Un venezolano expulsado hace un año por Estados Unidos a El Salvador en virtud de una ley de excepción de 1798 reclama 1,3 millones de dólares en daños y perjuicios, en una demanda presentada el martes.

Es la primera demanda por daños y perjuicios presentada por uno de los cerca de 130 venezolanos expulsados el 15 de marzo de 2025 a El Salvador bajo la ley sobre "enemigos extranjeros", utilizada hasta entonces exclusivamente en tiempos de guerra, por presunta pertenencia a la banda venezolana Tren de Aragua.

Ese grupo de venezolanos había sido encarcelado en el Cecot, el centro penitenciario salvadoreño de máxima seguridad, hasta su liberación en julio de 2025 gracias a un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, a donde muchos regresaron.

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Detenido en Irving, Texas (sur), por agentes del servicio estadounidense de inmigración (ICE), Neiyerver Adrián León Rengel fue procesado y expulsado a pesar de que explicó a las autoridades que tenía abierto un expediente de regularización, según el texto de su demanda presentada en Washington.

Los agentes justificaron su detención por sus tatuajes, que según ellos revelaban su afiliación al Tren de Aragua, algo que él negó.

Durante cuatro meses, "se pudrió en el Cecot, donde fue golpeado por los guardias, sufrió condiciones inhumanas y de hacinamiento carcelario, así como traumas psicológicos extremos, se le negó una atención médica adecuada y estuvo detenido sin contacto con su familia ni asistencia jurídica", según la demanda.

León Rengel reclama al gobierno una indemnización de al menos 1,3 millones de dólares.

Un juez federal de Washington concluyó el año pasado que las expulsiones de estos más de 130 venezolanos en virtud de la ley sobre "enemigos extranjeros" eran ilegales.

El magistrado dijo hace un año que el gobierno había desacatado al tribunal, porque a su juicio hizo caso omiso de su orden de suspender los vuelos de expulsión hasta que él se hubiera pronunciado.

Con información de AFP

Los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad conocida como CECOT  en El Salvador pidieron este viernes garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en EE. UU.

Como se recordará, este tribunal de EE. UU. determinó que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes que se encuentran ahora en libertad.

“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, dice un comunicado del grupo de migrantes que fue repatriado a Venezuela tras cuatro meses detenidos  en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Exigieron a Estados Unidos que garanticen condiciones de retorno «dignas y apropiadas» y que estos hechos no se repitan, por lo que instaron a revisar los protocolos de deportación y acogida.

«Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes», añade la carta.

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Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado, relató durante la rueda de prensa haber sido golpeado en el CECOT.

Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha brindado su ayuda con terapias psicológicas, pero que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque, dijo, «los golpes físicos sanan, pero los mentales no».

«Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer», agregó.

Con información de agencias

A través de un reportaje, The new York Times dio a conocere varios testimonios de algunos venezolanos que estuvieron presos en el megacárecel de máxima seguridad conocida como el CECOT en el Salvador.

Dijeron que les pusieron grilletes, los golpearon, les dispararon con balas de goma y les lanzaron gases lacrimógenos hasta que se desmayaron. Dijeron que los castigaron en un cuarto oscuro llamado la isla, donde los pisotearon, los patearon y los obligaron a arrodillarse durante horas.

 Un hombre dijo que los agentes le metieron la cabeza en un tanque de agua para simular que se ahogaba. Otro dijo que lo obligaron a practicarle sexo oral a guardias encapuchados.

Dijeron que los funcionarios les dijeron que morirían en la prisión salvadoreña, que el mundo se había olvidado de ellos.

Dijeron que, cuando no pudieron soportarlo más, se cortaron y escribieron mensajes de protesta en sábanas ensangrentadas.

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“‘Ustedes son terroristas’”, recordó Edwin Meléndez, de 30 años, que le dijeron los funcionarios. Y añadieron: “‘Y a los terroristas se les tiene que tratar así’”.

Desde el momento en que asumió el cargo, el presidente Donald Trump se ha aferrado a lo que denomina la amenaza que representan Venezuela y su presidente autocrático, Nicolás Maduro, y ha acusado al gobierno y a las bandas venezolanas de orquestar una “invasión” de Estados Unidos.

En marzo y abril, el gobierno de Trump tomó la decisión extraordinaria de enviar a 252 hombres venezolanos a una tristemente célebre prisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), afirmando que se habían infiltrado en Estados Unidos en una forma de “guerra irregular”.

Trump acusó a los hombres de pertenecer a una peligrosa banda, el Tren de Aragua, que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno venezolano. 

Fue una de las primeras acciones en el enfrentamiento del gobierno de Trump con Maduro, el cual no ha hecho más que intensificarse desde entonces; buques de guerra estadounidenses han volado embarcaciones venezolanas y Trump advirtió sobre posibles ataques militares en suelo venezolano.

Pero los hombres apenas recibieron garantías procesales antes de ser expulsados a la prisión antiterrorista de El Salvador, y fueron liberados de manera abrupta en julio, como parte de un acuerdo diplomático más amplio que incluía la liberación de 10 estadounidenses y residentes de Estados Unidos detenidos en Venezuela.

Trump, en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, elogió a las autoridades salvadoreñas por “el exitoso trabajo profesional que han realizado al recibir y encarcelar a tantos delincuentes que entraron en nuestro país”.

Sin embargo, en las entrevistas, los hombres enviados a la prisión describieron frecuentes e intensos malos tratos físicos y psicológicos. 

Además de las palizas, los gases lacrimógenos y los viajes a la sala de aislamiento, los hombres dijeron que el personal médico se burlaba de ellos o los ignoraba, que los obligaban a pasar 24 horas al día bajo duras luces y que les hacían beber de pozos de agua fétida.

The New York Times entrevistó a 40 de los hombres que estuvieron presos, muchos de ellos en sus casas de ciudades y pueblos de toda Venezuela. Luego le pedimos a un grupo de expertos forenses independientes que ayudan a investigar denuncias de tortura que evaluaran la credibilidad del testimonio de esos hombres.

Varios médicos de ese equipo, conocido como Grupo de Expertos Forenses Independientes, dijeron que los testimonios de los hombres, junto con las fotografías de lo que describían como sus lesiones, eran coherentes y creíbles, y proporcionaban “pruebas convincentes” para apoyar las acusaciones de tortura. En otros casos, las evaluaciones del grupo se han utilizado en tribunales de todo el mundo.

Víctor Ortega, de 25 años, dijo que le dispararon en la frente con una bala de goma.

José Carmona, de 28 años, dijo que le dispararon en el muslo con una bala de goma.Luis Chacón, de 26 años y originario del estado venezolano de Táchira, fue uno de los varios hombres que dijeron que los constantes malos tratos en la prisión lo habían llevado a pensar en el suicidio. 

Padre de tres hijos, contó que estuvo trabajando como conductor de Uber Eats en Milwaukee antes de ser detenido y expulsado a la prisión. Según dijo, su peor momento se produjo en junio, el día del séptimo cumpleaños de su hijo mayor.

“Nosotros habíamos escuchado que si uno de nosotros se moría ahí, en el Cecot, nos daban la libertad”, dijo Chacón. Pensó que tal vez él debía ser esa persona: se subió a una litera e intentó ahorcarse con una sábana.

Dijo que los otros hombres lo rescataron.

Los forenses dijeron que les sorprendió la similitud de las declaraciones de los hombres. Los que estuvieron presos, entrevistados cada uno por separado, describieron la misma cronología y métodos de abuso, con muchos de los mismos detalles.

Cuando varias personas describen “métodos idénticos de abuso”, los expertos escribieron en su evaluación que “a menudo indica la existencia de una política y una práctica institucionales de tortura”.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo sobre las acusaciones de los hombres y las conclusiones de los expertos que: “El presidente Trump se compromete a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense al expulsar a los peligrosos delincuentes y terroristas extranjeros ilegales que representan una amenaza para el público estadounidense”.

Luis Chacón, de 26 años, en Táchira, Venezuela. Chacón dijo que su peor momento en la prisión salvadoreña se produjo en el séptimo cumpleaños de uno de sus hijos.Jackson añadió que los periodistas deberían centrarse en los niños estadounidenses que “han sido trágicamente asesinados por despiadados extranjeros ilegales”, sin dar más detalles.

Los representantes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no respondieron a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump nunca hizo pública una lista completa de los 252 venezolanos encarcelados en El Salvador ni de los delitos que afirmaba que habían cometido.

Utilizando una lista filtrada de los nombres, el Times descubrió que una parte relativamente pequeña de los hombres —alrededor del 13 por ciento— parecía tener una acusación o condena penal grave en alguna parte del mundo. (El Times buscó en múltiples bases de datos de registros públicos, pero el gobierno estadounidense puede tener más información que no ha hecho pública).

De los 40 hombres entrevistados para este artículo, el Times encontró acusaciones penales, más allá de los delitos de inmigración y tráfico, contra tres de ellos.

Víctor Ortega, de 25 años, quien dijo que le habían disparado en la cabeza con una bala de goma mientras estaba en la prisión salvadoreña, tiene “cargos pendientes por descarga de un arma de fuego y robo”, según el gobierno de Trump.

Un segundo hombre al que entrevistamos, Neiyerver León, de 27 años, tenía una acusación de delito menor por posesión de parafernalia de drogas y fue multado.

Además, los registros públicos de Estados Unidos indican que Chacón, el hombre que dijo haber contemplado el suicidio en prisión, fue detenido en 2024 por un cargo de violencia doméstica y en 2025 fue acusado de hurto en un Walmart. (El caso de violencia doméstica fue desestimado, según los registros públicos, y Chacón fue enviado a El Salvador antes de que el caso de hurto pudiera desarrollarse).

Muchos de los hombres dicen que todavía no saben por qué fueron puestos en una prisión para terroristas.

“Migré para poder tener mi casa, darle una mejor educación a mi hija, la que no pude lograr yo”, dijo Mervin Yamarte, de 29 años. “Y me salió todo al revés”.

Un enjambre de helicópteros rodeaba el aeropuerto. Era poco después de medianoche del 16 de marzo de 2025. Cuando las aeronaves descendieron, los venezolanos dijeron que vieron una falange de agentes antidisturbios esperándolos.

Un cartel identificaba su lugar de aterrizaje como El Salvador.

En los centros de detención de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses les habían dicho que iban a ser deportados a Venezuela, recordaron los detenidos. En una escala en Honduras, les dieron pizza. Ahora, un funcionario salvadoreño subía al avión.

“Se quedan acá”, recordó Ysqueibel Peñaloza, de 25 años.

Luis Rodríguez, de 26 años, dijo que los funcionarios le dispararon en la mano mientras estaba en prisión, incidente que relataron otros detenidos.El pánico cundió por los pasillos del avión, dijo. Los hombres se apretaron los cinturones de seguridad, contó Peñaloza, en un débil intento de evitar que los sacaran. Las duras tácticas del presidente de El Salvador eran bien conocidas. Algunos hombres empezaron a gritar, recordó, exigiendo ver a un representante de la ONU, un abogado o un diplomático de su país.

Entonces, funcionarios salvadoreños, con chalecos antibalas y porras, subieron al avión, recordaron varios hombres, y empezaron a sacar al grupo por la fuerza.

“Y allí nos comienzan a golpear a todos”, dijo Andry Hernández, de 32 años, maquillador que había estado detenido en Estados Unidos desde que cruzó a ese país en 2024. “Si alzabas un poquito la cabeza te la agachaban con un golpe. Muchos compañeros tenían la nariz partida, los labios partidos, moretones en los cuerpos”.

Los agentes doblaron a los hombres esposados por la cintura, los arrastraron fuera del avión y los empujaron a autobuses, dijeron. Las cámaras rodaban. Horas después, Bukele publicó un video de la llegada, con música y tomas de drones como si fuera una película de acción. En tres días fue visto casi 39 millones de veces.

“Seguimos avanzando en la lucha contra la delincuencia organizada”, escribió Bukele en X cuando publicó el video. “Pero esta vez, también estamos ayudando a nuestros aliados”.

Dentro de la prisión, según dijeron los hombres, les dijeron que eran miembros del Tren de Aragua.

“‘Bienvenidos al infierno’”, recordó Anyelo Sarabia, de 20 años, que le dijeron al llegar. ”‘De aquí solo salen en una bolsa negra’”.

Con información de The New York Times

Una oenegé denunció este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desaparecidos y muertes de presos en El Salvador, bajo el régimen de excepción usado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

Este régimen vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial, ha conducido al arresto de unos 88.000 presuntos pandilleros. Sin embargo, es criticado por grupos de derechos humanos que aseguran que se cometen muchos abusos y hay miles de inocentes tras las rejas.

"Hemos enviado un informe completo sobre las graves violaciones a derechos humanos de parte del Estado de El Salvador contra población civil inocente", señaló la ONG Socorro Jurídico Humanitario en la red social X.

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La ONG, que brinda asistencia legal a familias de detenidos bajo el régimen de excepción, mencionó en su informe la "desaparición forzada de cientos de personas" y la muerte de 433 presos, a muchos de los cuales se les negó tratamiento médico, según afirmó.

La directora de la oenegé, la abogada Ingrid Escobar, explicó a la AFP que en el informe también incluye casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones.

"El 94% de (los presos) muertos no tenía perfil de pandillero", ni tenía antecedentes penales, explicó la activista.

Se han "entregado tres archivos (con información) al fiscal de la Corte Penal Internacional", añadió Escobar por teléfono desde el exilio.

En las últimas semanas, decenas de defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas se han exiliado, luego de que algunos críticos del gobierno de Bukele fueran detenidos.

Bukele goza de una enorme popularidad gracias a su "guerra" contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador.

Con información de AFP

Los 252 venezolanos liberados de la megacárcel de pandilleros de El Salvador llegaron el viernes al país tras un canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos.

Estos migrantes arribaron en dos aviones al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Vestidos de civil con un tapabocas rojo, varios bajaron la escalinata con los brazos en alto, uno llegó a besar el asfalto de la pista.

El gobierno de Nicolás Maduro señaló que pagó el "alto precio" de 10 ciudadanos y residentes estadounidenses y 80 "presos políticos" por los presos del Cecot, el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo construido para encerrar a pandilleros salvadoreños.

Los migrantes fueron capturados en Estados Unidos y enviados en marzo -sin juicio- a esta megacárcel tras ser señalados por el gobierno del presidente Donald Trump de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua.

Trump declaró a esa pandilla "organización terrorista" e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita.

"¡Libres, libres al fin!", celebró el presidente venezolano Nicolás Maduro desde un acto oficial que coincidió con la llegada de la aeronave.

Su ministro de Interior, Diosdado Cabello, y otras autoridades subieron a ambos aviones antes del desembarque y entonaron el himno venezolano.

Recibían "golpes de desayuno, golpes de almuerzo y golpes de cena", contó al canal oficial Telesur uno de los liberados aún dentro del avión. "No nos daban agua potable" señaló otro.

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- "Terroristas por inocentes" -

"Terroristas por inocentes", dijo el mandatario venezolano al comentar la operación, misma que fue celebrada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Los 10 canjeados llegaron primero a San Salvador, donde los recibió el presidente Nayib Bukele.

Un video de su despacho los mostró ondeando banderas de Estados Unidos mientras bajaban por la escalerilla del avión.

"Es difícil negociar con un verdadero régimen tiránico, pero lo logramos", se felicitó Bukele entre aplausos de los estadounidenses.

Tras el acto volvieron al aeropuerto y salieron rumbo a Estados Unidos.

La identidad de los canjeados no está clara. La ONG venezolana Foro Penal -especializada en la defensa de "presos políticos"- aclaró que cinco tienen nacionalidad estadounidense y los otros son residentes permanentes provenientes de México, Francia, Bolivia, Perú y Uruguay.

Cabello dijo que entre los venezolanos liberados está el exdiputado opositor Williams Dávila, quién sería parte de los 80 presos políticos a los que Maduro accedió liberar.

"Ya mi hermano está en casa, ya está en Venezuela. ¡Estoy contento, estoy feliz!", dijo a la AFP Juan Yamarte, el único de tres hermanos que permanece en Estados Unidos. El mayor, Mervin, terminó en el Cecot y el menor se autodeportó.

"No saben la alegría que tiene uno", coincidió por su parte Erkia Palencia, madre de Andry Perozo, otro de los liberados.

- "¡Malditos!" -

La guerra contra la migración ilegal es una bandera del nuevo gobierno de Trump, que multiplicó redadas y deportaciones.

Los venezolanos detenidos en El Salvador no tenían derecho a llamadas o visitas, sus familiares pedían incluso una prueba de vida. La última vez que se supo de ellos fue en marzo cuando salieron a la luz las imágenes de esos hombres rapados y encadenados, de rodillas en el Cecot.

Maduro denunció que no tuvieron acceso a un abogado o a un proceso justo, que fueron torturados y pasaron hambre -señalamientos de los que también es blanco constantemente el sistema judicial venezolano-.

Bukele publicó más temprano otro video en el que aparecen los venezolanos esposados al abordar el avión venezolano. "¡Malditos!", dice uno al mirar a la cámara.

Bukele insistió que muchos de los migrantes en su custodia enfrentan "cargos por asesinato, robo, violación", aunque Cabello aclaró que solo siete de los 252 tienen antecedentes por "delitos graves".

- Niños separados -

Este mismo viernes llegaron a Venezuela deportados desde Houston 251 migrantes, entre ellos siete niños que habían sido separados de sus padres.

Aviones con migrantes llegan cotidianamente a Venezuela como parte de los acuerdos a los que llegó Maduro con Trump cuando regresó a la Casa Blanca.

El gobierno venezolano igualmente ha repatriado a venezolanos varados en México, que no pudieron entrar a Estados Unidos.

Unos 8.300 migrantes regresaron a Venezuela entre febrero y este viernes en 45 vuelos, incluidos unos 1.000 niños.

Con información de AFP

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro  confirmó la tarde de este viernes que los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador fueron liberados.

«Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia», señaló la cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en  Telegram.

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A continuación el documento completo:

Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró.

🗣️ TRAS MESES DE NEGOCIACIONESPresidente de El Salvador, @nayibbukele informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró. pic.twitter.com/GiwCKc28Tc

El diario  The New York Times reveló en una publicación la existencia de un documento judicial que estaría cerca de hacer retroceder las atribuciones del Gobierno de Donald Trump para mantener a los más de 200 venezolanos en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Durante los últimos meses, el gobierno de Trump ha insistido en los tribunales que no tiene control sobre los inmigrantes venezolanos que deportó a una prisión en El Salvador esta primavera, amparándose en una ley de tiempos de guerra poco utilizada.

 Tanto en documentos como en audiencias, funcionarios de Trump han afirmado que, dado que los hombres se encuentran detenidos en El Salvador, el gobierno salvadoreño tiene control sobre su destino. El gobierno ha repetido esta afirmación para argumentar que no tiene autoridad real para repatriar a los inmigrantes.

Sin embargo, los abogados de los venezolanos presentaron un documento que indica que el gobierno de El Salvador declaró recientemente a las Naciones Unidas que, de hecho, no tiene ninguna responsabilidad legal por ello.

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 El documento, redactado en respuesta a una investigación de la ONU que examina algunas de las deportaciones, también afirma que el gobierno salvadoreño simplemente estaba siguiendo las órdenes de Estados Unidos al aceptar a los hombres en su sistema penitenciario.

“Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, mediante el cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema de justicia y las fuerzas del orden de ese otro Estado”, señala el documento.

“En este contexto”, continúa, “la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal”.

El documento se incluyó en una nueva presentación judicial ante el juez James E. Boasberg, quien ha estado atendiendo un caso legal de larga duración interpuesto por los venezolanos en el Tribunal Federal de Distrito de Washington. 

Como parte de ese caso, el juez Boasberg ordenó el mes pasado a la administración Trump que tomara medidas para brindarles a los hombres el debido proceso que se les negó cuando la Casa Blanca los deportó a El Salvador en virtud de los amplios poderes de la ley de tiempos de guerra, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.

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Socava postura de los abogados

El documento podría representar un problema para la administración, ya que parece socavar la postura que los abogados del Departamento de Justicia y altos funcionarios de Trump han mantenido repetidamente ante el juez Boasberg. 

Los abogados de los venezolanos también afirmaron que los abogados del departamento conocían el documento desde hacía meses, pero no les informaron ni a ellos ni al juez.

«Nos complace que El Salvador haya dicho públicamente la verdad sobre lo que todos sabíamos: que es Estados Unidos quien controla el destino de los venezolanos», declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que, junto con Democracy Forward, otro grupo legal, ha representado a los hombres. «Es extraordinario que Estados Unidos no nos haya proporcionado esta información ni a nosotros ni al tribunal».

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, añadió: «Los documentos presentados hoy ante el tribunal demuestran que el gobierno no ha sido honesto ni con el tribunal ni con el pueblo estadounidense».

 Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

El acuerdo subyacente entre la administración Trump y el gobierno del presidente Nayib Bukele de El Salvador comenzó a llamar la atención después de que la Casa Blanca deportara a El Salvador a decenas de venezolanos acusados ​​de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua el 15 de marzo.

Pagó millones

Una investigación de The New York Times reveló recientemente que el gobierno estadounidense no solo pagó millones de dólares a la administración de Bukele como parte del acuerdo, sino que también añadió un incentivo adicional a petición suya: el regreso a El Salvador de los principales líderes de otra pandilla, la MS-13, algunos de los cuales tenían conocimiento de sus relaciones corruptas con el grupo.

El caso ante el juez Boasberg es solo uno de los numerosos enfrentamientos legales entre la ACLU y la administración Trump por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Trump. Poco después de su regreso al cargo, Trump emitió una proclamación invocando la ley para deportar a venezolanos acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua, al que ha designado como organización terrorista extranjera.

Los tribunales federales de todo el país han estado divididos sobre la cuestión de si ha utilizado adecuadamente la ley, que fue aprobada por primera vez en 1798 y está destinada a emplearse solo en tiempos de guerra declarada o durante una invasión de una nación extranjera hostil.

La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans celebró su propia audiencia sobre la proclamación del presidente, en un caso que probablemente será el primero en llegar a la Corte Suprema. 

Los jueces ya han decidido que la Casa Blanca no brindó a los inmigrantes la oportunidad suficiente para impugnar sus deportaciones bajo la ley. Sin embargo, aún no han decidido si las afirmaciones de Trump de que la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos equivale a una invasión y que sus miembros han estado actuando a instancias de un gobierno venezolano hostil se ajustan a la realidad.

Cuando el juez Boasberg ordenó al gobierno que trabajara para brindar el debido proceso a los hombres venezolanos, a pesar de que permanecen recluidos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sus instrucciones se produjeron en un fallo contundente, y en ocasiones indignado, que los comparó con personajes de una novela de Kafka.

El juez afirmó que la Casa Blanca había despojado a los hombres de sus derechos al no permitirles impugnar sus deportaciones antes de que fueran puestos bajo custodia de carceleros salvadoreños. Sin embargo, no se pronunció sobre la cuestión más amplia de si Trump había invocado legalmente la Ley de Enemigos Extranjeros al expulsar a los hombres a El Salvador.

El juez Boasberg también abordó en su fallo la crucial cuestión de quién tenía el control sobre los hombres en CECOT: el gobierno de Bukele, que los recibió en la prisión, o el gobierno de Estados Unidos, que los envió allí.

Si bien el juez reconoció que era una cuestión reñida, finalmente determinó que Estados Unidos y El Salvador habían llegado a un acuerdo diplomático con los detenidos y que no podía cuestionar las afirmaciones de la administración Trump de que los salvadoreños estaban al mando.

Aun así, el juez Boasberg expresó cierto escepticismo, señalando que varios altos funcionarios de Trump habían declarado públicamente que la administración estaba profundamente involucrada en los planes para retener a los hombres en el centro antiterrorista.

Aún no está claro qué efecto, si lo hubiera, podría tener el nuevo documento en la decisión del juez Boasberg, la cual fue suspendida temporalmente el mes pasado por la corte federal de apelaciones que lo preside.

Los abogados de los venezolanos afirmaron que querían reservarse el derecho de solicitar al gobierno información adicional sobre el acuerdo alcanzado por la administración con El Salvador, dado que el nuevo documento parecía ir más allá del expediente actual del caso ante el juez Boasberg.

Los abogados señalaron que dicha información adicional era importante porque el nuevo material contradecía una declaración jurada presentada en mayo por Michael G. Kozak, un alto diplomático del Departamento de Estado.

“Entendí y sigo entendiendo que la detención y el destino final de las personas detenidas en CECOT y otros centros de detención salvadoreños”, declaró el Sr. Kozak en la declaración, “son asuntos de la competencia legal de El Salvador, de conformidad con sus obligaciones legales nacionales e internacionales”.

Con información de The New York Times 

El pasado 30 de marzo, el Ministerio Público (MP), envió una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para solicitar información detallada sobre la situación de los migrantes venezolanos detenidos en ese país.

Traa 80 días de espera, la Corte Suprema de Justicia de esa nación dio una respuesta «vergonzosa para desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos».

Por ello, el MP rechaza categóricamente la respuesta por parte de la nación centroamericana.

A través de un comunicado, se expresa que «en esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.

Además, con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales», reza el comunicado.

Igualmente, señala que «así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad.

Al pedirles a los defensores que especifiquen si ‘realmente’ los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica».

En ese sentido, la Fiscalía, como garante de la legalidad, resalta que «no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales».

Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.

Con esta respuesta «el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos», continúa el escrito.

Merwil Gutiérrez, de 19 años, es uno de los más de 200 venezolanos que el gobierno de Donald Trump deportó a El Salvador en marzo, pese a carecer de antecedentes penales y sin el debido proceso, según su padre, que hace más de mes y medio que no sabe nada de él.

«Yo no sé si mi hijo está bien, si está enfermo, yo no sé si me está comiendo», dice Wilmer Gutiérrez, el padre de Merwil, a la AFP.

Tampoco sabe por qué se lo llevaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, en unas deportaciones que han generado un debate legal en Estados Unidos ante la falta de un debido proceso y el atropello a los derechos humanos.

A Merwil se lo llevaron unos agentes el 24 de febrero a las 23H00 de la puerta del edificio del Bronx donde vivía, tras bajar a comprar comida y detenerse a saludar a unos vecinos.

Su padre asegura que los agentes le preguntaron por el nombre de otra persona. Después de comprobar su identidad, uno de los agentes le dijo que se podía ir, pero otro decidió detenerlo, junto con otras dos personas, explica Wilmer.

La última vez que habló con su hijo cuando estaba retenido en un centro en Texas, éste le anunció que al día siguiente le deportarían. Ambos supusieron que sería a Venezuela.

«Cuando nos enteramos que llegaron esos vuelos a El Salvador (…) pensamos que él está allá (…). No estábamos seguros aún, pero tampoco estábamos como claro (seguros), de que lo hubieran mandado a Venezuela, porque no iba a salir ningún vuelo», rememora este hombre de 40 años, padre de otras dos hijas. Una de ellas, Wisleydy libra la batalla para la liberación de su hermano en Venezuela.

Hasta que se divulgó una lista del gobierno estadounidense con el nombre de los deportados a El Salvador en la que figura su hijo, no lo supo con seguridad.

El Departamento de Seguridad Interior no respondió a los mensajes de la AFP sobre el caso.

El gobierno de Donald Trump expulsó a El Salvador a 288 inmigrantes, de ellos 252 venezolanos a los que acusa de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua (TDA), en aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La semana pasada, un juez de Texas bloqueó las deportaciones en virtud de esta ley al considerarlas «ilegales». Otros, tribunales, las habían paralizado temporalmente.

Merwil tenía «asilo radicado», dice a la AFP la abogada Ana de Jesús de la organización Inmigración al Día, que considera que lo que ha pasado es «horrible».

Junto con otras organizaciones de defensa del inmigrante, están considerando presentar «una orden judicial de mandamus».

«Independientemente de que se pueda hacer algo o no, lo que estamos intentando es hacer ruido, presión pública porque lo que se está haciendo -no siguiendo el debido proceso de ley, no permitiéndonos ayudar a nuestros clientes – simplemente es un secuestro», dice.

Uno de los casos más polémicos es la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego Garcia, enviado al Cecot, pese a que desde 2019 había un orden judicial que impedía su deportación.

Para los congresistas latinos Alexandria Ocasio-Cortez y Adriano Espaillat, la detención de Merwil por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es un «secuestro».

«Merwil fue arrebatado de su padre y de nuestra comunidad, sin debido proceso, sin acusaciones criminales, y sin orden de deportación emitida por un juez», lamentaron en un comunicado.

Tras una peligrosa travesía por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, como hicieron centenares de miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden, Wilmer y su hijo de entonces 17 años, entraron en Estados Unidos el 21 de julio de 2023 y solicitaron asilo.

Su hijo, apasionado por la «ropa y los zapatos», tampoco tiene «ningún tatuaje», uno de los criterios esgrimidos por el gobierno estadounidense para proceder a detenciones de los supuestos miembros del TDA.

«Si cometieron un error en este país, pues que lo paguen en este país o lo manden a su país», dice Wilmer que desde que llegó a Nueva York trabaja de noche, como hacía su hijo, en un almacén de paquetería cerca del aeropuerto. La noche de su detención estaba libre.

«Ese sueño (de venir a Estados Unidos) se convirtió pesadilla. Era bonito mientras veníamos. La lucha que hacíamos» dice al tiempo que busca fotos de su hijo en el teléfono de esa dura aventura. «Mira su cara de niño», dice con brillo en los ojos.

«Si me lo regresan acá, me iría con él. Y si lo regresan a Venezuela (…) yo agarraría mi maleta y me voy», dice.

«Hasta ahí llega el sueño americano», zanja.

Estados Unidos negó «el debido proceso» a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron el miércoles expertos independientes de la ONU.

En muchos casos, la ley de 1798 invocada por la administración estadounidense «parece haber sido mal aplicada para negar sus derechos, rechazar una revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contra del derecho internacional sobre los derechos humanos», dijeron los expertos.

«La falta del debido proceso ha llevado a decisiones arbitrarias de deportación», agregan en un comunicado.

El carácter «sumario» de las decisiones tomadas por la administración estadounidense «fue claramente insuficiente para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador», dijeron cerca de 20 expertos, quienes tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos pero no hablan en nombre de la ONU.

Desde marzo, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización «terrorista» por Washington.

Para deportar a estos migrantes a El Salvador, Donald Trump invocó en particular la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798 (Alien Enemies Act), que hasta entonces solo se había utilizado en tiempos de guerra.

Los expertos también están alarmados por la reputación de las cárceles salvadoreñas.

Los migrantes deportados están encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una megaprisión de alta seguridad creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para los pandilleros.

«Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que permita a las agencias independientes de monitoreo el acceso inmediato y sin trabas a las cárceles que albergan deportados», dijeron los expertos, quienes también exigen «respeto inmediato» a los derechos de los presos.

«Estoy muy preocupada por el Cecot», dijo a AFP Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y firmante del comunicado, denunciando «graves problemas de maltrato físico, aislamiento prolongado, golpizas y muertes, incluidas muertes por desnutrición, palizas y estrangulamiento».

«Cuanto más superpoblado está un establecimiento, mayor es el riesgo de tensiones. Se convierten en ollas a presión», apunta la experta, que teme que Cecot «pueda convertirse en el próximo centro de detención tipo Bahía de Guantánamo».

Estados Unidos y El Salvador también se han negado a devolver a algunos de los deportados, aunque los tribunales estadounidenses han dictaminado que fueron enviados ilegalmente a El Salvador.

«Hacemos un llamado a los dos gobiernos para que cooperen en su devolución a Estados Unidos, así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar», afirman los expertos.

También creen que el gobierno estadounidense está abusando de la ley de 1798 e instan al gobierno a dejar de usarla y aplicar las leyes de inmigración regulares.

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Varias decenas de organizaciones estadounidenses y profesionales del derecho de varios países pidieron el martes a Naciones Unidas que actúe sin demora ante la detención de estos migrantes deportados.

El acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño «constituye una grave violación del derecho internacional» y de los derechos humanos, dicen los firmantes de la carta, dirigida entre otros al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

El mensaje, firmado por asociaciones estadounidenses, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), académicos, abogados y juristas de Estados Unidos y otros países, pide a la ONU que tome «medidas inmediatas, y hable públicamente sobre el tema e inicie una investigación sobre los términos del acuerdo y las condiciones de detención de los migrantes deportados.

Con información de AFP

La deportación masiva de venezolanos desde EE.UU. a la cárcel CECOT en El Salvador ha generado una crisis y críticas internacionales.

El gobierno de Nayib Bukele defiende la medida como parte de la lucha contra el Tren de Aragua, mientras que organizaciones de derechos humanos alertan sobre posibles violaciones de derechos.

Esta situación surge de una política migratoria más estricta de EE.UU., pero el acuerdo entre Donald Trump y Bukele sobre el traslado de presuntos criminales plantea preocupaciones sobre el respeto al debido proceso.

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La administración del Donald Trump admitió oficialmente haber deportado a cuatro extranjeros originarios de Venezuela hacia El Salvador, pese a una orden judicial que establecía que cualquier persona con una orden final de deportación debía tener la oportunidad de presentar preocupaciones relacionadas con su seguridad antes de ser enviada a un tercer país.

La revelación se hizo mediante presentaciones judiciales realizadas durante la noche, en las que los abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad del traslado, según pudo constatar ABC News.

De acuerdo con estos argumentos, la remoción no violó la orden del juez federal Brian Murphy, emitida el 28 de marzo, debido a que en esta ocasión fue llevado a cabo por el Departamento de Defensa y no por el Departamento de Seguridad Nacional, que es parte demandada en el caso.

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Los cuatro venezolanos fueron identificados como presuntos miembros del Tren de Aragua, y los trasladaron en avión desde la Base Naval de Guantánamo hacia El Salvador, de acuerdo con una declaración jurada presentada por Tracey Huettl, responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Huettl afirmó que cada uno tenía antecedentes penales significativos y había sido identificado por las autoridades federales como integrantes del grupo criminal.

Se conoció que uno de los detenidos admitió ser miembro del Tren de Aragua, y señaló que reclutaba prostitutas para la organización. Otro fue acusado por múltiples delitos, incluyendo disparos y robo; un tercero sería un delincuente sexual condenado por tráfico humano y agresión doméstica; mientras que el cuarto fue arrestado por posesión y uso de drogas.

Pese a estas afirmaciones, ninguno contaba con órdenes específicas para ser deportado a El Salvador antes del traslado ocurrido el 31 de marzo, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.

La decisión judicial también contempla una audiencia programada para el 28 de abril para investigar posibles violaciones a las órdenes temporales dictadas previamente por Murphy.

El juez Murphy emitió además una orden preliminar el pasado viernes que obliga a la administración Trump a ofrecer siempre la oportunidad a los no ciudadanos para plantear inquietudes relacionadas con su seguridad antes de proceder con deportaciones hacia terceros países.

Un juez falló a favor de un venezolano de 20 años de edad, llamado «Cristian» que introdujo una demanda rechazando una deportación a El Salvador, por ser violatoria a sus derechos como migrantes.

Una jueza ordenó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump «facilitar» el regreso del migrante en un fallo judicial emitido el miércoles.

El caso del «Cristian», forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que entraron en Estados Unidos como menores no acompañados y luego solicitaron asilo.

Cabe recodar que en 2024 se aprobó un acuerdo de conciliación que impide deportarlos hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

Uno de los argumentos de la defensa, es que la expulsión del venezolano «viola el acuerdo de solución».

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Alegatos que la jueza de distrito Stephanie Gallagher aceptó al estimar que debe resolverse «su solicitud de asilo».

Mientras que representantes del Departamento de Seguridad Interior argumentan que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso.

«Este argumento no tiene fundamento», replicó la jueza en un momento de tensión entre el gobierno de Trump y los magistrados que contradicen su política migratoria.

Según los analistas, este caso recuerda a al de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador.

La cancillería venezolana no se hizo esperar y de inmediato respondió a su homóloga salvadoreña con respecto a nota diplomática enviada al gobierno de Nicolás Maduro.

Señalo que la misma es una evidencia de que el país centroamericano y su residente Nayib Bukele están violando flagrantemente el derecho internacional.

«El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y tiene el honor de dirigirse a esa Cancillería en atención a la Nota Diplomática de fecha 22 de abril de 2025, recibida en esta sede.

Al respecto, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera que dicha nota constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».

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La tarde de este sábado se conoció la propuesta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace llegar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, ambos conocidos por no llevarse bien entre sí.

El mandatario centroamericano lo denomina «acuerdo humanitario» y consiste en la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos detenidos en la megacárcel CECOT a cambio de los presos políticos y asilados en Venezuela.

Para que tome en serio la propusta, aclara Bukele, la cancillería salvadoreña promete enviar la correspondencia formal.

?? UN "ACUERDO HUMANITARIO" El presidente de El Salvador, @nayibbukele, le propone a Nicolás Maduro "un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos" detenidos en el CECOT a cambio de los presos políticos y asilados en Venezuela pic.twitter.com/Vqo7F5hhCq

A continuación el texto completo del mensaje de Bukele:

Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.

A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos.

A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales.

Sin embargo, quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene.

Entre ellos, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos. También se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa.

Nuestra Cancillería enviará la correspondencia formal.

Dios bendiga al pueblo de Venezuela.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea duplicar el tamaño de la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde mantienen albergados a más de 15.000 personas, entre ellos más de 200 inmigrantes enviados por Estados Unidos, según informó este miércoles el Wall Street Journal.

El plan fue revelado por el mandatario salvadoreño a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, durante su visita el mes pasado para inspeccionar la cárcel, según las fuentes citadas por el rotativo.

El Cecot, que se ha hecho conocido por las denuncias de abusos a los derechos humanos, cobró notoriedad nuevamente en marzo pasado, cuando recibió a más de 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, enviados por el gobierno de Donald Trump, como parte de su cruzada contra los supuestos extranjeros criminales.

Inaugurada en 2023, la prisión ha sido promocionada por el gobierno salvadoreño como la «más grande» de América Latina.

El lunes pasado el mandatario estadounidense agradeció personalmente la colaboración de su homólogo salvadoreño al mantener detenidos a los inmigrantes.

Además, Trump abonó el terreno para que Bukele eche andar la iniciativa de expansión al reiterar su intención de enviar a prisión en El Salvador a ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos.

«No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país», dijo el mandatario a Bukele en una reunión en la Casa Blanca.

Trump volvió a insistir en esta idea y fue captado por los micrófonos diciéndole al presidente centroamericano que los ‘locales’ (una expresión usada para referirse a presuntos terroristas nacidos en EEUU) «serán los siguientes (…) vas a tener que construir como cinco cárceles más».

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Bukele ha presumido de la alta seguridad de su cárcel que mantiene incomunicados a los inmigrantes detenidos, aunque no se les haya probado que tienen delitos pendientes como es el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado por un error administrativo a esa cárcel, recuerda el medio español El Mundo.

El caso, que desató una batalla legal que ya llegó a la Corte Suprema de EE.UU., motivó al senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen a viajar este miércoles a El Salvador para exigir la liberación de Ábrego García.

El juez James Boasberg, considera que la administración Trump a «ignorado deliberadamente» el fallo que prohíbe la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros lo que puede considerarse una causa de «desacato judicial».

Se trata de un dictamen emanado por el juez federal que señala al gobierno del presidente Donald Trump de haber «ignorado deliberadamente» el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley del siglo XVIII.

El juez indicó que «el tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden».

Recordemos que Boasberg, suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798.

Se trata de caso de la deportación masiva a El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua.

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El juez advierte que este hecho es «suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal».

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley de 1798, pero consideró que los deportados deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados, y no en Washington.

Por su parte, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentará un recurso «inmediatamente» contra las conclusiones de un juez que lo acusa de «desacato»,

«El presidente está 100% comprometido con garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país», indicó.

Con información AFP

Familiares de los venezolanos deportados desde Estados Unidos para el centro de confinamiento del terrorismo, en El Salvador, protestaron tras cumplirse un mes del traslado de los primeros 238 connacionales y exigieron a la administración de Nicolás Maduro que brinde información sobre las diligencias que llevan los abogados contratados por el oficialismo.

Mientras, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) responsabilizó al oficialismo del éxodo, por causa de la crisis que enfrenta el país y rechazó la medida migratoria estadounidense Stefani García con los detalles.

A un mes de la deportación de 238 venezolanos a la cárcel de terrorismo en El Salvador, sus familiares protestaron en Caracas exigiendo información al gobierno de Nicolás Maduro sobre las gestiones legales, aseguran que hasta la fecha, el bufete de abogados contratados por el Gobierno venezolano no ha dado ni una sola respuesta.

Señalaron que tienen al menos 30 días sufriendo por desconocer el paradero exacto de sus familiares y su estado de salud. Añadieron que estarían más calmados si los enviados al Cecot fuesen delincuentes reales, pero aseveraron que presuntamente la mayoría de esos jóvenes no tiene antecedentes penales.

Por otra parte, el PCV rechazó la política migratoria impuesta por Estados Unidos, a la vez que responsabiliza al oficialismo por el masivo éxodo de venezolanos, argumentando que la crisis que atraviesa el país es la causa principal de la migración forzada.

El PCV consideró inaceptable que los venezolanos sean tratados de esta manera en otros países y exige a Maduro tomar medidas contundentes para proteger los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

Recordemos que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, en reiteradas ocasiones ha mencionado que el Gobierno no dejará solo a los migrantes deportados y que agotarán los mecanismos hasta verlos liberados.

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Finalmente, los abogados contratados por las autoridades venezolanas indicaron que el gobierno salvadoreño les ha negado el acceso con los detenidos. Señalaron que no los han podido visitar, hablar ni conocer las condiciones en la que se encuentran sus clientes. Estos presentaron recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador, buscando obligar al gobierno a justificar la detención de los venezolanos deportados o liberarlos.

El presidente Donald Trump repitió este martes que le encantaría deportar a ciudadanos estadounidenses que cometen delitos violentos a una megacárcel de El Salvador.

Trump lo planteó el lunes en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ya acogió en una prisión de alta seguridad a cientos de migrantes procedentes de Estados Unidos, sobre todo venezolanos.

El republicano de 78 años volvió a insistir en la idea de enviar también a ciudadanos estadounidenses, poniendo así a prueba los límites de los derechos fundamentales de Estados Unidos.

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«Los llamo criminales de cosecha propia», dijo Trump según fragmentos de una entrevista con Fox Noticias, un programa en español que se emitirá este martes por la tarde.

«Los que crecieron y algo salió mal y golpean a la gente en la cabeza con un bate de béisbol y empujan a la gente en el metro», añadió.

«Lo estamos estudiando y queremos hacerlo. Me encantaría hacerlo», dijo.

El lunes, durante su reunión con Bukele en el despacho oval, afirmó haber pedido a la fiscal general Pam Bondi que examine la posibilidad de enviar estadounidenses a El Salvador.

Bukele se prestó a acoger a presos de Estados Unidos poco después de la toma de posesión de Trump para un segundo mandato a cambio de dinero. Recibió seis millones de dólares.

Trump ya ha enviado allí a más de 250 migrantes, la mayoría en virtud de una ley de 1798 que les priva de un debido proceso y que hasta marzo solo se aplicó en tiempos de guerra.

La administración Trump ya se enfrenta a presiones por el caso de un migrante deportado por error de Estados Unidos a El Salvador.

Bukele descartó el lunes la idea «absurda» de devolver al salvadoreño Kilmar Abrego García, casado con una estadounidense y padre de un niño de corta edad.

La Corte Suprema estadounidense ha ordenado al gobierno que facilite su vuelta después de que reconociera que fue deportado por un «error administrativo».

La administración Trump insiste en que se trata de un migrante en situación irregular miembro de la conocida pandilla MS-13, a pesar de que nunca ha sido condenado. No aportó pruebas.

Decenas de familiares exigieron el miércoles a la oficina de Naciones Unidas en Caracas que intervenga para lograr la liberación de los más de 200 venezolanos detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos.

«¡Devuelvan a nuestros hijos!», ¡Bukele, libera a nuestros hijos!» y «¡Libertad, libertad, libertad!», coreaban los familiares mientras cargaban pancartas con los nombres y fotos de los deportados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó el 16 de marzo una ley del siglo XVIII para expulsar a una cárcel salvadoreña a 238 venezolanos, acusados de tener vínculos con la temida banda Tren de Aragua. Dos semanas después, otro grupo de 17 migrantes fue enviado a la misma cárcel, incluidos supuestos miembros del Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña MS-13.

Los familiares entregaron un documento al coordinador residente de Naciones Unidas en Caracas, Gianluca Rampolla, exigiendo una «fe de vida» de sus parientes. Es la segunda reunión desde la semana pasada.

«Que por lo menos le permitieran una llamada telefónica o una videollamada», dijo Jetzy Artega, una de las organizadoras de la protesta.

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«¿Por qué los llevaron para El Salvador si tenían una orden de deportación para su país de origen? ¿En qué se basan? ¿Por unos tatuajes, cuando en Estados Unidos mucha gente tiene tatuajes?», cuestionó entre lágrimas Mirelys Cacique, de 44 años.

Los traslados se realizaron tras un acuerdo entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Trump.

«Yo le pido por favor al presidente Bukele y al presidente Trump (…) que liberen a mi hijo, que mi hijo es un inocente», añadió la mujer, cuyo hijo de 24 años estaba en una lista para ser deportado, pero asegura no tenía antecedentes penales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, exige igualmente la liberación de estos migrantes. A finales de marzo pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, protección a los venezolanos recluidos en El Salvador.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno Trump.

Al volver al poder inició contactos con Maduro, pese a no reconocer su cuestionada reelección. Y llegaron a un acuerdo para deportaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.