Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar «una opaca red» con la administración de Nicolás Maduro. Todo para el intercambio petróleo por alimentos. Se trata de la empresa Libre a bordo, relacionada con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,.

En una investigación conjunta entre Armando.Info y El País, de España, se determinó que esa relación esconde otros negocios. Pero, la misma está camuflageada con el envío de supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.

La red, asegura la investigación, «creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro. Siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista».

Libre Abordo «se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones».

La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida.

Documentos en poder de ambos medios confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes.

«El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a toda empresa mexicana. Se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe. Desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes.

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“Libre Abordo fue nombrada por el Gobierno mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por comida con Venezuela. Esto con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”.

Así lo asegura la empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020. La misma forma parte de los documentos a los que accedió esta investigación.

En el documento, la empresa explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

La misma presentación apunta que Libre Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la Secretaría de Agricultura ( de México).

“Segalmex recibe instrucciones del Gobierno federal de México para proseguir con la ayuda humanitaria. Esto con la intención de beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento.

Según la versión de Libre Abordo, Andrés Manuel López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a Venezuela.

La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).

Los investigadores señalan que «se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y 1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo. Es una operación valorada en 200 millones de euros».

Los investigadores relatan que «Nicolás Maduro necesitaba canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2014».

Así, «se pactó el pago de ambos contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30 millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020».

De acuerdo con El País y Armando.info, «Libre Abordo justificó el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional del precio del crudo. La empresa mexicana se asesoró con despachos para completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como ayuda humanitaria”.

De esta forma evadían las posibles sanciones. «A los ojos de Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se cobraron. Implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, malbaratando sus recursos naturales».

Esa operación provocó que el 18 de junio de 2020 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a Libre Abordo. También a a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela.

Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones de euros.

La pesquisa no tuvo apenas avances hasta que el 18 de mayo. Ese día, la UIF envió una denuncia a la Fiscalía. Allí pedía el aseguramiento (bloqueo) de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo. Sin embargo, «de los supuestos acuerdos con Segalmex, sin embargo, no hay una sola mención».

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una posición ambigua respecto a la crisis de Venezuela desde que llegó al poder.

Evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, aunque ha contribuido a refugiar opositores y a sacarlos del país.

Las relaciones entre oposición y Gobierno venezolanos con la diplomacia mexicana son estrechas y frecuentes. Esto, hasta el punto de que México se perfila como la posible sede de una negociación entre ambas partes.

En el caso del presidente, que abarca todos los asuntos de México en su conferencia mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones.

Pero, cuando lo ha hecho, solo dice que no se mete en asuntos internos de otros países.

El departamento de delitos financieros del gobierno mexicano está investigando a Libre Abordo, una empresa con sede en México que recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un pacto de petróleo por alimentos. La indagación es coordinada con agencias estadounidenses, dijo a Reuters el jefe del departamento, Santiago Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México también está investigando por separado a varias otras compañías que Nieto declinó nombrar acusadas de especular con envíos de alimentos al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esa investigación cuenta con la asistencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo Nieto, reseñó Reuters

Libre Abordo y una empresa mexicana afiliada, Schlager Business Group, se encuentran entre las compañias que han sido investigadas por el FBI y los departamentos del Tesoro y del Estado de EE.UU., por posibles violaciones a las sanciones del país norteamericano a Venezuela, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la investigación el mes pasado.

“Tenemos una investigación abierta (sobre Libre Abordo). No se ha completado, así que no puedo dar más información «, dijo Nieto, cuya unidad depende del Ministerio de Finanzas de México.

Las dos compañías han negado repetidamente cualquier violación, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela, que fue suspendido por Maduro en mayo, fue permitido bajo exenciones humanitarias y el contrato se firmó con una entidad gubernamental no incluida en la lista de entidades sancionadas de los Estados Unidos.

Libre Abordo anunció el domingo que estaba en bancarrota y dijo que Venezuela había terminado su acuerdo de petróleo por alimentos bajo la presión de Estados Unidos. El lunes, Nieto dijo a Reuters que la investigación continuaría.

Libre Abordo a través de un comunicado aseguró que no tenía información sobre alguna investigación en México en relación con sus operaciones, pero cualquier investigación de este tipo «seguramente confirmaría la legalidad y transparencia» de sus actividades.

CAMIONES DE AGUA

Las compañías proporcionaron a Venezuela cientos de camiones de agua a cambio de unos 30 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos hasta mayo, según los documentos internos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y la información proporcionada por las empresas.

El acuerdo arrojó un salvavidas a Maduro, cuya administración está luchando para pagar las importaciones de todo, desde alimentos hasta medicamentos en medio de una crisis económica.

Washington ha impuesto sanciones al gobierno de Venezuela y PDVSA en un intento por derrocar a Maduro. Las autoridades estadounidenses dijeron en abril que estaban investigando si las compañías mexicanas habían violado esas sanciones.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

CAJAS CLAP

La unidad de Nieto está investigando por separado a un grupo de 25 personas y compañías de México y Venezuela acusadas de especular con envíos de alimentos bajo un programa administrado por el gobierno de Maduro, conocido como CLAP, dijo Nieto.

El programa, destinado a combatir la escasez y la hiperinflación, distribuye alimentos subsidiados, la mayoría importados, a ciudadanos registrados en toda Venezuela.

La unidad de Nieto presentó tres casos relacionados con la investigación a la oficina del Fiscal General de México, mientras congelaba las cuentas bancarias de 19 compañías presuntamente vinculadas al «lavado de dinero venezolano en México», dijo.

Se negó a nombrar a cualquiera de las personas o empresas involucradas.

Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo a Reuters el viernes que «ha habido una gran corrupción involucrada en la compra de alimentos del régimen (de Maduro) en México». Citó las sanciones estadounidenses impuestas en 2019 a varias personas, incluidos los miembros de la familia de Maduro, por presunto fraude en el programa CLAP.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El gobierno de Maduro ha negado repetidamente las acusaciones de corrupción, sobreprecio y mala calidad de los productos en el programa CLAP.

La administración del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto inició una investigación sobre los envíos de CLAP en 2018, que cerró el caso después de imponer multas a las empresas involucradas.

La sonda reabierta se está coordinando con la DEA y la OFAC, que supervisa la implementación de las sanciones estadounidenses, dijo Santiago Nieto.

Dijo que el esquema comenzó con la creación de una compañía en Hong Kong, que declinó nombrar, propiedad del gobierno venezolano. Esta compañía luego abrió filiales en México, que compraron productos de baja calidad para venderlos a precios más altos al país miembro de la OPEP.

«Desde nuestro punto de vista, hubo corrupción en la oficina del fiscal general durante la administración anterior», dijo Nieto, un abogado de 47 años, explicando por qué se había reabierto la investigación. No proporcionó más detalles.

Reuters no pudo comunicarse con ex funcionarios de la oficina del fiscal general para hacer comentarios.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, ha hecho de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su administración. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, ha rechazado las acusaciones de irregularidades durante su tiempo en el cargo.