El número de ejecuciones llevadas a cabo en todo el mundo ha aumentado hasta alcanzar la cifra más alta en casi una década, impulsado por un fuerte aumento de las ejecuciones en países de Medio Oriente, afirmó Amnistía Internacional, este miércoles.

En 2023 se llevaron a cabo un total de 1.153 ejecuciones, lo que supone un aumento de más del 30% con respecto a 2022, dice la organización en su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo, reseña CNN.

El número de ejecuciones en 2023 fue el más alto registrado por Amnistía Internacional desde 2015, año en el que se tuvo noticia de 1.634 ejecuciones.

«El enorme aumento de las ejecuciones registradas se debió principalmente a Irán», declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

«Las autoridades iraníes mostraron un desprecio absoluto por la vida humana e intensificaron las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que pone aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán».

Los cinco países con mayor número de ejecuciones en 2023 fueron China, Irán, Arabia Saudita, Somalia y Estados Unidos, según Amnistía. Irán representó el 74% de todas las ejecuciones registradas, mientras que en el caso de Arabia Saudita el número asciende a 15%.

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Según el organismo de vigilancia, el número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo también aumentó en 2023 en un 20%, hasta un total de 2.428.

Los números de 2023 no incluyen las cifras exactas de China «debido al secreto de Estado», donde Amnistía afirma que se cree que «miles» de personas han sido ejecutadas y que el país “sigue siendo el principal verdugo del mundo”.

Tampoco se incluyen las cifras de Corea del Norte y Vietnam, pero Amnistía afirma en el informe que «se cree que estos países recurren ampliamente a las ejecuciones».

Las ejecuciones por delitos vinculados a las drogas en IránEn Irán, donde, según Amnistía, «las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir miedo en la población y afianzar su control del poder», al menos 853 personas fueron ejecutadas en 2023, un gran aumento respecto a las 576 ejecutadas en 2022.

«Las ejecuciones afectaron de forma desproporcionada a la minoría étnica baluchi de Irán, que representó el 20 % de las ejecuciones registradas a pesar de que constituye alrededor del 5 % de la población de Irán», señaló Amnistía, que añadió que también fueron ejecutadas al menos 24 mujeres y al menos cinco personas que aún eran niños cuando se cometió el delito.

«De las ejecuciones registradas en Irán, al menos 545 se llevaron a cabo ilegalmente por actos que no deberían acarrear la pena de muerte según el derecho internacional, como delitos relacionados con drogas, robo y espionaje», agregó Amnistía.

Las ejecuciones por delitos relacionados con drogas aumentaron significativamente en Irán en 2023, constituyendo más de la mitad de las ejecuciones registradas, un aumento del 89% desde 2022, cuando se registraron 255 ejecuciones.

Algunos estados de EE.UU. tienen un «escalofriante compromiso con la pena de muerte», dice Amnistía.

En Estados Unidos, los «progresos flaquearon» al aumentar el número de ejecuciones de 18 a 24, según Amnistía.

En Idaho y Tennessee se presentaron proyectos de ley para llevar a cabo ejecuciones mediante pelotón de fusilamiento, mientras que la legislatura de Montana estudió una medida para ampliar las sustancias utilizadas en las inyecciones letales.

En Carolina del Sur se firmó una nueva ley para ocultar la identidad de las personas o entidades «implicadas en la preparación o realización de ejecuciones», señaló Amnistía.

«Un selecto número de estados de Estados Unidos demostró un escalofriante compromiso con la pena de muerte y una insensible intención de invertir recursos en quitar vidas humanas», afirmó Callamard. «El presidente Biden debe dejar de retrasar su promesa de abolir la pena de muerte federal».

Callamard continuó diciendo que «las ejecuciones mediante el nuevo y cruel método de asfixia con nitrógeno también se han empezado a utilizar» y mencionó el caso de Alabama, que utilizó «vergonzosamente este método no probado para matar a Kenneth Smith este año, solo 14 meses después de someterlo a un intento de ejecución fallido».

Las condenas a muerte y ejecuciones registradas también aumentaron en el África subsahariana en 2023, con ejecuciones que casi se triplicaron, pasando de 11 en 2022 a 38 en 2023. Las 28 ejecuciones tuvieron lugar en un solo país, Somalia, según Amnistía Internacional. Mientras tanto, las condenas a muerte en la región aumentaron un 66%, de 298 en 2022 a 494 en 2023.

«La discriminación y arbitrariedad inherentes que marcan el uso de la pena de muerte no han hecho más que agravar las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal», afirmó Callamard. «La pequeña minoría de países que insiste en utilizarla debe avanzar con los tiempos y abolir el castigo de una vez por todas».

Otro hombre fue ejecutado este lunes #12Dic en Irán, acusado de participar en las protestas que sacuden al país desde septiembre de este año.

A pesar de los constantes señalamientos de la comunidad internacional por aplicar la pena máxima a manifestantes, Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad.

La agencia oficialista de información, Mizan Online, reseño que el hombre fue ahorcado en una plaza pública y no dentro de la prisión.

Esta sería la segunda ejecución pública relacionada a las protestas que se llevan a cabo en el país islamista, debido a la muerte de una joven mujer que protestaba por derechos igualitarios y que perdió la vida en una celda de la policía iraní.

La primera pena capital relacionada a las protestas de este 2022 fue aplicada a un joven de 23 años, de nombre Mohsen Shekari, quien también fue ahorcado por supuestamente atacar a un funcioanrio de los organismos de seguridad.

Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, registradas probablemente antes de la madrugada, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa. 

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«La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes», declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

«Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio espectáculo», añadió.

La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta. 

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari.

Este lunes, los ministros de la UE tienen previsto adoptar una nueva serie de sanciones, «muy, muy severas», en términos del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.  

«Estas ejecuciones públicas son un intento descarado de intimidar a la gente», dijo por su parte la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.

Activistas de derechos humanos piden, no obstante, una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. 

Antes del anuncio de la segunda ejecución, el director iraní Asghar Farhadi pidió en Instagram a las autoridades poner fin a estas muertes: «Matar y ejecutar a jóvenes sin defensa y a oprimidos sólo les traerá más ira y más odio».

Con información de AFP

El periodista que cubre la fuente de sucesos en el sur de Venezuela, Germán Dam, informó sobre la supuesta ejecución que realizó la GNB contra dos jóvenes del estado Bolívar.

La Guardia Nacional habría ejecutado presuntamente a 2 muchachos, entre ellos un menor de edad, aplicando la antigua Ley de Fuga.

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Ocurrió la madrugada del 27 de octubre en el sector Las Lomas de Tumeremo y las víctimas fueron identificadas como Brayan Alejandro París Delgado de 17 años de edad y César Antonio Rodríguez de 22.

Allegados de los jóvenes denuncian que ambos eran mineros artesanales, fueron retenidos por los militares para ser despojados de dinero, oro y teléfonos. Luego los mandaron a correr y les dispararon a matar.

«Los chamos no tenían nada ilegal, ni armas, ni droga, nada de nada. Los guardias los golpearon frente a testigos y después de robarles sus cosas; los pusieron a correr y les dispararon por la espalda», relata un testigo de esta ejecución extrajudicial.

"Los chamos no tenían nada ilegal, ni armas, ni droga… nada de nada. Los guardias los golpearon frente a testigos y después de robarles sus cosas, los pusieron a correr y les dispararon por la espalda", relata un testigo de esta ejecución extrajudicial.

El periodista lamenta que posiblemente el caso será archivado y quizás presentado como una resistencia a la autoridad, sumando así otro caso más a la lista de falsos positivos registrados en el municipio Sifontes del estado Bolívar.

Los funcionarios de las FAES simularon un secuestro para matarlos y robarles 500 dólares en la ciudad de Guarenas.

De acuerdo con la segunda entrega del programa especial Huellas Criminales, conducido por el periodista, Joan Camargo, un supuesto amigo del exfuncionario, Fernando Lira planeó el suceso.

La compra de 500 dólares para un negocio conllevó a la tragedia que dejaría sin vida a Lira y a un funcionario activo de la policía de Chacao.

Ambos acudieron a una estación de servicio en Trapichito para poder obtener los dólares.

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Sin embargo, esta aparente estafa se realizó con la ayuda de funcionarios de las FAES que fingieron un operativo irregular en la autopista.

En esta entrada, familiares de Lira relatan cómo se desarrolló esta sospechosa venta de dólares.

Así como la terrible ejecución de las víctimas a manos de las FAES.

De acuerdo con el informe emitido por la alta comisionada de DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet 6.800 venezolanos fueron ejecutados a manos de las FAES.

Esta lamentable cifra la constató en el período de enero del 2018 a mayo del 2019.

La investigación lleva un año y siete meses y es poco lo que han avanzado, incluso hay elementos que han retrasado el caso.

Para conocer a detalle lo que ocurrió y el momento de la ejecución deben ver la entrega que brinda Camargo a través del canal de Youtube de Impacto Venezuela.