La CIDH determinó que hubo “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, en respuesta a protestas, incluyendo la fuerza letal.

Asimismo el organismo indicó que observó varias situaciones en que se violaron los DD.HH. de quienes participaban de las manifestaciones.

Para la Comisión esta situación constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia.

Y considera imprescindible el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho.

Por medio de un comunicado y el pronunciamiento oficial de la canciller y vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, el Gobierno colombiano respondió al organismo internacional.

«Podemos oír respetuosamente, pero no es algo que obliga, que vincule al Estado colombiano», dijo Ramírez.

Al respecto el Gobierno Duque recalca que el Estado colombiano, está comprometido con la promoción, la protección y el respeto a los derechos humanos.

Pero hace varias apreciaciones, al informe que hace parte de las observaciones que hizo la CIDH en su vista a Colombia entre el 8 y 11 de junio.

«En este sentido, el Estado colombiano cuenta con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, y con una arquitectura institucional equilibrada», dice el documento.

En ese sentido la canciller manifestó: «no consideramos que haya necesidad de nuevos mecanismos por el principio de subsidiaridad que tiene el sistema interamericano de DD.HH., que opera cuando las instituciones internas del país no operan, que no sucede en Colombia».

Reiteró el compromiso de garantizar el orden público, la seguridad nacional y los derechos y patrimonio de todos losciudadanos, manifestantes y no manifestantes.

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Le dice a la CIDH que Colombia coincide con algunas observaciones dadas como un proyecto de ley estatutaria que regulelos alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia.

Además, que el Estado concuerda con que las manifestaciones fueron pacíficas (89%) y no requirieronintervención de la Fuerza Pública.

En el comunicado se manifiesta que el Estado colombiano se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH.

«A la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de DD.HH., tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos», sugiere el texto.

Por eso el Estado colombiano es enfático en rechazar la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de lasociedad”, como la anunció la CIDH en su comunicado.

«Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento».

En atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos, se asegura.

Además, aclara que en el país, hacen presencia más de 20 agencias de las Naciones Unidas

Así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPPOEA.

En este sentido y frente a la recomendación de “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas”, reitera que el Gobierno, ha condenado todo acto de violencia en las manifestaciones.

Y que la Fiscalía General de la Nación avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos delitos, que comprenden los actos de la Fuerza Pública.

Así como los ataques al patrimonio público, a los bienes de particulares y a los bienes culturales –los cuales gozan de especial protección–.

Y los actos contra la vida y la integridad de todos los ciudadanos. «Es la justicia ordinaria la llamada a investigar, conceleridad, todos los casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos», se manifiesta en el comunicado.

“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, con lo cual la preocupación de laComisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo yorgánico de nuestra Carta Política, dijo la canciller Ramírez.

Confirman que el Estado colombiano es enfático en afirmar que los eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que resultó necesaria la intervención de la Policía.

«Ello demuestra que el Gobierno del Presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos», dijo la funcionaria.

Aclara que la Policía no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones y que sólo podrá estar dotada de un mínimo número de armas menos letales cuando las protestas puedan ser afectadas por actos violentos de terceros.

Aclara al respecto, que es constitucionalmente válido y no violatorio de los derechos fundamentales, el uso de las llamadas armas Venom, que se clasifican entre las menos letales.

Asimismo aseguran que el Estado de Colombia rechaza, con preocupación, la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización.

Esto contra grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad.

«No puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones. Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades».

Frente a los presuntos casos de violencia contra mujeres, conocidos en el marco de las protestas sociales, aseguran que rechazan todo tipo de violencia contra el sexo femenino.

«Activamos el Mecanismo Articulador del que forman parte todas las entidades competentes, y se ha venido realizando elseguimiento, acompañamiento y gestión».

Argumentan que en cuanto a las denuncias sobre presuntas desapariciones y torturas «no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son», dicen.

«Insistimos en que la figura de los traslados de protección es legítima, está dirigida a proteger a los ciudadanos (…) no hay lugar a que se utilice para desapariciones y tratos crueles o inhumanos».

Advierten con extrañeza que algunas de las cifras presentadas a lo largo del documento carecen de contrastación, incluso, enocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas.

Sumado a ello, «llama la atención que se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos».

Por ejemplo, la muerte de niños por causa de la interrupción del paso de las ambulancias que los trasportaban, en palabras de la Comisión, “presuntamente sucedida debido a la falta de atención médica”.

Concluyen que el Gobierno difiere en que los bloqueos (llamados por la CIDH “cortes de ruta”), constituyan en general una forma legítima de manifestación.

Al respecto Colombia refiere que de acuerdo con el código penal los bloqueos viales son un delito.

«Como lo demostró Colombia ante la CIDH, los bloqueos ponen en riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos, así como la estabilidad de una Nación, al amenazar la libre movilidad y el suministro de alimentos y medicinas».

Varias reacciones han despertado las respuestas que da el Estado Colombiano al informe de la CIDH, entre ellas la del opositor al Gobierno Duque, Gustavo Petro.

«El informe de la CIDH dice lo que todo el mundo sabe en Colombia, que el gobierno de Duque quebró la constitución y uso la fuerza publica de manera criminal. Algunos apoyan eso. Los que creemos en un país democrático no podemos ser cómplices del terrorismo de estado», dijo en Twitter Petro.

Asimismo se pronunció Jose Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch quien calificó como «acertadas» las recomendaciones para Colombia de la CIDH.

«Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad», dijo el presidente Duque al concluir el día.

El informe de la @CIDH sobre Colombia presenta un diagóstico acertado sobre las violaciones de DDHH e incluye recomendaciones valiosas para ayudar a frenar estos abusos.

Como todo dictador Duque desatenderá las recomendaciones de la CIDH.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la ONU Derechos Humanos en Colombia, pidieron este lunes al Estado colombiano acciones urgentes frente a desaparecidos en protestas

Iniciar la «búsqueda y localización expedita» de las personas reportadas como desaparecidas durante las protestas fue con exactitud la solicitud de los organismos de DD.HH.

En ese sentido recomiendan que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad.

En otras palabras que contribuyna a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición.

Además, se busquen sin más dilaciones ni demoras, porque es vital prevenir la posible consumación de desapariciones.

Recordaron los estándares internacionales sobre las garantías para la prevención y protección de las personas frente a la desaparición.

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A su vez piden que esta labor de búsqueda sea liderada por las autoridades competentes con participación de las víctimas y las organizaciones denunciantes.

Tanto la ONU Derechos Humanos en Colombia como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, consideran necesario que el Estado cuente con esos registros actualizados.

Y que dichos registros estén disponibles para hacer un monitoreo en tiempo real sobre su detención, traslado y liberación, aún en casos de procedimientos administrativos policivos.

Finalmente, piden que las personas detenidas tengan el derecho a acceder a un abogado y a comunicarse prontamente con sus familiares.

Asimismo, a ser mantenidas en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades.

De esta manera solicitan al Estado Colombiano el despliegue del máximo de esfuerzos institucionales por parte de las autoridades para hallar a los desaparecidos.