Luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dictó ese mismo día el decreto n.º 5.364, publicado en la Gaceta Oficial n.º 7.039 extraordinario, mediante el cual declaró un estado de emergencia en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, aunque el país efectivamente enfrenta una situación de desastre que exige una respuesta rápida del Estado, ello no significa que cualquier medida adoptada sea compatible con la Constitución.

El punto central del debate no es la necesidad de actuar frente a la emergencia, sino el instrumento jurídico escogido para hacerlo y las consecuencias que ello tiene para los derechos de los ciudadanos y los controles constitucionales necesarios en este tipo de situaciones. También es importante analizar si la extensión de la medida, tanto a nivel temporal como espacial, es conforme a lo ocurrido y la legislación en la materia.

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Una de las principales confusiones que puede generar el decreto de emergencia es creer que es un estado de excepción, pero no es así.

El estado de emergencia dictado el 24 de junio se basa a su vez en el decreto legislativo de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, publicado en la Gaceta Oficial n.º 5557 del 13 de noviembre de 2001, y se trata de un mecanismo administrativo destinado a movilizar recursos técnicos, humanos, financieros y materiales para atender un desastre natural.

En cambio, el estado de excepción está regulado directamente por los artículos 337 y 338 de la Constitución y por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE), y permite adoptar medidas extraordinarias, incluso restringiendo determinadas garantías constitucionales bajo estrictos controles institucionales.

Mientras el primero constituye un acto administrativo de rango sublegal, el segundo es un acto de ejecución directa de la Constitución. Asimismo, el estado de excepción exige control político de la Asamblea Nacional (AN) y control judicial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tiene una duración limitada y únicamente puede restringir ciertos derechos en los casos previstos por la Constitución. El estado de emergencia, por el contrario, carece de esos controles y no puede limitar derechos constitucionales.

El decreto presidencial no fue dictado con base en el artículo 338 de la Constitución, que regula el estado de alarma para situaciones como una calamidad pública, sino en la Ley de Protección Civil, que autoriza la adopción de medidas operativas y técnicas para enfrentar desastres, pero no permite restringir derechos fundamentales.

Por ello, resulta jurídicamente cuestionable, entre otros aspectos, que el artículo 6 del decreto faculte al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y a Protección Civil para ocupar temporalmente establecimientos públicos y privados, terrenos y áreas de propiedad privada, así como requisar bienes y servicios particulares considerados indispensables.

La Ley de Protección Civil, utilizada como fundamento del decreto de emergencia, no contempla la ocupación temporal ni la requisición de bienes o servicios.

La ocupación temporal por fuerza mayor está prevista en el artículo 59 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social y exige identificar de forma precisa los bienes afectados, su ubicación y demás características, así como indemnizar los daños causados si los hubiere.

Por su parte, la requisición de bienes o servicios es una orden para que la autoridad disponga o utilice bienes o servicios de propiedad privada, con el fin de satisfacer una necesidad pública urgente. Esta figura está regulada en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), así como en los artículos 17, 18, 24 y 25 de la LOEE.

La normativa señala que, dependiendo del tipo de bien que se trate, deberá ser devuelto a su propietario y/o pagado por el valor que tenía al momento de la requisición, dando lugar en ambos escenarios a ocupaciones o requisiciones a una indemnización. Igualmente, en el caso de la requisición de servicios, si hay un daño, debe ser indemnizado.

En consecuencia, si el Ejecutivo pretendía ejercer esas facultades durante la atención de la catástrofe ocurrida como consecuencia de los terremotos, debió decretar un estado de alarma conforme al artículo 338 de la Constitución, así como someterse a los controles constitucionales y limitaciones establecidas en la misma y en la LOEE.

Al optar por un estado de emergencia sustentado únicamente en la legislación de protección civil, el Ejecutivo evitó el control político de la AN y el control constitucional de la Sala Constitucional, ambos obligatorios cuando se decreta un estado de excepción.

Además, el decreto plantea un problema de jerarquía normativa. Al tratarse de un acto administrativo de rango sublegal, no puede restringir derechos fundamentales protegidos por la Constitución, porque ello atenta contra esta, los estándares internacionales en la materia y la reserva legal.

Entre los derechos más afectados por el decreto de emergencia dictado se encuentra el de propiedad. De acuerdo con el principio de reserva legal, únicamente la ley puede regular estas materias, y las limitaciones extraordinarias solo pueden adoptarse mediante un estado de excepción constitucionalmente declarado.

La propia LOEE y la LOSN condicionan la requisición de bienes a la previa declaratoria de un estado de excepción, por lo que incorporar esa facultad dentro de un decreto de estado de emergencia resulta incompatible con el ordenamiento constitucional.

No es la primera vez que ocurre una situación similar. En 2022, durante la emergencia provocada por las lluvias en varios estados del país, el Ejecutivo también incluyó en un decreto de emergencia las figuras de ocupación temporal y requisición de bienes y servicios sin contar con la base legal correspondiente.

Ello evidencia una práctica reiterada consistente en utilizar decretos de emergencia para ejercer facultades que la Constitución reserva exclusivamente a los estados de excepción.

Otro aspecto preocupante es que el decreto declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional (artículo 1), cuando los terremotos han tenido un alcance determinado: básicamente la capital del país, Caracas, sus alrededores del estado Miranda (en particular, Guarenas), Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy, Falcón y de manera especial, el estado La Guaira.  

En cuanto al límite temporal de la emergencia, aunque se entiende que los daños causados son enormes, toda situación excepcional que limite derechos y aumente las potestades de los poderes públicos debe ser transitoria.

Aunque el decreto legislativo de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que es la base legal del actual decreto de emergencia del Ejecutivo nacional, no fija un plazo máximo de duración, sino solo un plazo de inicio para poner en marcha un plan frente a una catástrofe, que es dentro de los 3 meses de su ocurrencia, esto tiene sentido porque quiere evitar que no se haga nada al respecto. Sin embargo, como todo plan de acción, debe tener un inicio y un fin.

El problema nuevamente deriva de que el decreto de emergencia se fundamenta en la legislación errada, que es para otro objetivo, también importante en la catástrofe ocurrida, pero que no permite lo que él mismo prevé.

Lo propio en este caso era dictar un estado de excepción, que prevé varios tipos de situaciones de emergencia, entre ellas la ocurrida, y otorga importantes potestades al Ejecutivo nacional. Aun así, exige una duración máxima, prorrogable únicamente bajo determinadas condiciones.

Por ello, esta omisión en cuanto al plazo máximo de vigencia del estado de emergencia no es acorde a la Constitución ni a la legislación nacional en la materia, y ello puede llevar a que el decreto de emergencia permanezca vigente de manera indefinida con las consecuencias correspondientes para los derechos humanos, y con el agravante de que es aplicable en todo el territorio nacional.

Puede parecer que estas diferencias son meramente técnicas, especialmente frente a una emergencia real que exige una actuación inmediata del Estado. Sin embargo, en un Estado de derecho las formas jurídicas cumplen una función esencial: garantizar que el ejercicio del poder tenga límites y que las restricciones a los derechos humanos solo puedan imponerse mediante los procedimientos y controles previstos por la Constitución.

Precisamente por ello, la Constitución exige que un estado de excepción tenga una duración determinada, sea controlado por la AN y la Sala Constitucional y respete un conjunto de derechos que nunca pueden ser suspendidos, entre ellos la vida, la igualdad ante la ley, la libertad personal, la prohibición de desaparición forzada, la integridad personal, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación política y el derecho a la información.

En definitiva, aunque la respuesta estatal frente a los terremotos es necesaria, el decreto transformó una medida propia de protección civil en un instrumento que incorpora facultades reservadas constitucionalmente a los estados de excepción, sin cumplir los requisitos, límites y controles que estos exigen, y además limitando derechos en contra de la Constitución.

A ello se añade que la aplicación del decreto ha ido más allá de las medidas previstas en su texto y se ha traducido en actuaciones incompatibles con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. En vez de centrar la respuesta estatal en la protección y asistencia de las personas afectadas por los terremotos, se han impuesto restricciones al acceso a la ayuda humanitaria y al derecho a la información.

Lejos de ser un aspecto secundario, este derecho es indispensable durante una emergencia, ya que permite a la población tomar decisiones informadas, conocer los riesgos existentes, saber dónde están sus familiares, acceder a la asistencia disponible y reducir la incertidumbre y la angustia que inevitablemente generan este tipo de desastres.

Con información de Acceso a la Justicia.

Las autoridades de la ciudad de Denver (Colorado) la declararon en «estado de emergencia», ante la «crisis humanitaria» causada por la llegada de cientos de migrantes durante los últimos días, algunos provenientes de El Paso (Texas) y muchos de ellos venezolanos.

El anuncio se produce cuando 247 migrantes más han llegado a Denver desde el lunes, agotando la capacidad de un refugio de emergencia en un centro recreativo de la ciudad y obligando a la apertura de otro centro de acogida.

“Permítanme ser franco: esta afluencia de inmigrantes, la naturaleza imprevista de su llegada y nuestros desafíos actuales de espacio y personal han ejercido una inmensa presión sobre los recursos de la ciudad».

«Estos arribos masivos de inmigrantes, la naturaleza imprevista de su llegada y nuestros desafíos actuales de espacio y personal han ejercido una inmensa presión sobre los recursos de la ciudad, hasta el punto de que están a punto de alcanzar un punto de ruptura en esta vez», dijo Michael Hancock, alcalde de Denver.

«La situación comenzó a gestarse en meses recientes», pero que desde la semana pasada llegan desde la frontera con México «de 50 a 100 inmigrantes diarios de varios países de Latinoamérica».

Los migrantes ya desbordaron la ciudad de El Paso (Texas) y desde allí se están desplazando a otros estados.

«Los albergues de emergencia ya no tienen la capacidad de alojar nuevos inmigrantes», alertó, en reseña de la agencia Efe.

«Lo que no quiero ver es una crisis humanitaria local de migrantes sin refugio en nuestras manos debido a la falta de recursos», enfatizó.

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A principios de la semana pasada, varios autobuses se detuvieron frente a la organización caritativa Denver Rescue Mission, que ayuda a desamparados en el centro de Denver, dejando unos 100 inmigrantes en ese lugar, la mayoría de ellos de Venezuela.

Denver abrió dos albergues de emergencia para alojarlos, asumiendo que en pocos días los inmigrantes encontrarían un lugar donde quedarse, sea con familiares o amigos.

Sin embargo, ocurrió lo contrario y llegaron más inmigrantes, algunos desde El Paso, en viajes organizados y coordinados por ellos mismos.

Incluso la ayuda provista por iglesias y por organizaciones comunitarias resultó insuficiente.

Por eso, Hancock decidió declarar a Denver «en emergencia», una medida que permite acelerar el acceso a recursos locales, estatales y federales (incluyendo fondos para alojamiento), así como activar un «centro de reunificación» para que los inmigrantes contacten a sus familiares.

El alcalde pidió ayuda del gobierno federal al señalar que Denver ya gastó en menos de dos semanas unos 800.000 dólares en alojamiento, comida y servicios de salud para unos 600 inmigrantes.

Hasta el miércoles, 271 migrantes estaban alojados en albergues de emergencia de la ciudad, 48 habían sido reubicados en un albergue administrado por la iglesia y 52 recién llegados pasaban la noche en albergues locales para personas sin hogar.

Otras 35 personas abandonaron el refugio de emergencia de la ciudad con planes de reunirse con sus seres queridos, dijo la ciudad el miércoles en un comunicado de prensa.

Un venezolano, quien prefirió no dar su nombre por su situación migratoria irregular, indicó que había llegado a Denver con sus tres hijos «hace cuatro días».

«Aquí me iban a dar trabajo», subrayó sin que aparentemente le explicasen la documentación con la que necesita contar para obtener empleo legalmente.

El hombre y su familia se están alojando temporalmente en una iglesia, pero dijo que ya se tienen que ir y señaló que sus pedidos de ayuda en las redes sociales para encontrar alojamiento o trabajo no fueron respondidos.

«Si alguien me da la oportunidad, hasta me pongo a remover nieve», comentó.

Por su parte, las ciudades de Colorado Springs y Aurora, la segunda y la tercera más pobladas de Colorado, indicaron que no recibirán a inmigrantes.

Mientras que Fort Collins, la principal ciudad en el norte del estado, anunció la semana que activaría un albergue para indocumentados, pero eso hasta el momento no ha sucedido.

Los habitantes del sector La Ceiba, Ezequiel Zamora en Catia La Mar, están conmocionados y dolidos con la muerte de una madre y sus dos niños tras el deslizamiento de tierra que se produjo sobre su vivienda.

Las autoridades identificaron a las tres víctimas, Rosmeli Medina de 33 años y sus dos pequeños, Isaac medina de 7 años y Sofía Medina de tan solo tres años.

El suceso ocurrió entre las 7:00 pm y las 9:00 de la noche cuando arreciaron las lluvias y se desprendió el material de arboles, barro y piedra que tapió la vivienda de esta familia.

#27Oct⚫ ¡HAY PROFUNDO DOLOR EN VARGAS! La Conmoción y el dolor abundan en La Ceiba, Catia la Mar, donde perdieron la vida Rosmely Medina (33) y dos de sus pequeños hijos, de 3 y 7 años. Vía: @amyytorres@ImpactoVE ? pic.twitter.com/epn8jb0iAR

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Cuerpos de rescates lograron salvar a un niño de 13 años de edad, pero para los otros miembros de la familia fue demasiado tarde.

Las lluvias de la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves han causado estragos en varios estado del País.

La Guaira sigue siendo una de las entidades vulnerables, por lo que las autoridades permanecen alerta ante las precipitaciones.

La reportera de Impacto Venezuela, Amy Torres, se encuentra en la zona donde ocurrieron los hechos y conversará con vecinos y familiares en próximas emisiones.

Al menos 21 personas perdieron la vida tras el paso del mortal huracán Ian por Florida, según informaron este viernes autoridades de la División de Gestión de Emergencias.

La prensa local destaca las declaraciones del director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, quien habla de una muerte confirmada en el condado de Polk, 12 muertes no confirmadas en el condado de Charlotte y ocho en el condado de Collier.

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Mientras que el gobernador del estado, Ron DeSantis, advirtió que era demasiado pronto para hacer un balance del número de muertos y que esperaban más datos en los próximos días, según AFP.

DeSantis describió el viernes el área costera de Fort Myers como «zona cero», pero destacó que también hay «efectos tierra adentro».

En torno a la cifra de personas rescatadas, indicó que son alrededor de 700, en operativos con equipos humanos de 1000 personas.

En cuanto al bote que naufragó con 27 migrantes a bordo, destacan las autoridades que hay 17 desaparecidos, ya que una fue hallada muerta y otras nueve fueron rescatadas.

El Centro Nacional de Huracanes anunció la tarde de este viernes que el huracán Ian tocó tierra en Carolina del Sur, acompañado de vientos de hasta 140 km/h, tras arrasar zonas de Florida,

Ian entró al continente cerca de Georgetown, Carolina del Sur, según la misma fuente.

Update: Surface observations indicate that the center of #Hurricane #Ian made landfall on Sep 30 at 205 pm EDT (1805 UTC) near Georgetown, South Carolina with maximum sustained winds of 85 mph (140 km/h) and an estimated minimum central pressure of 977 mb (28.85 inches). pic.twitter.com/TNk43VBHUG

Con información agencias

las lluvias de los últimos días han levantado las alarmas en por lo menos seis estados del país, dejando como saldo hasta los momentos varios rescatados y una persona fallecida.

Las entidades que han hecho público su estado de Alerta son Amazonas, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Vargas, Mérida y el Zulia, siendo estas dos últimas las de mayor envergadura.

La persona que lamentablemente perdió la vida fue reportada en el estado Zulia. Marcos Sánchez, de 60 años de edad, no tuvo mucha suerte la tarde de este domingo, cuando debido a las precipitaciones, las raíces de un árbol cedieron y se vino abajo, cayendo encima de Sánchez.

Así lo reseñó el portal Efecto Cocuyo. El hombre fue auxiliado casi de inmediato y trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales.

Autoridades de la Alcaldía de Maracaibo han manifestado que desde el domingo hasta este lunes cayeron unos 43 árboles, los cuales en su mayoría ya han sido retirados.

Las autoridades en el estado Mérida han reportado 19 municipios con afectaciones por lluvias, de los 26 que conforman la entidad.

Unas 100 viviendas han sido afectadas, gran parte de ellas han sido declaradas en pérdida total, tras el paso de anegaciones y afluentes de ríos que se han llevado todo.

Se pudo conocer que una pareja que viajaba en un vehículo fueron rescatados por los organismos de seguridad, cuando el agua arrastraba el automóvil en el que viajaban. Otro hombre que terminó tapiado por un alud de tierra, fue desenterrado y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se recupera.

Vale acotar que en el caso de Mérida, han decretado también una alerta sanitaria en varios municipios.

LO ÚLTIMO El gobernador del edo Mérida, @JEHYSONGUZMAN decretó la emergencia sanitaria para establecer el control epidemiológico en las zonas afectadas de las parroquias San Rafael de Alcázar y Sant Elena de Arenales del municipio Obispo Ramos de Lora, tras las intensas lluvias. https://t.co/3qYEwZAxkA

En Portuguesa, Zulia, Yaracuy, Amazonas y Lara, los órganos de seguridad han atendido diversas inundaciones, por lo que las personas afectadas las han llevado a refugios.

La mañana de este lunes reportaron colapso de vialidad hacia la zona este del estado Vargas. Poblaciones como Tanaguarenas y Naiguatá se vieron afectadas por los cúmulos de tierra que taparon las principales vías.

Este #14Jun la lluvia provocó la caída de energía en diversas zonas de Caracas y parte del estado Miranda.

El Alcalde del municipio El Hatillo, Elias Sayegh, manifestó que diversas localidades del municipio, siendo los más afectados El Arroyo, Los Robles, La Unión y el pueblo.

En Libertador y Chacao también hubo cortes eléctricos por algunos minutos

Como es de costumbre, al llegar la temporada de lluvias ocurren desastres, inundaciones, viviendas afectadas, damnificados, los mismos problemas y promesas de todos los años.

Las autoridades dicen que van a arreglar el desastre, que les darán vivienda a los damnificados, les llevan enseres los primeros días, los atienden y al pasar el tiempo todo queda en el olvido hasta el próximo año que empieza nuevamente el círculo vicioso.

En las últimas horas los desastres con las lluvias no han parado. Los estados Zulia, especialmente  el Sur del Lago de Maracaibo, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Lara, parte de Falcón, Yaracuy, Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas y el Distrito Capital, son los más afectados.

Los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) no son nada alentadores.

Su presidente, el coronel José Pereira, explicó que las precipitaciones van a continuar en todo el territorio nacional.

#27Abr 4:00pm | Vecinos d #Higuerote en #Barlovento Edo #Miranda reportan inundaciones por #lluvias en calles, avenidas, viviendas y comercios, incluso en zonas altas q normalmente no se inundan, debido a la falta d limpieza d alcantarillas y drenajes@yohanponce @HectoRodriguez pic.twitter.com/WLu3gZWFQw

En el caso de Caracas, Pereira indicó que hubo precipitaciones de 180 milímetros desde el lunes, cuando el promedio para abril son 55 milímetros.

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Es decir, que en dos días cayó tres veces más la precipitación de un mes solo en la capital.

Explicó que recién comienza la época de lluvia en la zona de convergencia, sistema principal que se ubica entre los llanos centrales, y que para junio estaría sobre todo el territorio nacional.

Un poquito de agua en acarigua araure y solo llovió como 2 horas pic.twitter.com/2DmjuDjnDi

Además, indicó que a partir del 1 del mayo se inicia la temporada de ondas tropicales, que se originan en África y avanzan sobre el atlántico tropical, siendo Venezuela la primera zona del continente que tocan.

Por fortuna no se han reportado fallecidos en ninguno de los estados en emergencia por las lluvias. Pero si hay decenas de familias damnificadas y afectadas.

También se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, y la falta de mantenimiento de los desagües y de los canales de drenaje, sumado a una descarga superior de agua, han provocado la inundación de las calles y avenidas, cientos de casas, establecimientos comerciales y sembradíos, reseñó El Nacional.

La rotura de diques o muros de contención en varios estados y la crecida de ríos ha dejado vías incomunicadas con lodo, árboles y escombros.

Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el despliegue de equipo operativo y logístico para atender a las personas que requieran de insumos médicos, alimentos y otros artículos.

El pasado domingo, una fuerte crecida en el río Zulia, ubicado en el municipio Catatumbo causó estragos.

Se generó la rotura del muro de contención, la corriente de agua cedió su cauce y permitió que se desplazara hasta la carretera principal de esta zona.

Fernando Loaiza, alcalde del municipio Catatumbo, dijo que si el río sigue creciendo habrá mayores personas afectadas, no solo al municipio Catatumbo, sino también de Colón y parte de Santa Cruz del Zulia, reseñó Radio Fe y Alegría.

Una publicación compartida de Prensa Fernando Loaiza (@prensafernandoloaiza)

“Estoy preocupado por el desbordamiento del río Zulia, a la altura del kilómetro 43 vía 33 El Guayabo. Desde hace tres meses nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que tiene una maquinaria que la están utilizando para beneficio de una cierta familia de un dirigente y no la prestan para la parte de reforzamiento de muros”, indicó.

El pasado 27 de abril, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, declaró «alerta máxima» en los municipios Catatumbo, Sucre, Francisco Javier Pulgar y Colón de la entidad debido a las inundaciones.

Explicó que hay cerca de mil familias afectadas y 200 damnificadas por las inundaciones en la zona del Sur del Lago, además de perderse numerosas cosechas que pone en riesgo una gran parte del suministro de alimentos.

Las familias están siendo atendidas por las autoridades. Además, advirtió que estos números pueden cambiar debido a que el agua sigue desplazándose tierra adentro.

#28Abr |??? ¡ETIQUETA DEL DÍA! ▶️#DesplieguePorLluvias¡Garantizando la protección del pueblo! pic.twitter.com/DQoyZ3vBpd

“La Fortuna, en Colón es una población que está bajos las agua desde hace cuatro años, producto del cauce del río Chama, y el río Tucaní tiene más de dos años causando problemas en todos los pueblos santos del municipio Sucre”, comentó.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó la declaración de emergencia ante el derrumbe de un edificio de apartamentos en el sur de Florida, en el que se han contabilizado hasta ahora cuatro muertos, aunque hay todavía cientos de desaparecidos.

La declaración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y en concreto a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) a coordinar «todos los esfuerzos de socorro para aliviar las dificultades y el sufrimiento causado».

FEMA podrá así movilizar y proveer del equipamiento y los recursos para ayudar en esta emergencia.

El edificio de 12 pisos frente al océano tiene 136 apartamentos y aproximadamente 55 de ellos se derrumbaron a lo largo del pasillo nororiental.

Esta información la dio subjefe de los Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah.

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El edificio se inauguró en 1981 y acaba de pasar una inspección obligatoria por sus 40 años, informó EFE.

Según los expertos se demorará meses y quizás años en determinar las causas del colapso completo de una de las alas del edificio.

El canal Local 10 informó que el mismo jueves se presentó la primera demanda judicial contra la asociación de propietarios de Champlain Towers, por 5 millones de dólares.

Los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos de víctimas del derrumbe con lo cual la cifra de fallecidos se eleva a cuatro, según confirmó la oficina de la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

En el centro de reunificación familiar que funciona a pocas cuadras de Champlain Towers están empezando a tomar muestras de ADN a personas con familiares desaparecidos.

Según informó el canal de televisión NBC 6 esto facilitarán la identificación cuando se hallen cuerpos entre los escombros.

Los equipos de rescate, dirigidos por los Bomberos de Miami-Dade, han abierto desde el garaje del edificio un túnel en la montaña de escombros.

Los socorristas trabajan con perros adiestrados y equipos de sonar para dar con señales de vida.