El diario El Tiempo de Colombia dio a conocer una investigación en la cual se establece que cerca de 29 integrantes de organismos de inteligencia venezolana ingresaron al vecino país para fraguar atentados contra opositores, espiar o planear acciones de desestabilización.

Los integrantes del SEBIN y las FAES pasan fácilmente la frontera porque tienen tarjeta de movilidad. Según inteligencia militar y la oficina de Migración Colombia en menos de 10 meses, han ubicado y expulsado al menos 20 integrantes de esos organismos.

Todo comenzó en 2019 cuando las autoridades colombianas comenzaron a detectar que estos hombres de las temibles Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Maduro (Faes) y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) cruzaban la frontera con frecuencia y facilidad.

Les seguieron los pasos y se dieron cuenta que pertenecían al servicio de inteligencia venezolano y estaban adscritos a la base territorial de San Cristóbal.

No se trataba de simples oficinistas, eran hombres y mujeres con una misión especial: atentar contra Colombia.

Según el documento obtenido por El Tiempo, los 29 integrantes del Sebin identificados son varios de sus mejores integrantes.

Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del Sebín San Cristóbal. También se detectó al también cmisionado Felipe José Bustamante Pérez y Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández, Gilbert René Vivas Colmenares. 

La lista también incluye a inspectores jefe, detectives y hoy están plenamente detectados 29 de ellos.

“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal-estado de Táchira, a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, se lee en el documento confidencial.

Ante la ofensiva, Colombia avanza en la posibilidad de cambiar la expulsión por judicialización.

Pero siguen actuando sin dificultad porque cuentan con la tarjeta de movilidad fronteriza que Colombia habitó como regiqusito para pasar la frontera.

Este sistema de identificación alcanzó a registrar en 2017 a 1’637.778 extranjeros. Pero se suspendió por la falsificación de 90.222 tarjetas con fines extorsivos.

Luego se reanudó, pero Migración Colombia anunció una nueva suspensión y alertó sobre la judicialización de quienes falsifiquen las tarjetas.

Sin embargo, las que usan los miembros del Sebín son originales, a pesar de que Migración Colombia ya comprobó que ninguno de los 29 venezolanos se encuentra legalmente en Colombia y que sus tarjetas de movilidad fueron suspendidas.

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La suspensión de ingreso a Colombia, según las autoridades migratorias del vecino país, también aplica para más de 200 personas del círculo más íntimo de Nicolás Maduro.

Tener la tarjeta migratoria les permitía a estas personas evadir los controles de Migración Colombia y autoridades policiales, y pasar inadvertidos por la frontera a pesar de la pandemia.

“Los espías venezolanos tienen como base jurisdiccional Cúcuta y municipios aledaños, desde donde realizan actividades de espionaje, control ilegal de pasos irregulares (trochas), seguimiento a opositores y desertores del régimen”, dice el informe.

Documento que está en manos del presidente Iván Duque, quien intervendrá este lunes ante la Asamblea General de la ONU.

El texto también detalla que “estos espías venezolanos, además, serían responsables de la incitación a la población civil en la frontera para realizar actos de subversión en contra de la Fuerza Pública con el claro objetivo de generar acciones de desestabilización y desprestigio al Estado Colombiano y a otras instituciones”.

Por su parte el propio Nicolás Maduro admitió a comienzos del año que desplegó en Colombia un dispositivo de espionaje y supuesta infiltración a oficiales.

Los casos de un agente chavista que quedó en evidencia por no saber ni una palabra del himno colombiano, de un sargento que vendía jugos frente a un cuartel y de otro uniformado que apareció entre un grupo de opositores en España revelan el modo de operar del régimen de Nicolás Maduro, para infiltrarse y hacer labores de espionaje.

La afirmación la hizo la periodista Sebastiana Barráez, quien destaca estos casos, como una forma de actuar que tiene el régimen para obtener información y luego desestabilizar a los gobiernos.

La noche del 26 de junio, en el barrio Siete de Agosto de Bogotá, organismos de Inteligencia colombiana capturaron a Ramón Rodríguez Guerrero, a quien prevén imputarle delitos, tales como falsedad en documento público y tráfico de migrantes.

Pero no es una persona de interés para el vecino país solo por esas razones, sino por algo mucho más complejo y que ha sido un procedimiento común del régimen venezolano desde hace años: implantar espías para obtener información clave.

Rodríguez se hacía pasar por opositor radical a Nicolás Maduro, pero el Gobierno colombiano detectó que no solo es hermano de una dirigente del chavismo sino que él mismo es simpatizante de la revolución bolivariana y tendría nexos con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Apure, donde tendría familiares según reveló el Diario El Espectador de Colombia.

Otro espía

Luego de un año de hacerle seguimiento, a principios de junio, el Ejército colombiano detuvo al militar venezolano Gerardo José Rojas Castillo, quien entró a Colombia solicitando Refugio y en realidad estaría prestando servicios de espionaje al régimen venezolano; eso ocurrió en la carretera entre la ciudad de Valledupar y el departamento de La Guajira, en la frontera colombo venezolana.

En el comunicado que emitió el Ejército colombiano, destacaron que “en el momento de su aprehensión esta persona tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo”.

En una alcabala ubicada en un punto llamado La Ye de Corazones, fue detenido Rojas Castillo, quien a juicio de Inteligencia colombiana estaba en ese territorio para espiar las unidades militares, especialmente en los departamentos de La Guajira y Cesar.

También España

A principios del año 2016 varios venezolanos le pidieron al Gobierno español que se investigara la actividad de espionaje del entonces teniente coronel José Rafael Vásquez Mora, quien era funcionario en la embajada de Venezuela en Madrid y se había infiltrado en grupos opositores que realizaban actividades, contra el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y la Asociación Civil de Venezolanos.

España se quejó y finalmente debieron salir de España 16 militares acreditados como personal diplomático de Venezuela en ese país, entre ellos Vásquez Mora, quien cumplía funciones como oficial adjunto a la Agregaduría de Defensa, pero se hacía pasar como estudiante opositor, usando nombres falsos, tales como Sebastián Urdaneta.

Un teniente retirado que responde al nombre de Edmelcar Delgado, fue clave para desenmascarar a Vásquez Mora, además de revelar que, en España, Estados Unidos, Panamá y Colombia, la labor de los agregados militares en las embajadas es la del seguimiento de personas opositoras al régimen venezolano.

Hay gran cantidad de militares y civiles descubiertos como espías, al servicio del régimen venezolano. Uno de los casos más emblemáticos fue lo sucedido con quienes pasaron a Cúcuta en apoyo a Juan Guaidó, a la lista de sumaron varios militares o policías de inteligencia que prestaban servicios de pasar información a los cuerpos de seguridad en Venezuela.

Incluso mucho después de haberse disuelto los grupos de Cúcuta, varios de los espías han tratado de influir en las necesidades de ellos para presentarles ofertas nada despreciables, para que regresen a Venezuela, donde los cuerpos de inteligencia como Sebin o Dgcim actúan como intermediarios para que les quiten las sanciones, a cambio deben grabar un video diciendo que Guaidó los traicionó, incluso señalando de estar involucrados en actos conspirativos a varios dirigentes de la Oposición venezolana.

El exilio cubano en Miami emprendió una cruzada para que Netflix baje de su programación la recién estrenada película Wasp Network, que protagonizan el venezolano Édgar Ramírez y la española Penélope Cruz.

En el mencionado portal hay varias peticiones para esta causa. La más exitosa es la de la activista Bárbara Travieso, que ya tiene más de 13 mil firmas de las 15 mil que piensan recolectar para llamar la atención del streaming y lograr su cometido, «por daños y perjuicios».

Richard Moreno Ramos es otro de quienes abrió en el portal change.org una petición de firmas para que se logre el cometido por considerar que la realización del francés Olivier Assayas es difamadora contra esa comunidad.

«Esta pelicula esta dinigrando y difamando con su contenido a personas y grupos que luchan por una Cuba libre,miles de cubanos tenemos este sentir y queremos y exigimos a Netflix el retiro de esta infame película, exigimos respeto a todos Los seres humanos que hoy no están presentes por culpa de esos espías al servicio de la tiranía castro comunista dentro de EE.UU.» dice el enunciado.

Ambas peticiones hacen hincapié en que la imagen de los espías castristas lesiona los intereses , por cuanto los defiende, mientras, según ellos, a los exiliados los pone como terroristas.

La red avispa, como se conoce en español, es una adaptación del libro The Last Soldiers of the Cold War, de Fernando Morais y cuenta también con la participación de Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia, Wagner Moura y Ana de Armas, la novia de Ben Affleck.