La ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por «expresar opiniones» en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado este viernes.

Del total, 71 de los detenidos fueron «particulares» y 24 «entre periodistas y trabajadores de la prensa», mientras que el «resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos», señala el documento.

Además, el informe indica que 28 de las detenciones «se produjeron por el uso de redes sociales o internet» y «al menos 36 bajo acusaciones de supuesta instigación al odio».

«Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial (del 28 de julio)», reza el documento.

Espacio Público advierte que los comicios presidenciales, en los que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador, «marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos».

En ese contexto, la organización asegura «se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas».

«Durante el período previo y posterior a las elecciones, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos a viviendas de figuras opositoras», señala la ONG, para la que ese «clima de miedo y control buscó silenciar a la oposición y socavar la legitimidad del proceso electoral».

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Por otra parte, Espacio Público considera que la sanción y el avance de «leyes regresivas complementan un escenario severamente restringido», y entre esas normativas menciona la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada en agosto de 2024 por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.

Con esta ley, según la ONG, el Estado venezolano «concretó la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y, con ello, desnaturalizó el ejercicio del derecho a la asociación, al violentar los principios de autonomía e independencia».

Según datos de Espacio Público, en Venezuela se registraron 93 violaciones a la libertad de expresión en el primer trimestre del año, una disminución del 7,9 % respecto al mismo período de 2024, cuando hubo 101.

El pasado enero, el director de Espacio Público, Carlos Correa, estuvo detenido nueve días, entre el 7 y el 16 de ese mes, luego de que fuera presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, lo que fue rechazado por organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos políticos de oposición.

Con información de Efe y Espacio Público

En noviembre repuntó el número de casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, denunció la ONG Espacio Público

«En total, documentamos 21 casos que se tradujeron en 27 violaciones, principalmente actos de intimidación y censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación», publicó la organización en su informe mensual.

Reporta que «10 de las 25 víctimas de violaciones a la libertad de expresión registradas involucraron a la ciudadanía, seguida de cinco medios de comunicación, tres ONG o miembros, tres periodistas, dos particulares, un medio general y una página o plataforma web».

El 40 % de las violaciones a la libertad de expresión en noviembre fueron actos de intimidación (11), seguidas por nueve actos de censura.

El total lo completaron tres hostigamientos judiciales, dos restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal.

Espacio público también documentó que los siete victimarios son: dos funcionarios, dos instituciones del Estado, un cuerpo de seguridad, un desconocido y un miembro del Ejecutivo.

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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron en el estado Zulia (oeste) el 5 de noviembre al creador de contenidos Ángel David Perozo, conocido en internet como “David Lamichi”, a quien acusaron de incitar al odio a través de las redes sociales y de “afectar” la “imagen del gobierno nacional”.1

La detención de Perozo fue informada por el mismo organismo policial en una nota de prensa, en la que aseguran sin aportar pruebas que el creador de contenidos tiene vinculación con líderes de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en Zulia.

La PNB también incluyó en el reporte como “evidencia” un video publicado por Perozo el día de las elecciones presidenciales (28 de julio) donde asegura que votó por la oposición e insta a votar por un cambio político.2

Tras la muerte de dos adolescentes por presuntamente cumplir con unos retos virales en la red social TikTok, Nicolás Maduro y voceros de su gobierno mostraron nuevamente sus intenciones de regular y controlar las redes sociales y su uso.

El 19 de noviembre, Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “contactar” a los encargados de TikTok para retirar los contenidos virales y retos a los que acusa. Al día siguiente, el diputado oficialista Jorge Rodríguez anunció que el Parlamento prepara una ley para regular las redes sociales.

Mientras que, el 21 de noviembre, representantes de órganos del Estado acudieron a una audiencia pública convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras admitir un recurso de amparo sobre el caso de presuntas muertes e intoxicaciones por retos en TikTok.

“No puede una red social utilizar de manera impune la instigación al odio. ) Las redes no son una tierra de nadie donde pueden hacer lo que les da la gana”, dijo a la prensa oficial el fiscal general designado por la ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab.

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el 28 de noviembre en segunda discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Sim ón Bolívar “contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que contempla hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, entre otras medidas penales, a quienes soliciten, apoyen y/o difundan información sobre las sanciones al Estado venezolano.3

En el artículo 19 del proyecto de ley se estableció que los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos o que operen en redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en caso de que los órganos del Estado consideran que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales.

En el estado Vargas, la periodista y corresponsal de La Patilla, Ana Guaita, fue pasada a juicio y privada de libertad en una audiencia celebrada el 11 de noviembre, tres meses después de su detención arbitraria en el contexto de las manifestaciones postelectorales.4

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a declarar el 20 de noviembre en Caracas al activista y coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, por una presunta investigación basada en la inconstitucional ley contra el odio.5

La citación policial no especificaba el origen ni el fundamento de la alegada investigación del CICPC por un “delito de odio” en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (oeste).

El 30 de octubre, el ministro oficialista Diosdado Cabello atacó a Provea y amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron la detención del dirigente opositor Edwin Santos a manos de agentes del Estado y que pidieron una investigación imparcial sobre su muerte, presuntamente en custodia.

Funcionarios de la PNB intimidaron a trabajadores de la prensa que cubrían el 27 de noviembre una vigilia de familiares de presos políticos en el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, lugar señalado por organismos internacionales como centro donde se practican tratos crueles e inhumanos.

Los funcionarios de PNB le pedían a todas las personas presentes que se retiraran o alejaran de las cercanías de El Helicoide, recinto administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Los funcionarios le pidieron las credenciales a las y los periodistas presentes y le tomaron fotos a los carnets, uno de los efectivos es de apellido Chacón. “Simplemente, sin pedirlo, agarraban los carnets y les tomaban fotografías”, dijo una periodista que estuvo en el lugar.

Autoridades del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, ordenaron la prohibición del acceso de periodistas a cualquiera de las instalaciones de este recinto público, así como “suministrar cualquier tipo de información” sobre los servicios que se prestan allí.

La comunicación, firmada el 13 de noviembre por el director del centro de salud, comenzó a ser distribuida el 22 de noviembre entre el personal interno y señala que toda información a los periodistas debe ser autorizada. Periodistas locales afirman que la prohibición ya se aplicaba desde años anteriores, pero ahora es oficial y escrita.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) alertó el 12 de noviembre, a través de su WhatsApp institucional, que su cuenta en la red social Instagram (@cevmedios) fue hackeada.

De acuerdo con un informe recabado por la Oficina de Prensa de la CEV, la alerta sobre el hackeo la detectaron al recibir un correo electrónico de Instagram sobre un inicio de sesión desde un dispositivo móvil desconocido.

Minutos después del aviso, llegó uno nuevo y en el correo se observa el cambio de imagen de perfil de la cuenta.

A las 6:00 a. m., la Oficina de Prensa de la CEV recibió un mensaje a través de su WhatsApp institucional de parte del hacker, quien admitió el robo de la cuenta e intentó extorsionar a la CEV pidiéndole 200 dólares estadounidenses por devolverle el acceso.

Desde mediados de noviembre, las y los habitantes del estado Nueva Esparta (noreste) sufren de constantes apagones y cortes de electricidad que les impiden el ejercicio de múltiples derechos humanos, incluyendo el de comunicarse de manera óptima con familiares y amigos, buscar y recibir información.

Periodistas de la región, bajo anonimato por temor a represalias por parte del Estado, afirman que los primeros cortes eléctricos comenzaron el martes 12 de noviembre, un día después de la explosión de la planta Muscar en el estado Monagas (este), que surtía con gas a las plantas termoeléctricas de Nueva Esparta.

El problema también impide la difusión de contenido a través de la radio y televisión, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información.

Además, la falta de acceso a internet por no contar con electricidad también es un factor limitante, al que se suman las caídas prolongadas de las redes de telefonía, impidiendo así el envío de mensajes de texto y hacer llamadas. Tras la explosión en la planta Muscar, el Observatorio de Internet VE sin Filtro detectó al menos cuatro caídas de conectividad.

Al menos 16 estados del país registraron caídas de conectividad el 18 de noviembre a raíz de un bajón eléctrico, afectando principalmente a la región occidental. A raíz de los cortes eléctricos por la explosión de la planta Muscar, en Nueva Esparta la conexión a internet cayó a 56 % de sus valores normales.6

Como consecuencia del bajón eléctrico del 18 de noviembre, la conectividad se redujo a 60 % en Falcón (noroeste), 68 % en Cojedes (centro), 80 % en Carabobo (centronorte) y 75 % en Yaracuy (noroeste).

Ejercer el periodismo en Venezuela tuvo un cambio después del 28 de julio. De un contexto represivo sostenido y de larga data, se concretó un avance en prácticas más violentas, como la masificación de las amenazas y el incremento de detenciones arbitrarias con encarcelaciones de mayor tiempo, reseña un informe de la ONG Espacio Público.

«El endurecimiento de la represión obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender parcialmente labores, o incluso renunciar a sus trabajos y cambiar de oficio», relata el escrito.

El pasado 28 de julio se registraron 34 denuncias, una cifra comparable al 7 de octubre de 2012.

Sin embargo, al revisar el contexto anterior o los meses previos al evento, la incidencia de casos relacionados con las elecciones en 2024 es significativamente mayor que hace doce años, con 98 denuncias de violaciones a la libertad de expresión frente a las diez registradas en 2012.

Entre el 28 de julio y el 31 de octubre, registramos 49 detenciones en represalia por ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.

Estas detenciones afectaron a infociudadanos, manifestantes y a un total de 21 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Las detenciones arbitrarias se dieron hacia varios perfiles, incluyendo fotógrafos, camarógrafos y comunicadores de medios nacionales e internacionales.

En muchos casos, las detenciones derivaron en el inicio de procesos judiciales, y más de la mitad de las detenciones arbitrarias hacia periodistas y trabajadores de la comunicación resultaron en encarcelamientos. En todos los casos, se observó un patrón de incomunicación formal, prohibición de visitas regulares, negación de una defensa de confianza y acceso limitado a expedientes e información de los procesos judiciales.

Todos estos datos aparecen compilados en el reciente informe presentado este 6 de noviembre, el cual revela un escenario actual mucho más adverso: “Represión y censura postelectoral en Venezuela: el impacto de la violencia estatal en la libertad de expresión y de prensa desde la elección del 28 de julio de 2024”.

En estas elecciones, activistas y la ciudadanía que expresaron públicamente su apoyo a María Corina Machado y al candidato Edmundo González, o medios de comunicación y periodistas que hicieron cobertura de las movilizaciones de ambos, fueron víctimas recurrentes de represalias.

Este deterioro de las libertades durante los períodos electorales tiene un impacto negativo en la democracia, ya que impide que las y los ciudadanos participen plenamente en el proceso electoral y limita su capacidad para tomar decisiones informadas.

Además, crea un clima de miedo y autocensura que inhibe la discusión abierta sobre temas de interés público.

Tras el 28 de julio, más de 2 mil personas resultaron detenidas y al menos 20 asesinadas en el contexto de protestas, se registraron bloqueos masivos de redes sociales, operativos estatales para ampliar la persecución política, y hubo un aumento de la vigilancia física y digital.

En vista de las circunstancias actuales, el periodismo adopta medidas para intentar preservarse: se omite la firma de los artículos; se eluden las coberturas de calle de naturaleza política o se evita abordar temas políticos, especialmente si están relacionados con la oposición; las fuentes se mantienen en silencio en un intento de protección; se recorta o suspende la programación informativa; e incluso se abandona temporalmente el ejercicio del periodismo.

En este informe recoge testimonios que son una muestra de un ecosistema informativo mucho más limitado y amenazado, que intenta adaptarse y, sobre todo, mantenerse en pie ante la creciente represión y siguen comprometidos con su labor y con la defensa de los derechos humanos.

Los y las periodistas siguen informando sobre los acontecimientos en Venezuela, incluso a riesgo de su propia seguridad. Esta labor es esencial para documentar la crisis humanitaria y exigir responsabilidad al Estado.

En Venezuela se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, lo que significa un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, informó este viernes la ONG Espacio Público.

«Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales», señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Ahora, Marysabel Rodríguez, explica que durante el primer cuatrimestre de 2024 se registraron un total de 68 casos que, en promedio, se traducen en 17 casos mensuales #Informe2023 pic.twitter.com/9rnYubHhZ0

De estos, 30 % fueron intimidaciones, seguido de censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %), y no precisó a qué hechos corresponde el 29 % restante.

Rodríguez resalta que durante el primer cuatrimestre 2024 las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes han sido: Intimidación (30%)Censura (27%)Hostigamiento judicial (14%)

Incluso advirtió que no se prevé disminución alguna, dado que el períodos electorales lo habitual es que incrementen.

Rodríguez añadió que entre enero y abril Espacio Público ha documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias, recoge la agencia EFE.

Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.

Sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.

«De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue un decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos», apuntó.

Agregó que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.

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En el balance presentado del año 2003, Espacio Público indica que durante el año 2023 se registraron 204 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que representó una disminución del 11 % con respecto con respecto a los 226 casos computados en 2022. Aunque los hechos registrados fueron más violentos porque hubo más ataques a la libertad personal con respecto al año anterior.

#3May ¡MÁS ATAQUES Y MÁS VIOLENCIA! ??ONG @espaciopublico registró en 2023 unos 204 casos de vulneraciones a la libertad de expresión. Además, los hechos registrados fueron más violentos porque hubo más ataques a la libertad personal con respecto al año anterior.En su más… pic.twitter.com/rTTHqqt6mO

Contabilizaron como la principal violación la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

Mientras que los principales victimarios fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %) y desconocidos (6 %).

Los medios de comunicación y periodistas fueron las víctimas más frecuentes (83 %) de violaciones a la libertad de expresión en noviembre, informó la ONG Espacio Público, la cual registró 16 violaciones en un total de 10 casos contabilizados el mes pasado.

«Los responsables de estas vulneraciones al derecho fundamental a buscar, recibir y difundir información fueron funcionarios públicos (30 %), cuerpos de seguridad (23 % ) e Instituciones del Estado (23 %)», destaca la organización en su boletín.

En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación (5) y la censura (4), mientras que la amenaza, hostigamiento verbal y restricciones administrativas ocurrieron al menos en dos oportunidades cada una.

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El 2 de noviembre, funcionarios de seguridad y directivos del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas (este) impidieron que las y los periodistas Lisbeth Martínez, de La Verdad de Monagas; Jefferson Civira, de La Prensa de Monagas, La Patilla y Qué Pasa en Venezuela; y José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría, cubrieran una protesta en ese centro de salud.

Familiares de pacientes del recinto convocaron a los reporteros a una manifestación en la que exigían mejores condiciones en el área de quirófanos. Piñango dijo que intentó entrar al lugar identificándose, pero un funcionario que custodiaba la entrada le cerró la puerta y dijo que no podía entrar “por órdenes de arriba”.

En el estado Trujillo, el gobernador oficialista Gerardo Márquez hostigó verbalmente y amenazó al periodista y director del medio regional Palpitar Trujillano, Andrés Briceño Sulbarán, por publicar una nota sobre la caída de una estructura navideña en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera.

El 6 de noviembre, Briceño recibió una llamada por WhatsApp del gobernador Márquez en la que lo amenazó directamente. “A partir de ahora tienes la guerra declarada conmigo (…) ahora vas a saber quién soy yo”, dijo el líder regional en la llamada, que fue grabada por el periodista.

Los ataques de Márquez no cesaron en el mes, y el 24 de noviembre, en su programa radial que se transmite todos los viernes en más de 20 emisoras de la entidad, atacó nuevamente a Palpitar Trujillano, al llamarlo “panfleto”, cuestionar y descalificar su trabajo periodístico.

“En el programa hizo mención a que nosotros debemos, prácticamente, escribir cosas que a él le gusten porque si no publicamos eso no estamos haciendo nuestro trabajo, según su criterio”, dijo Andrés Briceño, director de Palpitar Trujillano.

En el estado Cojedes, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Class 98.7 FM presuntamente tras órdenes de funcionarios del gobierno nacional, bajo el argumento de “extinción de la concesión de radiodifusión”.

El cierre de Class 98.7 FM se hizo efectivo el 24 de noviembre, amparado en la resolución N° GST-RS-00780, emitida por la Conatel. La seccional Cojedes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) declaró que el cierre causó conmoción porque “sale del aire una ventana informativa y de entretenimiento para los cojedeños”.

Desde el 8 de noviembre, el medio regional El Carabobeño está bloqueado por varias operadoras privadas y públicas de internet en el país, según informó el Observatorio de Internet VE sin Filtro. El acceso está impedido a través de CANTV, Digitel, NetUno, Inter y Movistar.

VE sin Filtro determinó que, en el caso de Digitel, NetUno e Inter, el bloqueo se está ejecutando de tipo DNS y en Movistar es tipo HTTPS. En CANTV, si bien el bloqueo es por DNS, se está haciendo de forma intermitente.

Durante la mañana del 21 de noviembre, la página web del medio regional Oriente 24 sufrió un ataque informático presuntamente en retaliación por publicaciones incómodas al gobierno local de Cumaná, capital del estado Sucre , según informó su director, Jesús Rangel.

Rangel detalló que alrededor de las 11 de la mañana presuntos hackers ingresaron de manera forzada al portal y borraron tanto el código de la web como los respaldos de seguridad que estaban alojados allí. El director de Oriente 24 agregó que en días anteriores hubo otros intentos forzados de ingresar, pero lograron detectarlos a tiempo.

Mientras que desde el mediodía del 23 de noviembre, la página web del medio digital La Gran Aldea fue víctima de ataques DDoS o denegación de servicio, que consisten en saturar las peticiones al servidor con el uso de bots, haciendo que los portales colapsen y que su contenido no sea visible temporalmente.

El medio informó en sus redes sociales que el ataque se produjo presuntamente con la intención de “silenciar el trabajo periodístico que realiza”. A través de la red social X, La Gran Aldea indicó que estaban trabajando para normalizar el funcionamiento de su página web.

En Venezuela suman 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a periodistas desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes.

La denuncia la hace la ONG Espacio Público, a propósito de que cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas.

«El Estado no investiga o se demora en los procesos, no identifica responsables, ni sanciona a los culpables; por consiguiente, profesionales de la comunicación trabajan mientras ponen en riesgo su seguridad sin contar con un Estado que les resguarde», destaca la organización, en un comunicado.

Miles de periodistas en todo el mundo son víctimas de amenazas, violencia física e incluso la muerte, a causa de la información que conocen o publican.

Destaca que esta fecha «nos exige dejar de mirar a otro lado mientras las personas que hacen posible que tengamos información, deben trabajar bajo la violencia, a la vez que el sistema judicial no responde a las denuncias por hostigamiento, vigilancia, asesinatos, golpizas o amenazas constantes por publicar información».

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Para el año 2023 la UNESCO explica que “poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más importantes y complejos de los últimos tiempos, y constituye una cuestión fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el intercambio abierto, libre y dinámico de ideas e información para todas las personas”.

Según el Observatorio de periodistas asesinados, de la misma organización, entre los años 2006 y 2023 más de 1600 periodistas han sido asesinados en todo el mundo, y 9 de cada 10 casos permanecen impunes.

La impunidad es un obstáculo para obtener justicia, en Venezuela es frecuente en todos los ámbitos, pero en el caso periodístico además se traduce en que el trabajo informativo está inmerso en riesgos de violencia mientras fiscales, jueces y otros miembros del Poder Judicial miran hacia otro lado.

En Espacio Público han registrado 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso, con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables: 75 % de los asesinatos de profesionales de los medios, siguen impunes.

La muerte violenta es el hecho más grave y lamentable, pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de señalar estos hechos y poner la lupa en quienes pretenden evitar que recibamos información libremente: contabilizamos 914 hechos de agresiones contra trabajadores de los medios desde el año 2002 y hasta septiembre de 2023.

La impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.

Pero también afecta a su entorno y a la sociedad en pleno, que no puede obtener información de las fuentes que quiere, con todos los datos posibles, recopilados de manera libre.

La impunidad nos pinta un cuadro a medias de lo que pasa en la realidad, es responsabilidad del Estado poner el foco en estos casos y señalar a los y las responsables de la opacidad informativa.

Las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder, según la situación política y social del momento.

En este sentido, registramos alza de casos durante las manifestaciones masivas en contra del gobierno, durante la cobertura de la escasez de gasolina, reportes o cuestiones sanitarias de diferentes temas, y cobertura relacionada con la gestión pública.

En la mayoría de estos casos las y los periodistas son hostigados por funcionarios del Estado, sus teléfonos o equipos de trabajo revisados ilegalmente, borrado el material de la cobertura, y en casos de detenciones arbitrarias es común que sean también víctimas de desaparición forzada de corta duración.

Mientras el Estado sigue sin investigar ni procesar de manera adecuada, formal, y legal a responsables, el mensaje que envía es que más agresores tienen la posibilidad de actuar con violencia contra periodistas sin que haya consecuencias.

Y mientras más conflictiva es la coyuntura venezolana, registramos un aumento significativo en los casos, lo que implica que hay menor circulación libre de información en los momentos en que es más urgente. Esta tendencia se ha mantenido en la última década, con picos en el registro de casos en los años 2014, 2017 y 2019, en que personas manifestaron masivamente en contra del gobierno.

No podemos hacer un recuento de todos los casos, pero queremos resaltar a continuación algunos que ejemplifican la situación y que acompañamos jurídicamente:

Ana Belén Tovar

Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. A la fecha fue excarcelada y permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.

Luis Carlos Díaz

Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el 12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública (referido a incitación al odio). Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.

Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte

Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.

Darvinson Rojas

Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Fue acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.

Hoy exigimos al Estado venezolano que investigue, identifique responsables y sancione de manera adecuada, incluyendo la reparación a las víctimas y garantías de no repetición de estas violaciones a los derechos humanos que repercuten negativamente en uno de los pilares de la democracia: la prensa libre.

Desde Espacio Público queremos recordar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de periodistas en Venezuela, seguiremos alzando la voz ante la violencia contra este gremio y cuando el Estado viole los derechos humanos de trabajadores de los medios, exigimos el cese de la impunidad y que se resuelvan los casos de agresiones, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra periodistas y personas que trabajan para los medios de comunicación en el país.

En enero de este año se incrementaron los ataques a la libertad de expresión de parte de funcionarios y organismos del Estado y las protestas ciudadanas están en la mira.

Es la conclusión de la ONG Espacio Público que, en el primer mes del año, documentó «16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general». Este es un aumento de «166 % que que en el mes anterior».

La organización destaca que «en el último mes registramos 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales. La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura».

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Asimismo, la ONG señala que «15 periodistas resultaron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con cinco trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental. Otros cuatro trabajadores los detuvieron en enero por expresarse libremente».

Igualmente, alerta que «el Estado venezolano sigue siendo el principal victimario. Al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad».

Enero inició con protestas masivas de trabajadores del sector público, lideradas por el gremio de educación.

En varias regiones del país hubo manifestaciones por bajos salarios y mejoras laborales; en respuesta, grupos de civiles afectos al partido oficialista les amenazaron. Uno de sus voceros declaró que solo miran y monitorean, pero que “a la hora de salir” no quieren “chilladera”.

Cuatro oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) terminaron detenidos y acusados de “incitación al odio” luego de que llamaran a otros funcionarios a paro policial estadal para exigir mejores salarios y dotaciones, a través de publicaciones en redes sociales.

Las víctimas fueron Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado).

El mismo director general de la PEB los puso a la orden del Ministerio Público y los presentaron por el delito de “incitación al odio”, contemplado en la ilegal normativa “contra el odio” que emitió la ilegítima asamblea nacional constituyente.

El 13 de enero, a la profesora Carmen Sulay Rojas la destituyeron de su cargo como directora de un liceo público luego de participar en una marcha de docentes en Pampatar, estado Nueva Esparta, y tras criticar públicamente la gestión de Nicolás Maduro.

En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo. El hecho ocurrió apenas cuatro días después de que empezaran las manifestaciones de los/as educadores/as en todo el país.

En línea con las amenazas difundidas días atrás, grupos de civiles armados no identificados agredieron el 19 de enero a trabajadores activos, jubilados y pensionados que protestaban frente a la Dirección de Salud del Distrito Capital, en la avenida San Martín de Caracas.

El coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, denunció que los civiles armados estaban amedrentando y mostrando sus armas a los manifestantes, quienes pedían mejoras salariales y laborales.

Funcionarios de seguridad del Estado también tuvieron parte en las agresiones y violaciones a la libertad de expresión de trabajadores y sindicalistas en el mes de enero, con al menos tres casos de hostigamiento entre el 20 y el 22 de ese mes.

El día 20, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asediaron la residencia del presidente del Colegio de Enfermería del estado Carabobo, Julio García; el 22, la Central Sindical Únete denunció que el Sebin hostigó cerca de su casa al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, Starling Bracho, y durante ese fin de semana también hubo presencia de funcionarios cerca de la casa de una dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Apure.

El 12 de enero, funcionarios militares y policiales del Estado impidieron el paso a una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), en Puerto Ordaz, a Pableysa Ostos, periodista y corresponsal en el estado Bolivar del medio La Patilla, Carlos Suniaga, corresponsal de El Pitazo, VPITV y Unión Radio.

Los reporteros, luego de sortear al menos dos alcabalas previas, fueron obligados por la Policía del municipio Caroní a desviarse al impedirles el paso. En una quinta alcabala, luego de negociar con los efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana los dejó avanzar, pero en la última alcabala los funcionarios de la GNB les indicaron que la orden era no dejar pasar a nadie.

En San Juan de los Morros, estado Guárico, una funcionaria de seguridad del hospital Israel Banuárez Balza intentó impedir el trabajo de periodistas de Radio Fe y Alegría, La Patilla, Unión Radio, El Nacionalista y Venevisión que cubrían una protesta de trabajadores de la salud en el recinto, el 17 de enero.

El corresponsal de La Patilla en Guárico, Pedro Izzo, y la corresponsal de Radio Fe y Alegría, Xiomara López, explicaron que el personal de seguridad del hospital abordó a los reporteros presentes luego de que tomaran declaraciones de voceros y trabajadores que explicaban la situación del gremio.

“(…) Nos pidió que la acompañáramos a un cuarto de seguridad donde nos iban a tomar nuestros datos, situación que ha ocurrido en otros momentos en este centro hospitalario, pero esta vez nos negamos”, dijo Izzo.

La periodista Carola Briceño, su hija y su yerno fueron hostigados en redes sociales, por cuentas anónimas vinculadas con el oficialismo, y acusados de “extorsionadores” desde el 11 de enero, debido a una serie de trabajos periodísticos de investigación publicados en El Nacional.

Las cuentas anónimas buscaron vincular a la periodista, sin prueba alguna, con “redes de extorsión” lideradas por Briceño, su hija y su yerno, a través de una empresa de marketing que maneja la pareja.

«Las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón presente para la administración de Maduro, además de la opacidad informativa «en medio de la crisis humanitaria compleja, constituyen un obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales”.

La afirmación corresponde al informe del 2022 de la ONG Espacio Público, donde asegura que ese patrón ha ocasionado 470 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

“En el 2022 se registraron 227 casos, lo cual representa una disminución de 7% con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones”, agrega el escrito.

Destaca que esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores.

Desde el mes de abril el registro de casos experimentó un ascenso progresivo, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46), principalmente, motivado por el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país.

«Se registraron 470 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el 2022. Esta cifra no representó una variación significativa con respecto a lo documentado el año anterior», resalta el informe.

“Las denuncias de censura ocuparon el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale al 43% del total de violaciones. Principalmente, estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones”, acotaron.

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La asociación no gubernamental resaltó que entre 2003 y 2022, se documentó el cierre de al menos 284 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual equivale el 71% del total de medios de comunicación cerrados en dicho periodo.

Sólo en el 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

La ONG Espacio Público dio a conocer el informe sobre la libertad de expresión en Venezuela, correspondiente a septiembre y determinó que el mismo «cerró como el mes que más casos de violaciones a ese derecho acumula en lo que va de 2022».

Documentó 27 casos y un total de 68 violaciones contra es alibertad «y más de la mitad fueron hechos de censura».

«Las principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación (21). Le sigue la ciudadanía en general, víctima en al menos 11 oportunidades, y seis periodistas/reporteros», destaca.

Asegura que «las instituciones del Estado fueron victimarias en 16 casos, seguidas por los cuerpos de seguridad (4), lo que evidencia que se mantienen los patrones de censura, hostigamiento y opacidad como política propiciada desde el alto poder».

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Solo en septiembre, la ONG registró un total de 16 emisoras radiales cerradas por órdenes de Conatel. Once de esos cierres (69 %) ocurrieron en el estado Zulia y las otras cinco emisoras que quedaron fuera del aire son del estado Sucre.

El martes 6 de septiembre, las emisoras zulianas Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM quedaron fuera del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el estado Zulia, Sheyla Urdaneta, declaró que le informaron que un representante de Conatel en la entidad llegó a las emisoras y, sin dar más detalles, impuso el cierre era por orden “del ministro”.

A los pocos días, el 14 de septiembre, presuntos funcionarios del ente regulador ordenaron sacar del aire a las emisoras Café 100.9 FM, Radio NVH 102.1 FM, Cool FM, Radio Boom 89.7 FM y Mágica FM, de Cumaná, estado Sucre. El gerente de Café 100.9 FM, William Bracamonte, dijo que una funcionaria que se identificó como Anabella González le exigió al personal cerrar la emisora “para evitar procedimientos administrativos”.

“Tenemos un año al aire y, durante ese año, hemos buscado cómo cumplir los procedimientos administrativos para hacer la introducción del proyecto en Conatel”, explicó el gerente de Café 100.9 FM. La emisora Radio Boom 89.7 FM confirmó en redes sociales que el cierre fue por órdenes de Conatel, aunque han estado “realizando los procedimientos requeridos” para operar.

El 20 de septiembre, otras dos emisoras del estado Zulia fueron cerradas por órdenes de Conatel: Suprema 93.5 FM y Jerusalén Stereo 98.5 FM, ambas de la ciudad de Cabimas. Mientras que el 22 de septiembre se supo que, presuntamente, el programa Montes alza tu voz que se transmitía en la emisora Juventud 100.5 FM de Cumanacoa, estado Sucre, fue sacado del aire por órdenes del alcalde de la localidad, Tomás Bello.

De acuerdo con la versión ofrecida por el conductor del programa, David Cumana, la medida se debió a que el espacio radial “tenía como premisa hacer visible las denuncias de la población del municipio, con respecto a los servicios públicos”, según reseñó el medio digital Prensa Alternativa. El alcalde Bello, a su vez, se desligó de la acusación en sus redes sociales.

«La opacidad gubernamental impide conocer de manera formal cómo opera el Conatel en el país, quien no ofrece información pública ni actualizada sobre el estatus de las concesiones», denuncia Espacio Público.

«De acuerdo con declaraciones de diversos medios, la empresa no responde los trámites en los plazos establecidos y pone en práctica otras trabas para demorar las renovaciones de concesiones u otros permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Estas acciones constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de expresión», agrega.

La criminalización de la protesta pacífica y la intimidación con el objetivo de que no se informe sobre los actos de disidencia que ocurren diariamente se mantienen.

El 14 de septiembre, los periodistas Pilar Guerra, de VPITV, y Alexander Olvera, de Notitarde, fueron fotografiados por un sujeto desconocido mientras cubrían una protesta de transportistas en San Carlos, estado Cojedes.

Guerra cuenta que situaciones como esa son reiteradas cada vez que van a cubrir protestas en la entidad y que no hay certeza de que sean personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, afirma que “se infiltran” en las manifestaciones para identificar y fotografiar a reporteros y personas que lideran las protestas.

En medio de la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que dos periodistas grabaran e hicieran cobertura en el lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, donde sí hubo completo acceso de los medios de ese país a lo que ocurría.

La intimidación estatal también se traslada hacia quienes denuncian los atropellos y las faltas de libertades en el país.

Un ejemplo de ello ocurrió el 20 de septiembre, cuando funcionarios del Sebin intentaron ingresar a la sede de Provea para intimidar a familiares de trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente en julio, quienes iban a ofrecer una rueda de prensa en el lugar.

Los seis detenidos fueron pasados a juicio el 26 de septiembre y acusados de planificar un asalto a un cuartel en Mérida, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y participar en actos de sabotaje contra Nicolás Maduro el 5 de julio.

La defensa de los trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente asegura que el proceso ha estado lleno de irregularidades como allanamientos sin orden judicial.

En septiembre hubo 13 casos relacionados con internet y acceso a páginas web, tres casos más que en agosto, y en gran parte se produjeron por problemas con la energía eléctrica:

Los días 10 y 11 de septiembre hubo fallas de entre dos y tres horas y media que afectaron, principalmente, a los estados Táchira y Guárico, que perdieron más conectividad.

El 13 de septiembre una falla eléctrica afectó la conexión a internet en Barinas y alcanzó a estados cercanos como Trujillo y Táchira.

El 14 de septiembre hubo otra caída en Barinas, Trujillo y Lara. Se prolongó por más de seis horas. A la medianoche de ese día, una falla eléctrica provocó caída de conectividad en Táchira.

Un corte de fibra óptica de la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv, redujo la conectividad a nivel nacional a 76 % de sus valores normales el 15 de septiembre.

Las fuertes lluvias del 22 de septiembre y las fallas eléctricas de ese día redujeron la conectividad nacional a 81 % de sus valores normales. Los estados más afectados fueron Vargas, Guárico, Monagas y Barinas.

Otra falla eléctrica afectó la conexión a internet en el estado Táchira el 26 de septiembre y su conectividad cayó a 31 %.

La Organización No Gubernamental Espacio Público presenta un informe sobre la violación a la libertad de expresión durante el mes de mayo de este año, donde han documentado unos 11 casos, en los que se han cometido por lo menos 14 transgresiones.

A través del trabajo de la ONG se conoce que siete casos han sido propiciados por la administración de Nicolás Maduro, lo que representa un 63% en donde el oficialismo se ha convertido en victimario.

En unos siete casos las víctimas son la sociedad venezolana. En otros, los ataques han ido en contra de medios de comunicación social, otras ONG y sus miembros, así como hacia periodistas y reporteros.

Uno de los eventos más significativos para Espacio Público es lo ocurrido con la periodista Leonor Argüelles, quien a principios de mayo habría sido agredida por el concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Sierra, durante una sesión del cabildo marabino.

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Según Espacio Público, la comunicadora social transmitía la sesión y hacía unas preguntas sobre la intención del concejo municipal de entregar el Premio Municipal de Periodismo a comunicadores populares, cuando fue abordada por Serra, quien intentó parar la transmisión.

#DenunciaEP | El concejal del PSUV, José Sierra, intentó agredir a la periodista Leonor Argüelles, cuando la comunicadora transmitía este #5may vía Instagram, una discusión del Premio Municipal de Periodismo en la Cámara Municipal de Maracaibo, estado #Zulia. pic.twitter.com/UgHwmtTpmd

Otro de los registros de Espacio Público ocurre el 18 de mayo en el estado Barinas, cuando funcionarios policiales habrían hostigado a miembros de «la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) mientras hacían un conversatorio sobre DDHH y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos», dice parte del informe.

El activista de Derechos Humanos de la organización Provea, Marino Alvarado, así como el representante de la organización de investigaciones comunicacionales, Centro Gumilla, Alfredo Infante, son hostigados judicialmente, después de denunciar a la Policía de Carabobo como uno de los órganos de seguridad más letales durante el 2021.

El gobernador de la entidad, el chavista Rafael Lacava, procedió a denunciar ante los tribunales a ambos activistas por difamación e injuria.

«El acto judicial se produjo dos meses después de que Provea y el Centro Gumilla presentaran el informe conjunto Lupa por la vida. En este documento se expone que la policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales», dice el informe de Espacio Público.

El 20 de mayo en el estado Barinas fue cerrada la emisora Topacio 101.0 FM por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quienes decomisaron los equipos de transmisión de la emisora.

Esta situación provocó una molestia en la comunidad, quienes protestaron de manera pacífica mientras los funcionarios de Nicolás Maduro se llevaban los equipos.

Las diversas fallas en la conexión de internet de los diferentes operadores, así como los bloqueos establecidos por ABA de Cantv hacia medios de comunicación digitales, también están dentro de este informe.

«La política de Estado venezolano en los últimos años ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores; trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante», dice el informe de EP.

El primer mes de 2022 terminó con el registro de 24 casos que suman 57 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, reportó la ONG, Espacio Público.

Los hechos más frecuentes son: hostigamiento, intimidación, la censura y fallas en Internet. 70% de las víctimas resultaron ser periodistas y reporteros, señala la organización.

La ciudadanía en general es la segunda más afectada por las violaciones al derecho, con 20% de los casos. «Las restricciones de conexión a internet ocurrieron en varios estados del país. Los agresores más frecuentes continúan siendo, en su mayoría, las instituciones del Estado (36%), los cuerpos de seguridad (28%) y funcionarios (20%).

En comparación con enero del año pasado, registraron «un aumento de 90% de las violaciones del derecho a la libertad de expresión». Esto, «evidencia una política de Estado que constantemente limita la posibilidad de buscar, difundir o recibir información».

El 9 de enero, día de la repetición de elecciones en Barinas, Espacio Público registró 4 ataques contra periodistas y medios de comunicación: «La intimidación y la censura son los más repetidos y los principales victimarios El Plan República y la GNB».

Los efectivos impidieron el acceso a centros de votación a periodistas, a pesar de tener sus acreditaciones. Los funcionarios indicaron que estaba prohibido realizar la cobertura.

En otro centro electoral, obligaron al corresponsal de Radio Fe y Alegría, José Leonel Gutiérrez, a borrar las fotografías que tomó durante la cobertura electoral.

En entrevista a Espacio Público, el periodista explicó que los efectivos lo obligaron a borrar el material y luego le quitaron el teléfono. Lo hicieron para verificar que la documentación que había realizado ya no estuviera en su equipo.

Luego, el 26 de enero fecha designada para la recolección de firmas, con miras a la activación del Referendo Revocatorio, a varios comunicadores los amedrentaron y hostigaron.

A un periodista lo agredieron sujetos desconocidos en el centro de Caracas; lo acusaron de “palangrista” y le robaron sus equipos de trabajo.

Al periodista Jesús Rey, un guardaespaldas del alcalde Rafael Torrealba le exigió que borrara el material fotográfico sobre la recolección de firmas en la plaza Bolívar de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Un militar impidió que las periodistas Yelitza Figueroa de Crónica Uno, y Andreína Ramos de VPI TV, hicieran cobertura sobre la recolección de firmas.

Estas acciones ocurrieron luego de que durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los países recomendaron al Estado venezolano que respetara la libertad de expresión, prensa y asociación.

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Los altos funcionarios del gobierno han utilizado los medios y recursos del Estado para hostigar y amenazar a medios de comunicación. También a los ciudadanos y periodistas sin consecuencias e impunemente.

Este es el caso de Roberto Deniz, que ha sido constantemente hostigado a través de las redes sociales por cuentas adeptas al chavismo. A esta campaña se han sumado los usuarios de figuras del oficialismo como las de Pedro Karvajalino, conductor de VTV. A él se añade Zurda Konducta, programa de opinión de VTV, Esteban Trapiello, vinculado al chavismo y Lucía Eugenia Córdova, periodista.

Anterior a este hecho, Esteban Trapiello hostigó e intimidó a través de sus redes sociales a por lo menos una decena de periodistas.

Trapiello les calificó como «ladrones» y les acusó de recibir altas sumas de dinero provenientes de Juan Guaidó.

Tras las publicaciones, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, diferentes cuentas asociadas a funcionarios del chavismo, se sumaron al hostigamiento.

Por otra parte, 45% de los casos que restringieron el derecho a la libertad de expresión durante este mes corresponden a fallas de internet.

El 6 de enero una falla eléctrica dejó sin conectividad a los usuarios de Digitel y de la estatal Cantv por más de cinco horas. Entre los estados afectados estuvieron Miranda, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, Zulia y el Distrito Capital.

Días después, el 11 de enero, habitantes de Guayana, Mérida y Maturín reportaron caída del servicio de internet ABA también de Cantv.

El martes 19, fluctuaciones en el sistema eléctrico dejaron sin acceso a la red a las regiones Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Portuguesa.

Un día después, el observatorio de internet, Ve Sin Filtro, informó sobre una grave caída de conexión entre las 4:20 y 8:30 a.m. en los estados Táchira y Mérida. Los niveles de conectividad cayeron a menos del 20% de sus valores normales en ambos estados y a nivel nacional la conexión bajó a un 86%.

Los problemas eléctricos dejaron sin internet a los estados Falcón, Zulia y Mérida una semana después, y el domingo 30 un apagón en el occidente del país generó una caída de conexión a internet en varias regiones, siendo las más afectadas Barinas, Táchira y Trujillo.

La ONG Espacio Público determinó que para mayo de 2021, Venezuela acumula 189 violaciones a la libertad de expresión. Igual que el año pasado, las detenciones, cierre de medios y la intimidación es el día a día de la prensa venezolana.

De esas violaciones, destacan al menos 19 detenciones. «Los números evidencian una escalada en los niveles de violencia que buscan silenciar a los ciudadanos en el disfrute de su derecho a buscar, recibir y difundir información», dice la ONG en su reporte.

Solo en mayo hubo 36 violaciones a la libertad de expresión. «Resalta la intimidación, censura y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Los victimarios más frecuentes son los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios», señala.

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Impedir las coberturas es un patrón frecuente que dificulta la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener información veráz sobre lo que sucede en las calles.

El mes pasado, en el Zulia y en Caracas, colectivos pro-chavistas, armados, impidieron la cobertura de distintos medios. Los grupos arremetieron e intimidaron a reporteros que cubrían distintas protestas.

Por otro lado, se presentaron casos de censura. Un ejemplo es lo que ocurrió en Carabobo. El secretario de Gobierno, Jesús París, impidió que la prensa tomara declaraciones durante una protesta de maestros.

Por otra parte, las restricciones también ocurrieron por la falta de electricidad que afectó el servicio de Internet y, por ende, a portales informativos. Táchira, Guárico, Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda estuvieron entre los más afectados.

«Estas pérdidas de conexión implican la imposibilidad de acceder a la información, buscarla, o comunicarse a través del servicio que presta esta empresa del Estado, lo que afecta numerosos derechos humanos en un contexto de pandemia con cuarentena impuesta por el Gobierno», dice la ONG.

El embargo de la sede de El Nacional destacó en mayo. El Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas ejecutó la medida sobre las instalaciones. Forma parte del pago de 13 millones de dólares «por daños morales» a Diosdado Cabello.

Una situación similar se vivió cuando tres miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron y confiscaron los equipos de la emisora Zeta 103.5 FM, en Ocumare del Tuy, estado Miranda.

El cierre de la edición impresa del diario El Tiempo de Puerto la Cruz, es un golpe a la prensa regional. Tras 60 años de distoria, el rotativo dejó de serlo, por falta de papel y de insumos.

«Situación que suma al estado a las otras 10 regiones sin periódicos:  entre esas: Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia.

A través de su cuenta en Instagram, el medio anunció que la decisión obedece por la crisis económica que atraviesa Venezuela y; por la falta de papel periódico.

La ONG Espacio Público documentó 19 casos, traducidos en 36 violaciones a la libertad de expresión durante abril. «Entre las agresiones más frecuentes resaltaron: la censura, intimidación y amenazas«, dijo la organización en su balance.

«En el cuarto mes del año periodistas (32%), medios de comunicación (23%) y ciudadanía en general (14%) fueron las principales víctimas. Mientras que los responsables de la mayoría de los casos son las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios», destacó.

Denunció que en esos 30 días huno «al menos 8 detenciones por expresarse. La mitad de las víctimas (4) son trabajadores de la prensa a quienes detuvieron mientras realizaban coberturas informativas.

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El lunes 5, funcionarios de la Brigada Hospitalaria de la Policía de Aragua (Poliaragua) detuvieron al periodista José Rafael Ramírez. También a la estudiante Carmen Ramírez. Ellos fotografiaban la fachada del Hospital Central de Maracay para ilustrar un trabajo sobre la COVID-19.

La comandante de ese puesto, la comisionada Eneida Mejía insultó a Ramírez, le decomisó el carnet de prensa. También intentó quitarles los teléfonos y borrar el material que habían hecho hasta el momento. Pero ellos se negaron a entregarlos.

En el estado Zulia, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron, desnudaron y borraron el material informativo, a los periodistas Lenin Danieri y Edwin Prieto. Ellos cubrían la protesta de los miembros de la comunidad Yukpa, el martes 27 de abril.

La detención ocurrió cuando los periodistas regresaban de cubrir un evento en Machiques. A la altura del punto de control de La Villa del Rosario notaron una cola de vehículos causada porque la GNB cerró la vía en ambos sentidos para frenar el paso de los yukpas.

El lunes 26 de abril, funcionarios de la Policía del estado Apure detuvieron al activista político, Francis Bolívar. Lo hicieron después de difundir un video en redes sociales en el que denunciaba fallas en el suministro de gasolina en la entidad.

En el video, Bolívar explicó la crisis de combustible que se vive San Fernando de Apure.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a El Nacional pagar 13 millones de dólares. Esto como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello, el viernes 16 de abril.

Este monto se establece mediante un procedimiento de indexación desproporcionado y arbitrario de la Sala de Casación Civil del TSJ, el cual se ordenó aplicar desde el momento que comenzó la demanda hasta que la decisión quede definitivamente firme.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, amenazó en su programa de televisión, Con el Mazo Dando a los periodistas que vayan al estado Apure a cubrir el conflicto armado en el estado de Apure.

Cabello aseguró que los periodistas «solo van a sembrar el odio» y que por eso serán considerados «enemigos».

“En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van es a sembrar el odio (…) y la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el Gobierno bolivariano, y a hacer creer al mundo que el Gobierno colombiano es el que está ayudando a los venezolanos”, expresó.

Estas declaraciones surgieron justo una semana después de la desaparición de periodistas y activistas que estaban en el lugar del conflicto.

En otro hecho, la coordinadora del medio oficialista Ciudad Maracay, María Fernanda Pérez hostigó a la corresponsal de Crónica Uno, Gregoria Díaz, por la publicación de un reportaje sobre el déficit de camas para pacientes con coronavirus en el estado Aragua, el pasado 14 de abril.

A través de sus estados de WhatsApp la coordinadora de Ciudad Maracay calificó de «palangrista» y «miserable» a raíz de la publicación de un trabajo, en el portal Crónica Uno, sobre la situación de las camas para pacientes con coronavirus, en el Hospital Central de Maracay.

Durante febrero, se produjeron en Venezuela 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos. La información la dio a conocer la ONG Espacio Público.

Las agresiones más frecuentes tienen que ver con la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. «Los trabajadores públicos (28 %), periodistas (24 %) y los medios de comunicación (20 %) son las víctimas más frecuentes», señala la ONG. Mientras que los victimarios, en su mayoría, son instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios.

La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información, bien por trabajadores de la prensa o «infociudadanos».

Para la organización existe una «arremetida contra la prensa». Cita como ejemplo que el Ministerio Público del estado Carabobo citó el 4 de febrero, al reportero del diario El Carabobeño Kevin Arteaga. Lo hizo, en calidad de «investigado», por su cobertura de una protesta por servicios, publicó la agencia Efe.

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«Dos semanas antes, una comisión del Cicpc, solicitó al departamento de recursos humanos de El Carabobeño los datos filiatorios del periodista», denuncio. Dijo que el Cicpc no explicó «el motivo de ese requerimiento».

El periodista acudió a la Fiscalía de Valencia. Una fiscal auxiliar le informó que el procedimiento «tenía que ver con la cobertura de una protesta». Y También con el hecho de «dar a conocer las denuncias de los habitantes de esa comunidad».

La organización también recoge la queja del observatorio de Internet VE Sin Filtro. El mismo denunció el bloqueo del portal web de InSight Crime por parte de la Cantv.

Según la denuncia de la que se hace eco Espacio Público, el bloqueo se llevó a cabo el martes 9 de febrero. Ocurrió días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica.

Entre los casos reportados también destaca que Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra Efecto Cocuyo. Lo hizo después de que el portal replicó un trabajo de la revista Semana de Colombia acerca de la presencia de disidentes de las FARC en territorio venezolano. 

La ONG Espacio Público difundió el Informe de situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2020.

Allí, registró un total de 399 casos, una disminución del 14% con relación al total de casos registrados en el año 2019.

En el marco de la pandemia, detectaron un aumento de casos documentados.

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Marzo es el mes con mayor casos: 63, seguido por abril y mayo con 43 y 49 casos, respectivamente.

En total se contabilizaron al menos 994 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 5% con relación al 2019.

Intimidaciones (373); censuras (184); restricciones administrativas (130), amenazas (92); hostigamientos verbales (78) y hostigamientos judiciales (74).

Durante el 2020 detuvieron al menos a127 personas de forma arbitraria por buscar o difundir información.

Esto representa un incremento del 10%, con relación a las detenciones registradas en el 2019.

El 35% de las víctimas detenidas son particulares, el 26% corresponde a periodistas o reporteros y el 15% a trabajadores públicos.

De igual forma, registraron un total de 556 víctimas durante el 2020.

Los más afectados fueron periodistas (274), medios de comunicación (59), particulares (52), páginas/plataformas web (39).

Así como ciudadanía en general (29) y reporteros gráficos (29).

Con relación a los victimarios, los principales responsables fueron los cuerpos de seguridad:

(201), instituciones del Estado (91) y funcionarios (70).

En términos generales, el 62% (267) de las víctimas son hombres, mientras que en el 38% (161) de los casos las víctimas fueron mujeres.

Al menos 120 casos se registraron en internet, equivale al 30% del total de registros.

Un número mayor al contabilizado en cualquier región del país.

Mientras que el Distrito Capital, Lara, Zulia, Vargas y Mérida son las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos a nivel nacional.

Desde el 16 de marzo en adelante, comienzo de la cuarentena,  se contabilizaron al menos 105 casos y 250 violaciones vinculadas directamente al Covid-19.

De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%.

La ONG Espacio Público ha documentado 27 casos que corresponden a 49 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de septiembre en Venezuela.

La intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas resultaron ser las violaciones más frecuentes. Dice la organización no gubernamental.

Al cierre del mes, Venezuela acumula al menos 796 violaciones al derecho, entre las que destacan: detenciones ciudadanos y periodistas en el contexto de manifestaciones por la exigencia de servicios públicos.

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Los principales agresores resultaron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios.

La mayoría de las víctimas fueron: periodistas (48%), medios de comunicación (4%) y particulares (4). Los principales agresores resultaron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios.

La mayoría de los casos ocurrieron en Internet, seguidos de los estados Yaracuy y Bolívar, quienes tuvieron importantes focos de manifestaciones.

Sandino Yaguare y Gabriela Jiménez, ambos del medio Impacto Venezuela; y el reportero de AP, Juan Carlos Hernández, fueron detenidos cuando cubrían la llegada de los buques iraníes a Puerto Cabello, el martes 29.

«Estabamos cubriendo la llegada a la refinería del buque iraní, Forest, tenía 20 minutos cuando llegó la GNB y nos llevaron al módulo», explicó Yaguare.

«Los efectivos ruletearon a los reporteros por varios comandos de la localidad y les revisaron el material, posteriormente les hicieron firmar un acta que constaba no haber sido agredidos La detención duró alrededor de una hora».

Impacto Venezuela informó que la detención duró solo unos minutos. Según el medio la GNB argumentó que los reporteros estaban en “zona de seguridad”.

La ONG Espacio Público elaboró el balance sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela en julio y ratificó que la intimidación y la censura sigue siendo el patrón del régimen contra la prensa.

«Julio culminó con un total de 30 casos registrados y 61 violaciones del derecho a la libertad de expresión, la más frecuente continúa siendo la intimidación, seguida por la censura, el hostigamiento verbal y las amenazas», destacó la organización en el informe.

De las 40 víctimas, 60% son periodistas, seguidas por medios de comunicación (10%) y particulares (7,5%).

«Por otra parte, la población de diferentes estados se vio imposibilitada de acceder a Internet a través de ABA, el servicio de banda ancha de la empresa estatal Cantv, el proveedor con mayor cobertura en el país».

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De esta forma, Espacio Público dijo que con las cifras de julio, «se acumulan 270 casos y 686 violaciones del derecho durante el 2020». Mientras que continúan las restricciones de búsqueda de información sobre la gasolina y COVID-19.

Asimismo, se mantiene la tendencia de detenciones arbitrarias a trabajadores de los medios. Los cuerpos de seguridad del Estado son los victimarios con 59% de los hechos registrados.

Las detenciones y la persecución a trabajadores de los medios genera más desinformación en el país a causa de todas las fotografías e historias que quedan sin publicación.

La ONG considera que «de esta manera el régimen evita que la ciudadanía reciba información de calidad sobre lo que sucede».

Los abogados de la defensa de los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima no han tenido acceso a las actas policiales para conocer las razones por la cual están detenidos.

La denuncia la hizo el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, quien informó que ambos periodistas podrían ser presentados hoy ante tribunales.

“Estamos en una dinámica de supuestos porque la información que tenemos del por qué están detenidos es extraoficial, pues no hemos podido ver las actas policiales”, explicó Correa en entrevista con Roman Lozinski por el Circuito Éxitos.

Arriaga y Atoima son acusados por supuestamente manejar una cuenta anónima en redes sociales. “Hay que demostrar que efectivamente ellos hicieron eso”.

“Están detenidos por una expresión de ellos o no, queremos conocer el expediente para tener mayor precisión y concreción del papel y no de la especulación”.

Asimismo, indicó que los abogados de Espacio Público, pudieron ver a Mimi Arriaga el sábado y llevarle comida pero no se les permitió el domingo ver a Marco Antoima

Recordó que este fin de semana en el caso de Arriaga se hizo un traslado a un tribunal “para que declinara la competencia en función de pasarla a la orden del Tribunal 47 de Control porque ya habían pasado 48 horas de su detención”.

Los abogados de Espacio Público esperan que ambos periodistas sean presentados ante tribunales este lunes.