La educación a distancia es inviable en la Venezuela de hoy, entre otras cosas por las dificultades técnicas y el pésimo sueldo de los docentes. Es la conclusión a la que se llegó tras una encuesta realizada por la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi).

Gricelda Sánchez, presidente de Fordisi, explicó que la encuesta se hizo entre mayo y junio del año en curso. La misma incluyó preguntas a 167 maestros de seis regiones del país. Las preguntas rondaron temas como: situación salarial, libertad sindical y la educación a distancia implementada a raíz de la pandemia de COVID-19.

“92% de los docentes consultados afirmó no tener las herramientas para dictar educación a distancia. Mientras que 98,8% contestó no tener los recursos para pagar la tarifa de su celular, sin contar que 65% considera su internet malo o muy malo”, indicó.

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Dijo que que el bajo salario es uno de los principales problemas de la educación a distancia. «Así lo aseguró 91,02% de los docentes consultados. Además, 46,10% de los profesores entrevistados no tiene computadora en su casa y 49,4% tampoco cuenta con internet», remarcó.

“Estas cifras demuestran que la educación a distancia en Venezuela es un fraude y denota la falta de planificación del propio Ministerio de Educación”, destacó la activista.

Alertó que 100% de los docentes encuestados aseguró que con su salario no cubre sus necesidades básicas.

“88,62% de los docentes encuestados aseguró no cubrir su alimentación. 79,04% no cubre el transporte y 98,20% no puede cubrir gastos relacionados con la salud. Esto quiere decir que el sueldo de los maestros en el país es casi simbólico”, dijo.

A su juicio, «la educación en Venezuela se encuentra en un callejón sin salida gracias a la pésima gestión de Nicolás Maduro y sus respectivos ministros. Por ello, vemos el regreso a clases como una utopía imposible de cumplir para los docentes, quienes viven en condiciones paupérrimas. El gremio magisterial del sector público del país padece una cruel realidad”, aseveró Sánchez.

A finales de junio de este año, un grupo de expertos analizó el sistema de educación a distancia y, en general, el sector educatuvo nacional. La conclusión coincide con la encuesta efectiada por Fordisi.

Una de las premisas comprobadas entre estos expertos es que «ya en marzo de 2020, antes de que se decretara la cuarentena y se suspendieran las clases presenciales, las escuelas públicas como las de Fe y Alegría llevaban casi cinco años con la rutina escolar alterada por las carencias y la desidia oficial». 

Sin embargo, «a más 400 días después de la pandemia, el deterioro ha avanzado. Se ha evidenciado con la educación a distancia, asediada por la falta de internet y por el servicio eléctrico intermitente. Y eso empeora con la situación económica».

De hecho, se determinó que «en 85% de planteles públicos, los educadores no poseen conocimientos para planificar cómo educar a distancia. No pueden comprar equipos ni disponen de Internet. Además carecen de acompañamiento y de estímulo».

A más de un año desde que comenzó la pandemia de coronavirus y tras la imposición de la educación a distancia, por parte de la administración de Nicolás Maduro, la nota que se le podría poner a este sistema es «cero».

En el foro virtual «Educar hoy en Venezuela», organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la UCAB, los expertos en la materia refutaron el sistema. Lo hicieron, entre otros motivos, porque se impuso sin resolver las dificultades derivadas de las fallas en los servicios de electricidad e Internet.

«Hay docentes huérfanos de atención con los salarios más bajos de la región. El 35% de alumnos no asiste a la escuela. No cuentan con comidas y además falta 40% de profesores para impartir clases». Así lo explicó la profesora Luisa Pernalete.

“La educación está amenazada por su calidad y cobertura. Y necesitamos salvarla porque sin ella no hay presente ni futuro ni para los muchachos ni para el país”, advirtió.

Indicó que «53% de las escuelas del país son rurales y están en precarias condiciones. Están sin internet ni servicios públicos regulares».

En consecuencia, hizo un llamado: «hay que hacer un acuerdo nacional para salvar la educación». El mismo «exige el concurso de empresarios, docentes, comunicadores y ONG, de todos”.

En el foro también participaron los expertos y Olga Ramos y Jaime Manzo. También el abogado Luis Ignacio Planas y Ramón Guillermo Aveledo, presidente del instituto.

Todos coincidieron en la necesidad de realizar una evaluación “descarnada y sincera” del año escolar 2020-21.

“En educación hemos entrado en un proceso regresivo que profundiza las desigualdades», dijo Aveledo. Esto «amenaza con dejarnos rezagados  en relación con otras sociedades, incluso de la región”, agregó.

No obstante, destacó el rol de maestros, padres y representantes, sobre todo en este año de pandemia. Resaltó que no se rindieron en su labor de enseñar y aprender. “Es el más concreto acto de rebeldía que ante las fuerzas de retraso puede alguien atreverse”, aseveró.

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Pernalette aclaró que los problemas de la educación no comenzaron con la pandemia de la COVID-19. «Ya en marzo de 2020, antes de que se decretara la cuarentena y se suspendieran las clases presenciales, las escuelas públicas como las de Fe y Alegría llevaban casi cinco años con la rutina escolar alterada por las carencias y la desidia oficial», dijo. 

Sin embargo, remarcó que «a más 400 días después de la pandemia, el deterioro ha avanzado. Se ha evidenciado con la educación a distancia, asediada por la falta de internet y por el servicio eléctrico intermitente. Y eso empeora con la situación económica».

Citó como ejemplo que «en 85% de planteles públicos, los educadores no poseen conocimientos para planificar cómo educar a distancia. No pueden comprar equipos ni disponen de Internet. Además carecen de acompañamiento y de estímulo».

De paso, «el convenio colectivo que se firmó con un ajuste salarial para ser efectivo en agosto es insuficiente. Y con una salud mental afectada”, aseveró.

Refirió los casos de dos estados, solo para ver cómo ha sido la situación en el país. «En Nueva Esparta solo 10 de 155 alumnos y representantes poseen teléfonos celulares. Mientras, en Barquisimeto se ha perdido 35% de profesores de la educación media».

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Lamentó que la administración de Maduro exige «pero no ayuda a que podamos resolver todas esas exigencias. ¿Cuántas direcciones de escuelas están acéfalas? ¿Cuántos alumnos han abandonado? Debemos hacer una evaluación muy seria de lo que ha sido este año escolar”, invitó Pernalette.

Destacó «la calamidad que ha resultado la educación a distancia», a pesar del apoyo prestado por organizaciones privadas.

Por su parte, Ramos, especialista en indicadores y estadísticas educativas, criticó el plan oficial de educación a distancia. “Nadie ha podido saber si se aprendió o no. Y eso es una parte de la irresponsabilidad ciudadana que pasa por esperar milagros y no evaluamos lo que se está haciendo”, dijo.

También recordó que la educación es un derecho humano, en el que se forman ciudadanos. La asociación de este proceso con el modelo de país es, en su opinión, un conflicto por resolver.

“En Venezuela el contenido político partidista dentro del sistema educativo, con actividades de estudiantes ha minado la base de formación de la ciudadanía. Y en lugar de formar la democracia y convivencia, se está formando para la guerra popular prolongada», indicó. 

“Sin resolver este conflicto, la educación siempre restará minada de baja calidad, de poca pertinencia o impertinencia. También de un sesgo que no tiene que ver con el concepto de país que tenemos”, subrayó.

“Necesitamos una profunda evaluación a fondo, de estudiante por estudiante, y saber qué es lo que han aprendido o no», pidió.

Y dijo que se necesita «un proceso de restauración de esos aprendizajes, lo que implica ampliar el calendario escolar y la duración del año. Necesitamos evaluar a los docentes para que se terminen de formar». Alertó que hay «bachilleres que se certificaron sin conocimientos suficientes», por lo cual hay que «darles la oportunidad  de formarse”.

Recordó que ya no existen partidas presupuestarias para la reparación, construcción y mantenimiento de escuelas. Y eso que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación, en condiciones adecuadas en las escuelas.

Manzo, por su parte, centró su exposición en la visión de los maestros. “Estamos en el centro de la dificultad y todavía no existe un plan coherente. Debemos trabajar para evitar que las instituciones terminen de colapsar. Asistimos al desastre del sistema educativo como espectadores, sin pensar que estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos. Y algo hay que hacer ahora”, manifestó.