El economista y socio de la firma Econoanalítica, Alejandro Grisanti, informó que luego del anuncio de la reestructuración de la deuda externa de Venezuela y de PDVSA, por parte del Gobierno, viene un proceso largo que implica muchos pasos.

En su cuenta en X, Grisanti cree que se trata de “uno de los pasos financieros más importantes desde el default de 2017. Sin embargo, el proceso apenas comienza”, advirtió.

El experto explicó que todo comenzó con “la Licencia General 58 emitida recientemente por OFAC”, la cual “ permite contratar asesores legales, bancos de inversión y consultores para preparar una eventual negociación”.

Sin embargo, aclara que “la licencia NO permite ejecutar transacciones financieras. Es decir, se pueden diseñar propuestas y escenarios de reestructuración, pero no intercambiar bonos, cerrar acuerdos ni ejecutar operaciones sin autorización explícita de las autoridades estadounidenses”.

Por ello, según el director de  Ecoanalítica, “la ruta correcta pasa por el FMI. Pero antes de cualquier negociación seria de deuda, Venezuela tendría primero que avanzar en una normalización institucional y estadística”.

En este sentido, sostiene que “aunque el BCV volvió a publicar cifras macroeconómicas, el propio instituto reconoce que los datos desde 2018 son provisionales, y persisten debilidades importantes en recolección y procesamiento estadístico”.

Lea también: Gobierno de Delcy Rodríguez anuncia reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela

Agrega que “el primer paso debería ser una misión técnica del FMI para revisar las cifras oficiales. Luego tendría que realizarse un Artículo IV, algo que Venezuela no hace desde hace más de 20 años. Ese diagnóstico técnico es fundamental para estimar el verdadero tamaño de la economía, su capacidad productiva y, sobre todo, su capacidad de pago. Solo estas 2 etapas podrían consumir fácilmente entre 10 y 12 meses”.

Añadido a esto, Grisanti  aclara que “el mercado enfrenta uno de los casos de deuda más complejos del mundo emergente. Los bonos soberanos y de PDVSA rondan los $70 mil millones, pero los reclamos totales —incluyendo litigios, arbitrajes e intereses acumulados— podrían superar los $180 mil millones”.

Por ello, recuerda que “las experiencias internacionales muestran que las reestructuraciones más rápidas toman alrededor de 2 años, mientras que los procesos complejos consumen 4 años o más”.

En conclusión, señala que “vemos una reestructuración integral cerrada en los próximos 4–5 años. Y probablemente eso sea positivo. Procesos de esta magnitud deben hacerse de forma ordenada, transparente y técnicamente consistente. Intentar acelerarlos sin suficiente institucionalidad puede terminar generando más riesgos que soluciones”.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció el inicio formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El mensaje publicado en las redes sociales, el ministro de información Miguel Pérez Pirela  explicó que “es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, dice el comunicado.

Este proceso de reestructuración de la deuda externa ocurre luego de que Estados Unidos expidiera la Licencia General 58, que permite a firmas estadounidenses e internacionales —abogados, bancos de inversión y consultoras— ofrecer servicios a compañías venezolanas.

Según el comunicado, el objetivo es liberar la economía de cargas financieras y recuperar la inversión en salud, educación e infraestructura.

Asegura que las sanciones de EE. UU. desde 2017 impidieron al país cumplir sus compromisos internacionales y bloquearon el acceso a financiamiento, afectando áreas clave del país.

Sostiene que la reestructuración busca “poner la economía al servicio del pueblo”, liberar recursos para inversión social y garantizar un alivio sustancial de la deuda.

También afirma que Venezuela retomará el pago de sus obligaciones “de manera sostenible” y bajo condiciones que el país “merece”.

Venezuela está dispuesta a pagar su deuda de 10.000 millones de dólares con China, dijo a Reuters este jueves el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, en una entrevista.

El parlamentario considera que la relación de Venezuela con China es “infalible y resistente a la intemperie”. Señaló que las empresas chinas están abiertas a invertir en el país.

China es un actor importante en el sector de petróleo y gas de Venezuela y el mayor acreedor del país, donde en 2007 llegó a un acuerdo de 50.000 millones de dólares para líneas de crédito y préstamos por petróleo con el presidente para entonces, Hugo Chávez, recuerda Reuters.

Después Nicolás Maduro padre tuvo que negociar períodos de gracia para préstamos por valor de 19.000 millones de dólares en agosto de 2020, y actualmente Venezuela le debe al gigante asiático unos 10.000 millones de dólares.

Lea también: EN GACETA OFICIAL Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social (+Detalles)

Por otro lado, China está aliado con Venezuela a través de la creación de las Zonas Económicas Especiales.

Aunque estas se coordinan directamente con determinadas regiones del gigante asiático, son de importancia vital por el impacto que tendrá en la economía del país, especialmente en actividades como el turismo.

Con información de Reuters

Gustavo García, economista y asesor económico de la precandidata a la presidencia María Corina Machado, advirtió que para finales del año 2024, la deuda externa de Venezuela podría cerrar en 200.000 millones de dólares.

«Mientras más alto es el monto que se va acumulando, se van calculando intereses sobre intereses», estimó.

También precisó que esa deuda representa 23 veces el valor de las exportaciones totales del país, por lo que consideró que ese compromiso «no es pagable, no es sostenible», recogió el portal Banca y Negocios.

García resaltó que el Gobierno venezolano dejó de pagar la deuda externa en el año 2017, por lo que el monto está creciendo «de manera exponencial».

Acotó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace una estimación de que la deuda pública externa de Venezuela, hasta diciembre de 2022, era de 158.000 millones dólares.

«Hay que evaluar la sostenibilidad de esa deuda, porque esa deuda en su tamaño actual no se puede pagar», enfatizó.

Lea también: CÓMO LA VISITA del presidente de Irán resulta “desestabilizadora” para EE.UU.

El economista venezolano apuntó que en Venezuela hay una «absoluta falta de transparencia económica», dado que el Gobierno Nacional no publica las cifras.

Comentó además que las cifras económicas en Venezuela «son un misterio» e indicó que Venezuela tiene que reinsertarse en el sistema financiero internacional para poder tener un crecimiento económico importante y sostenido por varios años.

Manifestó que el tamaño de la economía venezolana estaba al cierre del año pasado en 93.000 millones de dólares, según datos del FMI.

Tomado de Banca y Negocios