En un colegio de Medellín fue capturado Julián Felipe Lozada, un docente que tiene en su contra tres denuncias penales por el delito de actos sexuales contra menores de 14 años. 

La investigación está a cargo de la Fiscalía 11 de Caivas en Villavicencio, junto al Cuerpo técnico de Investigaciones de la Fiscalía General colombiana.

Según las acusaciones, los hechos ocurrieron en el colegio Oxford, una de las instituciones privadas más prestigiosas de Villavicencio, a finales de 2022. 

Aunque solo existen tres denuncias, se investiga si las víctimas serían al menos seis estudiantes de primaria.

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Blu Radio, quien dio a conocer la noticia, tuvo acceso al relato de varios padres de familia, quienes señalaron que el docente, usando su posición, tocaba a los menores en sus partes íntimas y hacía que ellos hicieran lo mismo con él.

Indican que el sujeto se ganaba su confianza con regalos y actos como prestarles su celular, para comerte estos actos.

Incluso una denuncia conocida por este medio señala que el profesor llevó varias veces al baño a uno de los estudiantes víctimas para cometer otro tipo de vejámenes.

El escándalo por estos hechos se conoció en medio de denuncias de padres de familia por presunta negligencia del colegio: «El colegio quiso manejar todo en un bajo perfil. Ellos colocaron por encima el buen nombre de la institución y el prestigio, y quedaron en último lugar nuestros niños… Si el colegio hubiera dado ese apoyo, digamos que el individuo hubiera sido capturado en el menor tiempo, pero aquí nos tocó a todos los padres actuar de manera individual», señaló uno de los padres a Blu Radio.

Este docente ahora deberá responder ante la Fiscalía y un juez determinará su envío a una cárcel.

El magisterio venezolano manifiesta su gran preocupación por la posible promulgación de una Ley del Ejercicio de la Profesión Docente. Se trata de un instrumento que viola la Constitución y representa un «golpe mortal» al docente. El mismo es un proyecto que está en elaboración en la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro.

La denuncia la hizo Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del  Sindicato Venezolano de Maestros.

En nota de prensa, detalló que, de lo poco conocido de esa ley, se sabe que su «objetivo es la partidización total del sistema educativo. Pretenden seguir con su línea de colocar en posiciones gerenciales a personas no preparadas. Solo se toma en cuenta a personas leales a Maduro y no al desarrollo educativo en Venezuela».

“Esta legislación también busca darle más poder a las comunas dentro de las escuelas. Quieren incidir directamente en la planificación de los estudios. Esto es inadmisible ya que nuestra carta magna sigue siendo democrática y no comunal”, indicó.

Sánchez afirmó que van a rechazar con todas sus fuerzas esta propuesta de ley. Este es otro ensayo de  la era chavista para tomar por asalto las escuelas, implantando una educación de carácter comunal», alertó.

“De nuestra Constitución viola los artículos 2, 89, 104, 146 y 74. Es una arbitrariedad que quiere darle un golpe mortal a la profesión docente”, remarcó.

Dijo que «esta ley no resuelve en nada la grave crisis del sector educativo venezolano. Un paso importante sería cancelarle a los docentes un salario digno equiparado a los estándares internacionales».

Reclamó «un salario mínimo para los maestros de 600 dólares. Además de abrir programa de alimentación escolar con los nutrientes necesarios y de calidad. Igualmente, se necesita el respeto al pasaje estudiantil entre otras medidas para sacar del foso a la educación del país”.

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Por su parte, Janeth Cazorla, directiva nacional de la Federación de Sindicatos de Licenciados en Educación, llamó a la unidad en todo el magisterio. Pidió «estar alertas ante la posible aprobación de esa».

“La estabilidad laboral o el régimen de ascensos no deben tener injerencia partidista o ideológica. La evaluación del desempeño docente debe ser por méritos científicos y académicos, nada relacionado con comunas o del PSUV”, alertó.

Cazorla afirmó que en leyes como la del trabajo y educación establece la no politización de la evaluación del docente.

Asimismo los padres y representantes deben estar atentos, porque la legislación  también viola varios artículos de la propia Lopna (Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes). “Todos los estudiantes, maestros y comunidad general debemos enfrentar estas pretensiones  y defender la educación democrática en Venezuela”, dijo.