La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la cuarta prórroga consecutiva del estado de emergencia económica en Venezuela, decretada por Delcy Rodríguez mediante el decreto N.° 5.314 del 8 de abril de 2026, viola los límites constitucionales.

Agrega que este decreto “desnaturaliza el propósito de las medidas de excepción y genera una grave inseguridad jurídica que contradice el propio discurso oficial de apertura a la inversión extranjera”.

La extensión, avalada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la sentencia N.º 515 del 16 de abril, otorga 60 días adicionales de facultades extraordinarias al Ejecutivo para adoptar decisiones económicas sin control parlamentario.

Entre las medidas que puede tomar el ejecutivo con este decreto destaca “suspender tributos, autorizar gastos no previstos en el presupuesto, modificar regímenes fiscales y aprobar operaciones de crédito público”.

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Acceso a la Justicia recordó que el artículo 338 de la Constitución establece que el estado de emergencia económica puede decretarse por 60 días y prorrogarse una sola vez por un período igual, lo que fija un máximo constitucional de 120 días continuos.

 Sin embargo, el régimen acumula ya cuatro prórrogas sucesivas desde el decreto original del 9 de abril de 2025, convirtiendo la excepcionalidad en una política permanente de gobierno.

El artículo 339 de la Constitución también exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los decretos de excepción y sus prórrogas. 

Acceso a la Justicia señala que ninguna de las prórrogas, salvo el primer decreto, fue aprobada por el Parlamento, y sin embargo el régimen las ha seguido aplicando.

La ONG también señaló una contradicción de fondo en el discurso oficial: el decreto justifica la continuidad de la emergencia alegando «acciones y amenazas de agresión económica por parte de potencias extranjeras», mientras que simultáneamente el propio gobierno promueve una supuesta recuperación económica y la apertura a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero.

«Esta contradicción debilita la justificación de una situación excepcional que, por definición, debería responder a circunstancias claramente verificables y extraordinarias», señaló la organización.

Acceso a la Justicia denunció que el decreto no está publicado en la Gaceta Oficial, conociéndose su existencia únicamente a través de la sentencia de la Sala Constitucional.

Además,  tampoco se cumplió con la obligación internacional de notificar la declaratoria del estado de excepción a los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a través de los secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), como lo exigen el artículo 4.3 del PIDCP, el artículo 27.3 de la CADH y los Principios de Siracusa de 1984.

«Esta omisión priva a la comunidad internacional de conocer y vigilar las razones que justifican las limitaciones impuestas a los derechos fundamentales en Venezuela, afectando la transparencia y la protección internacional», advirtió la ONG.

Acceso a la Justicia advirtió que la prolongación indefinida de la emergencia económica tiene efectos directos sobre la vida cotidiana de los venezolanos: «Cuando el Gobierno puede tomar decisiones económicas sin controles, aumenta el riesgo de arbitrariedad en medidas que impactan impuestos, gasto público, precios y acceso a bienes y servicios. Lo que debería ser una herramienta temporal para enfrentar crisis puntuales termina convirtiéndose en un mecanismo permanente que debilita la institucionalidad y afecta la seguridad jurídica».

Esta inseguridad jurídica resulta especialmente contraproducente en un momento en que el régimen pretende atraer inversión extranjera para reactivar la economía.

Con información de Acceso a la Justicia.

Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como constitucional  el Decreto de Estado de Emergencia Económica dictado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A través de la sentencia N.º 0515, con fecha del 16 de abril de 2026, el máximo tribunal determinó la constitucionalidad del Decreto 5.314. La medida establece el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Con esta declaración de constitucionalidad,  el Ejecutivo nacional queda facultado para ejecutar acciones extraordinarias,  en materia fiscal, cambiaria, tributaria y de regulación económica durante los próximos 60 días.

El TSJ ordenó la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial y su difusión en los canales electrónicos del Poder Judicial.

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Este es el resumen de la sentencia:

Procedimiento: Constitucionalidad de leyPartes: PRESIDENTA (E) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DRA. DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZDecisión: Esta Sala es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días. Declara la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días y ORDENA la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara: La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.Ponente: Ponencia Conjunta

En una Gaceta Oficial de fecha 9 de diciembre, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la prórroga  por otros 60 días del estado de emergencia económica que rige en Venezuela desde abril.

Se trata de  la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.944, que permite al Ejecutivo mantener amplias facultades para aplicar acciones extraordinarias en los ámbitos económico, financiero y social.La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de la presión estadounidense, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y recientemente incautó un buque con crudo venezolano, además de sancionar a seis navieras vinculadas al transporte de petróleo.

Facultades otorgadas al Ejecutivo

El decreto de prórroga concede al Gobierno Nacional amplias facultades, entre las cuales destacan:

El artículo 3 del decreto incorpora una disposición clave: “Sin menoscabo de lo señalado en el artículo anterior, se suspende por el periodo que dure la emergencia económica la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria”.La normativa también otorga a Maduro la posibilidad de ampliar las acciones del Ejecutivo según la coyuntura: “El presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias para la estabilidad económica y social del país frente a la situación mundial”.

“En virtud del éxito de la aplicación del Decreto de Emergencia Económica para afrontar el bloqueo contra Venezuela y la guerra comercial mundial, el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, ha decidido renovar su contenido para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano”. 

Así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en su cuenta en Telegram.

La extensión es por   60 días debido a las «circunstancias extraordinarias» que están afectando la economía del país.

La prórroga del decreto en cuestión está publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6.924, de fecha 8 de agosto de 2025.

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🚨 EMERGENCIA ECONÓMICA El gobierno venezolano renovó el Decreto de Emergencia Económica, tras su “éxito” frente a bloqueos contra el país y la guerra comercial mundial. La medida busca «seguir derrotando las sanciones imperiales y preservar el equilibrio económico». pic.twitter.com/yxNQlU0L1m

En el artículo 1 se indica que esta activación faculta al Ejecutivo para que tome «adopte las regulaciones y medidas urgentes, excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos.»

También se le autoriza poder dictar regulaciones excepcionales y transitorias para llevar un equilibrio en la economía, así como también puede suspender la aplicación de impuestos, tributos o trámites administrativos a fin de proteger el aparato productivo del país, entre otras cosas.

Mientras dure la medida de emergencia económica, se suspende «la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria".

El presidente, además,   está facultado para tomar las medidas que considere en aras de la estabilidad económica.

Le fue concedida la oportunidad a Nicolás Maduro de poder decretar otro estado de «emergencia económica» en el país, para que imponga una serie de medidas con el fin de salvar al venezolano de la crisis imperante y, sobre todo, de lo que se viene, que pinta más negro.

Es la tercera ocasión que Maduro tiene en sus manos un decreto de esta índole para hacer frente, de nuevo, a la inflación y, fundamentalmente, a la bestia negra reiterativa del «dólar criminal».

El primer decreto de emergencia económica de Maduro fue en el año 2016, a mitad de su primera gestión presidencial y en el contexto de una Asamblea Nacional adversa, mientras que la segunda emergencia fue 2019, en pleno apogeo de la pandemia del COVID.

Ahora, el presente decreto enfrenta además algunas particularidades como son la afectación de Estados Unidos a los niveles de producción petrolera y los consabidos aranceles aplicados por el país del Tío Sam.

El mismo Maduro expresó que se persigue proteger integralmente todos los sectores productivos del país ante los últimos acontecimientos financieros en el mundo.

Como los anteriores decretos de emergencia, este es concedido por 60 días, prorrogable.

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La pregunta obligatoria es: si los anteriores decretos no significaron en la práctica soluciones al panorama económico, aunque pudieron mitigar las crisis, ¿este otro decreto si será efectivo? Somos escépticos, aunque a la tercera va la vencida, dicen. Tiene todo en sus manos.

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Considerando que en la actualidad el mundo enfrenta una guerra comercial inédita y sin precedentes, ocasionada por la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, en clara violación del sistema internacional y las normas de comercio, que genera un gran riesgo de recesión mundial con el correspondiente desplome de la economía mundial.

Considerando que la guerra en curso se suma a recientes acciones y amenazas de agresión económica contra Venezuela.

Considerando que es deber del Ejecutivo nacional adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional y proteger a la población y a todos los sectores productivos.

Considerando que ante la inminente recesión mundial y la agresión multiforme contra Venezuela con la consecuente afectación de la República, se requiere adoptar y asumir medidas urgentes y de carácter extraordinario.

Considerando que las medidas a ser tomadas para proteger al pueblo frente a las amenazas existentes deben ser de gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural a los fines de resguardar los derechos económicos, sociales, culturales y educativos del pueblo venezolano, haciendo todos los esfuerzos que pueda disponer el Ejecutivo nacional para enfrentar la agresión multiforme en desarrollo.

Decreta:

Artículo 1, se declara el estado de emergencia económica en todo en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del país, de la región y del mundo. a los fines de que el Ejecutivo nacional adute adopte las regulaciones y medidas urgentes excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico de la nación y garantizar a la a la población el pleno disfrute de sus derechos.

Artículo 2, como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica. El presidente de la República podrá dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico. Incluyendo la siguiente:

Uno, dictar regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población.

Dos, suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato objetivo nacional.

Tres, concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy.

Cuatro, establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal.

Cinco, suspender la aplicación de secciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación.

Seis, establecer mecanismos y porcentaje de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones, «muy importante la línea de sustituir todas las importaciones, ministro, todas las importaciones, todas y proceder a los mecanismos para garantizar la compra de la producción nacional de todos los bienes y productos priorizados en este decreto», añadió el presidente Maduro.

Siete, adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional. En beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingreso. «Es muy importante abrir las compuertas a nuevas fuentes de inversión. Aquellos venezolanos o inversionistas internacionales que quieran traer sus recursos a Venezuela serán tratados de manera especial para que vengan a traerlos y circulen en el aparato productivo en la economía nacional y sirvan como fuente poderosa de estabilidad e inversión para el crecimiento de los próximos meses y años», dijo Maduro.

«Así que ejecuten con la mayor amplitud y protección a los capitales nacionales e internacionales, dado que Esta propuesta, muchos venezolanos que se están regresando de Estados Unidos, son bastantes, que tienen su churupito y están planificando su regreso, triunfar en el país, bienvenidos con sus capitales, con su emprendimiento y con el trabajo directo al país», agregó el mandatario nacional.

Ocho, autorizar las contrataciones que fuesen necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

Nueve, autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual. «Esto fue muy importante en los años 16, 17, 18. Así pudimos garantizar, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo del programa de los CLAP, que fue vital en la estabilidad del país y en el crecimiento del sector agrícola y agroindustrial.

Diez, dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstas en la Ley Especial de endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República.

Artículo 3, sin menos cabo de lo señalado en el artículo anterior, se suspende por el periodo que dure la emergencia económica, la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria.

Artículo 4, el presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente en la circunstancia para la estabilidad económica y social del país frente a la situación mundial.

Artículo 5, los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas que refiere este decreto.

Artículo 6, este decreto te da tendrá una duración de 60 días contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela prorrogable por 60 días de acuerdo al procedimiento constitucional.

Artículo 7, este decreto se remitirá a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre la constitucionalidad dentro de los próximos 8 días de acuerdo a la Ley Orgánica sobre Estados de excepción.

Artículo 8, este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 8 días del mes de abril de 2025, año 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros presidente de la República.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la «Constitucionalidad del decreto de Emergencia Económica» emitido por el presidente Nicolás Maduro.

«La Sala Constitucional revisó la solicitud enviada por el Ejecutivo Nacional y, mediante su decisión Nro. 533, se pronunció, declarando la constitucionalidad del Decreto Nro. 5.118 dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través del cual declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un lapso de sesenta días (60), conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», señala el texto.

La Sala Constitucional concluyó que el decreto cumple con los parámetros establecidos en la Carta Magna para garantizar la estabilidad económica y social del país.

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De esta forma, el presidente de la República podrá dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico. Incluyendo la siguiente:

Uno, dictar regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población.

Dos, suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato objetivo nacional.

Tres, concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy.

Cuatro, establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal.

Cinco, suspender la aplicación de secciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación.

Seis, establecer mecanismos y porcentaje de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones.

Siete, adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional. En beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingreso.

Ocho, autorizar las contrataciones que fuesen necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

Nueve, autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual.

Diez, dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstas en la Ley Especial de endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República.

Entre uno que otro tema, este martes el presidente Nicolás Maduro lanzó la esperada noticia de la firma del Decreto de Emergencia Económica para Venezuela, un tópico tan relevante como pudiera ser la próxima reforma a la Constitución de la República.

«Procedo hoy 8 de abril a firmar el Decreto de Emergencia Económica, que me faculta por dos meses a actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar», dijo durante la activación del Motor Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Un decreto que tendrá duración de 60 días contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial, y puede ser prorrogable por otros 60 días.

Este se da en el contexto de la acentuación de problemas económicos del país, pero también en el marco de una guerra de aranceles provocada por la administración Trump, inédita y sin precedentes, que incluso viola las normas del comercio internacional.

Pero, en píldoras, ¿de qué se trata? El decreto implica:

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) fijó posición este miércoles sobre el decreto de emergencia económica anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro al denunciar que el mismo abre la puerta al abuso, la discrecionalidad, a profundizar la pobreza y destruir el sector productivo del país.

A través de un comunicado difundido este miércoles, 9 de abril, la Plataforma Unitaria “rechaza el decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro, ya que es una medida que no resuelve la crisis nacional y busca concentrar aún más el poder de forma arbitraria, sin soluciones reales para el pueblo venezolano”.

Advierte la PU que “este decreto impuesto sin transparencia ni participación ciudadana, ignoran las necesidades del país y golpea duramente a trabajadores, comerciantes y empresarios, profundizando la pobreza, la inflación y la destrucción del sector productivo, especialmente entre los más vulnerables”.

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Se trata de un “anuncio que deja más dudas que certezas. Nada plantea Maduro con combatir la inflación y mejorar el ingreso familiar”.

Alerta que la medida representa un riesgo para la economía nacional “denunciamos que es una decisión, abre la puerta abuso discrecionalidad alejándose de lo que Venezuela requiere: instituciones legítimas, políticas transparentes y un modelo económico que fomente la producción, el empleo y el bienestar”.

Finalmente, reafirman el “compromiso por un país libre y próspero, donde la dignidad de cada venezolano sea primero”.

?? "EL PRINCIPAL PROBLEMA ECONÓMICO DE VENZUELA SE LLAMA NICOLÁS MADURO"La @unidadvenezuela rechaza el decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro, asegurando que "no resuelve la crisis nacional" y que solo "busca concentrar aún más poder de forma arbitraria" pic.twitter.com/JGp6tl7DbB

Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la firma del decreto de emergencia económica, el tema ha levantado una polvoreda, casi a la par de la reforma constitucional.

En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Gregorio Correa expresó la necesidad de implementar un nuevo modelo económico que impulse la producción nacional y permita superar los desafíos actuales.

Correa destacó que, ante las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y las acciones de algunos venezolanos en el extranjero que han afectado al país, es momento de dejar atrás las lamentaciones y enfocarse en soluciones concretas.

Según el diputado, el camino hacia la recuperación económica pasa por fortalecer la capacidad de exportación de productos venezolanos, como sardinas, atún, aguacates y mangos, asegurando que las divisas generadas ingresen al país de manera legal a través del Banco Central de Venezuela.

Asimismo, hizo un llamado a eliminar las trabas que dificultan la producción nacional, señalando que el mayor incentivo para los productores es facilitar el transporte y distribución de mercancías desde el interior del país hacia los grandes mercados, como Caracas.

Correa subrayó que es esencial reorientar la producción hacia el mercado interno y aumentar significativamente la capacidad productiva nacional, lo que contribuirá a mitigar los efectos de las sanciones y fortalecer la economía venezolana.

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El diputado José Gregorio Correa reafirmó su compromiso con la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los venezolanos y permitan construir un futuro económico más sólido y sostenible.

Nicolás Maduro anunció este lunes 7 de abril, durante su programa «Con Maduro+», que firmará un decreto constitucional de emergencia económica este martes para “proteger y defender” la economía venezolana.

«Mañana les iré explicando paso a paso este plan. Venezuela tiene un plan para defender su economía tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, enfrentaremos la guerra comercial del mundo”, dijo.

La medida responde a lo que calificó como una “guerra económica comercial mundial” impulsada por Estados Unidos, que afecta a los mercados financieros globales.

“Es una ilegalidad inmoral infligir una guerra económica comercial mundial. Es un error”, afirmó, tras alzar la voz para exigir el cese de las sanciones contra “los pueblos que quieren independencia”.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó el decreto al presidente, y resaltó la importancia de esta medida en un contexto de desafíos globales

Maduró señaló que el Gobierno ha observado los primeros impactos negativos de esta situación, que describió como un castigo especialmente duro para el pueblo estadounidense y el resto del mundo.

Así, destacó que Venezuela está haciendo un seguimiento para “blindarse” ante el desplome de los mercados.

“Afortunadamente tenemos un plan, los 13 motores productivos están en marcha, además de una unión empresarial sólida y con grandes consensos”, agregó.

Para el mandatario nacional, el país cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis y mantener la estabilidad.

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Finalmente, habló de un nuevo modelo económico basado en las “comunidades productivas”, que busca combinar la gran producción con la economía local.

«Nosotros lo tenemos todo para vivir tranquilos y felices», sostuvo, subrayando la importancia de este enfoque para contrarrestar los efectos de la guerra comercial.