La cifra de embarazo adolescente en Venezuela es uno de los principales problemas sociales del país. Tanto, que se han registrado 97,7 por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años.

La información la dio a conocer Jorge González Caro, representante en Venezuela del Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA).

En entrevista con Unión Radio, el experto indicó que «este número está muy por encima de la media regional. Es todavía uno de los principales problemas de Venezuela en medio de la crisis humanitaria».

Sin embargo, dijo que hay «una buena noticia», porque «se ve conciencia y preocupación por parte del Estado venezolano», para enfrentar el flagelo.

Recordó que en 2018 se aprobó el plan de prevención y reducción del embarazo a temprana edad en Venezuela.

«Muchas de estas medidas estaban detenidas por la pandemia de COVID-19, pero se han adaptado a la realidad. Hemos reunidos esfuerzos con el sector privado para el tema de prevención», explicó.

Por otro lado, González dijo que «hay un reto enorme por delante, pero se están empezando a ver resultados».

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La tasa de fecundidad en adolescentes en Venezuela es de 85,3%, una de las más altas de la región.

“El embarazo adolescente es uno de los problemas más estructurales que ha padecido el país. Las elevadas tasas no son producto de la crisis económica, no es un problema de reciente data, ni coyuntural, lleva por lo menos cincuenta años sin modificarse”, explica González Caro.

Recordó que en el 2012 se creó un subcomité de estadística de embarazo adolescente. En el mismo se reunieron todos los organismos del sector que tienen que ver con el problema.

La idea era diseñar políticas públicas para la disminución de los embarazos en adolescentes.

Ese grupo dio lugar al PRETA, Plan Nacional para la Reducción del Embarazo a Temprana Edad.

Al respecto, el experto dijo que el «plan pone Venezuela en el camino correcto para la reducción del embarazo adolescente».

Destacó que ese plan «tiene una dirección estratégica, unos lineamientos muy claros, responsabilidades asignadas a cada uno de los organismos del sector y un plan que en la medida de lo posible ha sido costeado por cada uno de los involucrados”.

Con apoyo del UNFPA se ha recogido y analizado data sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en ocho países de Latinoamérica.

El estudio concluye que la maternidad temprana está altamente relacionada con la brecha educativa, como causa y efecto.

Esto además «es un semáforo de la transformación social, puesto que un país que avanza y se moderniza es un país que incorpora a la mujer en la fuerza de trabajo», dice el estudio.

Agrega que, además, con educación la mujer obtiene «autonomía financiera y física, aspectos que se dificultan en países con altas tasas de embarazo adolescente».

Este embarazo «es el mayor obstáculo para reducir el ciclo de la pobreza y que involucra costos significativos para el Estado tanto por gasto asistencial como por los ingresos fiscales que deja de percibir».

El documento igualmente resalta que «contar con evidencia del costo socioeconómico del embarazo adolescente es clave para dimensionar el efecto negativo del problema en las economías y en el desarrollo de los países».

Esa evidencia «brinda nuevos argumentos desde una perspectiva macroeconómica que complementa a los estudios ya realizados en la materia».

“No hace falta prevenir el embarazo adolescente por razones económicas sino porque es un derecho humano», dijo para el directivo de la UNFPA, Federico Tovar, asesor regional en insumos de salud reproductiva.

«Es el derecho a tener opciones en la vida, al poder decidir cuándo ser padre o madre y en qué condiciones, pero los argumentos económicos nos ayudan a evaluar las consecuencias del trabajo que estamos desplegando”, explicó.

En Puerto Lleras, un pueblo colombiano en la frontera con Venezuela, el autobús escolar se fue con la pandemia y nunca más regresó. Dejó en vilo el futuro de las niñas de esta zona, víctimas del abandono estatal y el conflicto.

Andris, Yaritza y otras dos amigas, de 11 y 13 años, juegan con una pelota con sus uniformes granates impecables en las embarradas calles de este pequeño pueblo del departamento de Arauca, de casas prefabricadas instaladas después de que una crecida del río lo arrasara hace unos años.

Es el día de su graduación de primaria y sus madres las miran orgullosas. Pero también preocupadas porque no saben si podrán continuar sus estudios. La secundaria la tienen que cursar en otro pueblo a 14 kilómetros por carreteras sin asfaltar.

«Ahora tienen que ir hasta Puerto Nariño, y para sacarlos de aquí hay que tener moto o transporte y no lo hay». Así lo dice a Efe Yamile, una de las madres; «si no consigo cómo sacarlas a ellas, no puedo mandarlas a estudiar».

Hace unos años, Andris tenía que atravesar todos los días el río, junto a decenas de compañeros. Pagaba por trayecto en la canoa, para llegar desde Venezuela a la escuela de Puerto Lleras.

Su madre, venezolana de nacimiento, recuerda que en una crecida del río, una de las «chalanas» se volcó con 50 niños dentro. «Yo agarraba crisis de nervios, lloraba y todo hasta que conseguí un lotecito acá, por eso nos vinimos», dice Yamile.

En la escuela de Puerto Lleras estudiaban el pasado curso 179 alumnos, de los cuales 110, es decir, más del 60 % venían de Venezuela. En esta zona las fronteras son difusas y no hay controles aduaneros.

Elizabeth Moscoso, una de las profesoras, relata a Efe que «cuando es invierno, ellos no vienen porque es muy riesgoso». Si los padres ven que el río está crecido, no mandan los niños a la escuela. Es menos de un kilómetro el que separa las dos orillas, pero las lluvias son torrenciales y el agua baja bravo.

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Ahora que Yamile logró que su hija acabe la primaria le preocupa que no pueda continuar. La concesión municipal del viejo autobús que conecta Puerto Lleras con la escuela secundaria más próxima expiró. Solo les queda pagar a alguien que las lleve, pero no tienen dinero.

«Si no se consigue transporte, tendríamos que dejarlas sin estudios, con la mera primaria. Y esto es arriesgar que les pase a las otras dos niñas lo que le pasó a la otra», explica Luz Marina Villamizar.

Esta madre se refiere a sus dos hijas de 11 y 13 años que se han graduado con Andris y a una tercera, de 16 años. Ella tuvo que dejar la secundaria porque no tenía forma de llegar a la escuela.

«No tenía plata para alquilar una moto o un carro para llevarla, entonces no pudo estudiar más. Lamentablemente, se enamoró de un muchacho y ahora vive con él y está embarazada de cinco meses», dice a bocajarro esta mujer. Ella tuvo que irse con su familia muy joven a Venezuela por culpa del conflicto y volvió hace tres años a su Colombia natal. Lo hizo después de haber criado nueve hijos.

En 2020 hubo en Colombia 106.957 nacimientos cuyas madres tenían entre 15 y 19 años, unos 8.000 menos que el año anterior. A pesar de eso, los embarazos adolescentes representaron 17 % de los nacimientos del año pasado, una cifra superior al 15 % que hay de media en América Latina y el Caribe, la segunda región del mundo con mayor tasa de estos embarazos.

«Yo no quería (ser abuela), yo quería que ella estudiara, saliera adelante, que se graduara para cualquier cosa», afirma Luz Marina. No deseaba que ninguna de sus hijas siguieran su ejemplo: «con nueve hijos, mejor dicho, maltratada por los maridos que tuve».

Espera que las dos hijas que quedan con ella sean «enfermeras, contadoras, psicólogas» lo que «a ellas les guste», pero que sigan estudiando.

Sin embargo, en esta zona de Colombia, donde operó la guerrilla de las FARC y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aún se pasea, el olvido estatal se siente en la falta de carreteras, de hospitales y de escuelas.

Para quienes pueden ir a la secundaria o continuar en la universidad o algún instituto técnico, las únicas posibilidades están en Arauca, la capital departamental, y la oferta es muy reducida.

«Aquí no dejan crecer a los niños», resume Yamile, que llegó al lado colombiano esperando oportunidades mejores para su niña, y pese todo no mira atrás porque repite que el futuro en «Venezuela, de verdad no va»

 Venezuela duplica el promedio de  embarazo adolescente en América. Así alerta el Fondo de Población de Naciones Unidas. El alto costo de los anticonceptivos y la precaria educación sexual son las principales causas, de acuerdo con la ONU. 

“Venezuela tiene aproximadamente un 50 por ciento de índice por encima del promedio de la región. La región tiene un promedio de 62 embarazos por cada mil adolescentes. Venezuela está por el orden de los 95 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años”.

La información la dio a conocer para la Voz de América, Jorge González Caro. Él es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela.

Estudios de esa institución revelan que el embarazo precoz genera pobreza y pérdidas económicas en los países donde hay más casos. Asimismo, una madre adolescente tiene más riesgos de complicaciones durante el parto y de traer al mundo a un niño de bajo peso. 

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González explica que el embarazo adolescente es “multicausal” . Sobre las consecuencias asegura que: ”un embarazo adolescente, más allá de ser un problema para ella, termina representando un ancla para el desarrollo del país. No estás hablando de una o dos, sino de 25 por ciento de los partos que se producen en el país”.

“Son mujeres que terminan haciendo trabajos precarios, porque se retiraron de los estudios cuando deberían estar en proceso de formación”, agrega.

El representante de la organización explica que durante la pandemia, han apoyado al Ministerio de Salud en la distribución casa por casa de anticonceptivos y mantener en lo posible las consulta de planificación familiar.

Muchos adolescentes en Venezuela han dejado de usar métodos de protección, porque, ni ellos ni sus padres, tienen cómo pagarlos. En el país, una caja de píldoras anticonceptivas cuesta 12 dólares y un paquete de 3 condones, alrededor de 3 dólares, montos que superan el salario mínimo mensual de los trabajadores.