La mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC reivindicó este viernes en un video los múltiples ataques que mataron a siete personas en el suroeste de Colombia el martes.

Los rebeldes, que no se acogieron al acuerdo de paz 2016, lanzaron ataques simultáneos con disparos, coches bomba y drones en Cali, la tercera ciudad del país, y poblados cercanos. Dos policías y cinco civiles fallecieron, de acuerdo con la policía, que reportó 28 heridos.

En un video enviado a un chat de periodistas, un comandante que se identifica como Marlon Vásquez asume la responsabilidad del llamado Estado Mayor Central (EMC) en estos hechos.

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«Se dan en medio de la conmemoración de los 61 años de lucha» de las FARC, fundada en junio de 1964, dice vestido de camuflado junto a otros guerrilleros armados con fusiles.

Las autoridades reportaron 24 ataques, mientras que los disidentes aseguraron que fueron 40.

Colombia atraviesa por su peor crisis de seguridad en una década. El sábado, el aspirante de derecha a la presidencia Miguel Uribe fue baleado por un presunto pistolero de 15 años que está detenido.

El también senador, de 39 años, está en estado crítico en una clínica.

El gobierno dijo el martes que averiguaba si estos hechos tienen relación, pues una de las hipótesis del presidente izquierdista Gustavo Petro es que el EMC está detrás del atentado.

Los disidentes negaron el jueves su responsabilidad y lo calificaron de «autoatentado» de la derecha .

El gobierno repite que los recientes ataques en el país forman parte de un plan de desestabilización.

Petro también menciona a un supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái como posibles autores intelectuales.

Los candidatos del partido de Uribe, el opositor Centro Demócratico, suspendieron este viernes sus actos de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que la derecha busca recuperar el poder.

El Frente 33 de las disidencias de las FARC sufrió un golpe estratégico en su estructura criminal, tras la muerte de alias el Mono, quien fungía como su coordinador financiero en el área metropolitana de Cúcuta. La operación, ejecutada por el Gaula Militar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se llevó a cabo en el barrio El Porvenir.

Según información de inteligencia, alias el Mono era el responsable de gestionar los recursos económicos del Frente 33, producto de actividades ilícitas como la extorsión, intimidación a la comunidad y el proselitismo armado. Su ubicación fue determinada tras labores de seguimiento, lo que permitió planear un allanamiento que desencadenó en un enfrentamiento armado con las tropas.

Durante el operativo, el cabecilla resultó herido y, pese a recibir primeros auxilios, murió en el lugar. En la escena se incautaron una pistola 9 milímetros, un artefacto explosivo, radios de comunicación, brazaletes con insignias del grupo armado y material de intendencia.

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La muerte de alias el Mono debilita la estructura operativa del Frente 33 en una de sus zonas estratégicas: Cúcuta y su periferia. De acuerdo con fuentes oficiales, este resultado hace parte de un plan nacional para neutralizar los aparatos financieros y logísticos de los grupos armados ilegales que operan en Norte de Santander.

Este frente es una de las estructuras disidentes más activas del país. Ha sido protagonista de actos de violencia, atentados, secuestros y control territorial en zonas fronterizas, lo que lo convierte en una prioridad para las autoridades.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía, bajo una estrategia de intervención integral. Las autoridades destacaron que el Frente 33 venía afectando gravemente la seguridad regional, utilizando el miedo y la violencia como herramienta de control social.

“Seguiremos golpeando a estas estructuras que pretenden sembrar el terror entre los ciudadanos”, señalaron fuentes del Gaula Militar.

La eliminación del cabecilla financiero representa un retroceso significativo para el Frente 33, al dificultar su capacidad para financiar operaciones ilegales. Asimismo, se debilita su influencia territorial y capacidad de reclutamiento, especialmente entre jóvenes vulnerables.

Este hecho se suma a otras acciones recientes de la Fuerza Pública que buscan erradicar las células armadas ilegales. Las autoridades continúan desplegando operaciones para recuperar zonas históricamente afectadas por estos actores violentos.

El Ministerio de Defensa reafirmó que se mantendrán los patrullajes en zonas sensibles como El Porvenir, y que aumentará la presencia de las fuerzas del orden en barrios con antecedentes de presencia del Frente 33. Estas acciones buscan garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

La Fiscalía General de Colombia imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo, a Fidencio Erley Maya Tapia, uno de los presuntos cabecillas de la estructura Franco Benavides del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que delinque en el suroccidente del país.

Los cargos en su contra están relacionados con la manipulación y lanzamiento de artefactos explosivos, durante un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y unidades de la Brigada 23 del Ejército Nacional, el pasado 22 de septiembre, en zona rural de Cumbitara (Nariño).

La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales da cuenta de que, producto de ese actuar, una mujer murió y dos soldados profesionales resultaron heridos.

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Por todo lo anterior, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El procesado fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, al Policía Nacional y el Ejército Nacional en un inmueble del barrio Belén, en Cumbitara. En el procedimiento fueron incautados tres celulares y cinco millones de pesos en efectivo

El batallón de Operaciones Terrestres, ubicado entre los municipios de Policarpa y Cumbitara, en Nariño fue víctima de un ataque de las disidencias de las FARC con ráfagas de fusil y drones.

La prensa colombiana reseña que los atentados contra el Ejército Nacional no cesan, ya que en horas de la mañana del 22 de septiembre, militares del batallón de Operaciones Terrestres, ubicado entre Policarpa y Cumbitara, en Nariño, fueron atacados por drones de las disidencias de las FARC.

El ataque, que fue atribuido a la estructura residual Franco Benavides, devino en la muerte de una habitante de la zona y dos soldados heridos.

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Se pudo conocer que los militares fueron trasladados en helicóptero hasta el aeropuerto Antonio Nariño para remitirlos hasta un hospital en Pasto, capital departamental, donde permanecen estables.

Denunciarán ante la Fiscalía General de la Nación y organismos mundiales estas  infracciones de las disidencias FARC al Derecho Internacional Humanitario.

La versión de la prensa indica que  cada vez es más común el uso de drones por parte de grupos criminales como las disidencias de las FARC.

Con información Caracol

Guerrilleros de la principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazaron este martes la realización de la COP16 sobre biodiversidad en Cali (suroeste), la ciudad colombiana más cercana a los territorios dominados por los rebeldes.

«La COP16 fracasará aunque militarice con gringos (estadounidenses) la ciudad», escribieron los guerrilleros del Estado Mayor Central (EMC), en un mensaje en la red X dirigido al presidente Gustavo Petro.

La cumbre se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre bajo robustos dispositivos de seguridad a cargo del Estado colombiano y policías de la ONU.

Pero una escalada de violencia y ataques con explosivos del EMC en poblados cercanos tienen en alerta a las autoridades.

«Su misión Cauca fracasará sin que movamos un dedo, simplemente, el Cauca y Colombia están asqueados de los planes cívico militares disfrazados de acciones de desarrollo», añadieron los guerrilleros que se apartaron del acuerdo de paz de 2016, en su mensaje también compartido en un chat de periodistas.

En la tarde de este martes, la Secretaría de Seguridad de Cali a través de un mensaje en X insistió en que la ciudad «ha cumplido con los requerimientos de seguridad previos a la #COP16 y continuará reforzando este despliegue de Fuerza Pública, no solo durante el evento».

Más temprano, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto a los altos mandos de la fuerza pública, había anunciado la intensificación de las operaciones contra la escisión apartada de las conversaciones.

«Vamos a neutralizar a todos aquellos individuos que no se acojan al proceso de paz», advirtió también el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

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El EMC se dividió en dos en abril, cuando el comandante alias Iván Mordisco se levantó de la mesa de negociaciones con los delegados del presidente izquierdista: un 50% de los combatientes aún obedece a sus órdenes y el otro 50% sigue firme en su voluntad de firmar la paz.

Según cálculos independientes, unos 2.000 combatientes están al mando de Mordisco y son los principales responsables de la ola violenta que golpea el suroeste del país.

La COP16 -escenario para que líderes mundiales discutan sobre el futuro de la biodiversidad del planeta- es un evento internacional clave de la gestión de Petro, firme defensor de la naturaleza.

En mayo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo a la AFP que el gobierno evaluaba la situación de orden público en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, y el vecino Cauca con miras a la COP16.

En ese momento, los rebeldes del EMC realizaron un atentado con una motocicleta bomba en la localidad de Jamundí, a 18 kilómetros de la sede de la cumbre en una semana de acciones violentas que dejaron varios civiles y policías muertos en diferentes poblados.

Las Fuerzas Militares respondieron a los ataques cerca de Cali desplegando una megaoperación con al menos 6.000 soldados en Cauca.

Este martes, el gobierno extendió por tres meses el cese al fuego bilateral con la escisión del EMC que se mantiene en la mesa de negociaciones, integrada por los frentes ‘Gentil Duarte’, ‘Jorge Suárez Briceño’ y ‘Raúl Reyes’.

Además de buscar el sometimiento de numerosos grupos criminales, el gobierno colombiano enfrenta e intenta negociar con cuatro guerrillas: el EMC, su escisión, la Segunda Marquetalia -que firmaron el acuerdo de 2016 pero volvieron a las armas- y el ELN.

Bajo el mando de Mordisco, el EMC se financia del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, principalmente en la región del Pacífico y en la Amazonía.

El poderoso cabecilla se convirtió en uno de los hombres más molestos para Petro, quien pidió su captura y lo comparó con el famoso barón de la cocaína Pablo Escobar, abatido por las autoridades en 1993.

En los departamentos de Valle del Cauca y Cauca están sembradas casi 29.000 hectáreas de hoja de coca, base para el procesamiento de cocaína, según un balance de la ONU de 2022.

Hasta el momento, las autoridades sostienen que no contemplan cambiar la sede de la COP16, que recibirá por lo menos 12.000 visitantes, expositores y diplomáticos de 90 países, aunque concejales locales han llamado recurrentemente la atención sobre el riesgo que representan los diversos ataques de los disidentes.

La Fiscalía General de Colombia informó sobre la detención de 11 presuntos integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc, aprehensión que ocurrió en conjunto con funcionarios del GAULA de la Policía de ese país.

Los detenidos fueron identificados como: Faber Mauricio Hernández Tovar, alias Ronald Rodríguez; Darney Trujillo Bahamón alias Cristian; Sergio Hernández Tovar, alias Piter Rodríguez; Wendy Dayana Galindo, alias Camila Rojas; Arnoldo González Moreno, alias Samuel; Kevin Aldemar Torres Ramírez, alias Wilson León; Zuleima Longa Santa, alias Faisury; Jhon Eider Trujillo Bahamón, alias ‘Steven’; Joaquín Angarita Acero; Mónica Cortés Briñez; y Roberd Anderson Rodríguez Bustos, reseña una nota del organismo.

Estas personas serían las responsables de «constreñir e intimidar a comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas de, por lo menos, 20 municipios de Caquetá, Huila, Meta y Tolima para obligarlos a pagar extorsiones», señala.

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Igualmente, las autoridades colombianas determinaron que estas personas estarían involucradas en «una confrontación armada con la estructura ‘Rodrigo Cadete’ del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, por el control de las rentas ilícitas en la región».

Por ello, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó por los «delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y concierto para delinquir agravado».

La fiscalía informó que «todos los procesados aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario».

#ATENCIÓN | Caen 11 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc ‘Segunda Marquetalia’ que estarían involucrados en múltiples actividades criminales en el sur del país. Serían los responsables de mantener una confrontación violenta con la estructura criminal de alias Iván… pic.twitter.com/K9twiQkcrn

La Fiscalía de Colombia informó sobre la detención y encarcelamiento de un par de mujeres pertenecientes a las disidencias de las FARC.

Las detenidas fueron identificadas como Magda Nallely Noscue y Leidy Pavi Pilcue, señaladas por ser integrantes de la estructura Ismael Ruiz del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, a la que se le atribuyen homicidios, cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en Tolima y Huila.

Las dos mujeres fueron capturadas por unidades del Ejército y de la Policía Nacional, luego de un enfrentamiento armado que se registró en la vereda La Aldea, en Chaparral (Tolima), destaca la Fiscalía en una nota.

En el procedimiento fue recuperado un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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De igual manera, se incautaron 3 fusiles, 10 proveedores, 300 cartuchos para fusil, 3 pistolas, 5 celulares, 3 radios de comunicación, 20 uniformes pixelados y material de intendencia.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a las detenidas los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restrictivo, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Las investigadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Disidencias que operan bajo el mando de «Iván Mordisco» rompieron el cese de operaciones ofensivas, tras haber asesinado a un soldado identificado como Dino Alberto Martínez León, en el departamento de Cauca.

Según el Ejército colombiano, los hechos se habrían registrado en la vereda Pan de Azúcar de Balboa.

El uniformado fue ultimado mientras unidades del Ejército Nacional se dirigían a un sitio de votación en la vereda Campo Alegre, donde, lamentablemente, sufrieron ataques de la estructura Carlos Patiño, por lo que hubo fuego cruzado. 

En medio del hostigamiento contra los militares, uno de ellos murió como consecuencia de las graves heridas.

Las autoridades informaron que durante el combate, lograron capturar dos miembros pertenecientes a esa estructura criminal.

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El pasado domingo se firmó un cese de operaciones ofensivas entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), pero esa estructura guerrillero no respetó el acuerdo de cese al fuego, pactado con el gobierno colombiano.

Cuatro integrantes del Ejército de Colombia murieron en combates con disidentes de las FARC un día antes de que los rebeldes se reúnan con el gobierno para consolidar diálogos de paz, informó el ministerio de Defensa.

La cartera rechazó en un comunicado «el asesinato del teniente José Rafael Martínez y los comandos (soldados) Juan Carlos Silva, Jean Carlos Yaguara y Jhan Sandoval (…) en combates contra un grupo armado residual», nombre con el que el gobierno denomina a los grupos armados exFARC que no se acogieron al pacto de paz que desmovilizó a esa guerrilla en 2017.

Agrupados bajo el nombre Estado Mayor Central (EMC), los rebeldes disidentes iniciarán mañana una reunión de tres días con el gobierno para «anunciar la fecha de instalación de la mesa de diálogos de paz» y «formalizar el cese el fuego bilateral», informó la presidencia en la mañana, horas antes de que los militares fueran abatidos.

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Los hechos se produjeron en una zona rural del municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño (suroeste).

La región, fronteriza con Ecuador, concentra buena parte de los sembradíos de coca del país que más cocaína exporta en el mundo, según la ONU. Las rentas del negocio ilegal son objeto de una disputa a sangre y fuego entre varias facciones de disidentes, la guerrilla del ELN y la banda narco del Clan del Golfo.

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, busca desactivar el conflicto de más de seis décadas por medio de acuerdos con los distintos grupos armados.

Al filo de la medianoche del 31 de diciembre anunció una tregua bilateral con las cinco principales organizaciones, pero suspendió al acuerdo con el EMC en mayo, cuando los alzados en armas asesinaron a cuatro jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados, reseña AFP.

Noruega, Suiza, Irlanda y la Unión Europea, además de la Iglesia católica, respaldan el proceso, pero expertos ponen en duda la unidad de mando del EMC, liderado por veteranos exFARC pero con nuevos reclutas en la base.

En el departamento colombiano del Cauca, las tropas del Ejército están llevando a cabo una gran ofensiva contra las disidencias de las FARC.

Ya los uniformados han recuperado varias zonas que estaban bajo el control de los criminales.

La recuperación de ese sector estuvo en manos de un joven pelotón de soldados.

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Esta operación ha permitido sacar de las filas de las FARC a menores de edad que habían sido reclutados de manera ilegal, también la desactivación de minas antipersonales, incautación de armamento y la baja de 26 señalados miembros de ese grupo; así dio a conocer Francesco Zucconi en Caracol.

La Fiscalía de Colombia informó acerca de la detención de alias el «Gordo», uno de los principales traficantes de armas para las disidencias de las FARC.

Se trata de John Esneyder Agudelo Saldarriaga, según informó el organismo, en un video publicado en sus redes sociales.

«Este hombre sería el responsable de comprar fusiles y pistolas a los denominados combos y otras estructuras que delinquen en Medellín, Antioquia y su área metropolitana», destaca la Fiscalía.

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«Los elementos de prueba indican que como pago entregaba pasta de coca y otras sustancias ilícitas que eran procesadas y posteriormente vendidas al menudeo», agrega la nota.

Las autoridades colombianas estaban tras la pista de este sujeto desde el año pasado.

«En un procedimiento realizado a finales de 2022, la Fiscalía se incautó de varios celulares que pertenecerían a alias El Gordo y ponían en evidencia las maniobras y rutas utilizadas para conseguir el armamento. Con esa información se realizaron varias actividades de policía judicial hasta lograr su captura en Sabaneta, Antioquia», resalta la institución.

#ATENCIÓN | La labor investigativa de la Fiscalía, y el trabajo articulado con la Policía Nacional, permitieron identificar a John Esneyder Agudelo Saldarriaga, alias El Gordo, uno de los presuntos mayores traficantes de armas para las disidencias del frente 36 de las Farc. pic.twitter.com/uOEEe241C3

A través de una carta de la Federación Nacional de Departamentos, gobernadores de Colombia cuestionaron la relación que tienen con la Casa de Nariño, asegurando que “sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el Gobierno Nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones.»

Lo anterior es fundamental para tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total”.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, indicó que “la política de paz total va por mal camino, no hay política de seguridad y además no hay ningún tipo de comunicación con los gobernadores ni con la mayoría de los alcaldes en Colombia”.

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Los gobernadores colombianos dicen que la situación de orden público se ha degradado a tal nivel que incluso hoy las carreteras del país están asediadas por la criminalidad, secuestros y otros hechos que afectan a la población civil.

Darío Alexander Chávez, gobernador (e) de Nariño, hizo una petición a los grupos armados: “La demostración de la paz se hace con hechos”.

Los mandatarios departamentales reiteraron que es clamor de la ciudadanía que les garanticen la seguridad en las regiones.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, señaló que “ojalá que el presidente entienda que es un clamor, como yo le he manifestado, es un clamor no del departamento, sino de los ciudadanos; no es de los gobernantes, es de todos los vallecaucanos pidiendo el tema de seguridad”.

“Los departamentos y municipios vemos con desesperanza la actitud del Gobierno Nacional de hacer oídos sordos. A pesar de nuestros llamados, nuestra voluntad de articulación, nuestros intentos de trabajo en equipo, la única respuesta ha sido una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales y al rol de voceros institucionales legítimamente elegidos por el pueblo”, se indica en otra parte del comunicado de la Federación Nacional de Departamentos.

Los líderes regionales hacen un llamado, además, a que se arreglen las fallas en el diseño e implementación de la paz total, pues los grupos armados lo están aprovechando como estrategia para aumentar su capacidad de daño y destrucción: así concluye Oscar Rosas en Caracol.

En el departamento del Cauca acontecieron dos atentados con explosivos contra la Policía.

Los hechos, según las propias autoridades, son atribuidos a las disidencias de las FARC.

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El primer hecho se registró en el municipio de Timbío, donde sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron, al parecer, una granada de fragmentación contra una de las garitas que hace parte de la estación de Policía.

La fuerte explosión afectó varias viviendas y algunos vehículos que se encontraban alrededor, aunque no hubo lesionados.

Minutos más tarde, otro artefacto fue lanzado contra el CAI de la comuna número 6, ubicado en el barrio Alfonso López de la ciudad de Popayán. Este artefacto cayó sobre la parte trasera y solo ocasionó daños en viviendas aledañas.

Según dio a conocer Caracol, las autoridades convocaron a un consejo de seguridad.

Investigadores de la Fiscalía General y la Policía Metropolitana de Bogotá identificaron un centro de confecciones en el que se fabricaban uniformes y otras prendas para las disidencias de las Farc.

Una red delictiva conocida como «Los Bad Boys» estaba a cargo de la producción ilegal.

La investigación indica que, como método de pago por los textiles, al parecer, recibía estupefacientes que eran distribuidos en los expendios de Bogotá.

Dos de los señalados articuladores de esta actividad fueron capturados en una diligencia realizada en sur de la ciudad. Se trata de Ricardo Ramírez Gómez y Rocio Ramírez Díaz, quienes fueron detenidos en un inmueble del barrio Venecia.

En el procedimiento se encontró un centro de confecciones, el cual tenía en servicio 25 máquinas.

También se incautaron más de 250 prendas y accesorios de uso exclusivo de la fuerza pública, y 5 rollos de tela verde pixelada.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

El cargo no fue aceptado por los capturados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento.

Se sabía que Venezuela era garante en el proceso de paz con el ELN. De hecho, Caracas acogió la primera ronda de los diálogos. Sin embargo, se desconocía que también ejercería este papel con el EMC.

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Venezuela es «garante en los dos procesos de paz que se adelantan» en Colombia, dijo este lunes el presidente Gustavo Petro, en referencia a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la disidencia guerrillera Estado Mayor Central (EMC) Este último comenzaría la primera semana de agosto; así dio a conocer la agencia EFE.

El gobierno colombiano y el EMC, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, anunciaron a principios de este mes que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz.

También se conoció una reunión clave para el futuro de Venezuela, pues Petro se reunirá con los presidentes de Francia y de Brasil buscando sentar nuevamente en una mesa de diálogo al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición.

En tiempos de tantas noticias falsas, sin tener confirmaciones oficiales, la totalidad de los medios de comunicación colombianos han dicho que alias «Iván Márquez» habría muerto en un hospital de Caracas.

Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», presidente del partido Comunes (exFarc en armas) y muy cercano a Iván Márquez publicó que sí estaba muerto su antiguo compañero.

Sin embargo, el muy reconocido periodista de investigación Gonzalo Guillen, director de La Nueva Prensa, dijo todo lo contrario: que Iván Márquez NO MURIÓ.

No obstante, el diario EL TIEMPO, afirmó que había consultado a fuentes del Gobierno (sin aclarar si contactaron al gobierno colombiano o al venezolano) publicaron que Luciano Marín, alias Iván Márquez, líder de las disidencias Farc «Segunda Marquetalia» sí había fallecido en las últimas horas.

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También se dijo que Danilo Rueda, el alto comisionado de Paz del gobierno colombiano, se está desplazando en estos momentos hacia Bogotá y no se descarta un pronunciamiento oficial sobre el tema. 

Pero, consultamos una fuente muy cercana a Danilo Rueda, y nos dijo que Rueda no está fuera de Colombia.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, al ser consultado por la prensa colombiana, afirmó que no hay confirmación de las versiones que se están dando. Implicitamente dijo: “Estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues les informaremos”, señaló. “Estamos con las verificaciones” .

El Estado Mayor Central de los guerrilleros de la FARC amenazó a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones que acontecerán en Colombia.

Esta retaliación de las Farc se da luego que el gobierno colombiano levantara el cese al fuego, tras la masacre de cuatro niños indígenas en el Putumayo.

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Caracol dio a conocer esta noticia, refiriéndose a un comunicado de las disidencias Farc donde advirtieron a los partidos políticos tradicionales colombianos.

«De cara a la próximas elecciones de octubre, los políticos deberán desistir de hacer su trabajo y evitar la compra de votos donde estos grupos criminales hacen presencia»; así afirmó el Estado Mayor Central de las Farc, comandado por «Iván Mordisco».

Expertos consultados por Caracol no descartan que las disidencias Farc ataquen y hagan atentados ya que estos guerrilleros tienen muchos antecedentes criminales.

El Comando Central de las FARC se pronunció, a través de un comunicado, donde le anuncian la guerra al gobierno de Gustavo Petro.

Por medio de un comunicado, la guerrilla aseguró que, pese a que el Gobierno Petro dio un plazo de 72 horas para que se haga efectiva la decisión acabar con el cese al fuego, realmente las operaciones en contra de las FARC nunca cesaron.

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“El supuesto Gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el consejo de seguridad del día de ayer, 21 de mayo del cual se concluye romper oficialmente y de manera unilateral el cese al fuego”, se lee en el comunicado guerrillero.

“Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del mecanismo de veeduría monitoreo y verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno”, afirman los de las FARC.

“El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, aseguró la guerrilla.

La Cuarta Brigada del Ejército colombiano informó que tres sujetos, dos pertenecientes al Clan del Golfo y uno a las disidencias de las Farc lograron escapar de las instalaciones del Batallón Atanasio Girardot, en donde se encontraban en custodia, debido al problema de hacinamiento que se presenta en prisiones antioqueñas.

Los tres sujetos, quienes son importantes cabecillas de estos grupos delincuenciales, son: Hernando Javier Mendoza, alias «Discover» y Manuel Fidel Yáñez Díaz, alias «Zarco»,quienes están vinculados con el grupo narcoparamilitar conocido en el país como el Clan del Golfo.

El cabecilla de las disidencias Farc es Libardo Antonio Correa Mira, alias «Libardo».

El «Zarco» había sido capturado hace un mes, y está siendo sindicado de los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y lavado de activos, 

«Discover», fue retenido hace dos años por las autoridades está sindicado de tráfico de armas y concierto para delinquir.

«Libardo» quien fue capturado hace dos meses, se desconoce los delitos de los que está siendo sindicado.

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La cuarta Brigada del Ejército Militar ordenó investigaciones disciplinarias que permitan el esclarecimiento de los hechos en tiempo, modo y lugar”. 

Se espera que tras las investigaciones se pueda esclarecer la forma en que se dio la fuga y si los uniformados encargados de la custodia tienen alguna complicidad en los hechos o por negligencia en el cuidado de los reclusos, permitieron que esta importante fuga se diera.

Desde el partido Comunes, integrado por exguerrilleros de las Farc, han denunciado que se está presentando un desplazamiento de al menos 200 familias de excombatientes que se encontraban en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Mariana Páez, en Mesetas, Meta.

Estos hechos de deben a los atentados y amenazas que han recibido de las llamadas Disidencias Farc.

Sumándose a que dicen que el sitio en el que se encuentran no cuenta con las garantías necesarias para una vida digna.

«Somos más de 200 familias; 86 mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Los cuales enfrentaremos la pérdida total de los proyectos productivos: transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del acuerdo final de paz», manifestaron en un comunicado.

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También le han hecho un llamado al Gobierno nacional para que se brinden las condiciones necesarias en los territorios y se garanticen los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo de paz, asegurando, además, que las autoridades deben tomar medidas de seguridad pues se está presentando un aumento de violencia en el departamento del Meta, que afecta no solo a los excombatientes, sino a las comunidades en esa zona del país.

Señor presidente @petrogustavo no permita que los cimientos del Acuerdo de Paz sean destruídos. Que no se turbe la esperanza de la paz de Colombia por los cálculos de la política. pic.twitter.com/srjPVHUhzR

«La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato», afirmaron.