La fiscalía de Perú incautó este miércoles tres relojes Rolex y una pulsera que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó a la presidenta Dina Boluarte por los que está siendo investigada en un caso de presunto enriquecimiento ilícito, denunció el abogado de Oscorima.

«El Ministerio Público decidió hacer una incautación, sin mandato judicial. El argumento es que se podrían perder los bienes», dijo a periodistas el abogado Humberto Abanto.

La medida se tomó durante una diligencia fiscal de exhibición de los tres relojes Rolex y la pulsera, cuya marca no se especificó, en el marco del caso conocido popularmente como Rolexgate.

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La presidenta peruana, que está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió el viernes pasado ante la fiscalía alegando que los Rolex que ha usado le pertenecen a su amigo, el gobernador Oscorima.

«Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima», dijo Boluarte, quien señaló que ya los devolvió a su dueño.  

Boluarte también ha negado poseer joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía con base en informaciones de prensa.

Las indagaciones por «la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos» comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona. 

La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

La fiscalía la puede investigar por ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.

La fiscalía ya la investiga desde 2023 por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», por la muerte de más de 50 civiles «durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023» que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.

Miles de manifestantes andinos han llegado este jueves a Lima, para pedir la dimisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, después de que una nueva muerte en enfrentamientos en el sur del país aumentara aún más la tensión.

La policía desplegó a 11.800 agentes en Lima para el control de las protestas programadas para la tarde.

«Tenemos 11.800 efectivos policiales en las calles para el control de disturbios, tenemos más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas», dijo el jefe de la Región Policial Lima, el general Víctor Zanabría.

«La policía esta en alerta máxima», agregó.

Un muerto y un herido grave dejó el miércoles un enfrentamiento entre manifestantes y policías en Macusani, en el sur de Perú, señaló en un comunicado el hospital San Martín de Porres de Macusani, ciudad andina de la región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia.

Con este deceso asciende a 43 el número de fallecidos desde que se inició la crisis, el 7 de diciembre.

Según las fotografías difundidas por medios locales, la comisaría de la ciudad fue quemada durante los enfrentamientos.

Agentes de policía fueron rescatados por un helicóptero durante el ataque al recinto policial, señaló el canal N de televisión, sin mostrar imágenes.

Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, así como la convocatoria inmediata de elecciones en Perú. 

«En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo menciona», aseguró Abdon Félix Flores, de 30 años, un campesino que se dice listo «a dar su vida». Salió el domingo de Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre, para llegar a Lima el martes.

Ha sido imposible conocer hasta el momento el alcance de la movilización y cuántas personas llegaron a Lima, pese a los diversos anuncios que circulan.

Antes de que fuera anunciada la muerte en Macusani, el miércoles por la noche, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) dio una conferencia de prensa.

«La lucha del pueblo peruano no acaba mañana, la lucha va a continuar si es que se pretende que la señora Dina Boluarte no escuche al pueblo», dijo Gerónimo López, quien convocó a la huelga.

«Es una movilización justa, democrática, de ciudadanos que han llegado de las regiones y también de acá, de Lima, donde están exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte, convocatoria a nuevas elecciones este año 2023 y el cierre del Congreso», añadió.

«Es una huelga cívica popular nacional con movilizaciones pacíficas de organizaciones de diferentes regiones, evitando todo acto de vandalismo».

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Aunque el gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno (donde se encuentra Macusani), el dirigente sindical precisó que los organizadores no solicitaron autorización para la concentración.

«No hay autorización de la policía, nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación que nos autoricen», aseguró, a pesar de que el estado de emergencia suspende las libertades de reunión y circulación, además de permitir la intervención del ejército para el mantenimiento del orden.

Perú vive intensas protestas desde que el 7 de diciembre fue destituido por el Congreso el presidente izquierdista Pedro Castillo y arrestado por un fallido golpe de Estado con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.

La presidenta Boluarte llamó a la calma el lunes: «Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y 19, yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma».

Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, al que reemplazó según establece la Constitución, y proviene del mismo partido, pero es vista como una «traidora» por los manifestantes.

Las autoridades han previsto un importante dispositivo de seguridad en vista de la gran concentración. El miércoles por la noche, varias pequeñas manifestaciones en Lima fueron vigiladas de cerca por la fuerza pública.

Varias estatuas y monumentos del centro de la capital estaban envueltos en lonas de plástico para protegerlos de eventuales daños.

Con información de AFP