilizado en el asesinato, marca Colt, color plateado, calibre 38.

Además, un proyectil raso, plomo deformado, así como seis balas, calibre 38.

La contratista naval de defensa estadounidense Huntington Ingalls Industries Inc se sumó los acreedores que exige que se cumpla con un fallo contra Venezuela que dio un tribunal de Misisipi. Así se informó en los documentos judiciales presentados el viernes 31 de julio.

El tribunal emitió una sentencia contra el Ministerio de Defensa de Venezuela quien le debe ahora 138 millones de dólares a la contratista naval. Huntington Ingalls Industries acusó al ministerio de no cumplir con el pago de unas reparaciones a dos buques de la Armada del país.

Las labores de reparación comenzaron antes de que se dificultaran las relaciones entre Washington y Caracas, durante el gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez. Desde entonces, la economía en el país, donde hay multimillonarias reservas de crudo, ha colapsado bajo el gobierno de Maduro. Ahora, Venezuela le debe miles de millones de dólares a varios acreedores.

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El viernes Huntington Ingalls registró el fallo en la corte federal de Delaware. Asimismo, solicitó que el caso se le asignara al juez que lleva el juicio de la minera canadiense Crystallex. Esta otra compañía intenta cobrar las deudas de Venezuela con una participación en el refinador estadounidense Citgo Petroleum Corp.

“Anticipamos que Ingalls luego presentará una petición para un escrito de apego sobre PDV Holding, matriz de Citgo, y se pondrá en la lista”, escribió Russ Dallen. Este empresario es socio gerente del banco de inversión boutique Caracas Capital Markets.

Ni Huntington Ingalls ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las sanciones de Estados Unidos prohíben tomar las acciones de PDV Holding. La protección forma parte de un esfuerzo de la administración de Donald Trump por mantener a Citgo bajo el control de la oposición. La licencia expira en octubre, aunque en períodos anteriores ha sido renovada. Pdvsa utilizó el paquete accionario de su filial Citgo como garantía para sus bonos con vencimiento en 2020 y para un préstamo de 2017 de la petrolera estatal rusa Rosneft.

Con información de El Nacional

Rusia divulgó los términos de una reestructuración de deuda acordada previamente con Venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán en cinco veces a partir de 2023.

Los detalles se incluyeron en un proyecto de ley gubernamental presentado para su ratificación a la cámara baja del Parlamento, o Duma. No estaba claro qué pasaría con el acuerdo entre Rusia y Venezuela si la Duma rechaza el proyecto de ley, publicó la agencia Reuters.

Caracas tiene que pagarle a Moscú 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022. La cifra aumenta a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026, mostró el documento en el sitio web de la Duma.

El acuerdo, firmado por Rusia y Venezuela en 2018, prevé el reembolso de 3.120 millones de dólares en capital y pagos de intereses por 217 millones de dólares.

Ambos países acordaron la reestructuración de la deuda a finales de 2017.

Moscú ha actuado como prestamista de último recurso para Caracas, con el gobierno ruso y el gigante petrolero Rosneft proporcionando al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito desde 2006.

Este martes 9 de junio, la junta directiva ad hoc PDVSA CITGO, anunció mediante un comunicado, que se completó la incorporación de 1.125 millones de dólares en bonos al 7% con madurez de 2025, lo que se traduce en el pago del principal del préstamo por 614 millones de dólares que vence en 2021 y que es parte de la deuda adquirida.

“La reacción tan positiva del mercado por esta emisión permitió a CITGO no solo superar las expectativas sino colocarla a un precio muy competitivo, signo de la confianza del mercado en la dirección que ha tomado CITGO con la nueva Junta Directiva nombrada por el Gobierno Legítimo de Juan Guaidó», detalló la misiva.

El refinanciamiento también le permitirá a la compañía «contar con capital de trabajo adicional para reforzar su liquidez financiera y operativa ante el impacto causado por la pandemia del COVID-19 en el mercado petrolero» agregó el comunicado.

Para Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA la compañia está tomando las medidas necesarias para mantener el control de la empresa, mejorar sus balances y fortalecer su liquidez.

A continuación comunicado íntegro:

La Junta Administradora ad hoc de PDVSA anuncia que CITGO Petroleum Corporation (CITGO), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), confirmó hoy que ha completado de manera exitosa la colocación de 1.125 millones de dólares en bonos al 7% con madurez de 2025. Un resultado inmediato de esta transacción es el pago del principal del préstamo por 614 millones de dólares que vence en 2021 y que es parte de la deuda heredada de la administración pasada, la cual se ha venido refinanciando. Este refinanciamiento le permitirá a CITGO contar además con capital de trabajo adicional para reforzar su liquidez financiera y operativa ante el impacto causado por la pandemia del COVID-19 en el mercado petrolero y de refinación en particular. La reacción tan positiva del mercado por esta emisión permitió a CITGO no solo superar las expectativas sino colocarla a un precio muy competitivo, signo de la confianza del mercado en la dirección que ha tomado CITGO con la nueva Junta Directiva nombrada por el Gobierno Legítimo de Juan Guaidó.

CITGO ha tenido que enfrentar –como todas las empresas petroleras en el mundo– una situación adversa, producto de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y los efectos que las medidas globales de confinamiento han causado a la industria petrolera. CITGO ha tenido que afrontar las consecuencias de las políticas irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que hoy tienen a la compañía en una situación de alta complejidad. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, CITGO ha dado una muestra inequívoca de solidez que se ha traducido en la confianza de muchos inversores internacionales importantes, permitiéndole a la compañía atraer financiamiento y afrontar con mayor fortaleza el futuro inmediato.

“Ante esta realidad adversa que ha tenido que enfrentar CITGO –generada por años de malas decisiones de la administración anterior nombrada por Nicolás Maduro– y los estragos causados por la pandemia del COVID-19 a nivel global, la nueva administración de la compañía ha tomado las medidas necesarias para mantener el control de la empresa, mejorar sus balances y fortalecer la liquidez” apuntó Luis A. Pacheco, presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA.

En el turbulento mercado petrolero y financiero actual, CITGO no solo logra acceder a los mercados financieros, sino que obtiene una colocación inicial de sus notas a un precio particularmente competitivo en relación con empresas de similar nivel crediticio o hasta mejor rating. Ejemplo de esto es la emisión de PBF Energy, una empresa con capacidad de refinación de 1 millón de barriles por día, que emitió una deuda por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2025 al 9,25%, mientras que otras compañías refinadoras del sector, con menor capacidad, pero igual riesgo crediticio, han estado colocando por encima del 10%.