Amnistía Internacional (AI) calificó de ilegales las operaciones militares de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe, al advertir que los fallecidos en estos ataques son víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas al margen del derecho internacional.

Son ataques ilegales”, afirmó la portavoz de Amnistía Internacional, Olatz Cacho, en declaraciones a Europa Press. 

“No se trata de un conflicto armado, ni Estados Unidos se encuentra bajo una amenaza inminente”, añadió, al considerar que la administración de Donald Trump “ha regresado a la lógica posterior al 11 de septiembre de 2001”, repitiendo los errores de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Cacho reconoció que en aquel momento “existía una amenaza real”, pero recordó que la militarización dé la respuesta estadounidense derivó en una “reacción desproporcionada” con graves consecuencias para los derechos humanos, como las violaciones registradas en la prisión de Guantánamo.

Amnistía subrayó que la interceptación de embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas debe estar a cargo de agencias civiles de seguridad y no de las Fuerzas Armadas. “Estas operaciones deben regirse por el derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza el derecho a la vida y a un juicio justo”, insistió Cacho.

La portavoz recordó además que el propio secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, admitió que la Guardia Costera pudo haber interceptado la primera narcolancha detectada a principios de septiembre, pero la Casa Blanca decidió transferir el mando táctico a los militares, quienes “emplearon fuerza letal sin tribunales de por medio”, lo que calificó como una “ejecución extrajudicial intencionada”.

Aunque el Senado, de mayoría republicana, rechazó este mes un proyecto de ley que habría limitado la autoridad presidencial para ordenar este tipo de ataques, Cacho señaló que la intervención del Congreso “es la opción más clara para detenerlos”.

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Voces críticas

La portavoz destacó además que dentro del Partido Republicano hay voces críticas, como la del senador por Kentucky, Rand Paul, quien se opone a la “escalada militar” impulsada por Trump en el Caribe. “Dentro del Partido Republicano hay gente que no quiere hacer la guerra con nadie. El Congreso debe debatir esto”, dijo Cacho, al cuestionar la contradicción entre el lema “América Primero” y las intervenciones militares en el extranjero.

Finalmente, Amnistía Internacional advirtió que sigue de cerca la situación en la región, en particular en Venezuela, donde —pese a los problemas democráticos que denuncia la organización— “no se justifica bajo ningún concepto una invasión extranjera”.

Con información de Europa Press

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció  este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra dos embarcaciones supuestamente usadas por narcotraficantes en aguas de Venezuela suponen ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, la ONG alertó que los intentos de la Casa Blanca de expandir su autoridad en este tipo de operaciones,  podría derivar en nuevas violaciones de los Derechos Humanos.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas”, dijo la directora de HRW en Washington, Sarah Yager.

“El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario”, agregó.

Esta semana, relatores de la ONU también acusaron a la administración de Donald Trump de cometer ejecuciones extrajudiciales en esta zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre que un bombardeo en aguas internacionales contra una pequeña embarcación que habría salido de Venezuela había matado a once personas, a las que acusó de ser miembros de la banda organizada Tren de Aragua, designada por Washington como una organización terrorista extranjera.

Posteriormente, publicó imágenes aéreas de la explosión, un vídeo que ha permitido a HRW confirmar que había al menos seis personas a bordo de la embarcación, si bien la ubicación de la misma y el momento del ataque siguen sin verificación alguna.

Trump anunció el 15 de septiembre un segundo ataque contra otra embarcación que también habría salido de Venezuela, igualmente en aguas internacionales, y afirmó que tres personas habían muerto. HRW ha indicado que las imágenes del ataque muestran a dos personas en el bote antes de la explosión, sin que se haya podido verificar su ubicación y el momento del ataque.

El mandatario estadounidense publicó en su cuenta en la red social Truth Social un mensaje advirtiendo con la posibilidad de nuevos ataques. «Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos», dijo.

HRW ha insistido en que el uso de fuerza letal contra supuestos narcotraficantes en estos bombardeos viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha recordado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Washington ha ratificado, proteger el derecho a la vida.

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Violación de los DD. HH.

Además, ha esgrimido que los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contemplan que las autoridades deben buscar minimizar los daños y preservar la vida en sus operaciones, pudiendo usar la fuerza letal únicamente cuando sea inevitable para protegerse de una amenaza inminente de muerte o heridas graves.

Por ello, ha hecho hincapié en que las autoridades estadounidenses no dieron estos pasos en estos bombardeos, incluida la negativa a intentar detener a los sospechosos, y ha agregado que la propia descripción de los hechos por parte de Washington implica que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

 La organización ha reseñado además que los ataques «tuvieron lugar en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar los mecanismos internos de supervisión en el seno del Ejército» y ha sostenido que «protecciones clave para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional han sido vaciadas de contenido».

Yager ha apuntado que «el Ejército estadounidense debería detener inmediatamente cualquier plan para futuros bombardeos ilegales y garantizar que todas las operaciones militares cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario».

 «El Congreso debería abrir una investigación rápida y transparente sobre los procesos de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluidos los razonamientos legales y la cadena de mando», ha zanjado.

Con información de Europa Press

Los ataques de Estados Unidos a lanchas en aguas internacionales del mar Caribe, en los que fallecieron al menos 14 personas presuntamente venezolanas y vinculadas al narcotráfico, constituyen "ejecuciones extrajudiciales" que violan el derecho internacional, indicaron este martes expertos de Naciones Unidas.

"El derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos narcotraficantes", señalaron los relatores de la ONU en un comunicado conjunto, donde subrayaron que las presuntas actividades criminales que llevaban a cabo deberían haber sido investigadas y procesadas con arreglo a la ley.

Agregaron que el ataque de Estados Unidos también viola el derecho internacional marítimo, que prohíbe ataques no provocados a embarcaciones, exige que se cumplan ciertos criterios para interceptarlas y prioriza un enfoque policial, no militar, del uso de la fuerza.

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Los cuestionamientos 

También señalaron que no hay evidencias de que el grupo criminal Tren de Aragua esté organizando una "invasión" contra EE.UU. a instancias del Gobierno venezolano, otro argumento esgrimido por las autoridades estadounidenses para llevar a cabo los ataques que se estima causaron 11 muertos el 2 de septiembre y 3 el pasado día 15.

"El derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques a grupos del crimen organizado en el extranjero violarían la soberanía y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza, según la Carta de las Naciones Unidas", subrayaron.

Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (Ben Saul), ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) y orden internacional (George Katrougalos).

Ataque a tercera embarcación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país.

"Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos", respondió Trump.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'.

Con información de Efe

«Soy la voz de mi hijo», se lee en la camiseta que viste Carmen frente a un mural en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en barriadas pobres de Venezuela.

El rostro de su único hijo, Cristian Charris, es centro del mural inaugurado el domingo en la cancha de básquet donde él solía jugar en La Dolorita, en Petare, en el este de Caracas.

Cristian murió por un tiro en el pecho, a manos de un policía, la madrugada del 24 de septiembre de 2018, después de haber trasnochado para celebrar su cumpleaños 26 con amigos.

«No es solamente el mural de Cristian (…), es el mural de todos los muchachos ejecutados extrajudicialmente en las barriadas populares», comentó este miércoles a la AFP Carmen Arroyo, quien junto a otros familiares de víctimas formó una organización, Madres Poderosas, que exige que la justicia actúe en casos como este.

«Me ha tocado duro», cuenta esta mujer de 56 años. «Hacen lo imposible para que nosotros nos cansemos y dejemos de denunciar. No vamos a dejar de denunciar nunca».

El funcionario que disparó está libre, mientras que el juicio, con una audiencia prevista para el próximo martes, apenas comienza.

Historias como la de Cristian, popular barbero en su comunidad por los extravagantes cortes de cabello que les hacía a muchos de sus clientes, han sido frecuentes en Venezuela, por lo que la ONU ha expresado «preocupación».

La policía alegó en su momento que Cristian pertenecía a una banda, lo que niegan familiares, vecinos y activistas.

La ONG Lupa por La Vida documentó 824 muertes por presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2022 en Venezuela. Hubo más de 4.000 entre 2020 y 2021, según organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que fueron fruto de «una política de Estado» de «exterminio» en operaciones contra la delincuencia.

El Ministerio Público asegura que más de 450 militares y policías han sido condenados por violaciones de derechos humanos durante los últimos cinco años.

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Tijeras y una maquinilla de afeitar acompañan el retrato de Cristian en el mural en La Dolorita. El básquet tiene su espacio en la obra, luminoso, así como las humildes viviendas del barrio; pero también tienen lugar las siluetas, oscuras, de policías.

«Mi artivismo -juego de palabras que combina arte y activismo- comienza por la denuncia», cuenta a la AFP ‘Andartes’, pseudónimo del autor. «Tenemos objetivos claros: denunciar, mantener la memoria y prevenir», explica el joven artista de 26 años, quien ha hecho numerosos murales de protesta en Venezuela.

Las masivas denuncias de ejecuciones extrajudiciales son parte de la investigación abierta por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en este país.

El gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro ha rechazado esta investigación, al alegar que tiene «fines políticos».

Cristian falleció en un operativo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), disueltas en medio de una reestructuración policial en 2021, al ser blanco de constantes acusaciones de abusos.

Las FAES, en la práctica, fueron sustituidas por otra unidad especial, la Dirección contra la Delincuencia Organizada.

«Aunque cambiaran de nombre (…), las ejecuciones extrajudiciales siguen», apunta Carmen, quien lleva tatuado en la muñeca izquierda el nombre de su hijo y promete «seguir luchando contra la impunidad y el retardo procesal».

Reina la polémica por la muerte de personas en las últimas horas en la ciudad capital en situaciones irregulares.

Un total de cinco personas murieron a tiros en diferentes zonas de Caracas en circunstancias calificadas por la policía como enfrentamientos, frente a las versiones de familiares de las víctimas quienes hablan de ejecuciones extra judiciales.

«Coincidencialmente» todos fallecieron tras movilizaciones policiales en zonas populares, procedimientos calificados como irregulares.

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Entre los identificados están: Yoanthony Cabrera, Joan García y David Moisés Francia.

Dos no han sido identificados, pero ya sus cuerpos ingresaron a la medicatura forense de Bello Monte, informó nuestro corresponsal Santiago Gutiérrez.

#20May ¡AUMENTAN LOS ASESINATOS! Cinco personas murieron a tiros en diferentes zonas de #Caracas y en circunstancias calificadas por la policía como enfrentamientos, frente a las versiones de familiares de las víctimas quienes hablan de ejecuciones extra judiciales.?… pic.twitter.com/UM6tFITXSt

Este miércoles 22 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó una nueva actualización de la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, afirmó que persisten los patrones de ejecuciones extrajudiciales durante los operativos de seguridad en el país.

“Las informaciones recabadas por la Misión hasta la fecha muestran indicios de que estos patrones persisten. El número muy elevado de enfrentamientos con la fuerza del orden reportado por la ONG Control Ciudadano, que contabilizó 716 casos en 2022, es indicativo de dicho patrón”, señaló.

Valiñas precisó que a pesar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron disueltas de manera formal en julio de 2022, la realidad es que sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidos por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recogió el portal Monitoreamos.

Explicó que la creación de la DEAT coincide con el lanzamiento de los operativos de seguridad contra la banda organizada conocida como Operación Trueno.

«Entre abril y septiembre de 2022 se llevaron a cabio siete de estas operaciones en Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy», que han dejado cerca de 70 personas muertas.

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El informe se refirió al proyecto de ley de fiscalización y regulación sobre las ONG que fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional.

«La Misión ha insistido que la nueva regulación de ser aprobada consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, financiamiento y actividades de las ONG».

Una nueva ola de presuntas ejecuciones extrajudiciales, fueron denunciadas en las últimas horas por familiares de las víctimas que residían en el sector Los Valles del Tuy, en el estado Miranda.

Esta grave denuncia la publicó Monitor de Víctimas en su cuenta de Twitter, en la cual publicaron testimonios de varios ciudadanos a quienes les asesinaron sus familiares. Entre los denunciantes está Rosalía, una mujer, hermana de una de las víctimas, quien aseguró que su familiar no estaba armado. «La policía lo asesinó a sangre fría, sin permitirle que dijera una palabra», dijo.

Este operativo, el cual llamaron “El trueno”, aterrorizó comunidades como las de Dividive. Sin embargo, los funcionarios aseguraron que estas personas, a quienes dieron de baja, murieron en un “enfrentamiento”, hipótesis que los familiares desmientes enérgicamente.

De acuerdo con cifras extraoficales compartida por Monitor de Víctimas, el operativo dejó al menos a 23 personas fallecidas.

?️«Lo sacaron de su casa esposado, con el rostro tapado. No dejaron que su abuela lo acompañara y, al cruzar la vereda, lo asesinaron. Ahí no hubo ningún enfrentamiento», aseguró Andrés Nuñez en su cuenta en #Twitter.

Andrés Núñez, uno de los testigos, señaló que al hermano de Rosalía, “lo sacaron de su casa esposado, con el rostro tapado. No dejaron que su abuela lo acompañara y, al cruzar la vereda, lo asesinaron. Ahí no hubo ningún enfrentamiento”.

Los vecinos de la zona, afirmaron, que si bien algunos de ellos tenían antecedentes policiales, no se siguieron los canales legales para su aprehensión y presentación ante un juez. “Sencillamente, lo mataron”, recriminó una señora.

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Sin embargo, el proceder del operativo no fue la única denuncia que elevaron los habitantes de Los Valles del Tuy. Afirman que hubo más irregularidades en su proceder.

Los familiares, relataron a las puertas de la morgue del hospital de Valles del Tuy, es que recibieron la orden de autoridades policiales de recibir los cadáveres y enterrarlos de inmediato sin posibilidad de que sean velados. «La orden es que los enterremos, apenas nos entreguen el cadáver en la morgue», contó Luisa Contreras.

Aunque son las Organizaciones No Gubernamentales y los mismos vecinos los que comparten cifras con la opinión pública, hasta ahora, ningún organismo de la administración de Nicolás Maduro, ni cuerpos de seguridad del estado, han esclarecido estas cifras, ni brindado balances oficiales sobre estos “operativos”, en los sectores populares del país.

Hasta el momento, además del número de fallecidos, se habla que fueron desarticuladas varias bandas delictivas y que se encuentran detenidos 30 presuntos delincuentes, además de 2 funcionarios policiales: la supervisora Patricia Eliana Rodríguez, directora de la Policía Municipal de Simón Bolívar; y el supervisor jefe Osmel González, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Urdaneta.

Tampoco se conoce la identidad de los asesinados en el marco de este operativo.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció recientemente que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

Por lo tanto, Michelle Bachelet deberá abandonar en septiembre el cargo que desempeña desde hace cuatro años.

Pero ya tiene listo un nuevo informe sobre Venezuela que será presentado por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde se recoge que en el país se registraron nuevos casos de tortura.

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El nuevo documento recoge que desde 1 de mayo de 2021hasta el 30 de abril de 2022 siguen los casos de torturas y detenciones arbitrarias aunque asegura que existe una disminución en las ejecuciones extrajudiciales

Asimismo registran la detención de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure.

También están documentados 35 casos de violaciones de derechos a la libertad y que al menos 22 personas seguían con medidas coercitivas.

Asimismo, reiteran su preocupación por las condiciones de detención en el Sebin y la Dgcim.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio.

La salida de Bachelet de su puesto como Alta Comisionada obliga al secretario general de la ONU, António Guterres, a proponer a una persona como sustituta.

El nombramiento requiere del visto bueno de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro de Naciones Unidas.

La oficina, que echó a andar a mediados de los noventa, se rige por un criterio de reparto geográfico, y, al contrario que otros cargos de la ONU, ha tenido a lo largo de su historia más mujeres que hombres -cuatro frente a tres-.

Antes que Bachelet ejercieron como altos comisionados el jordano Zeid Raad al Hussein, la sudafricana Navy Pillay y la canadiense Louise Arbor, entre otros.

La organización Monitor de Víctimas presentó esta semana su informe sobre las muertes violentas, titulado “Fuego cruzado en Venezuela”. La investigación revela que en Caracas hubo 544 homicidios el año pasado.

Indica que de ese total, 185 muertes (33,8%) se atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado, bajo las categorías de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el estudio, los funcionarios policiales fueron el principal victimario en 2021.

Asimismo, señala que en 2021 hubo una disminución de 9,2% de los crímenes con respecto al año anterior: la cifra pasó de 599 a 544.

Con respecto a los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad no hubo una disminución.

“Los 185 casos de 2021 representan 34% del total de homicidios, igual que en 2020 cuando hubo 204 casos que eran 34% de las muertes violentas”, destaca el documento.

“Los cuerpos de seguridad encargados de proteger a la ciudadanía son los principales responsables de las muertes. Los casos de resistencia a la autoridad y de ejecuciones extrajudiciales se han mantenido en una proporción más o menos igual en los últimos tres años, entre 30% y más de 40% de los homicidios”, dice el estudio.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo con más muertes por presuntas ejecuciones y resistencia a la autoridad, con 83 casos.

Luego se ubica la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, con 56. Los otros grupos de la PNB suman 31 casos.

“Los derechos humanos y, principalmente, el derecho a la vida siguen siendo vulnerados por los cuerpos de seguridad, en una proporción similar a 2020. Esto sigue ocurriendo en los barrios y zonas populares, donde las víctimas tienen siempre un mismo perfil: hombres jóvenes y pobres”.

El informe también destaca que la categoría con más víctimas son las muertes por determinar, con 88 casos (16,1%).

Se desconoce quiénes son los victimarios, pero muchos de estos crímenes ocurrieron en intervenciones policiales o en enfrentamientos con grupos delictivos.

Monitor de Víctimas le puso especial atención al fuego cruzado ocurrido en la Cota 905 entre el 7 y el 9 de julio pasado para capturar a los integrantes de la megabanda de Carlos Revete, alias “El Koki”.

Allí se contabilizaron 37 muertos, incluidas personas que no estaban relacionadas con los enfrentamientos ni con la organización criminal, que opera en otros sectores como El Paraíso, El Valle y La Vega, reseña el informe.

Se trata de tres de las cinco parroquias del Distrito Capital que registraron más homicidios, ya suman 130 casos (23,8%).

También fueron escenario de “la masacre de La Vega”, en enero de 2021, cuando hubo una matanza de civiles a manos de la policía.

“La masacre de La Vega dejó 15 personas muertas, casi todas a manos de la policía y de hombres vestidos de negro, cuya identidad no se conoció. La acción se prolongó por dos días, entre el 8 y el 9 de enero de 2021. Además, estuvo seguida de una ola de violencia y asesinatos en la misma parroquia, cuyos móviles nunca fueron precisados por las autoridades”, destaca.

Otros de los móviles que se precisan en el informe destacan: los ajustes de cuentas, con 57 casos; riñas o peleas, con 44 casos; bala perdida, con 35 casos.

Le siguen la violencia de género, con 15 casos; enfrentamientos entre bandas, con 12 casos; funcionarios muertos en servicio, con 9 casos; violencia contra niños, con 3 casos; crimen de odio y linchamiento, con 2 casos; y secuestro y sicariato, 1 caso cada uno.

En 2021 Fundaredes reportó al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en los que 439 personas murieron, lo que representa 45% del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.

La información la suministró la organización en su informe anual, correspondiente al año 2021 que presentó esta semana la organización.

«Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», reza el documento.

La coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, en entrevista a EFE dijo que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales.

También entre grupos armados irregulares, que no son «exclusivamente la guerrilla sino también bandas con alto poder de fuego que operan en estados fronterizos».

El documento también incluye muertes en algunas ejecuciones extrajudiciales «que las quieren hacer pasar por enfrentamientos».

En el informe, la ONG precisó que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, las policías regionales y municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.

«Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la población», aseveró Fundaredes.

Precisó Ramírez que en el año 2021, se documentó un total de 979 víctimas de homicidio en los estados fronterizos.

De los cuales 872 eran varones y 76 féminas -39 de ellos, niños y adolescentes-, mientras que de las 31 víctimas restantes no se pudo determinar el género.

Fundaredes detalló que, aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos), también se registró el uso de armas blancas en 91 muertes.

Otras 36 personas murieron por golpes con objetos contundentes y 15 fueron estranguladas, mientras que en 33 casos no se determinó el arma utilizada.

«La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo venezolano», aseguró la organización.

Sostuvo que el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».

Refirió que los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales».

Por otra parte, Fundaredes denunció que su fundador y director general, Javier Tarazona, «permanece arbitraria e injustamente detenido» desde julio de 2021.

Hasta la fecha de publicación del informe, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».

Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de, al menos, 1.414 ejecuciones durante 2021. Esto representa menos de la mitad que el año anterior, según un informe presentado este lunes por dos Provea y el Centro Gumilla.

La cifra representa una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto a 2020, cuando se registraron unos 3.034 «asesinatos», puntualizan las ONG.

«Hay un descenso de más del 50 % (…) parece positiva la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales. Y 1.414, aunque en relación con 2020 sea una cifra bastante reducida, sigue siendo alarmante y letal». Así lo dijo, Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla.

En este sentido, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra «sigue siendo muy elevada». Refleja «la alta letalidad con el que siguen actuando los organismos policiales y militares en el país».

«Se ratifica que estamos frente a una política de Estado. Cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos policiales, de orientarlos, se pueden lograr resultados como el de 2021, que en tan poco tiempo logró una reducción tan significativa», agregó.

De las 1.414 ejecuciones, 99 % fueron hombres y 1 % restante, mujeres.

«Recientemente, la organización Cepaz presentó el informe sobre feminicidio en Venezuela, donde totalizaba 290 víctimas (en 2021). En nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres, es decir, que de los 290 feminicidios, 5 % están como presuntas ejecuciones extrajudiciales», dijo Infante.

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El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con «mayor letalidad» en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Este cuerpo es responsable de 347 ejecuciones, desplazando a las FAES que en el 2020 ocasionó la mayoría de las muertes.

Según Infante y Alvarado, «gracias» a los informes elaborados por distintas organizaciones internacionales, las FAES han «reducido su letalidad».

Al Cicpc, le siguieron en 2021 la PNB, con 198 ejecuciones, de las cuales las FAES produjeron 111. Les siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos, y las policías municipales, con 119 asesinatos. Todos estos casos, en operativos de actuación mixta, donde se documentaron 139 casos.

Asimismo, el informe destaca que 100 % de las víctimas provenían de sectores populares. A juicio de Infante, esto indica que los barrios están «sometidos» a un continuo «caracazo».

«Hoy, esa política sigue a través de las ejecuciones extrajudiciales y de los operativos», aseveraron las ONG.

Dichos organismos indicaron además que se evidencia un «marcado y creciente desplazamiento interno de familias enteras» en algunas zonas populares, principalmente de Caracas, durante y después de la ejecución de estos procedimientos policiales.

Denunciaron, además, que hay una «situación estructural de impunidad», debido a que «tanto la Fiscalía como la Defensoría, en muchos de los casos, no han abierto investigaciones pertinentes».

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las, al menos, 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza cometidas por parte de policías en Venezuela. Los crímenes ocurrieron durante la primera quincena de 2022 y por ello exhortó al Estado «investigar, juzgar y sancionar» estas muertes.

«La seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo. Debe consistir en la protección de las personas», reivindicó el organismo en un comunicado, reseña Efe.

Según datos recogidos por la OEA, agentes de seguridad de Venezuela estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos durante los primeros quince días de enero.

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80 % de las víctimas eran menores de 25 años. Prácticamente, todos ellos eran hombres en situación de pobreza que habían sufrido amenazas o intimidaciones.

«Estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos», expresó la CIDH. Consideró «preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes».

El organismo aseveró que las autoridades tienen «el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva».

Asimismo, pidió que los agentes de seguridad no «reproduzcan el estigma» de que los jóvenes pobres están «vinculados a la delincuencia».

«Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela se extienden por varias décadas. El uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías ha producido la privación arbitraria de la vida a miles de personas, en su mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres. Una ascendente letalidad intencional que evidencia un desprecio por la vida de las personas lo cual afirma una política de exterminio».

Este párrafo forma parte del informe:  25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, elaborado por la ONG por defensora de los Derechos Humanos, Provea. La misma da cuenta de al menos 7.893 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por organismos de seguridad del Estado.

“Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y constituyen una política de Estado contra una parte de la población”. Así lo manifestó el activista Marino Alvarado, durante la presentación del informe a través de varias plataformas.

Agrega que «la ausencia de investigación y sanción a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando, favorece la repetición de los hechos».

Sostiene el informe que, «amparados por la impunidad los funcionarios del Estado disparan a matar. Con frecuencia, primero detienen sin que exista una situación de flagrancia u orden judicial. En ocasiones se tortura a la persona y después proceden a dar muerte incluso delante de sus familiares»·.

Agrega que estos funcionarios imponen «su propia ley, decidiendo en minutos sobre la vida de un detenido».

Denuncia que se trata de «crímenes realizados con alevosía con la convicción que no serán investigados».

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Provea destaca que «la progresiva militarización de las labores de seguridad ciudadana afianzó la violencia sistemática contra la población civil».

También «reforzó la narrativa desde las estructuras del Estado de las políticas de mano dura como las más adecuadas para combatir el ascendente problema de la delincuencia».

Y lo peor es que «otorgó a la Fuerza Armada un papel destacado en las labores y conducción de los operativos de seguridad ciudadana».

Denuncia que «en Venezuela la población ha sido sometida a graves violaciones de derechos humanos, al nivel de considerarse se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017».

Agrega que «en el contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Esto, en lo referente a los crímenes de lesa humanidad».

Resalta que «así lo han considerado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas».

La ONG explica que el informe se hizo tras una «investigación que se centra en la letalidad policial y militar en el contexto de operativos de seguridad ciudadana».

No obstante, «hay que señalar también que el uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas sociales, ha privado de la vida de manera arbitraria a cientos de personas por exigir derechos».

En este sentido, Provea analizó «las tendencias de la violencia institucional policial y militar en Venezuela en los últimos 25 años». Lo hizo «a la luz del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Dicho período abarca los últimos años de Rafael Caldera, la totalidad de años de gestión del expresidente Hugo Chávez y los años de gestión de Nicolás Maduro».

Entre sus conclusiones, Provea señala que «existe un alto número de violaciones al derecho a la vida y el patrón ejecuciónextrajudicial es el que prevalece. La estigmatización de los jóvenes pobres ha sido una constante y son las principales víctimas de los operativos policiales con alta letalidad».

Asimismo, resalta que «la impunidad estructural y los débiles controles internos frente a prácticas desviadas, junto a un discurso desde el Estado que tiende a alentar o tolerar las actuaciones arbitrarias de sus agentes, ha favorecido las graves violaciones a los derechos humanos. No se investiga a los autores materiales ni las cadenas mando».

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El monitoreo del proyecto Lupa por la Vida, que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea, contabilizó de julio a septiembre de este año 372 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado; las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe  detalló que cinco de las muertes fueron de mujeres. Consideran que es una cifra de asesinatos de mujeres durante operativos de seguridad

El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el cuerpo armado del Estado identificado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 114, según los datos.

Lupa por la Vida afirmó que en informes anteriores observó que “el Estado persistía en su patrón letal”.

Alertó que maquillaban los hechos, sustituyendo a las FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre”.

Asimismo, destacan la participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presuntamente responsables de 40 casos. “Lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, explicó.

“Creemos importante observar está tendencia porque de profundizarse estaríamos en presencia de una reconfiguración del modelo represivo”, agregó el informe.

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En los últimos nueve meses, el monitoreo registró 1.197 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares en casi todo el territorio nacional.

En este trimestre, el mes de julio mostró la mayor cantidad de víctimas con 137. Añaden que en la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zonas de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas.

De acuerdo a las cifras de Lupa por la Vida; en agosto hubo una leve baja con 120; cerrando el mes de septiembre con 115 ejecuciones extrajudiciales.

En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356.

En la data certificada por la organización se constata que fueron identificadas 242 de las víctimas. Otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento de recoger los datos.

El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, compartió mediante su cuenta en Twitter, un audio, de un presunto funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, el cual le explicaba a sus compañeros cómo hacer ejecuciones extrajudiciales sin dejar rastros forenses.

Ante este audio, Mundaray pidió a sus seguidores escuchar el audio en el que el funcionario instruía cómo “hacer el trabajo”.

El abogado alertó que esta es una demostración que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado en Venezuela; por lo que preguntó, ¿Servirá de prueba ante la Corte Penal Internacional?”.

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Importante escuchar esta nota de voz en un grupo de funcionarios de la @PNBVzla, como uno de ellos instruye al resto sobre como hacer una ejecución extrajudicial sin dejar rastros forenses. Esto demuestra que es una política de Estado, servirá de prueba ante la @IntlCrimCourt pic.twitter.com/e5K4rsikX3

El audio difundido por el exfiscal, habla del caso de ejecución de un hombre identificado como Dimilson Rafael Guzmán Santaella en Ocumare del Tuy por parte de dos funcionarios de la PNB.

«Hay que corregir esas fallas cuando se va a hacer el trabajo», dijo el policía, corrigiendo las “fallas” que tuvieron al hacer la ejecución.

Por lo que explicó que para hacer “el trabajo”, el sujeto debe tener las manos arriba, “Tiene que estar totalmente relajado”.

“Supongamos que el video ese no hubiese estado rodando, pero viene de pronto el fiscal, por x o por y, por mala intención, a lo que le bajen los brazos al occiso; obviamente el agujero lo va a tapar la epidermis ¿ya? Porque recuerden que cuando tiene los brazos arriba se encuentra el músculo y la piel estirada”, explicó.

Por lo que le indicó a sus compañeros que deben colocarle dedo en el pectoral y estiren la mano izquierda. “Cuando baja, obviamente la epidermis va a bajar y el agujero lo va a cubrir. Entonces el fiscal empieza a hacerle el movimiento de ubicación al occiso, y vienen los problemas”, advirtió.

El funcionario de la PNB indicó que cuando cualquiera vaya a hacer el trabajo, “el sujeto tiene que estar totalmente relajado y sus brazos abajo. Mientras más confianza sienta la persona, mejor va a salir el trabajo», concluyó.

En el primer semestre de este año 2021, la ONG Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país.

Se trata de un monitoreo de la violencia policial y militar que desplegó esa ONG, junto con Provea y el Centro Gumilla. El estudio se hizo en las 24 entidades durante todo el semestre.

El informe emitido resalta que hubo una bja en la cantidad de asesinatos, en comparación con el primer semestre del 2020.

«En el primer semestre de 2020 se pudo constatar 1.611 presuntas ejecuciones. Lo que significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48.6%», destaca el escrito.

«La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención que el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad», alerta el documento.

La cantidad de muertos, agrega, «muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país». Además de «el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo».

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Esto «indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida». Y tampoco a «causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar».

Denuncia que «los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada». Esto, «debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública».

El informe también destaca que «la disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7180 personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos».

Del monitoreo realizado, los expertos lograron «constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos».Todo «para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite Faes. Desde esa fecha se produjo en varios estados del país una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares».

Por primera vez en el monitoreo realizado por Lupa por la Vida, «se pueden registrar estados donde en un mes no se produjo ningún asesinato ni de militares ni de policías».

Pero, «la disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones».

Una de las novedades que se registran en este primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales.

La mayor evidencia es que en este período solo intervinieron, de acuerdo a este monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales. Esto, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.

Vale resaltar que la «administración de Nicolás Maduro emprendió un paulatino proceso al interior de FAES que pareciera indicar se avanza hacia su disolución», dice el informe.

«Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO. En el primer semestre esta DCDO fue responsable de 4 casos de presuntas ejecuciones», señala.

Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.

En este renglón del comportamiento de los cuerpos policiales y militares hubo un cambio en el manejo del poder de letalidad. En los 6 meses analizados destaca con el mayor número de casos adjudicados el Cicpc con 180, lo que representa el 21.74% de los 825.

Las policías estadales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En el conjunto las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas en los 6 meses. De esta manera reflejan que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente.

Llama significativamente la atención que, produciéndose una baja de los asesinatos perpetrados por policías y militares en el país, en el estado Carabobo por el contrario se afianzó la política de mano dura.

Con respecto a la participación de la FAN, en situaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, cabe destacar un descenso del 56.3 % en comparación al primer semestre del año 2020 cuando se registraron 222 casos.

En 2021 son responsables de 97 casos, discriminando 86 para la GNB, 8 para el Ejército, 1 para el CONAS y 2 para la Armada.

No obstante, siempre destaca la actuación letal de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta suele participar también en varios operativos mixtos en conjunto con otros organismos policiales.

En la primera mitad del 2020 los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda. Aquí se suman la totalidad de cuerpos policiales actuantes y no solo la policía estadal.

Un año después la tendencia es casi la misma. Zulia sigue apareciendo en el primer lugar con 171 muertes, Carabobo con 136, Aragua con 88, y Lara con 71.

El estado Anzoátegui saltó a la quinta casilla con 66 muertes, seguido de Miranda con 48, Bolívar con 44 y Distrito Capital con 40 (solo 33 en el mes de enero).

«Se certifica que en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales».

De hecho, «se constata el manejo de los falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos. Estos no son otra cosa que un montaje de la escena del crimen en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. Pero, en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.

Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima.

Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte. El funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.

Los datos recabados reflejan que eso constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida.

Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte.

Otro de los patrones que se mantiene en esta política de “seguridad ciudadana” desplegada por el Estado venezolano es que la mayoría de las víctimas son masculinos jóvenes, con edades entre 18 y 30 años que viven en zonas pobres.

En este período de 6 meses de las 825 víctimas de las cuales se pudo conocer la edad, se obtuvo la información que las muertes de jóvenes entre los 18 y 30 años constituyó 226, lo que representa el 27.29% de los casos.

Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas.

Siguen siendo los sectores populares en mayor medida, y rurales, un poco menos, los sitios escogidos por los cuerpos policiales y militares para la comisión de estos procedimientos, generalmente con el pretexto de practicar operativos de seguridad.

Así justificaron operativos especiales en La Vega, Caracas, zonas del estado Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy y el estado Zulia, entre otros.

En cuanto a los meses en los cuales se produjeron mayor cantidad de asesinatos el mes de enero fue el más violento con 228 casos. En este particular resalta la masacre de La Vega, en Caracas, entre el 8 y 9 de enero con 23 muertes. «Es un hecho sin precedentes amparado bajo un operativo policial practicado en esa parroquia del municipio Libertador, por parte de comisiones mixtas de las FAES, CICPC y GNB.

En este sentido, el municipio Libertador es el que más ejecuciones extrajudiciales registró en Caracas durante el mes de enero con 33 víctimas.

El mes de febrero registró un descenso con 113 casos mientras que se experimentó un ligero repunte en el mes de marzo con 131.

En el cuarto mes del año, cuando se decidió extender por 3 semanas consecutivas la cuarentena radical por la pandemia, se contabilizaron 119 casos. Seguido de mayo y junio, cada uno con 117 registros.

En el estado Bolívar destaca el caso de Edinsson Fernando Mijares Duque de 29 años y Luis Alfredo García Marín de 32. Los asesinó el Cicoc el 14 de mayo dentro de un apartamento en Puerto Ordaz, municipio Caroní.

Yajaira Duque, madre de Edinsson Mijares y Elianny Marín, hermana de Luis Alfredo García Marín, denunciaron que a su juicio se trató de un “ajusticiamiento” y la simulación de un enfrentamiento.

Aseguraron que los cuerpos de sus familiares presentaban signos de tortura.

“A mi hijo le dieron golpes, dos tiros en la cara y un tiro en la cabeza. Tenía golpes en el cuerpo, marcas como si le pusieron el pie en el cuello, el labio partido, me imagino le dieron una patada”, denunció Yajaira Duque.

Por su parte, Elianny Marín, relató: “se metieron varios funcionarios sin una orden de allanamiento al apartamento. Sin medir palabras los mataron, les sembraron armamento, los metieron en un cuarto. Ellos le pidieron perdón a Dios y con todo y eso los golpearon y los mataron”.

Hasta la fecha las investigaciones no avanzan.

El Director General del CICPC, Douglas Rico, aseveró en una rueda de prensa que se había asestado un duro golpe a una banda de delincuentes. Se refería a este caso en específico, dos días después.

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El 25 de marzo se suscitó un hecho en donde fueron ejecutados extrajudicialmente 5 personas presumiblemente por efectivos de las FAES. Los funcionarios, inexplicablemente, participaban del conflicto armado con las disidencias de las Farc, en el municipio Páez, Apure.

A Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez, los 4 primeros miembros de una misma familia, se les tildó de guerrilleros en el parte oficial de ese día.

Testigos y conocidos aseguran que a las 5 personas las sacaron de sus casas con vida del barrio 5 de julio, en La Victoria. Luego y aparecieron muertas en El Ripial, a unos 25 kilómetros.

Emir Ramírez Remolina, hijo de Luz Dey y Emilio, y quienes le conocían, afirman que se trató de un falso positivo.

La madre de Julio César Jiménez, quien vive en el estado Zulia, aún no ha podido recibir el acta de defunción de su hijo.

Así como lo hemos hecho en los informes anteriores desde Lupa por La Vida proponen las siguientes recomendaciones:

1. Las fuerzas de seguridad deben detener el uso excesivo de la fuerza. En su defecto, aplicar el uso diferenciado y progresivo. Admás de abstenerse de realizar ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales durante las operaciones de seguridad.

2. Las autoridades nacionales, estatales y municipales deben girar instrucciones precisas a las fuerzas de seguridad para que actúen con pleno respeto a los derechos humanos. Deben garantizar la integridad física y vida de toda persona considerada sospechosa. Esto para que el que sistema de justicia aplique las normas del debido proceso y derecho a la defensa.

3. El Estado debe investigar y sancionar a los autores materiales y cadenas de mando de las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Deben establecer medidas adecuadas de reparación a los familiares de las víctimas.

4. Las autoridades nacionales, estatales y municipales deben realizar un monitoreo de los desplazamientos internos consecuencia de situaciones de violencia en comunidades. Tiene que brindar apoyo a las familias desplazadas. Debe diseñarse una política de alcance nacional para atender el creciente fenómeno de los desplazamientos internos.

5. Deben disolverse las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

6. Debe adelantarse un proceso de desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana. Así como garantizar que los mandos de las policías sean civiles. Hay que fortalecer controles internos y externos, así como mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios policiales y todo su sistema de seguridad social.

7. Exigimos el cese a la criminalización de los jóvenes de los sectores populares. Exhortamos a las autoridades a desarrollar planes que les ofrezcan oportunidades y atender también los graves problemas de servicios públicos que afectan la calidad de vida de sus familias.

Los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares colombianos han tenido este martes una primera decisión de fondo.

Esto en el marco del macrocaso número 3 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denominado “muertes ilegítimas presentadas en combate”.

Al respecto el presidente del tribunal de paz Eduardo Cifuentes confirmó que fueron llamados a imputación 10 militares y un civil por crímenes ocurridos en Catatumbo, Norte de Santander.

Son un general y nueve militares los que la JEP imputa por ‘falsos positivos’ en Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander que se ha visto gravemente afectada por esta práctica.

La cual consiste en ejecutar de manera extrajudicial a población civil y hacerla pasar como guerrilleros caídos en combate.

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Las confesiones de varios militares que se sometieron a la justicia especial, más lo avances que la justicia ordinaria tuvo, permitieron avanzar el caso.

Además, vincular a altos mandos del ejército colombiano en las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008.

Al respecto la JEP imputó al general (r) del Ejército Paulino Coronado, a otros nueve militares y a un civil por 120 casos de “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate”

Este es la primera imputación de por lo menos seis que anunció la JEP en la priorización que estableció para investigar los falsos positivos.

Una priorización que incluye saber qué pasó con 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en región del Catatumbo, crímenes que son atribuibles al Ejército.

“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del macrocaso 3.

Díaz añadió que las víctimas fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia.

Se espera que durante los próximos meses se tomen alrededor de cinco decisiones similares.

Hasta el momento ante la JEP se han presentado 388 versiones de ahí que la Sala de Reconocimiento de Verdad avance en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado.

Estos habrían presentado a más 6.402 colombianos como guerrilleros.

Según la JEP el 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Álvaro Uribe Velez.

Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, son los seis territorios críticos que estudia el alto tribunal en la primera fase de la investigación.

Provea informó este jueves que durante los tres primeros meses de este año se registraron 472 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La organización, que realizó el monitoreo correspondiente al trimestre junto a la Fundación Centro Gumilla.

Señaló que enero fue el mes más violento, con 228 ejecuciones, entre las que destaca las 23 registradas en La Vega (Caracas)

«Es un hecho sin precedentes» protagonizado por comisiones mixtas de cuerpos de seguridad.

Estas muertes se atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía.

También a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En febrero se computaron 113 casos, mientras que marzo registró un repunte, con 131 ejecuciones extrajudiciales.

Según la fuente, durante el primer trimestre, el cuerpo «más letal» fue el CICPC, seguido de las policías regionales y las FAES.

Las FAES es un grupo que la alta comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver.

Sobretodo por su implicación en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, 500 de ellas en el año 2020.

La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como el estado Zulia y la región central.

Allí asesinaron 109 y 107 personas, respectivamente, según la investigación las organizaciones.

La mayoría de las víctimas son hombres con edades entre 18 y 30 años.

«Otro de los patrones que se mantiene en esta política de seguridad ciudadana del Estado venezolano», reseñó el informe

Para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de «enfrentamientos con grupos élites policiales».

«La ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia venezolano, justifica cada vez más el trabajo que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional, así como el monitoreo que realiza la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet», concluye la ONG.

Amnistía Internacional revela que la administración de Nicolás maduro en Venezuela «incrementó su estructura represiva durante la pandemia de coronavirus»

En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, remarcó que cada vez son más los informes internacionales que denuncian los atropellos ejecutados en Venezuela.

Denunció nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en el país caribeño.

“Se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad”, señala el informe.

Además la organización internacional da cuenta de nuevos reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.

“La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia”, anota.

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Cuestiona que durante la pandemia hay detenciones breves y, posteriormente, restricciones contra activistas políticos e, incluso, profesionales de la salud que denuncian.

«Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, apuntó.

La ONG de derechos humanos, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad (FAES y CICPC). 

Recordó que según un informe de la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU el año pasado se registraron al menos 2.000 muertes en operativos de las fuerzas de seguridad de la dictadura.

“La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19”, advierte el informe.

El informe da cuenta que otra práctica represiva que mantuvo el régimen de Maduro durante el último año fue la desaparición forzada.

Y que los detenidos por motivos políticos se los sometió a largos períodos de incomunicación, como los casos de los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro.

«Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias (…) métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual», describe.

Y agrega que la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del SEBIN y la DGCIM.

Así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM.

Amnistía Internacional cuestionó, además, que las autoridades “no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.

Para la ONG la impunidad en los distintos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional “sigue siendo la norma”.

Además denuncia que se le suma la falta de asistencia médica durante la pandemia, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, y el profundo desabastecimiento de productos básicos.

Lo que ha llevado a registrar más de 9.000 protestas contra Maduro, según datos de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Más de 400 de esas protestas han sido reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paramilitares en Venezuela.

En su informe publicado este martes, Amnistía Internacional sostuvo que también se registró un retroceso en materia de libertad de expresión en Venezuela.

“Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas».

Estos incluyen actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.

Alerta sobre los centros montados por la dictadura, conocidos como PASI (Punto de Atención Social Integral), donde fueron ubicados más de 90.000 venezolanos que regresaron al país para cumplir la cuarentena obligatoria.

“Estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio», señala AI.

Denuncia también las condiciones precarias de los PASI que incumplen indicaciones de la OMS al no contra con agua potable, alimentación adecuada y asistencia médica óptima.

Finalmente la ONG alerta por «la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19».

Lo que para AI agravó la ya preocupante emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela.

Dos adolescentes, futuros prospectos del béisbol venezolano fueron asesinados durante un procedimiento policial.

“Los mataron”, la peor noticia que recibió Ana Villafañe, abuela de uno de los menores de edad que murió el 20 de septiembre del 2020 en Los Valles del Tuy a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

En una nueva entrega de Huellas Criminales, la familia de uno de los prospectos de béisbol venezolano asesinado en un procedimiento judicial cuenta cómo transcurrió uno de los peores días de su vida.

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La inocencia se empañó de sangre aquella tarde, luego de que le cegaran la vida a dos jóvenes de 16 y 14 años, ambos deportistas.

Los abuelos de Alexis Jesús Villafañe, revelan los gustos, pasiones y sueños del pequeño de 14 años.

Para conocer más de esta trágica y desgarradora historia visitar el canal de Youtube de Impacto Venezuela.

En este nuevo especial, el periodista Joan Camargo relató una de las historias más tristes que conmocionó el deporte y a la sociedad venezolana.

Las ejecuciones extrajudiciales son una de las principales casusas de muerte en Venezuela. Así lo denuncian varias Organizaciones No Gubernamentales.

Incluso la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet reveló en su informe que más de 100 mil ejecuciones anuales se reportan en Venezuela.

Ante este triste hecho, los familiares de las víctimas claman justicia, y que los responsables paguen por ello.