Un gran jurado federal acusó formalmente al migrante venezolano Wilber Garcés de agredir a dos agentes federales usando su vehículo como “arma mortal y peligrosa”, un mes después de que un agente de inmigración le disparara en la espalda durante su arresto en Austin (Texas), según documentos judiciales.

La acusación formal se presentó el 20 de octubre, justo un mes después del incidente, ante la corte federal del Distrito Oeste de Texas.

El gran jurado mantiene el único cargo que la Fiscalía había presentado contra el migrante venezolano en una denuncia penal en septiembre: agredir, resistir, impedir y obstruir a un funcionario federal. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

 “Lo que podemos decir es que él niega los cargos y espera su día en la corte”, dijo a EFE Fabiana Meléndez, portavoz de su abogada de inmigración, Kate Lincoln-Goldfinch.

El documento introdujo, sin embargo, dos cambios respecto a la denuncia inicial. Incluyó como presuntas víctimas a los dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participaron en el operativo. Además, señaló expresamente el vehículo como el arma empleada.

En la declaración jurada que acompañaba la denuncia de septiembre, el único contacto físico descrito era el del espejo retrovisor del automóvil de Garcés, que según los agentes golpeó en el torso a uno de los agentes cuando el venezolano arrancó durante la parada.

La acusación formal no precisa a qué momento del incidente se refiere ni menciona el disparo.

“La herida sigue abierta”

Lincoln-Goldfinch visitó a Garcés el martes, lo encontró recuperándose y con mejor ánimo, según su portavoz. Sin embargo, “la herida en la espalda sigue abierta y sangra con frecuencia”. Meléndez añadió que el venezolano recibe atención médica y espera comenzar pronto con terapia física.

El venezolano se encuentra bajo custodia federal en el condado de Karnes, en el sur de Texas, según su abogada. La demanda de hábeas corpus que su defensa presentó para pedir su liberación y frenar su deportación quedó en suspenso mientras avanza el proceso penal.

Lea también: Banquero venezolano obtiene indulto en EE. UU.: el caso genera polémica por sus implicaciones 

Según la declaración jurada,el agente que abrió fuego, le dijo por teléfono a su compañero que Garcés había intentado golpearlo con su auto y que él había disparado su pistola.

El mismo que disparó, no llevaba cámara corporal. Su compañero sí la llevaba, pero la apagó durante la persecución, después de perder de vista a ambos vehículos.

Garcés, por su parte, aseguró a un investigador federal que la camioneta del agente impactó su automóvil y lo hizo girar sobre sí mismo. Según su relato, una vez detenido el vehículo, el agente disparó a través de la ventanilla trasera derecha y la bala lo alcanzó en la parte superior de la espalda.

El venezolano reconoció que ignoró la orden de salir del auto y arrancó. Explicó que había pedido a los agentes que le dejaran estacionarlo para que su esposa pudiera recogerlo, porque sabía que iba a ser detenido.

Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de la aplicación CBP One y solicitó asilo. Un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia tras una audiencia a la que no se presentó, según Lincoln-Goldfinch.

Con información de Efe

Los estadounidenses acudirán a las urnas dentro de dos semanas, el próximo 3 de noviembre, en unas elecciones de medio mandato que se perfilan como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y que determinarán si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso.

Los sondeos dibujan un escenario favorable para la oposición demócrata, lo que ha llevado a Trump a volcarse en la campaña, con mítines diarios esta semana en estados decisivos.

Según un análisis del portal Decision Desk basado en promedios de encuestas, los demócratas tienen un 77 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el control del Senado.

La Cámara Baja renovará la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años. Los republicanos cuentan actualmente con una estrecha mayoría de 219 escaños frente a los 214 de los demócratas, por lo que la oposición necesita una ganancia neta de tres para hacerse con el control.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para esta cámara, con un 50,9 % de apoyo frente al 42,3 % de los republicanos.

En la última semana, Cook Political Report ha revisado sus pronósticos en once distritos a favor de los demócratas, muchos de ellos en estados tradicionalmente republicanos, y calcula que la oposición podría superar los 230 escaños.

Los republicanos afrontan especiales dificultades en los estados del Medio Oeste que votaron por Trump en 2024, pero donde ha crecido el descontento con su gestión económica, los elevados precios de la gasolina y la guerra de Irán.

Es habitual que el partido del presidente pierda el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato, algo que ya le ocurrió a Trump durante su primer mandato y que fue aprovechado entonces por los demócratas para iniciar juicios políticos en su contra.

El 3 de noviembre también se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 senadores frente a los 47 del bloque demócrata.

La oposición afronta un escenario algo más difícil: necesita arrebatar cuatro escaños a los republicanos y conservar los suyos para alcanzar la mayoría en la Cámara Alta, que tiene entre sus competencias la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo.

Según las encuestas, la contienda está ajustada en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas. Todos los escaños en disputa en esos estados están actualmente en manos republicanas, excepto el de Míchigan, que ocupa un demócrata.

Una de las contiendas que más atención ha suscitado es la de Texas, considerado durante años un bastión republicano, donde el demócrata James Talarico aventaja ahora en 2,2 puntos a Ken Paxton, aliado de Trump, según RealClearPolitics.

En Míchigan, Abdul El-Sayed, del ala más progresista del Partido Demócrata, aventaja en 2,6 puntos al republicano Mike Rogers, mientras que en Maine el demócrata Troy Jackson saca 1,6 puntos a la actual senadora republicana, Susan Collins.

Además, 36 estados elegirán a sus gobernadores en unos comicios en los que los demócratas parten como favoritos en 20 y podrían hacerse con la mayoría de las gobernaciones del país por primera vez desde 2010.

Entre las victorias previstas figuran las de los demócratas Xavier Becerra en California y Kathy Hochul en Nueva York, mientras que los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds encabezan las preferencias en Texas y Florida, respectivamente.

La contienda se presenta, en cambio, muy reñida en cuatro estados: Georgia, Nevada y Ohio, actualmente en manos republicanas, y Wisconsin, gobernado por un demócrata.

En Alaska, Cook Political Report sitúa como favorito al demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins, cuya victoria supondría el primer triunfo de su partido en una elección a gobernador en ese estado desde 1994.

En este contexto, Trump emprende esta semana una gira de mítines por Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia y Míchigan para tratar de movilizar a sus bases en un momento de baja popularidad.

Según una encuesta publicada el domingo por The Washington Post y ABC News, la aprobación del mandatario ha caído al 33 %, mientras que un 66 % de los estadounidenses cree que utiliza la Presidencia para enriquecerse. 

Con información de EFE

La industria petroquímica de Venezuela concretó una exportación de 30.000 toneladas métricas de fertilizantes hacia Estados Unidos, en una operación que refleja la reactivación de los vínculos comerciales entre ambos países y abre una nueva etapa para el sector de insumos agrícolas, publicó el portal Agrolatam.

El embarque, confirmado  por la embajada estadounidense en Caracas, fue realizado por la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) a través de XTS Commodities, filial de Xtellus Partners. El envío incorpora a la agroindustria a una relación bilateral que, durante los últimos meses, estuvo marcada principalmente por acuerdos energéticos y mineros.

La operación adquiere relevancia por el destino de la mercadería y por el momento político y económico en el que se concreta. Estados Unidos constituye uno de los principales mercados agrícolas del mundo y necesita un abastecimiento constante de fertilizantes para sostener la producción de granos y otros cultivos. 

Para Venezuela, el embarque representa una oportunidad de colocar productos de su industria petroquímica en un mercado de gran escala, después de años de restricciones comerciales. La información oficial no especificó el tipo de fertilizante exportado, su precio ni el valor total de la operación, por lo que todavía no es posible dimensionar su impacto económico directo.

 Europa busca nuevos negocios agrícolas en Centroamérica y Costa Rica atrae inversiones

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, confirmó el envío mediante una publicación de la representación diplomática estadounidense. El funcionario destacó que las 30.000 toneladas de fertilizantes contribuirán al suministro de insumos esenciales para los agricultores norteamericanos y vinculó la operación con el fortalecimiento del comercio bilateral. 

La participación de XTS Commodities como intermediaria comercial también muestra el papel que comienzan a desempeñar las empresas estadounidenses en la reactivación de los intercambios con Venezuela, particularmente en actividades relacionadas con la producción industrial y el abastecimiento de materias primas.

Lea también:EE. UU. evalúa levantar sanciones a flota fantasma de barcos que transportaban petróleo ruso, iraní y

El comercio internacional de fertilizantes ocupa un lugar estratégico dentro de la agricultura estadounidense, especialmente por la necesidad de garantizar la disponibilidad de nutrientes para cultivos como maíz, trigo y soja. Aunque Estados Unidos dispone de producción propia, también recurre a proveedores externos para cubrir parte de sus necesidades de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. La incorporación de un embarque venezolano de 30.000 toneladas amplía los orígenes de abastecimiento, aunque el volumen anunciado no permite establecer por sí solo un cambio significativo en la estructura de importaciones del país.

La dimensión del mercado estadounidense ayuda a comprender el interés comercial de esta operación. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante 2024 el país importó aproximadamente 42,2 millones de toneladas cortas de productos fertilizantes, un volumen que refleja la importancia del comercio exterior para el suministro de insumos agrícolas. Dentro de esas compras se destacan productos como la potasa y la urea, utilizados para aportar nutrientes esenciales a los cultivos. El embarque de Pequiven representa una participación reducida frente a ese volumen total, pero introduce un proveedor adicional dentro de una cadena de abastecimiento de gran importancia económica.

La industria petroquímica venezolana tiene una relación directa con la producción de insumos destinados al agro, particularmente por la utilización de materias primas provenientes del sector energético. En el caso de los fertilizantes nitrogenados, el gas natural constituye un componente fundamental de los procesos industriales, por lo que su disponibilidad y costo influyen sobre la competitividad de los fabricantes. La posibilidad de ampliar las exportaciones de productos petroquímicos permitiría a Venezuela diversificar sus operaciones comerciales, aunque la continuidad de los envíos dependerá de la capacidad de producción, las condiciones logísticas y los acuerdos que puedan concretarse con compradores internacionales.

El envío se produce después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, formalizado el 30 de marzo de 2026, tras siete años de ruptura. La recomposición de los vínculos ocurrió luego de la captura de Nicolás Maduro en enero y estuvo acompañada por una serie de acercamientos comerciales relacionados con sectores estratégicos de la economía venezolana. Durante los meses siguientes, ambos gobiernos anunciaron acuerdos vinculados con petróleo, oro y minería, mientras avanzaron modificaciones en determinadas restricciones comerciales estadounidenses. La exportación de fertilizantes incorpora ahora un producto directamente relacionado con la producción agropecuaria.

La administración del presidente Donald Trump impulsó una estrategia para Venezuela estructurada en tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Dentro de ese proceso, Washington flexibilizó algunas sanciones relacionadas con operaciones petroleras y mineras, facilitando determinados intercambios comerciales. También se registraron cambios en las medidas aplicadas a integrantes de las autoridades venezolanas. La operación de Pequiven aparece como una manifestación concreta de la reactivación comercial, aunque la información difundida no detalla el marco regulatorio específico utilizado para autorizar el embarque de fertilizantes.

Para la empresa estatal venezolana, acceder nuevamente a compradores estadounidenses representa una posibilidad de ampliar sus destinos comerciales y aprovechar la demanda de insumos industriales vinculados con la agricultura. Sin embargo, todavía no se conocen contratos adicionales, compromisos de abastecimiento de largo plazo ni nuevos embarques programados. La competitividad de los fertilizantes venezolanos dependerá de factores como los costos de fabricación, el transporte marítimo, las condiciones financieras y los precios internacionales, variables que determinarán si la operación puede transformarse en una corriente exportadora sostenida.

El acercamiento comercial también introduce una nueva dimensión en las relaciones económicas entre ambos países. Mientras los acuerdos petroleros y mineros se vinculan principalmente con la producción energética y la extracción de recursos naturales, el comercio de fertilizantes conecta directamente la industria venezolana con las necesidades de la agricultura estadounidense. Esta diferencia resulta relevante porque incorpora a los productores agropecuarios entre los destinatarios finales de los bienes comercializados, aunque todavía no se identificaron los compradores ni las regiones agrícolas que recibirán los productos exportados.

Por ahora, las 30.000 toneladas enviadas por Pequiven constituyen el volumen confirmado de esta operación, cuyo alcance futuro dependerá de la posibilidad de establecer nuevas ventas. La identificación del fertilizante comercializado, su valor por tonelada y la eventual continuidad de los embarques serán datos fundamentales para evaluar el peso que Venezuela podría alcanzar como proveedor del mercado estadounidense. La operación suma así un componente agroindustrial a una relación bilateral que comienza a extenderse más allá de los sectores energéticos tradicionales.

Con información de Agrolatam

La transición en Venezuela no la decide el voto de los ciudadanos, la decide la Casa Blanca. ¿Elecciones en 2027? María Corina las exige para ya; el chavismo maniobra para sobrevivir, pero Marco Rubio en washington dejó claro que las reglas del juego las pone el tío Sam. Y lo peor: nadie se atreve a ponerle fecha al día D. 

El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, se encuentra en Venezuela; anunció la embajada de ese país en Caracas, a través de sus redes sociales.

Según la sede diplomática, el objetivo de la visita es “avanzar en el fortalecimiento del intercambio comercial entre ambos países”.

Indicó que Fogel sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, para abordar oportunidades de mercado y explorar mecanismos que permitan ampliar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela.

Lea también: Colombia se alista para reactivar el Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte con Venezuela

 También destacó que estos contactos buscan potenciar oportunidades para ambos países y forman parte de las iniciativas orientadas a la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, resaltó que estas acciones se enmarcan en el plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, que contempla una hoja de ruta para la estabilización, recuperación económica y transición en Venezuela.

 La mayoría de latinoamericanos desaprueba la forma en la que el presidente de EE. UU., Donald Trump, conduce los asuntos internacionales, según la encuesta Latinobarómetro. Sin embargo, el país que más aprueba su gestión es Venezuela (61%), en donde EE. UU. lleva las riendas económicas tras la captura de Nicolás Maduro en enero, publicó la agencia Bloomberg.

El informe indica que un 59% de los ciudadanos está en desacuerdo con la gestión internacional de Trump, mientras que el 34% la aprueba.

Entre tanto, el país que menos aprueba la gestión de Trump es Uruguay, con apenas el 18%.

México registra el mayor nivel de desaprobación de la gestión de Trump, con 79%, en medio de las tensiones comerciales que han marcado la relación bilateral durante su administración.

En contraste, Venezuela presenta el menor nivel de percepción negativa, con 33%.

En países como Venezuela, la favorabilidad “no se ve afectada por la mala evaluación del presidente de EE. UU. en ejercicio. La historia y la larga hegemonía cultural y económica muestran su peso”, dice el documento de Latinobarómetro.

Cada año, Latinobarómetro realiza unas 20.000 entrevistas en 18 países, que representan a más de 600 millones de habitantes, para medir actitudes, valores y comportamientos sobre la evolución de la democracia, la economía y la sociedad.

Lea también:  ¿FARSANTES DEL CAMBIO?: Riesgo político de una administración temporal en Venezuela que busca eternizarse

Un 55% de los latinoamericanos considera que el impacto de las políticas implementadas por Donald Trump en el mundo será negativo, mientras un 38% dice que será positivo.

Aunque el 69% aprueba la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en enero, solo el 35% cree que la intervención estadounidense beneficiará a Venezuela.

Asimismo, los latinoamericanos condenan el embargo de EE. UU. a Cuba, con un 50% que lo desaprueba, mientras un 34% lo aprueba.

“Cuba y Venezuela producen opiniones fuertes entre los latinoamericanos. Son dos países que se identifican como dictaduras. Al mismo tiempo, la imagen de Venezuela cae a lo largo del tiempo, de 47% en 2011 a 27% en 2026, y la migración masiva de venezolanos ha formado una opinión con experiencia sobre ese país”, dice el documento.

Respecto a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, un 77% está en desacuerdo y solo un 16% está de acuerdo.

Según el informe, Donald Trump tuvo una evaluación negativa durante su primera Presidencia y comenzó su segundo mandato con una valoración también baja.

“Con la excepción de Argentina y Chile, los países que forman parte del Escudo de las Américas tienen la mejor evaluación del presidente Donald Trump. El país que tiene la menor valoración de Donald Trump es México con 2,8 (sobre 10); le siguen Chile con 3,3 y Uruguay con 3,4, mientras que República Dominicana y Venezuela alcanzan 6,2″, dice Latinobarómetro.

Durante su reciente intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, comentó.

Bloomberg

Delcy Rodríguez habla de elecciones y transición ante la ONU. En Caracas, su hermano Jorge lanza advertencias desde la Asamblea Nacional. ¿Son mensajes dirigidos a audiencias distintas o señales de que el poder aún se resiste a cambiar? 

 Estados Unidos justificó este jueves su política exterior sobre Venezuela al asegurar que el país «requiere varios elementos» para organizar unas elecciones serias que garanticen una estabilidad política a largo plazo.

Así lo dio a conocer Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de EE. UU.,  quien comentó que no existe una «fecha límite» para esos comicios.

«Marco Rubio ha expresado que se requieren varios elementos para que, cuando ocurran esas elecciones, sean duraderas y no un ejercicio ceremonial. La Administración de Trump ha invertido tanto que quiere que sea un éxito a largo plazo. Las inversiones estadounidenses que han entrado a Venezuela también quieren una democracia, un sistema en el que puedan confiar su dinero e inversiones».

 Lea también:¿DESAFÍO O ESTAFA POLÍTICA?: Delcy promete ante la ONU elecciones y una transformación democrática en Venezuela

Acerca de la reunión con Delcy Rodríguez, reiteró que fue «corta e informal», destacando que Trump siempre está abierto al diálogo.

«La política exterior con Venezuela es bastante clara. Si él ve avances en ese aspecto, se muestra abierto a las conversaciones«, expresó en una entrevista para el circuito Éxitos de Unión Radio.

Con información de Unión Radio

  Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca "restablecer de inmediato" el acceso a los medios CNN, MS NOW y Politico, vetados por el presidente Donald Trump, según una decisión publicada la madrugada del jueves.

Trump expulsó a los reporteros de esas empresas periodísticas de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como "noticias falsas".

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

Lea también: Departamento de Justicia defiende que Trump vete acceso de medios a la Casa Blanca

El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso", según el fallo consultado por la AFP.

"La 'regla general' es que 'las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente", escribió Kelly.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como "enemiga del pueblo".

El veto coincidió con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

AFP

Estados Unidos deportó a más de 25.000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, Estados Unidos firmó acuerdos con países en desarrollo para recibir a migrantes que no pueden ser enviados legalmente de regreso a sus lugares de origen.

La investigación de la entidad sin ánimo de lucro Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de la ONU para facilitar las deportaciones.

Al menos 25.447 personas fueron deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales.

La gran mayoría —unas 20.000— fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se finalizaron acuerdos con otros siete países.

Los acuerdos varían, incluso en cuanto a las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y si pueden ser aceptadas personas con antecedentes penales.

Una investigación de la AFP publicada a principios de este año reveló que Washington está utilizando prohibiciones de visas y restricciones contra países africanos para presionarlos a aceptar deportados.

Abogados afirmaron a la AFP que los deportados estaban siendo arrojados a un "limbo legal", retenidos sin cargos en países con los que no tienen vínculos y donde cuentan con pocos derechos, si es que tienen alguno.

Forbidden Stories detalló que 49 de los 54 países de África habían sido contactados para evaluar si aceptarían deportados de terceros países.

Una división poco conocida del Departamento de Estado, la Oficina de Remigración —creada en mayo de 2025-, gestionó la mayoría de las negociaciones y los pagos, según la misma fuente.

La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.

El informe detalla sus visitas a Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con EEUU para aceptar deportados. Una semana después, también firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por un valor de casi 400 millones de dólares.

Al mes siguiente, el Departamento de Estado indicó que proporcionaría otros 30 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Camerún para "facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal".

El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.

- Pagos -Otros acuerdos incluyen pagos directos a gobiernos.

Palau, pequeña nación insular del Pacífico con una población de menos de 18.000 habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora solo tres personas fueron enviadas en virtud del acuerdo.

En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares. Según la investigación, el país aceptó deportados con antecedentes penales.

De los 410 millones de dólares previstos para los acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado mostraron que 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios.

El resto estaba destinado a organizaciones de ayuda, incluidos más de 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y 123 millones de dólares para ACNUR.

Las agencias enfrentan críticas por su participación, aunque ACNUR afirmó a Forbidden Stories no ser parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadounidenses se utilizaban de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.

Un portavoz de la OIM detalló a Forbidden Stories que las decisiones de la agencia de aceptar fondos se basaban "en una sola pregunta: si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es".

AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes.

"En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", escribió Rodríguez en X.

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

El exdirigente venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de "narcoterrorismo".

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo el viaje de Rodríguez, que no fue confirmado hasta el domingo por parte del Ministerio de Comunicación.

"Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", apuntó en un video en redes sociales.

Las autoridades no han hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta.

Lea también: EL CHANTAJE DE LA TRANSICIÓN: PEQUEÑOS TRIUNFOS, GRANDES RIESGOS- Cara a Cara

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la Asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela en enero tras la caída de Maduro en un operativo estadounidense.

Desde entonces ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria.

Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

El Gobierno de Estados Unidos desviará ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Oriente Medio, hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos están alineados con la Administración de Donald Trump, según explicó este martes un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres —Colombia, Ecuador y Perú- de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.

 El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el «narcoterrorismo» en la «zona de influencia» de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, y recuerda también que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado «cerca del 80 % del FMF» a Oriente Medio.

También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno Trump y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a «adversarios» de Estados Unidos.

Lea también: Trump no descarta reunirse con Delcy y reitera que habrá elecciones cuando Venezuela "esté lista"

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

A su vez, el desvío de fondos es la última de una serie de medidas que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso en 2025 al poder de Trump, que ha protestado repetidamente por lo que considera la falta de voluntad de los socios de la OTAN de incrementar sus inversiones en defensa. 

Con información de EFE

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro que ahora «Venezuela comprará SOLO productos fabricados en Estados Unidos» no se trató de alguno de sus acostumbrados alardes o extravagantes afirmaciones. 

Lo dijo en serio. Había un plan que ya estaba en marcha. Además del histórico acuerdo petrolero para controlar casi una cuarta parte de las reservas probadas en 17 yacimientos de Venezuela, Estados Unidos también se fijó el objetivo de aumentar exponencialmente sus exportaciones agrícolas al país sudamericano, inundando las bodegas y supermercados venezolanos con productos estadounidenses.

Después del Departamento de Guerra haber completado con éxito la operación militar del 3 de enero para la extracción de Maduro y, junto con el Departamento de Energía, haber concretado la firma del acuerdo para explotar más de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolano, ahora entra en escena el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés), con un conjunto de herramientas de crédito que se pondrán a disposición de importadores venezolanos para incrementar las ventas de productos agrícolas a Venezuela. 

En otras palabras, los productos «made in USA» estarán cada vez más presentes en los hogares, tal como había adelantado Trump.

 Lea también: EE. UU. dona toneladas de insumos médicos destinados a fortalecer la atención sanitaria del país

Para avanzar en este sentido, el Servicio Agrícola en el Extranjero del Departamento de Agricultura contempla la posibilidad de incorporar a Venezuela a una «misión comercial agroindustrial» regional para la promoción de la venta de productos agrícolas estadounidenses a importadores venezolanos mediante el Programa de Garantía de Crédito a la Exportación GSM-102, según un comunicado consultado por el Washington Times, que además entrevistó al subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas en el Extranjero, Luke J. Lindberg, quien señaló que su despacho trabaja para restablecer la posición de Venezuela como mercado de exportación agrícola para Estados Unidos.Minoristas de alimentación y tenderos

«A medida que Venezuela sigue avanzando en la dirección correcta y mostrando dinamismo económico, el USDA quiere estar a la vanguardia para garantizar que nuestros agricultores y ganaderos tengan acceso a los consumidores de allí, puedan ayudar a alimentar a la población y llevar comida a sus mesas, pero también para construir asociaciones comerciales duraderas que, a largo plazo, beneficiarán a ambas naciones».

EE. UU. analiza resultados de estudio exploratorio de mercado

Todo lo que Lindberg menciona al Washington Times ya se empezó a hacer, pues de acuerdo con lo reseñado por este medio, el plan incluye una fase previa de financiación de estudios exploratorios de mercado, lo cual ya fue presentado el pasado 17 de julio. En la Guía Anual de Exportación del USDA, capítulo Venezuela, elaborada por Liliana Palomino, especialista en comercialización agrícola, se analizan detalles importantes de la industria minorista de alimentos en Venezuela y el comportamiento de los consumidores. Todo con el fin de describir «las condiciones del mercado y las oportunidades para que las exportaciones agrícolas de EEUU se expandan o ingresen al mercado venezolano», según se lee en el informe.

Entre los datos recabados por esta investigación destacan dos de particular importancia, tomando como base cifras correspondientes a 2025. Por un lado, está el hecho de que los alimentos básicos (proteínas y productos de primera necesidad) representaron la mayor parte del gasto de los hogares, alcanzando 60 %. Y por el otro, se determinó que 59 % de los venezolanos compra en tiendas de barrio, conocidas en el país como «bodegas», mientras el 41 % restante lo hace en supermercados.

Con información de PanamPost

A través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela se supo este martes sobre la entrega de equipos e insumos médicos al Hospital Vargas de Caracas.

La entrega forma parte de un envío de nueve toneladas de suministros destinados a fortalecer la atención sanitaria en el país.

En las redes sociales de la embajada estadounidense, se indicó que la organización estadounidense Project C.U.R.E. realizó la donación, que incluye equipos quirúrgicos, de traumatología y ginecología, así como implementos para el traslado de pacientes.

Lea también:ÁLEX SAAB NEGOCIA EN MIAMI: el hombre de las cuentas de Maduro cambia su declaración

Asimismo, el cargamento contempla insumos respiratorios y materiales para la atención clínica, con un valor estimado de casi 750.000 dólares.

La embajada señaló que la iniciativa cuenta con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., la Asociación Médica Venezolana Americana (VAMA) y Cáritas de Venezuela.

.@projectcure de los EE.UU. entregó al Hospital Vargas de Caracas equipos quirúrgicos, de traumatología, ginecología y traslado de pacientes, además de insumos respiratorios y materiales para la atención clínica. Con el apoyo del @StateDept, la Asociación Médica Venezolana… pic.twitter.com/xQZEDi33bi

 La mayoría de los indicadores democráticos en Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo en medio siglo, con repercusiones que se sienten en el resto del mundo, advierte un informe de referencia publicado este martes.

El distanciamiento de Washington del orden internacional "ha debilitado la confianza en el multilateralismo y ha envalentonado a los líderes autoritarios y populistas", según el reporte del instituto internacional IDEA, con sede en Estocolmo y especializado en el estado de las democracias del planeta.

"Los principales indicadores de la democracia estadounidense, desde la libertad de prensa hasta la independencia judicial, han alcanzado su nivel más bajo en 50 años", agrega.

Aproximadamente el 57% de los países analizados registraron entre 2020 y 2025 una disminución en al menos un indicador que mide la salud democrática: independencia judicial, elecciones creíbles, libertad de prensa y de expresión, y acceso a la justicia.

Lea también:EE. UU. invitó a Venezuela a participar en las reuniones del G20 sobre energía

"El paciente cero de esta epidemia mundial es el actual presidente de Estados Unidos", Donald Trump, apuntó a la AFP Kevin Casas-Zamora, director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

"Creo que lo que ocurrió en Estados Unidos en 2020 tuvo un impacto real a escala mundial, al contribuir a legitimar este tipo de ataques contra la credibilidad del proceso electoral", agregó, en referencia a la negativa de Trump a reconocer su derrota frente a Joe Biden tras las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Según Casas-Zamora, todo se aceleró después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios de Trump.

Citó los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro asediaron las sedes de los poderes públicos exigiendo una intervención militar para destituir al actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de tomar posesión.

O, más recientemente, en Serbia, donde "los argumentos utilizados para desmantelar la ayuda estadounidense sirvieron al gobierno para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil", agregó.

AFP

El Gobierno de Estados Unidos presentó a Cuba una propuesta que contemplaba el suministro de petróleo y la llegada de inversiones al sector energético a cambio de la salida del presidente Miguel Díaz-Canel y la privatización de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), según informó el diario Miami Herald, 

El planteamiento no prosperó, pues de acuerdo con el diario estadounidense, La Habana recibió la iniciativa con reservas ante la posibilidad de que el abastecimiento de crudo quedara sujeto a empresas de Estados Unidos. A esa desconfianza se sumaron presiones políticas desde Miami, que también habrían incidido en el desenlace de las conversaciones.

El plan buscaba que inversores estadounidenses asumieran el control del sector petrolero cubano y que Washington obtuviera una posición de influencia sobre una actividad considerada estratégica para la isla. La información surgió de una fuente del medio que afirmó tener conocimiento directo de las negociaciones y pidió mantener el anonimato.

 La propuesta habría llegado por medio de emisarios de Estados Unidos a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Entre las condiciones figuraba la privatización de Cupet, la compañía estatal que administra la exploración, producción, importación, refinación y distribución de hidrocarburos en el país.

Las conversaciones se produjeron durante un período de restricciones para el sistema energético cubano. Según el reporte, la situación se agravó después de la salida del poder en Venezuela del depuesto presidente Nicolás Maduro, tras una operación militar estadounidense en el país sudamericano. Venezuela había sido durante años una fuente central de combustibles para Cuba, cuya generación eléctrica y transporte dependen en gran medida de las importaciones de petróleo.

A esa situación se añadieron las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible aplicación de aranceles a los países que enviaran crudo a Cuba. La eventual medida redujo aún más las opciones de aprovisionamiento de la isla, de acuerdo con la fuente consultada por el periódico.

En febrero, la Administración Trump autorizó la venta de petróleo estadounidense a entidades privadas cubanas. Para quienes participaron de los contactos, esa decisión fue interpretada como una señal del interés de Washington por abrir un canal comercial y político con actores no estatales del país caribeño.

La iniciativa preveía que compañías de Estados Unidos participaran en el negocio de los hidrocarburos, un rubro que permanece bajo control de la dictadura en Cuba. El objetivo era que el capital privado asumiera funciones en una actividad que Cupet concentra desde hace décadas.

El régimen cubano, según el informe, rechazó depender por completo de una firma estadounidense para un insumo esencial. También se evaluó una alternativa que incluía una empresa conjunta con inversores internacionales, aunque esa opción tampoco avanzó.

El proyecto enfrentaba, además, obstáculos jurídicos. ExxonMobil inició acciones legales vinculadas con activos cubanos que fueron confiscados tras la revolución encabezada por Fidel Castro. La situación de Cupet y las posibles reclamaciones sobre bienes nacionalizados complicaron la viabilidad de una eventual reestructuración de la empresa.

 El medio Miami Herald comparó el esquema discutido para Cuba con el acuerdo que Washington habría alcanzado con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Según el diario, ese entendimiento permitió a Estados Unidos obtener control sobre una parte importante de las reservas de hidrocarburos de Venezuela.

La falta de acuerdo con Cuba dejó sin efecto una propuesta que combinaba asistencia energética, inversiones privadas y exigencias de cambios en la conducción política y económica de la isla.

La administración Trump está buscando un mayor acceso de Estados Unidos a los minerales de Venezuela, incluido el oro, mientras amplía su esfuerzo por obtener control e influencia sobre los vastos recursos naturales del país sudamericano más allá del petróleo, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El esfuerzo podría abrir el sector minero venezolano a la inversión estadounidense y dar a las empresas de EE.UU. acceso no solo al petróleo, sino a suministros de minerales cruciales para la seguridad nacional, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato.

ADVERTISEMENTTambién ampliaría el impulso del presidente Donald Trump para alinear más estrechamente los recursos de Venezuela con los intereses estratégicos y económicos de Washington, tras la destitución por parte de los militares estadounidenses del líder venezolano Nicolás Maduro en una redada en enero.

La administración Trump está considerando una serie de medidas para aumentar la participación de EE.UU. en el sector minero de Venezuela, incluida una posible orden ejecutiva centrada en minerales críticos, dijeron las fuentes. La orden aún se está redactando y la estrategia de la administración para asegurar minerales en Venezuela podría cambiar, agregaron.

Funcionarios estadounidenses también han celebrado reuniones con empresas para sondear el interés en invertir o participar de otra manera en el sector minero de Venezuela, dijeron las fuentes.

“Todos estamos siguiendo de cerca la situación del petróleo y reconocemos que podría haber una vía paralela con los minerales críticos”, dijo una de las fuentes, un ejecutivo de una empresa de minerales críticos que se reunió con la administración sobre Venezuela.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos y Venezuela “se están beneficiando de la renovada cooperación entre nuestros gobiernos y de nuevas inversiones de empresas occidentales en las industrias clave de Venezuela”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que no hay necesidad actual de una orden ejecutiva y agregó que la administración cree que las leyes actuales proporcionan un marco sólido para la inversión.

El esfuerzo encaja en la estrategia más amplia de Trump de reafirmar la influencia estadounidense en América Latina y contrarrestar la creciente huella económica de China en la región.

Maduro, un socialista que está detenido en una cárcel federal en Nueva York acusado de tráfico de drogas, lo que él niega, había desarrollado fuertes lazos económicos y diplomáticos con China. La vicepresidenta y aliada de Maduro, Delcy Rodríguez, ha virado y aumentado la cooperación con Estados Unidos desde que se convirtió en presidenta interina de Venezuela tras su destitución.

Con sus enormes reservas de petróleo y depósitos potencialmente significativos de oro y otros minerales, Venezuela ofrece a la administración Trump la oportunidad de vincular el acceso a los recursos con su agenda de seguridad nacional y económica.

La administración ya ha tomado medidas para abrir el sector de minerales de Venezuela a los negocios estadounidenses.

En marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó ciertas transacciones relacionadas con oro de origen venezolano, incluidas actividades vinculadas a la minera de oro estatal Minerven.

Más tarde ese mes, el Tesoro amplió la autorización para cubrir minerales de origen venezolano, incluido el oro, al tiempo que permitía algunos servicios relacionados con la minería y negociaciones de posibles contratos de inversión.

Los movimientos han creado un marco para que las empresas estadounidenses busquen oportunidades en el sector minero de Venezuela, mientras la administración busca reactivar la inversión y ampliar la influencia de EE. UU. sobre la industria petrolera del país.

Trump ya se ha movido agresivamente para remodelar la industria petrolera de Venezuela. La semana pasada anunció un acuerdo bajo el cual Estados Unidos tomaría el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras comprobadas de Venezuela, aunque la estructura legal precisa de ese arreglo no se ha revelado.

Lea también: Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América" 

Sin embargo, existen temores dentro de Venezuela de que Trump esté convirtiendo al país en una colonia moderna.

El potencial mineral de Venezuela sigue siendo difícil de evaluar porque gran parte de sus datos geológicos están desactualizados y grupos ilegales controlan los depósitos de oro en el Arco Minero del Orinoco, una vasta zona cerca de las fronteras del país con Guyana y Brasil.

Aunque Venezuela ha producido oro, mineral de hierro, bauxita y níquel, las empresas mineras e inversionistas probablemente buscarán estudios geológicos actualizados antes de realizar nuevas inversiones significativas, han dicho analistas, dada la incertidumbre en torno a sus estimaciones minerales, la infraestructura débil y la minería ilegal generalizada.

En 2012, funcionarios venezolanos se negaron a renovar la concesión minera de Anglo American para la mina de níquel Loma de Níquel, que en ese momento se estimaba que contenía reservas de más de 4 millones de toneladas métricas del metal. El gobierno venezolano tomó el control de los activos y ha estado intentando reanudar las operaciones desde entonces.

Un informe del gobierno venezolano de 2018 estimó los recursos del país en 644 toneladas métricas de oro, 14.680 millones de toneladas métricas de mineral de hierro, 321,5 millones de toneladas métricas de bauxita y 407.885 toneladas métricas de níquel.

Pero el informe usó términos como “reserva” y “recurso” de manera intercambiable, lo que dificulta determinar cuánto podría extraerse de forma económica.

Un mapa del gobierno venezolano de 2021, basado en datos compilados en 2009, identificó depósitos de numerosos otros minerales, incluidos cobre, níquel, coltán, uranio y tungsteno, pero no proporcionó volúmenes.

El país no parece tener reservas significativas de tierras raras, que se usan en imanes y otras tecnologías avanzadas.

Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad en abril una ley minera destinada a estimular nueva inversión. Dictaminó que los depósitos minerales siguen siendo propiedad del gobierno y estableció un impuesto de regalías de hasta el 13% del valor bruto de producción de un mineral.

Reuters

Venezuela se está convirtiendo en un importante campo de pruebas para las ambiciones hemisféricas de Donald Trump y está emergiendo como otra potencial fuente de rivalidad con China, publicó Bloomberg

Después de anunciar planes para tomar el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que esto era solo el comienzo. Lo que viene es una campaña para desplazar a China y a potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha denominado “actores extranjeros malignos”, en un esfuerzo por garantizar que “el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca vuelva a ser cuestionado”.

 El siguiente punto en la agenda de Washington es un intento de reestructurar la deuda de Venezuela, que incluye miles de millones de dólares adeudados a China. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró el miércoles que Pekín no tendrá ningún derecho sobre los ingresos provenientes de la nueva producción venezolana, cortando así uno de los canales utilizados para efectuar los pagos.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela a China se desploman en medio de la toma de control de EE. UU.Estados Unidos ha presentado su campaña como el capítulo más reciente de la “Doctrina Donroe”, incorporada a la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que sostiene el derecho unilateral de Estados Unidos a impedir que potencias rivales posean o controlen “activos estratégicamente vitales”.

Bajo ese enfoque, tomar los yacimientos petroleros venezolanos de manos de empresas chinas representa una oportunidad geopolítica para alinearlos con los intereses de Washington.

China ha reducido su exposición a Venezuela en los últimos años y Trump probablemente tendría dificultades para replicar en otros lugares la escala de sus acciones en Venezuela. Por ello, para Pekín, las implicaciones son más políticas que económicas.

Un Estados Unidos más intervencionista corre el riesgo de chocar con los intereses más amplios de China en América del Sur, afirmó Christian Reyes, analista de riesgo político radicado en Pekín y originario de Ecuador.

Lea también: Salen a la venta monedas de un dólar con el rostro de Trump a pesar de que la ley lo prohíbe

“Venezuela no necesariamente constituye un precedente para la expropiación directa, pero puede ser un precedente para la exclusión mediante coerción”, afirmó. “Estados Unidos está cada vez más dispuesto a definir partes de la relación económica de la región con China como una cuestión de seguridad y a utilizar su considerable influencia para hacer cumplir esas líneas rojas”.

China enfrenta una prueba de la “Doctrina Donroe” en América LatinaLa reacción de China hasta ahora ha sido relativamente moderada. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó el jueves durante una rueda de prensa habitual en Pekín que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela “deben ser protegidos”.

“La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el derecho internacional”, agregó. “No concierne a ningún tercero”.

A las puertas de la primera visita de Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en más de una década, prevista para este mes, funcionarios de las principales economías del mundo buscan evitar grandes enfrentamientos, incluso mientras mantienen disputas sobre asuntos que van desde los desequilibrios comerciales hasta el respaldo económico de Pekín a Teherán.

Sigue sin estar claro hasta qué punto los proyectos vinculados a China están incluidos en el acuerdo de concesión por 100 años anunciado por Washington. Las autoridades estadounidenses y venezolanas no han identificado públicamente los yacimientos incluidos en el acuerdo.

El gobierno estadounidense negoció esta semana una participación del 35 % en North American Blue Energy Partners, empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, obteniendo acceso a 17 yacimientos petroleros locales.

El acuerdo “hace menos probable que la deuda sea pagada en el corto plazo”, afirmó Michal Meidan, jefe de investigación sobre energía china del Oxford Institute for Energy Studies.

“Será interesante ver si este tema se plantea siquiera a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”, añadió.

El comercio bilateral entre China y Venezuela alcanzó su máximo en 2012Para Pekín, Venezuela se ha convertido en una fuente de energía menos importante en los últimos años. El crudo venezolano representó apenas el 4 % del total de las importaciones de petróleo de China en 2025.

No se han registrado cargamentos venezolanos llegando a China desde que la administración Trump asumió el control de los activos tras la captura, a comienzos de este año, del entonces presidente Nicolás Maduro.

El golpe más importante podría recaer sobre los miles de millones de dólares de deuda con bancos chinos, vinculados a barriles de petróleo que no fueron entregados.

Aunque Caracas dejó de publicar información detallada sobre esas obligaciones después de su incumplimiento soberano de 2017, se estimaba que la deuda total con China ascendía a al menos 10.000 millones de dólares en 2025.

Esa cifra ya había disminuido considerablemente respecto a su máximo histórico.

China comenzó a financiar proyectos venezolanos de infraestructura y energía en 2007, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Los datos disponibles públicamente sugieren que los bancos estatales chinos habían concedido al país más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo para 2015.

A medida que las sanciones estadounidenses contra Caracas se intensificaron durante los años siguientes, China se convirtió en el mayor comprador de crudo venezolano y en su principal acreedor extranjero.

Empresas estatales, entre ellas China National Petroleum Corp. (CNPC), matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp., desarrollaron proyectos de petróleo y gas en la Faja del Orinoco y otras zonas del país.

Empresas privadas chinas, entre ellas Concord Resources, también invirtieron en participaciones de activos de producción.

Pero el entorno operativo se volvió cada vez más difícil a medida que la economía venezolana se deterioraba y las instalaciones de producción operaban muy por debajo de su capacidad prevista.

Estos movimientos se aceleraron después de que Estados Unidos sancionara al sector petrolero venezolano en 2019, aunque algunas empresas conjuntas chinas heredadas y personal contratado, incluidos trabajadores de CNPC, podrían permanecer todavía en Caracas.

Esto significa que las afirmaciones de que Estados Unidos está recuperando yacimientos petroleros de manos de adversarios extranjeros probablemente no tendrán un impacto enorme sobre las empresas chinas, que ya habían reducido su presencia a medida que evolucionaban las prioridades estratégicas de Pekín.

La inversión china en Venezuela se desplomó durante el gobierno de MaduroEl golpe más fuerte podría recaer sobre las refinerías chinas, que ya están sufriendo interrupciones en sus suministros procedentes de Irán.

Las procesadoras independientes de la provincia de Shandong, en particular, han dependido durante mucho tiempo del crudo pesado venezolano como materia prima para la producción de betún.

La pérdida de esos suministros ha reducido la oferta en el mercado interno de betún, contribuyendo a impulsar fuertemente al alza los precios de los contratos de futuros.

Según los analistas, para la mayoría de las empresas y acreedores chinos presentes en Venezuela, los riesgos de hacer negocios en el país ya eran ampliamente conocidos, por lo que la última convulsión no debería representar una sorpresa.

“América del Sur ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica donde los intereses de China y Estados Unidos se cruzan y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, fundadora de GL Consulting, una firma especializada en investigación energética.

“Dada la importancia que ambas potencias conceden a Venezuela, la fricción es prácticamente inevitable cada vez que sus intereses se superponen”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que quiere elecciones en Venezuela, pero asegura que el país todavía no está preparado. Rafael Simón Jiménez, exvicepresidente del CNE, asegura que técnicamente podrían organizarse en cinco o seis meses si existe un cronograma claro. 

Con más información en nuestro canal de YouTube.

El presidente Trump pasó meses declarando que el derrocamiento del líder venezolano había asegurado el petróleo del país para Estados Unidos. 

Cuando las compañías energéticas estadounidenses se resistieron a invertir al ritmo y la escala que él deseaba, su administración ideó una solución extraordinaria para convertir su visión en realidad: convertir al propio gobierno estadounidense en inversor, publicó The Wall Street Journal.

El acuerdo anunciado transformaría al gobierno estadounidense, pasando de ser un intermediario de las inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela a convertirse en un inversor en sí mismo.

Esto le daría a Washington una participación financiera directa en una empresa privada a la que se le concederían derechos  sobre algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo , y vincularía más estrechamente a Estados Unidos con el gobierno no electo que otorga esos derechos.

La empresa privada, liderada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendría la oportunidad de explotar 17 yacimientos petrolíferos que, según se estima, contienen 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa una quinta parte de las reservas del país. El Pentágono, en una notable ampliación de sus competencias, contribuiría a financiar la empresa petrolera y se beneficiaría de su futura producción.  

«Si este acuerdo logra sobrevivir a los sucesivos gobiernos venezolanos, Trump habrá asegurado para Estados Unidos reservas estratégicas de petróleo que van más allá de la revolución del gas de esquisto», declaró Schreiner Parker, socio de la consultora Rystad Energy. «Ahora bien, existe mucha incertidumbre sobre cómo se transformarán estos barriles de reservas a producción real, y quién invertirá el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para ello».

El acuerdo culmina meses de negociaciones secretas y frecuentes viajes a Caracas de funcionarios y negociadores estadounidenses. Según fuentes cercanas a las conversaciones, Trump y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordaron los puntos principales del acuerdo en una llamada telefónica días antes del anuncio. Posteriormente, los funcionarios dedicaron los últimos días a ultimar los detalles para la implementación de este inusual acuerdo.

Trump anunció el acuerdo en las redes sociales el viernes por la noche, y la Casa Blanca no ofreció más comentarios.

Aunque fue negociado por altos funcionarios de ambos gobiernos, la estructura convertiría a Estados Unidos en un inversor en una empresa privada en lugar de una contraparte directa del gobierno venezolano.

Según fuentes cercanas a la negociación del acuerdo, Estados Unidos planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, la filial de Betancourt, y se aseguraría derechos preferenciales para comprar el 20% de su producción a precio de coste.

Según fuentes cercanas al caso, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono planea estructurar la inversión mediante warrants de bajo valor que otorgarían a Estados Unidos una participación accionaria en la empresa sin una inversión de capital significativa. Esta oficina tiene autoridad legal limitada para formalizar acuerdos destinados a respaldar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, generalmente a través de préstamos y garantías.

Betancourt ha actuado como intermediario en las transacciones energéticas de Venezuela y mantiene estrechos vínculos con Rodríguez. Enfrentó investigaciones penales por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque no se presentaron cargos formales. Su empresa, NABEP, se ha convertido en la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela, después de Chevron, en los últimos dos años.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como un “gran triunfo” que garantizaría petróleo a bajo costo en el hemisferio occidental y precios más bajos para la gasolina en Estados Unidos. Rodríguez destacó que atraería más de 100 mil millones de dólares en inversión, más de 209 mil millones de dólares en impuestos y miles de empleos que contribuirían a la reconstrucción de la industria petrolera del país.

Sin embargo, el acuerdo enfureció a muchos venezolanos y sembró confusión entre algunos ejecutivos petroleros, e incluso entre funcionarios estadounidenses, sobre lo que se había acordado y cómo funcionaría el arreglo.

 Para las petroleras estadounidenses que buscan posibles inversiones en Venezuela, la idea de competir con una empresa privada respaldada por Estados Unidos que posee participaciones en vastas extensiones de los yacimientos petrolíferos del país resulta desalentadora, según fuentes cercanas a las compañías. Funcionarios estadounidenses indicaron que la empresa estatal sería la segunda mayor poseedora de reservas probadas, después de Saudi Aramco.

“¿Por qué Estados Unidos está subsidiando y construyendo un importante competidor para su industria petrolera?”, preguntó Ed Hirs, economista especializado en energía de la Universidad de Houston. “Lucy [de la tira cómica Peanuts] volverá a sacar el balón de fútbol americano, una vez que Trump deje el cargo”.

Según las fuentes, el acuerdo también está generando preocupación en el sector sobre la posibilidad de que un nuevo gobierno venezolano pueda interponer un recurso legal con éxito y si podría mermar la confianza de los nuevos inversores a la hora de realizar inversiones.

El contenido del acuerdo parece estar en conflicto directo con la Constitución venezolana de 1999, que establece que las reservas petroleras del país pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y no pueden venderse. Los críticos afirman que el actual gobierno venezolano, integrado por funcionarios no electos que se mantuvieron en el poder gracias a la administración Trump, carece de autoridad legal para vender los derechos petroleros del país.

El acuerdo fue tomando forma en los últimos meses, a medida que la administración intentaba convertir en realidad las repetidas afirmaciones de Trump de que Estados Unidos estaba obteniendo petróleo venezolano.

Ante la impopular y prolongada guerra con Irán, que ha mermado el suministro energético mundial, la administración Trump sintió la urgencia de anunciar que había asegurado una fuente de crudo a largo plazo en el hemisferio occidental, según fuentes cercanas a las negociaciones. Trump también buscaba una victoria política al presentar el acuerdo con Venezuela como una forma de proteger a los estadounidenses de las consecuencias de la inestabilidad en Oriente Medio, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre , añadieron las fuentes.

Venezuela, sin embargo, no es actualmente un importante productor de petróleo : bombea apenas 1,1 millones de barriles diarios, una cifra similar a la de Dakota del Norte. Restablecer la producción llevaría años y es poco probable que impulse rápidamente la bajada de los precios de la gasolina que Trump ha prometido, según analistas petroleros.

Los funcionarios de Trump recurrieron a Betancourt porque consideraban que estaba en una posición privilegiada para llevar a cabo el proyecto: su empresa ya opera en el país y mantiene estrechas relaciones con altos funcionarios venezolanos, según personas familiarizadas con las negociaciones.

La administración Trump intentó presionar a las principales compañías petroleras, incluidas ExxonMobil y ConocoPhillips, para que regresaran a los campos petroleros de Venezuela y reabrieran rápidamente el grifo de la producción.  

Pero tras meses de lentas negociaciones, gran parte de la industria petrolera estadounidense se ha mantenido al margen. Muchas empresas siguen reacias a invertir en la deteriorada infraestructura petrolera del país debido a problemas de seguridad y legales.

El acuerdo fue liderado por el Departamento de Estado, y los funcionarios estadounidenses recurrieron a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono en una etapa avanzada del proceso, mientras buscaban un mecanismo financiero para el despliegue, según algunas personas familiarizadas con las conversaciones.

En última instancia, el Departamento de Defensa ostentará la participación accionaria del gobierno y los derechos de compra en la empresa conjunta.

Según algunas fuentes, una delegación de altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, entre ellos el director de la Oficina del Asesor Especial (OSC), David Lorch, visitó Venezuela en julio para ultimar los términos del acuerdo.

La OSC se creó en 2022 con el mandato de apoyar a las industrias consideradas críticas para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque los préstamos no empezaron a fluir desde esta oficina hasta la segunda administración de Trump.

Según una de las personas involucradas, la estructura de empresa privada se diseñó deliberadamente para vincular a futuros gobiernos venezolanos al acuerdo y dificultar su reversión. Consideran improbable que un nuevo gobierno expropie una empresa privada, añadieron.

El anuncio provocó una fuerte reacción de muchos venezolanos en el país y en la numerosa comunidad de exiliados en el extranjero, así como entre los partidarios de la oposición. Muchos acusaron a Trump de legitimar un gobierno no electo a cambio del control del petróleo del país.  

“Es una operación absolutamente inconstitucional porque se trata de un gobierno ilegítimo”, dijo Diego Arria, exministro y embajador venezolano, ahora exiliado en Estados Unidos.

Dijo que Estados Unidos está colaborando estrechamente con figuras del gobierno venezolano buscadas por las fuerzas del orden estadounidenses por narcotráfico y otros delitos con un solo objetivo: apoderarse del petróleo de Venezuela.

“Se están apoderando de ello; no hay otra forma de describirlo”, dijo Arria.

Aunque las encuestas muestran que los venezolanos apoyaron abrumadoramente la operación estadounidense que derrocó a Maduro, el apoyo a Trump ha disminuido a medida que ha ayudado a Rodríguez —exvicepresidente de Maduro, a quien ha elogiado como «fantástico» y «muy respetado»— a consolidar su poder.

“Aquí lo que nos preocupa es tener electricidad, agua y dinero, y luego poder cubrir las necesidades básicas”, dijo Irelis Cedeño, una pensionista de 65 años que vive en las afueras de Caracas. “No tengo ni idea de qué se trata este acuerdo petrolero, pero es bienvenido si va a solucionar nuestra situación económica”.

The Wall Street Journal