El Congreso de Perú destituyó en la madrugada de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar pocas horas antes un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

"En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República", anunció en una maratónica sesión el jefe del Congreso, José Jerí, quien asumirá el cargo ante la ausencia de un vicepresidente.

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Frente al Parlamento, varias personas celebraron con banderas del país y carteles en contra de la mandataria de 63 años, quien se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

Boluarte estaba citada ante el Congreso a partir de las 23H30 locales (04H30 GMT del viernes), según la resolución aprobada por el plenario, pero no se presentó.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y Boluarte, que llegó luego del frustrado intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso.

🇵🇪 DESTITUYEN A BOLUARTECongreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” ante el auge del crimen organizado.Con 122 votos a favor, fue reemplazada de inmediato por el titular del Parlamento, José Jerí, quien asumió como jefe de Estado interino pic.twitter.com/WnEhoXGRav

Con información de AFP

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que está “pensando seriamente” en plantear que se aplique la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, en medio de la ola de violencia criminal que golpea a su país.

“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”, aseguró la mandataria durante la inauguración del año escolar en Perú.

Ante un auditorio conformado en su mayoría por niños, Boluarte enfatizó que su Gobierno no va “a permitir un muerto más, de un peruano o una peruana que honestamente trabaja”, reseñó EFE.

La mandataria se expresó de esta manera, aunque sin mencionarlo directamente, al asesinato este domingo del cantante de un popular grupo de cumbia, cuyo autobús fue atacado con disparos de arma de fuego por desconocidos en Lima. Esta muerte ha causado conmoción en Perú ante el avance de la ola de criminalidad y llevado a partidos políticos de diferentes tendencias a pedir la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

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Esto se da en un contexto donde se cuestiona en Perú la actuación de la banda delictiva el Tren de Aragua, de origen venezolano.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, reclamó a los organismos multinacionales y a los países democráticos que se genere fuerza internacional para que se respete la voluntad del voto venezolano,

Esto lo dijo en Lima tras reunirse con el excandidato opositor Edmundo González, a quien reiteró su reconocimiento como mandatario venezolano.

«Es momento de que los países que estamos viviendo en democracia, como el Perú, estemos al lado de Edmundo para darle la fortaleza, la fuerza, y decirle al presidente electo de Venezuela que no está solo», aseveró Boluarte en el Palacio de Gobierno, recogió la agencia EFE.

«A las organizaciones internacionales como la OEA, (les pido) hacer la fuerza internacional para que se respete la voluntad del voto venezolano y Edmundo pronto esté en Caracas dirigiendo los destinos de su patria», manifestó.

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Este miércoles en su visita a Lima, Edmundo González afirmó que Venezuela «está más cerca que nunca del cambio deseado, gracias a la lucha de su pueblo por la democracia», y apeló a la solidaridad internacional para conseguirlo.

«Los venezolanos llevamos años liderando esta lucha con sacrificio y determinación, hemos aprendido de nuestros errores y consolidado fortalezas. Hoy estamos más cerca que nunca del cambio deseado», dijo González en el Palacio de Gobierno junto a la presidenta peruana, Dina Boluarte.

Esto lo declaró después de recibir la condecoración de la orden de El Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz. Aseguró que Venezuela ya no es un pueblo dividido, sino “una nación unida por el deseo irrenunciable de paz, libertad y democracia”.

González aseveró que Venezuela es la “prisión más grande de presos políticos del hemisferio”.

“Es una realidad que no debe subestimarse, por eso la cooperación activa entre los democracias de América Latina y del mundo es hoy más urgente que nunca”, finalizó.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, le pidió a Nicolás Maduro durante el Foro de Davos, en Suiza, «que aprenda a perder unas elecciones» y deje el gobierno venezolano.

«Llamamos al pueblo venezolano a no dejarse vencer, que asuma el señor Edmundo González la Presidencia y el señor Maduro que aprenda a perder unas elecciones», dijo Boluarte en Davos, tras participar en un coloquio en el marco del Foro Económico Mundial.

?? "QUE EL SEÑOR MADURO APRENDA A PERDER UNAS ELECCIONES" Durante el Foro de Davos en Suiza, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, le pidió a Nicolás Maduro "que aprenda a perder unas elecciones" y deje el Gobierno venezolano ? Cortesía pic.twitter.com/ddQr1hV2OG

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Boularte indicó que Maduro «no es presidente legítimo ahora en Venezuela» y que «tiene que dejar el Gobierno» y «dejar al pueblo venezolano en libertad».

Se le interpeló acerca de la opción militar, como propone el expresidente colombiano Álvaro Uribe, dijo que «en un mundo democrático y civilizado, primero debe prevalecer el diálogo democrático y el señor Maduro reconocer que ya no ha sido elegido democráticamente».

«Eso en un mundo democrático, se respeta», insistió.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, comparece este lunes ante fiscales que la investigan por el presunto delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en julio del 2023.

La diligencia que puede prolongarse por varias horas  se realiza en reserva desde poco después de las 09h00 locales (14h00 GMT) en la sede central de la fiscalía, en Lima.

Es la primera vez que Boluarte acude a declarar por esta causa, que podría derivar en un potencial pedido de destitución desde el Congreso.

La causa se abrió el pasado 5 de diciembre luego que el exjefe de gabinete Alberto Otárola y brazo derecho de la presidenta reveló ante una comisión del Congreso que Boluarte se sometió a una cirugía de nariz en julio de 2023 sin informar al parlamento como pide la ley ante el riesgo de una complicación de salud.

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La fiscalía debe determinar si Boluarte, de 62 años y abogada, incurrió en el «delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales». 

«Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio (2023) como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida», indicó la fiscalía cuando abrió el caso. 

La presidenta peruana confirmó en un mensaje al país el 13 de diciembre de 2024 que se sometió a una cirugía de nariz en 2023, de la que no informó previamente, porque era necesaria para su buen estado de salud.

«No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria», indicó entonces Boluarte.

La operación no le generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones como presidenta, alegó en esa oportunidad.

La cirugía de Boluarte era la comidilla de todos los días en redes sociales y la prensa local desde el año pasado.  

A raíz de ello, el gobierno denunció intentos de «quebrar el orden constitucional» desde el Congreso y tildó de «desleal» al exjefe de gabinete Otárola, a quien Boluarte destituyó en marzo por un presunto escándalo sexual y tráfico de influencias. 

La presidenta, que carece de bancada y tiene una desaprobación de casi 94% en los sondeos, ha descartado renunciar por este caso y afirmó en diciembre que «saldrá por la puerta grande de Palacio», cuando concluya su mandato en julio de 2026.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este viernes que su país “jamás estará del lado de dictaduras que llevan hambre y subdesarrollo a su población” y ratificó su exigencia de que se publiquen las actas de las elecciones presidenciales que se celebraron en Venezuela.

“No vamos a ser parte de un fraude electoral; no vamos a apoyar a un gobierno dictatorial. Somos una nación democrática que respeta el Estado de derecho, la institucionalidad y la Constitución”, enfatizó la gobernante durante una actividad oficial, reseñó EFE.

Recordó que, en las últimas semanas su país ha exigido a las autoridades venezolanas que presenten las actas de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Nicolás Maduro, mientras que la oposición señala que fue su abanderado Edmundo González Urrutia.

“El que nada debe, nada teme, que se cuente ánfora por ánfora, voto por voto. Si la oposición ha presentado las actas en internet, otorgando la victoria a su candidato, corresponde al oficialismo hacer lo propio y presentar sus actas, con el fin de resolver esta situación de manera definitiva”, sostuvo.

Boluarte dijo que la remodelación que hizo esta semana en su gabinete de ministros, que incluyeron el reemplazo del politólogo Javier González-Olaechea por el diplomático Elmer Schialer, no implican un cambio en la política exterior de su país.

“Nuestra política exterior permanece invariable, y nuestra posición frente a la situación en el hermano país de Venezuela se mantiene firme e inalterada”, aseguró.

CONTUNDENTE ??La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó su postura con respecto al proceso electoral de Venezuela. "No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático que respeta el Estado de derecho, somos un país que tiende la mano"? @exitosape pic.twitter.com/TiBH2aYU3c

La gobernante hizo estas declaraciones un día después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que Perú no ha reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, pese a que el pasado 30 de julio el entonces canciller afirmo que esa era la postura peruana.

“No tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia. Hemos pedido que se haga un reconteo (…) porque entendemos, además, que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar esas actas (de votación)”, dijo Adrianzén.

Acerca de la posición de Perú, el primer ministro sostuvo que la Cancillería ha emitido diversos comunicados oficiales que “hacen votos para que las actas se entreguen” y que “es imprescindible que esos resultados sean objeto de una revisión”.

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Posteriormente, Schialer aseguró que su país “continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad”.

“En lo que respecta a Venezuela, quiero enfatizar que no hay ningún giro. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado”, remarcó.

También recordó que su país ha “rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del señor Edmundo González Urrutia” y dijo que “lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y la región, y también la mayor preocupación”. 

Con información de EFE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este miércoles ante los fiscales que la investigan por el «Rolexgate», un caso de presunta corrupción que tiene en la mira a su ya debilitado gobierno.

Es la segunda vez que Boluarte es citada a declarar desde que en marzo estalló el escándalo de los relojes de lujo Rolex y joyas que no consignó en su lista de bienes.

Al término de una hora de indagatoria, la mandataria abandonó la sede de la fiscalía, en el centro de Lima, sin dar declaraciones.

A las afueras del edificio custodiado por la policía, una docena de manifestantes exigió entre gritos su renuncia. «Esta sinvergüenza no se puede quedar hasta el 2026 (…). No podemos soportar este gobierno», dijo a la AFP María Maldonado, de 52 años.

La fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. También indaga si incurrió en «cohecho pasivo impropio», un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios.

«No tenemos nada que ocultar y estaremos cuantas veces sea necesario compareciendo ante el Ministerio Público, brindando declaraciones cuando estas nos sean solicitadas», comentó el jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, tras la diligencia judicial.

En su primera declaración ante la fiscalía el 5 de abril, Boluarte indicó que los relojes Rolex le fueron entregados en préstamo por su amigo y gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Si finalmente el Ministerio Público decide acusarla, Boluarte solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.

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Desde el viernes la presidenta enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción que involucra a su hermano mayor, Nicanor Boluarte, quien fue detenido ese día de manera preliminar por un plazo de hasta 10 días por orden de un juez.  

Nicanor Boluarte está bajo sospecha de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos, aprovechando el «poder de facto» que recibió de su hermana, según el poder judicial.

Al tiempo que responde ante la justicia, Dina Boluarte encara un nuevo intento de la minoritaria oposición de izquierda de someterla a un juicio de destitución en el Congreso, dominado por la derecha. 

La mandataria, cuya desaprobación alcanza el 88%, según una reciente encuesta de Ipsos, carece de bancada propia y partido, por lo que el apoyo de las fuerzas conservadoras es clave para que pueda terminar su mandato en julio de 2026. 

«¡Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026! Porque aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar», dijo la mandataria el martes en un acto público.

Con Boluarte, son seis los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas ocho años, Perú ha tenido seis mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.

Ante las acciones de la fiscalía, el gobierno ordenó sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que allanó en marzo la vivienda de Boluarte y el despacho presidencial, en busca de las joyas.

Ese mismo equipo estuvo al frente del operativo de captura de Nicanor Boluarte.

La mandataria asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso. Bolaurte era su vicepresidenta.

Tras su juramentación, estallaron protestas duramente reprimidas por la fuerza pública, en las que murieron 50 personas presuntamente por disparos de policías y militares.

A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».

«He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano», dijo en abril la primera presidenta mujer de Perú. 

El nuevo gabinete de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el tercero en 16 meses, obtuvo este miércoles en el Congreso un crucial voto de confianza que le permite seguir en funciones en medio de un escándalo de relojes de lujo que involucra a la mandataria.

«Ha sido aprobada la cuestión de confianza del señor Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros», anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

La votación final fue 70 parlamentarios a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, precisó el Congreso en las redes sociales luego que inicialmente se anunciara 36 en contra. Dos votos virtuales se agregaron. La sesión fue presencial y virtual.

El respaldo del parlamento unicameral, controlado por una media docena de bancadas de derecha, se concretó luego de una sesión de siete horas donde Adrianzén expuso y debatió sobre la política general de su gestión.

El dignatario ofreció en su discurso «una gestión de manos limpias, un gobierno transparente para hacer frente a la corrupción y la ineficiencia». Entre sus prioridades enumeró la reactivación económica, el orden público y la seguridad, y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

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El gobierno llegó a esta votación debilitado después de que estallara el Rolexgate, un caso en el cual la fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo, originado en unos supuestos relojes Rolex y joyas que no declaró entre sus bienes, provocó una desbandada en el gabinete. Adrianzén, en el cargo desde el 6 de marzo, tuvo que nombrar seis ministros nuevos el lunes.

La Constitución estipula que los nuevos gabinetes se tienen que someter al voto de confianza del Congreso en un plazo de 30 días desde su nombramiento.

En caso de que la cámara le hubiera denegado la confianza, el gabinete entero habría tenido que renunciar y Boluarte nombrar uno nuevo en un plazo de 72 horas.

Adrianzén agradeció el respaldo que «recibimos con humildad», y tendió la mano al Congreso a «que nos acompañen en el proceso de reactivación económica y de lucha por la seguridad ciudadana”.

Boluarte se encuentra en un momento de fragilidad, con un nivel de aprobación que no supera el 10%. Aunque el Congreso es tan impopular como Boluarte. Su desaprobación alcanza el 85%, la aprobación un 9% y un 6% no precisa su opinión, según un sondeo nacional de Ipsos de marzo último.

Desde antes de la votación, el gobierno confiaba en conseguir la mitad más uno de votos sobre los 130 escaños del Congreso gracias a los grupos parlamentarios que van desde el centro hasta la ultraderecha a los que se ha aferrado Boluarte durante su presidencia ante la falta de bancada propia.

Varios legisladores de estas bancadas dijeron que votarían a favor del gobierno para evitar una escalada que lleve a un adelanto de las elecciones generales previstas para 2026.

La atención está puesta ahora en Boluarte, de 61 años y que asumió la presidencia en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo por su autogolpe fallido.

La presidenta debe declarar el viernes ante los fiscales por primera vez desde que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo.

Su futuro «es incierto, a pesar de que se juega por dos cuerdas separadas que son la judicial y la política», dijo a la AFP el analista Augusto Alvarez Rodrich.

La fiscalía puede investigarla por un máximo de ocho meses desde que empezó a hacerlo en marzo. Y sólo podrá acusarla cuando concluya su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución.

Así que sería en «el terreno político, el Congreso, donde se decidirá si ella permanece en la presidencia», subrayó Alvarez.

La fiscalía también investiga a Boluarte por los supuestos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» por la muerte de más de 50 civiles «durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023» en las se exigía su renuncia y nuevas elecciones.

El parlamento comenzó a tramitar el lunes una moción de vacancia (destitución) por «permanente incapacidad moral» presentada por Perú Libre, partido izquierdista al que perteneció Boluarte. El pedido lo apoyan 30 congresistas, pero para ser admitido a debate necesita el respaldo de más de 50 congresistas.

Una vez admitido, se requieren más de 86 votos para destituirla. La izquierda ya presentó dos mociones de vacancia contra Boluarte, pero ninguna fue admitida a debate.

Con Boluarte son seis los presidentes salpicados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016 Perú ha tenido seis mandatarios.

El ministro peruano del Interior, Víctor Torres, renunció este lunes en medio de la investigación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado dentro de sus bienes. 

«Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido», dijo Torres a la salida del palacio presidencial tras asistir a su último Consejo de Ministros.

Torres, quien ocupaba el cargo desde el 21 de noviembre, alegó «problemas familiares» para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.  

Cuestionado por el aumento de la inseguridad ciudadana, el ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado «Rolexgate». 

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Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro.

El gobierno registra así su primera baja desde que a mediados de marzo estalló el escándalo por una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria, de 61 años. 

«Si la señora sale, el Perú se hunde», comentó el saliente ministro, a raíz del pedido de destitución que presentaron grupos de oposición que no ostentan la mayoría en el Congreso.

«La señora no tiene nada que esconder. Me voy en paz, con las manos limpias», agregó Torres. 

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este sábado el allanamiento de la fiscalía a su vivienda y despacho presidencial, y denunció un «ataque y acoso sistemático» en medio de las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

«La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva», señaló Boluarte en un mensaje a la nación tras las operaciones de registro ordenadas en su contra.

Jefa de Estado desde diciembre de 2022, la exvicepresidenta agregó que estas acciones están afectando la gobernabilidad del país.

«La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica», afirmó.

También de «manera sistemática se me viene acusando con noticias tendenciosas y falsas», agregó Boluarte, quien está en el centro de un escándalo por unos relojes Rolex que no habría declarado como parte de su patrimonio.

La fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos, a raíz de las revelaciones sobre las joyas hechas por la prensa.

En el marco de las pesquisas, un grupo de fiscales y policías allanó en la madrugada su vivienda y el despacho presidencial, en busca de las joyas cuya procedencia no ha esclarecido, reseña la AFP.

Boluarte evitó, por «recomendación» de su abogado», referirse públicamente al llamado caso Rolex hasta que pueda declarar ante la fiscalía, diligencia que está prevista para el viernes 5 de abril.

La mandataria insistió en su mensaje que es víctima de un «ataque y acoso sistemático» e hizo un llamado a favor de la democracia.

En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.

El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando «incapacidad moral».

Al respecto, abogó para que no se manoseé este recurso de vacancia o se hable de anticipo de elecciones.

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Entre tanto, congresistas peruanos presentaron una nueva moción de vacancia contra la presidenta Boluarte por el escándalo de los relojes Rolex.

La moción cuenta con más de 26 firmas (20% del número legal de congresistas), por lo que oficialmente ha sido presentada.

Suscriben el documento parlamentarios de Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular y algunos no agrupados.

“Hasta la fecha, doña Dina Boluarte, directamente ni el Gobierno han aclarado el origen de hasta tres relojes Rolex que la prensa ha podido captar en el brazo de la mandataria en distintas actividades oficiales”, se lee en el documento.

Las autoridades peruanas allanaron en la madrugada del sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.

Según un documento policial, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales «con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex» cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.

Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.

El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes.

La acción conjunta de la fiscalía y de la policía fue retransmitida por el canal de televisión local Latina, donde se aprecia como los agentes rodean la vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y hacen una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles.

La irrupción al domicilio «tiene fines de registro e incautación», dijo la policía.

La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

El sorpresivo allanamiento se efectuó luego que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.

Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. Entretanto sí que puede ser investigada.

El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando «incapacidad moral».

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal apoyo de la mandataria, deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretarse.

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Los fiscales que ingresaron no dieron declaraciones a las decenas de periodistas apostados en el exterior de la vivienda, que informan en vivo desde la calle sobre el allanamiento, publicó la agencia AFP.

Según la prensa, la presidenta no se hallaba en su vivienda y se ignoraba si se encontraba en su despacho de Palacio de Gobierno.

La presidencia peruana no reaccionó de inmediato, pero no se descarta una declaración del gobierno.

El escándalo estalló por un reportaje del programa periodístico «La Encerrona» a mediados de marzo.

Esta información reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia.

Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj «de antaño» y que es producto de su «esfuerzo», ya que trabaja desde los 18 años.

«He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano», declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.

A raíz del escándalo, la Contraloría de la República, anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial .

?? | En un hecho histórico la Policía de Perú rompió la puerta del domicilio de la Presidenta Dina Boluarte, para iniciar diligencia de allanamiento por el caso Rolex. pic.twitter.com/AjkOy5loQE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte fue víctima de una jaloneada de cabello y una zarandeada por parte de dos mujeres, una de ellas Ruth Bárcena, quien acusa a la mandataria de ser responsable de la muerte de su esposo, Leonardo Ancco.

Cabe destacar que Leonardo Ancco fue uno de los fallecidos en las protestas en Ayacucho el pasado 15 de diciembre del 2022.

Boluarte fue víctima de las dos durante un evento oficial en la ciudad andina de Ayacucho, donde 10 personas murieron en las protestas contra su gobierno.

La mandataria participaba en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en el distrito Chiara en la región Ayacucho, cuando sorpresivamente las dos mujeres la atacaron, indica AFP.

Al momento de la agresión se encontraba junto al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lanzando caramelos a la población.

La situación generó un alboroto que obligó la participación de efectivos de la policía y seguridad del Estado, mientras que una de las mujeres fue detenida.

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Ruth Bárcena asegura que su vida y la de su hija cambió por completo tras la muerte de su esposo. Al tiempo que acusa a Boluarte de ser responsable de la muerte de su esposo, Leonardo Ancco.

«Mataron a mi esposo, ¿voy a estar tranquila yo?”, dijo Bárcena al ser detenida.

#21Ene?? "NUESTRA VIDA HA CAMBIADO": habla mujer que agredió a Dina BoluarteRuth Bárcena, quien arremetió contra la presidenta peruana en Ayacucho, cuenta su situación familiar tras la muerte de su esposo en las protestas de 2022.?: @InfoPaisPepic.twitter.com/5zVFPxa0I5

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres indicó que tomarán medidas disciplinarias «drásticas» contra los miembros a cargo de la seguridad de la mandataria.»Con relación al personal de la escolta, estos serán relevados», dijo.

Mientras que, el jefe de gabinete, Alberto Otárola manifestó su repudio al incidente.»Condeno y rechazo la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte hoy en Ayacucho, durante una actividad oficial. Este lamentable hecho puso en peligro la integridad de la jefa de Estado y esto es gravísimo. Con violencia, perdemos todos como país», indicó.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte Zegarra fue citada a declarar antes de las 9.00 a. m. ante la Fiscalía de su país, sobre la responsabilidad del Ejecutivo en las 49 muertes perpetradas durante las manifestaciones en contra de su gobierno.

Pese a las expectativas que había por su comparecencia ante la justicia, lo cierto es que no brindó respuestas concluyentes sobre el caso.

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También evitó responder a los abogados de los deudos, pese a que había afirmado que declararía ante el Ministerio Público y que, no haría uso de su derecho a guardar silencio, reseña La República.

Por su parte, el abogado de los deudos, Carlos Rivera confirmó que la presidenta no respondió las preguntas de los abogados de las víctimas ni de la propia Procuraduría.

La presidencia de Perú informó que Boluarte declaró ante la Fiscalía, tras lo cual se retiró.

Presidenta Dina Boluarte culminó diligencia en la @FiscaliaPeru tras brindar declaraciones respecto a las investigaciones del Ministerio Público.

En las afueras de la Fiscalia un grupo de personas le gritaba consigna de repudio.

#AHORA | Entre el rechazo de la gente que le grita ¡Asesina! y rodeada de policías, Dina Boluarte sale de dar su declaración ante la Fiscalía. Los asesinatos de este régimen no quedarán impunes. pic.twitter.com/DEDxXRMUqn

El pleno del Congreso de Perú rechazó adelantar las elecciones generales para octubre próximo, tras debatir durante más de 8 horas un proyecto planteado en ese sentido por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García.

La propuesta recibió 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, aunque tras la votación el presidente del Congreso, José Williams, informó de que se había presentado un pedido de reconsideración que se debatirá este próximo lunes y que implica una nueva votación, reseña EFE.

Al tratarse de una reforma constitucional, este tipo de proyectos debía contar con el voto favorable de 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas para ser aprobados.

Durante el debate, Guerra García sostuvo que el adelanto en la fecha de los comicios era “una necesidad” para “darle un alivio” a su país “y a los ciudadanos”, en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que han dejado 64 muertos desde diciembre.

Posteriormente, al término de las intervenciones, pidió un intermedio para corregir el texto de su propuesta con observaciones hechas por otros legisladores con el objetivo de buscar los 87 votos necesarios o el mínimo de 67 que permitiera que el proyecto pueda ser llevado a un referéndum.

El proyecto planteaba que se incorporan disposiciones transitorias especiales para que las elecciones generales se celebren en octubre de 2023, que el nuevo Congreso asuma sus funciones el 31 de diciembre y el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2024.

El siguiente Ejecutivo y Legislativo cumplirían sus funciones, de manera excepcional, hasta julio de 2029, seis meses más de los cinco años establecidos en la Constitución, con el objetivo de retomar en el período posterior la fecha de toma de mando en el tradicional 28 de julio, fecha de la independencia nacional.

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Por su parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, lamentó este sábado que el Congreso rechazara el adelanto de las elecciones para este año e instó a que se depongan intereses personales y partidistas para «allanar una salida a la crisis política».

«Lamentamos que el Congreso de la Repúblíca no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, donde peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades», escribió Boluarte en Twitter.

«Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú», añadió la mandataria, en su primera reacción desde que el Parlamento fracasara la madrugada del sábado en la idea de adelantar las elecciones generales para este año como pidió ella misma el viernes.

La crisis política en Perú pareciera que está lejos de acabar. Este miércoles, un grupo de congresistas de izquierda, quienes están en minoría en el Poder Legislativo, presentó una moción de vacancia o destitución contra la presidenta Dina Boluarte por «permanente incapacidad moral».

Según reporte de la agencia Efe, el documento cuenta con la firma de 26 parlamentarios, quienes argumentan que Perú «está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte».

La vacancia debe contar, por lo menos, con la firma de 26 legisladores y luego recibir 52 votos para ser admitida y tramitarse en la cámara. Para que se declare la destitución de un gobernante se requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.

El hecho ocurre a solo semanas de la destitución de Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe de Estado y tras el ascenso de Boluarte que originó protestas antigubernamentales que han causado decenas de muertos, heridos y daños materiales, además de la declaratoria de emergencia en varias regiones de ese país.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.

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¿Qué salida plantean frente a la crisis en el Perú?», preguntó este miércoles la presidenta Dina Boluarte ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), insistiendo en que la «única posible» es la celebración de «elecciones libres».

«No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática», afirmó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA.

«No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática», afirmó Boluarte, en reseña de AFP.

“Como bien conoce este Consejo Permanente, asumí la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, como consecuencia de una sucesión constitucional, luego que se produjera un intento de golpe de Estado en el que el entonces, presidente Pedro Castillo, ordenó a la fuerza pública en cadena nacional, disolver inconstitucionalmente el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia”.

Asimismo, Boluarte Zegarra destacó la actuación del Pleno del Congreso de remover de su cargo a Castillo.

“El Congreso declaró la vacancia de Castillo, quien luego fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del juez y sea detenido preliminarmente por el presunto delito de rebelión. De haber prosperado la intentona golpista, hoy el Perú estaría sumido en una dictadura”, reseña el portal Infórmate Perú.

Comunicó que su gestión ha presentado un proyecto de ley para llevar a cabo un adelanto de elecciones en abril de 2024, con el objetivo de renovar a los actores en las diferentes estancias del Ejecutivo y el Hemiciclo.

“El Gobierno de transición busca un consenso con todas las fuerzas políticas y sociales para sacar adelante al país ante este difícil trance. Consciente ante mi responsabilidad en esas circunstancias al inicio de mi administración, presente al Parlamento, un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales con miras a que el pueblo peruano renueve a sus autoridades con la más amplia apertura democrática y porque en estas marchas lo están pidiendo”, expresó.

Perú cerró el sábado por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.

«Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes», informó el ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá «hasta nuevo aviso».

El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu -el único medio disponible entre ambos puntos- se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.  Al menos 400 turistas quedaron varados.

El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de tránsito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros.

La Unión Europea (UE) alzó su voz sobre la crisis y lamentó «el gran número de víctimas mortales» y llamó al gobierno y a la oposición «a tomar medidas urgentes para restaurar la calma».

Este sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno, informó a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de esa localidad, quien llamó a la policía hacer no hace un «uso desproporcional de la fuerza». 

Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, pequeña ciudad a 3.800 m de altitud cercana al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.

La represión en Ilave, desató la ira de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo con medios locales.

Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas del orden dejaron 10 heridos en esa ciudad, indicaron fuentes hospitalarias.

En Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban. 

Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.

«Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa», dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años, quien llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre. 

Abogados de la región Puno que llegaron al lugar, como Efraín Sullca, denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores y se desconoce el número de detenidos, los cargos imputados y adónde se los llevará. Los manifestantes habían pernoctado ahí a pesar de la negativa de la institución.

La universidad dijo que la Policía actuó «de oficio» porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.

El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó en el Canal N de televisión que la intervención se dispuso «dentro de la flagrancia» tras reportes de autoridades universitarias de la comisión de delitos por algunos de los ocupantes. 

Agregó que los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz.

Un portavoz de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo que los detenidos son unos 200 y que fueron llevados a la Prefectura de Lima.

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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a «asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso» y recalcó que llevar a los detenidos «ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas».

La Defensoría del Pueblo denunció no se le permitió ingresar a la universidad durante la intervención. Lo mismo sucedió con parlamentarios de oposición.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso.

Las autoridades alegan que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas del sur.

Las protestas iniciaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentara disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.

El izquierdista Castillo, un exmaestro rural de origen indígena, fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno impuso un estado de emergencia por las protestas en un tercio de las regiones del país y la capital.

La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que vieron en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.

Con información de AFP

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes a los cientos de manifestantes de varias regiones del país que se dirigen a Lima para protestar contra su Gobierno lo hagan en «paz y calma».

«Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y 19, yo los llamó a tomar Lima, sí, pero en paz en calma. Los espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen», dijo Boluarte en una actividad oficial en el Tribunal Constitucional.

Un grupo de campesinos de la ciudad de Andahuaylas llegaron en camiones y autos a Lima esta madrugada y se concentran la Plaza Manco Cápac, reseñó la AFP.

Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocatoria de una asamblea constituyente. El Gobierno ya rechazó todas estas peticiones.

Desde Cusco, decenas de campesinos en buses y camiones partieron la noche del lunes hacia la capital, distante a 1.100 km. Similares movilizaciones se produjeron en la región Puno.

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Los bloqueos de carreteras siguen dando la pauta del ritmo de las protestas. El martes amanecieron bloqueados 94 tramos de carreteras por manifestantes en 8 de las 25 regiones.

Las fuerzas del orden liberaron la madrugada del martes la carretera Panamericana Norte.

“Nosotros, a través de la policía, estaríamos abriendo en las próximas horas las carreteras”, anunció Boluarte.

“Hay que hacer llamar a la reflexión a estos señores (manifestantes) que, con justas razones, la gran mayoría de ellos salen y están protestando pacíficamente, pero bloquear carreteras, no permitir el ingreso de camiones que llevan gas o combustible ya sale de la protesta pacífica”, manifestó.

Con información de AFP

Colectivos izquierdistas se movilizaron en Lima este jueves para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, en el marco de las protestas que dejaron al menos 48 muertos en poco más de un mes, con focos importantes en zonas andinas como Cusco, meca del turismo cuyo aeropuerto cerró por seguridad.

Bajo la consigna «Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista», miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico de Lima, convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.

«Estamos marchando por los asesinatos, por la masacre en Puno de nuestros hermanos campesinos. Pedimos la renuncia de Dina Boluarte porque es un gobierno usurpador», dijo a la AFP Rosario Abanto, de 59 años.

Las protestas ingresaron así a su segunda semana tras una tregua por fin de año, promovidas por sectores radicales y gremios campesinos en las zonas andinas, reclamando justicia con los deudos y sanción a los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

El jueves Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.

Mientras que en la región Puno, epicentro del movimiento, comenzaron los entierros de los 17 fallecidos tras choques el lunes con las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca. 

«Lo recuerdo a mí tío como una persona muy alegre. Es una lástima como lo hemos perdido. No ha muerto por una muerte natural, tampoco por una enfermedad, a él lo mataron!», dijo a la AFP Sonia Quispe, sosteniendo un retrato de Marco Quispe, de 55 años, a quien sepultaron en el cementerio La Capilla de la ciudad. 

El dolor se prolongó en Juliaca por una nueva muerte: un joven de 16 años hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad. 

Bajo ese contexto el ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció y pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de 2024.

Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.

La movilización en la capital es parte de una «asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14», había dicho el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola.

Según el alto funcionario, las protestas «se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico», proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos.

Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima. 

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El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser «quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad». 

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela inca Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles, con manifestantes enardecidos tras la muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía.  

La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden.

El gobierno cerró este jueves temporalmente el aeropuerto internacional de Cusco ante el alto riesgo de que sea tomado por la fuerza pese a estar resguardado por un contingente policial y militar.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu se suspendió hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores por las protestas, informó en un comunicado la compañía operadora.

Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 48 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la «moderación» a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.

Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, «abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada». 

Con información de AFP

Sectores radicales continuaron este miércoles las protestas en Perú, con marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden y dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos en Cusco, meca del turismo mundial.

La muerte del manifestante elevó a 48 el total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

«Lamentamos que enfrentamientos en Cusco hayan originado el fallecimiento del presidente de la comunidad de Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, Remo Candia Guevara», informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

«Demandamos una investigación inmediata para dar con los responsables del deceso y proceder a la sanción respectiva», agregó la institución respecto a lo ocurrido en Cusco, donde los hospitales registraron más de 30 heridos, entre ellos 19 policías. 

La jornada empezó con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad en Juliaca, en la región andina de Puno. 

El saldo trágico cerró un miércoles que había arrancado con un llamado de Estados Unidos a la «moderación» a todas las partes.

Al mismo tiempo, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar «la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales».

En medio de la tensión social, la fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de «genocidio» a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar las manifestaciones violentas, que solo entre lunes y martes dejaron 17 muertos civiles y un policía quemado dentro de su patrulla, informó la institución.

El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. 

«Dina me asesinó con balas», se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares. 

En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte.

Perú declaró duelo nacional este miércoles en honor a los muertos de la región de Puno, donde rigen tres días de toque de queda nocturno, en un intento del gobierno por contener las protestas. 

Los bloqueos de rutas se extendieron a ocho de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.

En Cusco, antigua capital del imperio inca, la violencia se desencadenó cuando los pobladores, muchos campesinos, procuraron llegar al aeropuerto luego de movilizarse exigiendo la salida de la presidenta. La policía recurrió a gases lacrimógenos para dispersar la multitud, que les lanzaba piedras con «huaracas» (hondas).      

En Arequipa, segunda ciudad de Perú, centenares marcharon también contra el gobierno.

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En Tacna, en la frontera con Chile, se inició un paro indefinido signado por episodios de vandalismo, como la quema de casetas de peaje vehicular y el intento de saqueo a un centro comercial.  

La región de Puno inició hace una semana un paro indefinido reclamando la renuncia de Boluarte, elecciones presidenciales y legislativas inmediatas y convocatoria a Asamblea Constituyente. 

Los gobiernos regionales de Puno y Cusco piden dimitir a Boluarte como primer paso para solucionar la crisis.

Los comisionados de la CIDH fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo peruano.

«Vamos a verificar la situación de los derechos humanos. Lamentamos la pérdida de vidas en las protestas», dijo a la prensa Edgar Stuardo Ralón, quien preside la misión que permanecerá hasta el 13 de enero y se reunirá con autoridades, víctimas y familiares en Lima, Ica y Arequipa.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. 

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.   

Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021. 

Con información de AFP

Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dejaron 17 muertos este lunes en Juliaca, en el sur de Perú, informó la Defensoría del Pueblo.

«Hasta esta hora de la noche, hemos confirmado 17 fallecidos en Puno durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca», dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo.

La cifra de muertes pasó de 12 a 17 en las últimas horas, tras el deceso de cinco de los cerca de 40 heridos registrados.

Las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge, a donde fueron trasladadas, en declaraciones al canal N de televisión. 

«Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan», exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.

Con el nuevo balance, los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a 39 en casi un mes de protestas. 

Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas dos mil personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 km al sur de Lima, en la región de Puno.

«Hoy, más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas improvisadas y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema», dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola.

El aeródromo está bajo resguardo policial y militar. Un intento de toma similar había ocurrido el sábado, pero sin muertes.

«Los señores policías nos estaban disparando (…) pedimos que la señora Dina (Boluarte) renuncie (…) acepta que el pueblo no te quiere», dijo a la AFP un manifestante.

Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política con manifestaciones y bloqueos de rutas, el gobierno de Boluarte prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país.

«Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma», indicó el ministerio del Interior.

Morales ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de Boluarte, que se desataron tras la destitución y detención de su antecesor Pedro Castillo.

Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero.

Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar en torno al 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales, que agrupan principalmente a campesinos.

El anuncio contra Morales coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. 

«En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú», agregó el ministerio para justificar la decisión.

Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana, desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno.

Castillo fue destituido tras un fallido golpe de Estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez acusado de rebelión.

Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú de impedirle el ingreso y sostuvo que la medida busca «distraer y esquivar» las responsabilidades por las «graves violaciones» de los derechos humanos.

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Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de «Runasur», una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.   

«El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen, lleguen al poder», replicó Morales el fin de semana.

El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. 

La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte.

Las protestas contra el gobierno de Boluarte se reiniciaron el 4 de enero, tras una breve tregua por las fiestas de fin de año.

Los manifestantes mantenían este lunes bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca; Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac. 

Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como «traidora» por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan. 

Con información de AFP