El laboratorio Pfizer anunció que la empresa privada colombiana no será su prioridad para el suministro de vacunas anticovid.

Esto después de que el Gobierno de Iván Duque autorizara que particulares pudieran iniciar negociaciones para adquirir los biológicos.

La farmacéutica Pfizer dice que, por ahora, no está prevista la venta de su vacuna.

“Las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo COVAX”, señaló.

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A esto se suma la preocupación de los empresarios por la responsabilidad en los eventuales incidentes adversos de la vacuna.

“Si cualquier demanda se establece por algún evento fortuito que se dé por la aplicación de la vacuna, pues el que respondes usted y no el productor de la vacuna”, dijo María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.

A lo que el ministro Fernando Ruiz respondió que es un tema de corresponsabilidad.

“El Gobierno Nacional mantiene responsabilidad sobre los eventos adversos y aquellas sanciones que pudieran derivar del proceso de aplicación, así como al privado le competen las cláusulas que se pacte dentro del contrato con el proveedor”, aseguró.

Entre tanto, en la cumbre iberoamericana de presidentes, Iván Duque instó a que la distribución de las vacunas se haga de manera eficaz, justa y equitativa.

Plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados por la administración de Nicolás Maduro en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados.

El modelo pertenece a las llamadas alianzas estratégicas, confirmaron personas con conocimiento del asunto.

En el marco de estas alianzas los administradores cubren la nómina y las inversiones mientras entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado. El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”, dijo Ramón Lobo, legislador del partido socialista gobernante y exministro de Finanzas.

Las transferencias a inversionistas privados, ofreciéndoles ganancias a cambio de una participación en ingresos o productos, abandona a todas luces la doctrina socialista.

A esto suma la aprobación del año pasado de una ley “antibloqueo” que buscaba reducir el impacto de las sanciones de EE.UU. e incentivar la inversión.

Por eso ahora el gobierno de Maduro permite que fluyan las remesas en dólares y se fortalezca la empresa privada en pequeños beneficiarios.

Este fenómeno de la expropiación, producto de la revolución socialista, en su momento con Hugo Chávez confiscó más de 1.000 empresas, numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

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Las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión y las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017.

“El Gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje. Dejó de recaudar impuestos sobre ciertas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y otros a invertir dinero de orígenes desconocidos en empresas locales”, dijo Rodrigo Agudo, jefe de la Red de Alimentos de Venezuela.

Pero la naturaleza de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o comodatos, no es clara. La ley antibloqueo prohíbe revelar dicha información, supuestamente para proteger a las empresas de las sanciones de EE.UU.

Los nuevos acuerdos están afectando a las principales empresas y en su mayoría involucran a empresarios con vínculos con el Gobierno, pero no exclusivamente.

Incluso, las propiedades incautadas están volviendo a aquellos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.