El presidente Gustavo Petro decretó emergencia económica en Colombia en respuesta al brote de fiebre amarilla. Esta medida se toma simultáneamente con la declaración de emergencia sanitaria.

De acuerdo con el jefe de Estado, el decreto es una respuesta al aumento de casos de fiebre amarilla en varias regiones de Colombia, según indicadores de la cartera de Salud.

Ante esta coyuntura, el decreto permite movilizar recursos y acciones extraordinarias para controlar la propagación del virus.

Petro argumentó que la emergencia económica en Colombia, en este contexto, está ligada a la necesidad de movilizar recursos financieros de manera rápida y eficiente para hacer frente a la crisis sanitaria.

Las acciones del Gobierno incluyen apoyo a las poblaciones afectadas con recursos para mitigar el impacto económico que la enfermedad pueda tener en ciertas regiones o sectores.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reveló que el país enfrenta un brote creciente de fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida exclusivamente por el mosquito hembra Aedes aegypti. Según el presidente, ya se han registrado 74 casos humanos, de los cuales han muerto 32 personas, la mayoría en el departamento del Tolima.

Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: LA VIDA.Estamos de nuevo ante un virus.… https://t.co/DJH4NbsZ9o

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Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible declaración de emergencia económica por el brote de fiebre amarilla, se iniciaron varias discusiones entre el mandatario con algunos alcaldes y gobernadores.

En este sentido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le recordó públicamente la importancia de consultar a los expertos antes de tomar decisiones de esa magnitud.

Desde Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz reaccionó asegurando que los señalamientos carecen de fundamento.

“Aquí no se improvisa. Hemos trabajado con rigor, compromiso y responsabilidad. Lamento que desde la distancia se cuestione el esfuerzo de un gobierno que lleva más de seis meses enfrentando este virus”, afirmó en entrevista con medios nacionales.

En X, la gobernadora Matiz le recordó al presidente que «desde noviembre, hacemos PMU una vez a la semana, en compañía de la Superintendencia de Salud».

El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declararon emergencia sanitaria por cuenta de una bacteria que fue detectada en cultivos de tilapia en varios departamentos de Colombia.

Desde Barranquilla, la ministra Jhenifer Mojica confirmó que ya se cuenta con un plan para atender los casos que ya fueron identificados. “Esta declaratoria nos permite aplicar las medidas sanitarias que resulten necesarias en cualquier parte del país, en función del riesgo existente, encaminadas a controlar y disminuir la mortalidad de peces, así como proteger la piscicultura nacional y garantizar la seguridad alimentaria del país», dijo la jefe de la cartera de Agricultura en declaraciones exclusivas a Caracol.

Mojica hizo énfasis en que las medidas que se tomarán tendrán efecto inmediato para contrarrestar la propagación de esta bacteria en los cultivos de tilapia. 

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Los casos de mortalidad se han presentado en todas las etapas productivas de la tilapia: cría, alevinaje, levante y engorde, con los siguientes niveles de afectación en cada departamento: Tolima (10%), Huila (12%), Magdalena (37%) y Atlántico (47%)«

Se cree que ese virus llegó a Colombia a través de una importación no autorizada procedente de México.

El pasado viernes se dio a conocer a través de las redes sociales un video que circuló sobre una emergencia ocurrida en la puerta del Hospital de El Vigía en Mérida.

El político Ismael García, evidenció en su cuenta en Twitter, el sufrimiento de los familiares de un adulto mayor, para que este recibiera atención médica en el recinto hospitalario.

“Hospital del vigía en Mérida cerrado y estás dos humildes mujeres no fueron atendidas hoy, su padre muriendo en el suelo con un ACV y síntomas de COVID”, expresó Ismael García en su Twitter.

Hospital del vigía en Merida cerrado y estás dos humildes mujeres no fueron atendidas hoy, su padre muriendo en el suelo con un ACV y síntomas de COVID. @NicolasMaduro vete al carajo YA!!! pic.twitter.com/vbFhDTeMiB

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El video muestra a los familiares angustiados por lograr el ingreso del adulto mayor en plena puerta del hospital.

#1May #Reporte ?️ Hospital de El Vigía en Mérida, cerrado mientras un adulto mayor necesitaba atención urgente.Vía @Dayanakrays@ImpactoVE #ImpactoVenezuela ? pic.twitter.com/UdIVgEuQJx

Recordemos que no es primera vez que se habla de la crisis que atraviesa el sector salud; y en el Hospital de El Vigía en Mérida, las denuncias se incrementan a diario.

Hace al menos una semana familiares de distintos pacientes aseguraban que deben hasta comparar combustible para usar la ambulancia del hospital.

La preocupación de la empresa privada por la emergencia sanitaria y humanitaria en Venezuela obligó a empresarios reunidos en Fedecámaras a proponer salidas inmediatas.

Entre ellas le plantean a la administración de Nicolás Maduro medidas urgentes para la atención de la emergencia sanitaria, la reactivación económica y productiva, y el desarrollo sostenido.

Las propuestas incluyen:

En manos de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, quedó la propuesta.

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«La Nación demanda con urgencia un cambio de modelo que nos permita recuperar la confianza (…) para apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia», manifiestan.

El gremio empresarial argumenta que «progreso social y crecimiento económico se garantiza en libertad, democracia, libre iniciativa empresarial y el derecho a la propiedad privada»

Además, considera que es responsabilidad de FEDECAMARAS, la defensa y representación de los intereses económicos del sector privado.

También reitera la necesidad de alcanzar acuerdos que faciliten los consensos políticos necesarios para alcanzar soluciones urgentes y eficaces para satisfacer las necesidades de la población.

«Frenar el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos es urgente y es posible. Fedecámaras continuará haciendo aportes para la discusión, porque apuesta a una Venezuela con una economía fuerte, estable, productiva e innovadora», concluye en comunicado a la opinión pública.

El gremio empresarial está convencido que solo alcanzaremos progreso social y crecimiento económico, en el momento que se garantice la libertad, la democracia, la libre iniciativa, el derecho a la propiedad privada y el estricto apego a la Constitución https://t.co/1uUeWBPCWx pic.twitter.com/qLCOvFYyQD

«El patrón de gran corrupción instaurado en Venezuela, durante las dos últimas décadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos». La afirmación la hizo la ONG Transparencia Venezuela, al presentar el informe: Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus.

La ONG sostiene que esta situación afecta en especial a los sectores más vulnerables de la población. El escrito asegura que «este fenómeno tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos». Además de que «supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina».

Una de las primeras conclusiones del informe es que: «el sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos».

Destaca que «la pandemia por COVID-19 profundiza la crisis y pone en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos. Además de la falta e inoperatividad de equipos esenciales. Y, en general, el deterioro de la infraestructura hospitalaria».

«Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos», añade el documento. Lo que es pero, es que «todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras. Junto con la adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención». 

Transparencia Venezuela identificó una tipología de la corrupción en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario. también menciona investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras.

Resalta también los hallazgos realizadas por reconocidos medios de comunicación. Todo tras superar  la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a información pública.

En los casos inventariados destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud. Así como de institutos autónomos y empresas estatales.

Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas.

Usaron cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios. Todo para conseguir la importación, fabricación y transporte de medicinas. Además de materiales o equipos médicos, así como contratos de obras.

El estudio permitió hacer estimaciones sobre la pérdida de recursos sufrida por el país en estas operaciones. El daño ocasionado se incrementa por los contratos de gran envergadura.

En este caso, resalta la construcción y remodelación de infraestructuras hospitalarias o complejos farmacéuticos. También el mantenimiento de equipos médicos de alto costo. Muchas de estas obras quedaron inconclusos o presentan fallas. 

“La corrupción mata”, una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, donde se evidencian en cifras que recoge el informe Salud en Venezuela.

La ONG subrayó que «los hospitales presentan deficiencias graves como consecuencia de proyectos que no cumplen con los estándares necesarios».

Asimismo, la «llegada de la pandemia aumentó las alarmas, pues no hay mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos».

Esta realidad hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los Ríos, durante el primer semestre de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula.

Uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es la disponibilidad de camas en los centros de atención. Mientras que ls fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible golpean especialmente al sector salud.

«Un ejemplo de ello es el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica. Hospitales que debían contar con plantas auxiliares quedaron a oscuras. Esto provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud».

Otra arista del problema es la fuga de talentos. Entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019 había más de 30.000 médicos.  

La dimensión del daño causado por la corrupción al sistema sanitario en Venezuela se hace más evidente al comparar con los de otros países de la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y registros de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la reaparición y expansión de enfermedades. Algunas son la malaria, sarampión y tuberculosis. También l incremento de infecciones por VIH y de la mortalidad materna e infantil.

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Según la OPS, el número de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 11.394 en 2018. Los más afectados son los presos y los pueblos indígenas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el número de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36.556 a 404.924. 

La peor parte se la llevan las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300.000 pacientes crónicos. Destacan los trasplantados, hemofílicos, oncológicos, con esclerosis y Parkinson.

Asimismo, en las últimas décadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5.000 venezolanos en diálisis murieron entre 2017 y 2019.

El seguimiento detallado y la sistematización de casos han permitido detectar 14 principales mecanismos de corrupción en el sistema sanitario. Uno de ellos es la presencia de individuos, compañías y grupos poderosos que usan la corrupción para influir en beneficio de sus intereses privados.

En este contexto, sobresale la designación en altos cargos y la asignación de contratos a militares.  No en vano, cuatro militares estuvieron frente al ministerio entre 2007 y 2013. Se trata de Jesús Mantilla, Carlos Rotondaro, Luis Reyes Reyes y Eugenia Sader. 

Otra modalidad de corrupción identificada en la investigación es la distribución de medicinas como instrumento de control político.

También son muestras de corrupción las compras innecesarias o ineficaces efectuadas por el ministerio de Salud y el Sefar. Igualmente la firma de contratos amañados que presuntamente favorecieron intereses particulares.

Una investigación periodística reveló que cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos médicos a Venezuela a precios por encima de su valor real. El esquema involucra al menos US$ 11,3 millones, entre 2016 y 2018.

De igual modo, la selección preferente de contratistas. En 2018 por el diputado Winston Flores, denunció el presunto desvío de US$ 100 millones. Esto por hechos de corrupción dentro del IVSS durante la gestión de Rotondaro.

La crisis humanitaria compleja en Venezuela hace que la gran mayoría de los ciudadanos dependa del sistema de salud público, uno de los peores del hemisferio. La discrecionalidad y el secreto en el manejo de los recursos es una caja negra que dificulta estimar cuánto daño se ha hecho al patrimonio de la nación.

No obstante, estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en las últimas dos décadas. Este desfalco del país no se investiga y por ello reina la impunidad.

El coordinador de la Organización No Gubernamental Ventana Libertad, Carlos Nieto Palma informó este viernes que al menos 42 reclusos en Venezuela han dado positivo en la detección del COVID-19.

Durante una entrevista transmitida para el canal web Tv Venezuela informó que dos de los privados de libertad se encuentran en centros preventivos de Lara, así lo informó la gobernadora de esa entidad, Carmen Meléndez.

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Nieto Palma prosiguió que cuatro están en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalísticas (CICPC) en Los Teques, uno en Ramo Verde  y 35 en la sede de la Policía Nacional de Porlamar de Nueva Esparta. Los de este estado los anunció el mismo «protector» Dante Rivas.

Señaló que hasta el momento la única medida impartida en los reclusorios del país es suspender las visitas.

En el reporte dado por Nieto Palma no están incluidos los nueve presos que dieron positivo por COVID-19 en las pruebas PCR aplicadas en el calabozo del CICPC en Táchira, por lo que esta cifra ya supera a los 50 reos contagiados por la pandemia.

Nieto Palma, aseguró que la cifra de fallecidos por tuberculosis en centros de reclusión supera las 50 personas, más de 20 por desnutrición y otros por enfermedades respiratorias en lo que va de 2020.

Indicó que hay muchos reclusos con estas enfermedades en cárceles y centros de detención preventiva.

#31Jul @cnietopalma, Coordinador General de la ONG @ventanalibertad conversa sobre los presos comunes contagiados de Covid-19 durante la pandemia en Venezuela. Indicó que hay 42 casos en total, divididos en centros de detención en Lara, Caracas y Nueva Esparta. #TVV pic.twitter.com/KXqIiC1BGz

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo la muerte de dos personas por tuberculosis y desnutrición. Estos se suman a la lamentable lista de los presos que se han visto azotados por la precariedad de las cárceles venezolanas.

Mediante su cuenta en la red social Twitter la organización detalló que las víctimas mortales son: Gabriel Pérez Navarro (24) y Ramón Carvajal (60).

Navarro se encontraba recluido en Tocuyito y murió en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, Carabobo,

Mientras que Carvajal falleció luego de ser ingresado a la CHET. Él se encontraba recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador.

Mientras que Ramón Carvajal (60) también falleció tras ser ingresado a la CHET y se encontraba recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador 2/2

El 29 de junio el OVP señaló que cinco reclusos de la cárcel de Tocuyito murieron presuntamente a causa de tuberculosis, según las denuncias de los familiares.

En el momento, el observatorio reportó que diariamente eran  traslados varios reclusos hasta el Hospital Enrique Tejera, debido a enfermedades respiratorias avanzadas, como tuberculosis.

El 27 de junio hubo disturbios dentro del retén de Cabimas en el Zulia luego que los presos de los pabellones del centro penitenciario lanzaran varias granadas para exigir atención a los reclusos que padecían tuberculosis y no eran tomados en cuenta por los funcionarios del penal.

Zulia es uno de los estados venezolanos más vulnerables del país. Batallan diariamente con la escasez de servicios básicos, corrupción, vandalismo y la delincuencia organizada, pero la pandemia hizo que la región tocara fondo por el colapso del también carente sector salud.

Un foco de contagio por COVID-19 en el mercado popular Las Pulgas en Maracaibo, conllevó a una creciente ola de infectados en la ciudad que se tradujo en el colapso del Hospital Universitario de Maracaibo.

El centro hospitalario carece de insumos esenciales, las instalaciones no están adecuadas para atender a los ciudadanos que llegan diariamente en busca de atención médica. No son solamente los infectados por coronavirus los vulnerados, pacientes de otras patologías también lo son, ya que por falta de condiciones han tenido que ser atendidos hasta en el piso, expuestos a un alto riesgo de ser contagiados de COVID-19.

#DENUNCIA Así están los pacientes en el piso 5 del Hospital Universitario de Maracaibo. Sin atención, sin medicinas y en precarias condiciones. “Le están violando los derechos humanos a pacientes y personal de salud”. Denuncian que contagiados de #Covid_19 estan mezclados pic.twitter.com/XXiB96SysL

Seis camas en terapia intensiva y nueve ventiladores de los cuales cinco actualmente ya están siendo utilizados, esos son los implementos con los que cuenta el centro de salud al que son remitidos la mayoría de los casos por COVID-19 en el país, informó para Impacto Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares.

No hay mutación del virus en el Zulia

Lo primero que dejó claro el parlamentario es que es falsa la versión dada por Maduro de que los infectados en el foco del mercado de Las Pulgas presentaban síntomas mucho más complejos porque el virus a su juicio “proveniente de Colombia” había mutado.

“No hay mutación del virus en Zulia, eso es una excusa de Nicolás Maduro para no admitir el fracaso evidenciado aún más en ese estado”.

Maduro miente

A pesar de que el régimen liderado por Nicolás Maduro ofrece cifras diarias sobre los contagiados y fallecidos en el país, Olivares aseguró que Maduro miente, ya que hay muertes e infectados que no son contabilizados en esos datos.

Esta aseveración dada por el parlamentario coincide con las declaraciones emitidas hace unos días por la presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, Daniela Parra quien advirtió que las cifras de fallecidos ofrecidas por el régimen son cuestionables, ya que hay varios médicos y enfermeras que han fallecido y no han sido expuestos en los “balances diarios” transmitidos por televisión nacional.

 “¿Cuántas muertes ciertamente habrá en la comunidad de los pacientes enfermos? ¿Cómo es que Venezuela tiene esa cifra de muerte tan baja y nosotros, solamente los médicos, tenemos cinco en una semana?”, se preguntó Parra.

Parra, quien también es diputada de la Asamblea Nacional (AN), denunció que el personal médico debe atender a los pacientes sin los recursos mínimos necesarios para evitar contraer la enfermedad, por lo que calificó la situación en el Zulia como alarmante.

“No es posible que los médicos estén trabajando sin protección personal en el 80 y yo diría 90 por ciento de los hospitales, ambulatorios urbanos y rurales (…) En otros tienen que llevar ellos mismos las mascarillas. No tienen protección en términos de alcohol, de gel, de agua, de salas sanitarias, ni salas de descanso. Tampoco hay camas suficientes, apenas hay siete camas operativas en la UCI del Hospital Universitario”, agregó.

Zulia se queda sin personal médico: la pandemia se los lleva

La falta de insumos y herramientas hace aún más propenso el contagio de la pandemia, por ello en el Zulia es donde hay más trabajadores de la salud contagiados, por tener condiciones de trabajo muy precarias.

Esta vulnerabilidad los ha llevado a la muerte. Muertes solo denunciadas por la Asamblea Nacional y los trabajadores que viven de cerca esta situación. Los seis médicos y dos enfermeros que han muerto en los últimos 15 días no han sido contabilizados en las cifras que ha dado la dictadura.

José Manuel Olivares, actualmente en el exilio resaltó que es un tema bastante alarmante e instó a actuar de forma eficaz para frenar el fallecimiento desmedido de los trabajadores de salud que exponen su vida ante la pandemia.

En ese sentido, aclaró que aunque se está muy lejos de esta hipótesis, si en Venezuela no se toman las medidas adecuadas y la vacuna no llega a tiempo, el país podría alcanzar la tasa más alta de mortalidad por COVID-19 en la región.

Reiteró que en Venezuela no hay camas suficientes para atender la pandemia. El régimen habla de la cantidad de camas que tienen, “pero dónde están esas camas, no hay suficientes camas en terapia intensiva, tampoco hay ventiladores”.

Índice de mortalidad en Venezuela es de 2.18%

El último balance brindado por Jorge Rodríguez informó que Venezuela ya registra 62 fallecidos y 6.750 contagiados. Durante cada alocución resaltan que la tasa de mortalidad en Venezuela es baja, actualmente es de 0.8%.

Sin embargo, Olivares aseveró que ese no es el índice real, y que la verdadera tasa de mortalidad por la pandemia es de 2.18% porque hay 35 fallecidos en el Zulia y 44 en todo el país que no son contabilizados por el régimen de Nicolás Maduro.

Venezuela: país que menos pruebas rápidas ha aplicado

En cada alocución, los voceros de la dictadura dan una cifra cada vez más elevada de las pruebas rápidas aplicadas a los venezolanos para la detección temprana del COVID-19. La última data emitida por Jorge Rodríguez señaló que se han aplicado 1.412.214 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 47.073 pruebas por millón de habitantes., pero esto es desmentido por organismos internacionales.

Hace semanas, la Organización Mundial de la Salud señaló que Venezuela se ubicaba en el país de la región que menos pruebas rápidas habían aplicado para la detección de COVID-19 y calificó la mayoría como “defectuosas”.

Hasta el 21 de mayo, el régimen informó el registro de 697.691 pruebas de diagnóstico de COVID-19, al menos 16.577 son pruebas PCR. Detalló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el último informe sobre la situación de la pandemia en Venezuela.

El documento, fechado el 22 de mayo, reveló que sólo el 2,3% de los test realizados por el régimen de Maduro son confiables.

Olivares dijo que Venezuela es el segundo país con menor número de pruebas aplicadas para la detección temprana del COVID-19, el último es Haití.

Determinar los contagiados en Venezuela se ha vuelto poco confiable y además tardío. El resto de los países tienen un promedio de 3 a 5 días para entregar los resultados que detectan el coronavirus, Venezuela tarda entre  10 y 14 días.

Solo cuatro laboratorios en Caracas están trabajando para entregar resultados, por ende, no se dan abasto. En ese sentido el parlamentario denunció que la dictadura desmerita la medicina venezolana y la empresa privada. “No dejan que los laboratorios se sumen para practicar pruebas de detección del coronavirus”.

Gobernador del Zulia habilitó tres nuevos hospitales centinelas

Los hospitales centinelas habilitados por el régimen de Maduro no se daban abasto tras la fuerte ola de contagios en la región, por ello, el 2 de julio, Omar Prieto habilitó tres nuevos hospitales a los que podían ingresar los pacientes positivos por coronavirus y así permitir la “descongestión” en el Hospital Universitario de Maracaibo.

José Manuel Olivares al ser consultado por Impacto Venezuela sobre esta acción, destacó que sin duda, es una decisión tardía, ya que en Zulia hay otros hospitales que podían ser habilitados para que fuesen atendidos los pacientes contagiados por la pandemia.

“Eso debió haberse implementado hace mucho tiempo, pero ellos solo se concentraron en el Hospital Universitario de Maracaibo hasta llevarlo al colapso”

Aseguró que en la entidad hay otros hospitales con capacidades que podían brindar atención durante la pandemia.

Venezuela en riesgo mortal

La crisis humanitaria y emergencia sanitaria denunciadas desde hace más de cinco años tanto por la oposición venezolana como por organizaciones internacionales se ha visto primordialmente en el sector salud. Falta de insumos, escasez de servicios básicos, precariedad en el personal médico ha llevado al colapso de los centros hospitalarios y a la muerte de decenas de venezolanos por no ser atendidos a tiempo o no encontrar una medicina esencial.

Ni cerca está de contar con políticas públicas que levanten el sector salud en Venezuela, pero lo que si llegó fue la pandemia. El riesgo de la población es aún mayor. No hay vacuna que pueda prevenir el contagio o curar el COVID-19, pero tampoco hay como atender otras patologías de los venezolanos, lo que puede en muchos casos acelerar la muerte de los contagiados que además padezcan de otras enfermedades.

Por eso, el parlamentario resalta la idea de constituir un Gobierno de Emergencia Nacional que tenga la conciliación para poder crear condiciones que permitan restituir el sistema de salud en el país.

“No estoy hablando de reconocer a Maduro y a su régimen, sino de conciliación para poder atender la emergencia de los venezolanos”, concluyó.  

El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció la muerte del sacerdote, Antonio Villasmil en Maracaibo tras dilatar su atención médica por ausencia de insumos y ambulancias en la entidad.

El parlamentario detalló a través de Twitter que el paciente tenía una neumonía y síntomas de coronavirus. Pese a que había dado negativo en la prueba rápida.

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Relató que en un principio, el sacerdote llegó a una clínica donde lo habían diagnosticado. De allí fue referido al Hospital General del Sur donde no contaban con los insumos ni el aire acondicionado para atenderlo.

 “Su familia intentó ingresarlo en una clínica privada pero todas estaban llenas. A las 5:00 PM de ayer (miércoles) lo refieren al Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) pero había una sola ambulancia operativa y tenía que hacer varios viajes antes de poder trasladarlo a él”. Comentó Olivares.

Villasmil logró ser trasladado finalmente a las 02:00 de la madrugada al HUM. Sin embargo, no lograron atenderlo a tiempo y media hora más tarde falleció.

“Lo que le pasó al padre Antonio Villasmil lo sufren miles de venezolanos, es el retrato de lo que pasa en nuestros hospitales”, denunció Olivares.

“Las ambulancias no sirven. No es por el COVID-19, son años de corrupción y desidia que siguen cobrando vidas de venezolanos, vidas que en otras circunstancias posiblemente hubieran podido ser salvadas». Concluyó el parlamentario.

Hoy a las 2:30 de la madrugada falleció en Maracaibo el sacerdote Antonio Villasmil. Tenía 55 años. Tenía neumonía bilateral y síntomas de COVID19, aunque la prueba rápida le había dado negativa. 1/5

Su familia intentó ingresarlo en una clínica privada pero todas estaban llenas. A las 5:00PM de ayer lo refieren al Hospital Universitario de Maracaibo pero había una sola ambulancia operativa y tenía que hacer varios viajes antes de poder trasladarlo a él 3/5

Hace años nuestros hospitales están sin aire acondicionado, sin insumos. Las ambulancias no sirven. No es por el COVID19, son años de corrupción y desidia que siguen cobrando vidas de venezolanos, vidas que en otras circunstancias posiblemente hubieran podido ser salvadas. 5/5

Prensa presidencial publicó este domingo una encuesta en la que se evidencia que la crisis por la falta de insumos médicos para atender la pandemia por COVID-19 en los hospitales venezolanos continúa.

La comisión de expertos para la salud de la presidencia encargada reseñó que el 27 de junio, la falta de guantes en los centros hospitalarios alcanzó el 52,94%, mientras que la de tapabocas se ubicó en 47,06%.

La escasez de productos de limpieza es aún más grave. El 82% de los hospitales reportó que no disponen de jabón ni cuentan con gel desinfectante.

Respecto a los servicios básicos en todo el país, la encuesta reveló que el 86,6% de los ciudadanos presenta fallas o interrupciones en el suministro eléctrico, solo el 11,3% indicó que tiene luz de forma regular.

El servicio de agua se mantiene irregular un 66,8%, mientras que 21,3% destacó la ausencia del suministro por más de 7 días. 11,9% destacó que posee agua regularmente.

Por su parte, un 64,9% destacó fallas en la presencia de transporte público y 29,1% precisó la ausencia del servicio.

Sobre el suministro de gas, 49,6% resaltó que no cuenta con el servicio y al 22,1% le llega una vez cada 15 días o un mes. El 19,5% aseguró que tiene acceso al gas doméstico una vez a la semana.

El suministro de gasolina sigue fallando en muchos estados del país. El 25,9% señaló que no cuentan con el servicio y 63,4% reportó fallas, mientras que 6,2% indicó que sí cuenta con la disponibilidad.

Resultados de la encuesta nacional sobre el impacto COVID-19 en Venezuela.27/06/2020 pic.twitter.com/ZlyhngDo7G

Resultados de la encuesta nacional sobre el impacto COVID-19 en Venezuela.27/06/2020 pic.twitter.com/ZlyhngDo7G

Resultados de la encuesta nacional sobre el impacto COVID-19 en Venezuela.27/06/2020 pic.twitter.com/ZlyhngDo7G

La emergencia fitosanitaria se declaró en dos de los estados del sur del país ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por una nube de langostas que avanza haca el norte de Argentina. Las autoridades hace el llamado a los pobladores para prevenir daños.

El decreto del ministerio de Agricultura, que declara la emergencia en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con Argentina y Uruguay, fue publicado en la madrugada de este jueves en el Diario Oficial de la Unión.

La medida, con vigor por un año, permite al gobierno implementar un plan para eliminar la plaga, importar defensivos agrícolas, contratar brigadas para el combate al insecto y adoptar otras medidas de emergencia que protejan las áreas agrícolas de ambos estados, importantes productores de cereales.

Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la región sur de Brasil, que prevén lluvias y frío, es “poco probable” que los insectos se adentren en territorio brasilero.

El ministerio aclaró que ya trabajaba en medidas de control en caso de que se produzca un cambio repentino en las previsiones climáticas que favorezca la llegada de la plaga al país.

La plaga ingresó a Argentina a finales de mayo procedente de Paraguay y, según señaló el gobierno brasileño, está compuesta por langostas de la especie Schistocerca cancellata, que puede recorrer hasta 150 kilómetros por día y la cual, en millones de ejemplares juntos, puede arrasar con cultivos de cereales, pastos y otras gramíneas.

El Ministerio de Agricultura ya negoció con el Sindicato de las Empresas de Aviación Agrícola (Sindag) la posibilidad de combatir la plaga con la ayuda de las 426 aeronaves equipadas con pulverizadores que componen la flota de Río Grande do Sul.

“La aviación agrícola es considerada mundialmente como una de las principales armas de combate a nubes de langostas”, afirmó el director del Sindag, Gabriel Colle, en un comunicado de la patronal.

“La aviación agrícola es considerada mundialmente como una de las principales armas de combate a nubes de langostas”

Según el titular de agricultura, la formación de nubes de langostas ha ocurrido de manera “relativamente frecuente” desde 2015 en países vecinos como Bolivia, Paraguay y Argentina.

La especie Schistocerca cancellata provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron en la región sur de Brasil y afectaron a los estados de Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Minas Gerais. En la época provocaron grandes pérdidas, especialmente en cultivos de arroz.

Entre los factores que pueden estar detrás de la proliferación de estos insectos figuran desde climáticos (temperatura, humedad relativa del aire, dinámica de los vientos), hasta el número de predadores, parásitos o enfermedades.