Durante el primer semestre de 2022 el Estado venezolano avanzó en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de los defensores de los derechos humanos en el país, quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de DD.HH.

La afirmación la hizo la ONG Centro para los Defensores de la Justicia que, en un informe semestral aclara que, en ese lapso, se «observa una disminución en el número de agresiones».

No obstante, alerta que «los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves», agrega el documento.

«En la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país», alerta la ONG.

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La organización destaca que los activistas siguen «ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil».

Y al respecto, alertan que «persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos».

En consecuencia, durante el lapso reportado, «fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país».

Enfatizan en que «el Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su política de criminalización». Para el sector, esto representa «una nueva amenaza para las organizaciones».

La ONG también advierte que «no se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control».

También sostiene que la administración de Nicolás Maduro sigue manteniendo «la tesis del enemigo interno», la cual «fundamenta la política de criminalización».

«A partir de ello se materializan distintos tipos de ataques» contra los activistas que se encargan de difundir abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH. que siguen ocurriendo en el país», resalta.

La ONG informó que en ese semestre hubo 214 ataques e incidentes de seguridad que reflejan estos patrones de agresión y amedrentamiento:

La tesis del enemigo interno deriva de la doctrina de Seguridad Nacional, surgida durante la Guerra Fría.

Se trata de una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la “ocupación” de las instituciones estatales por parte de los militares.

Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina.

La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales.

En el 2021 hubo 743 ataques contra defensores de los Derechos Humanos. Es la conclusión del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en un informe anual emitido este jueves. La cifra representa un aumento de 145% con respecto a 2020, señala la ONG.

El año pasado «estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. La política de criminalización, represión y control social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales». Esto, principalmente en lo relacionado con «los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos», agrega el documento.

«El Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional». Lo hace «mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales». Y agrede «a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos», asevera.

La organización cita como ejemplo lo que ocurre con el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido junto con su hermano y otro activista, desde el 2 de julio.

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En el informe, el CDJ destacó en julio hubo 140 ataques. Le siguen abril (115), enero (99), octubre (73), marzo (56) y septiembre (49).

“Aumentaron los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno”, agregó.

Destacó que hubo 502 casos de estigmatización, 16 detenciones arbitrarias, 125 hostigamientos, 15 judicializaciones, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 allanamientos, entre otros.

Mientras que los principales responsables de los ataques e incidentes se dividen entre los medios de comunicación del Estado (229). Le siguen funcionarios públicos (221), personas o agrupaciones afectas a los intereses del Estado (127). Y finalmente están las instituciones públicas (103) y organismos de seguridad del Estado (63).