La reforma constitucional propuesta para este año otorga una importancia crucial a las próximas elecciones legislativas.

Así lo afirmó el diputado Bruno Gallo, quien destacó que la representación en el hemiciclo será fundamental para oponerse a lo que considera un intento del gobierno de Nicolás Maduro de implementar un «Estado comunal», por lo que insiste en que el camino es electoral.

El diputado Gallo subraya que la reforma constitucional busca consolidar un modelo de «estado comunal», lo cual, a su juicio, representa una amenaza para la democracia y las instituciones del país. Por lo tanto, refiere que la elección legislativa se convierte en un escenario clave para defender el sistema democrático.

El parlamentario afirma que de llevarse a cabo la modificación de la Carta Magna, tal y como lo plantea el mandatario nacional, se implementaría una relación de obediencia directa para un gobierno autoritario.

Referente al cronograma electoral, el parlamentario señala que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha avanzado 62%, pese a la ausencia de publicación por los canales regulares. El dirigente detalla que para la fecha ya se inició la formación de los miembros de mesa y que en una semana comenzará formalmente la campaña para los candidatos.

El rector principal del órgano electoral Conrado Pérez confirmó en el mes de febrero que ratificaron a los miembros de mesa del 28 de julio, pero al permanecer inactiva la página web del organismo, los electores no han podido verificar su centro de votación ni ratificar, si es el caso, que son miembros de mesa.

Antes del llamado, el CNE debió publicar en Gaceta Electoral la lista de quienes fungirán como integrantes de los organismos electorales subalternos, pero dicha Gaceta tampoco apareció, al igual que la que debía contener la convocatoria a elecciones y el cronograma electoral.

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Para el politólogo Daniel Arias el concepto de Estado Comunal en Venezuela es un modelo de organización política y social propuesto por el gobierno chavista como forma de descentralizar el poder y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A su juicio, esta estrategia se viene consumando desde el 2007 en el alto mando y con colaboración de Parlamento desde el 2022.

Luego que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado como ganador de los comicios del 28 de julio sin que el Poder Electoral mostrara las actas de votación, pese a las denuncias de fraude y toma de posesión del cargo el 10 de enero, Miraflores busca profundizar una estrategia de dominación de la sociedad venezolana, enfocada en el sistema comunal. Así lo considera el politólogo Daniel Arias.

El consultor político recordó que el concepto de Estado comunal no está contemplado en la Constitución de 1999, pero es un sistema que se ha venido armando desde el segundo gobierno del presidente Hugo Chávez y el nacimiento de la Ley de los Consejos Comunales, promulgada por el líder ya fallecido, hace casi 19 años. Mencionó también que sucesivas leyes del poder popular han sido sancionadas desde entonces en el Poder Legislativo y reformadas recientemente.

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Cabe destacar que el pasado 15 de enero el mandatario nacional en su Memoria y Cuenta anunció un nuevo sistema que regirá su gestión, el cual será ejecutado a través de 5.297 circuitos comunales en todo el país y que fue aplicado para la elección de 15.000 jueces de paz el pasado 15 de diciembre.

Sin embargo, Arias insiste que ninguna estructura política funciona si no tiene el financiamiento necesario para cumplir con sus tareas, por lo que estima que este nuevo planteamiento de la administración de Maduro no funcione a largo plazo.

Se tiene previsto que en los circuitos comunales se realice este 2 de febrero la primera consulta de proyectos comunitarios, con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que aún no se ejecuta la modificación a la carta magna.

En Venezuela, cada vez queda menos del modelo federal descentralizado. El Estado Comunal tiene mucho de tabla de salvación dispuesta para el momento en que sea necesario usarla, es decir, cuando otras estrategias de condicionamiento o bloqueo de las vías democráticas hayan fallado para el gobierno chavista.

Al parecer, llegó el momento de instaurarlo. Nicolás Maduro se comprometió con el pueblo a «superar el burocratismo y la indolencia de muchos» .

Esto es «Cara a Cara» con Mildred Manrique y Oliver Rivas, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico.

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El parlamentario denuncia que al Estado Comunal se llegará venciendo a adversarios muy poderosos, y que quienes más se han opuesto son los sectores de «derecha institucional».

Concluye que lo que se viene con la instalación del Estado Comunal es «resolución, paz, participación y recuperación».

Como suele suceder en Venezuela, un escándalo tapa otro o de pronto una noticia copa la atención de los venezolanos, dejando de lado temas que se convierten en peligros que se ciernen sobre nuestra manera de vivir como país.

En este sentido se enmarca lo que está ocurriendo con las leyes del Poder Popular que impulsa la Asamblea Nacional del 2020 y que esconde la imposición del llamado Estado Comunal que ya fue rechazado en el único referendo que perdió Hugo Chávez, en el 2007.

En este sentido, el politólogo Nícmer Evans, reaccionó advirtiendo que el “Estado comunal es la abolición de la República”.

Explicó que se trata de la imposición de una visión estalinista y comunista heredada de la Unión Soviética y aplicada en Cuba.

“Mientras el pueblo venezolano se agobia con estrepitoso diferencial que existe entre el dólar paralelo y el oficial y el incremento acelerado de la devaluación que nos asfixia, y por otro lado nos distraen con una gran negociación que se hizo para beneficiar a Chevron, con base en el hecho de decir que venían tres mil millones Venezuela; la verdad es que de trasfondo adelantan la reforma de las leyes del Poder Popular que decretan la abolición de la República Bolivariana de Venezuela”, aseveró.

Alertó, además, que esas leyes atentan, de facto, contra las alcaldías y gobernaciones, lo que significa la abolición de uno de los logros más importantes de la democracia, como es la descentralización.

Por ello, hizo un llamado a la oposición a que “no abandonemos y no dejemos que desde la Asamblea Nacional de 2020 nos aplasten y disuelvan la República tal como está contenida en la reformas de estas leyes”, afirmó.

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Por su parte, el exparlamentario Luis Barragán, en conversación con Impacto Venezuela, dijo que el Estado Comunal “es un ardid más del régimen. Han tratado de implementarlo desde que Chávez fracasó con la reforma constitucional que pretendió consagrarlo”.

Recordó que, desde ese año, hicieron “leyes, reglamentos, resoluciones y providencias que violan la Constitución. Ni siquiera trataron de ‘normalizar’ la situación a través de la constituyente electa en 2017. Pudieron hacer una ley constitucional”, explicó.

Barragán ratifica que “no existe en la Constitución de 1999 nada que tenga que ver con el Estado Comunal. Hay algo llamado Poder Popular que ha impuesto las comunas y los consejos comunales. Los mismos están orientados desde un ministerio específico y por encima de las asociaciones ver vecinos, por ejemplo”.

“El Poder Popular es lo que diga el régimen. Es como ocurre desde hace muchas décadas en NorCorea y Cuba, etc. Y no por casualidad, el Estado Comunal es fiel reflejo de lo que ocurre en Cuba. Se lleva por el medio a la institución municipal, cultivada y heredada desde la colonia española”.

“El Poder Popular y el Estado Comunal es una colcha disparatada de mil retazos. Muy poco o nada abona. Meten cualquier idea sobre congestión, autogestión, mesas técnicas de trabajo. Lo distorsiona todo”, afirmó.

Ambos conceptos “constituyen una experiencia de radical inseguridad jurídica. Impone conceptos ambiguos, vagos y extravagantes que se vierten en sus definiciones y procedimientos”, alertó.

En el referendo constitucional del 2007, el único perdido por Hugo Chávez, el pueblo venezolano dijo NO a la reforma de la Carta Magna que establecía, sobre todo, la figura del Estado Comunal.

No obstante, Nicolás Maduro, hace algunos meses, ordenó a la Asamblea Nacional (AN) reformar varias leyes del llamado «Poder Popular», con miras a establecer por esa vía, el Estado Comunal.

Una de esas normas es la Ley de las Comunas que, según el analista y parlamentario Aníbal Sánchez, «tiene la misma intención de acabar con el sistema republicano y burlar la Constitución».

En conversación con Impacto Venezuela, Sánchez alertó que «el Gobierno trata de establecer un Estado Comunal socialista al margen de la Constitución. En el 2007 llevaron la reforma a consulta y 50.7% la rechazó», recordó.

Igualmente, rememoró que esa Ley de Comunas ya fue aprobada por los diputados chavistas en el 2009, pero ahora la están reformando, en primer lugar porque «Maduro continúa con la idea» de instaurar su Estado Comunal, porque «ha superado algunos retos de gobernabilidad».

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Sánchez trajo a colación que «en marzo del 2021 la AN aprobó en primera discusión proyecto de Parlamento Comunal y el de Ley de Ciudades Comunales», lo que unido a la reforma de la Ley de Comunas buscan crear «una nueva instancia territorial y política que no está en la Constitución y que le restaría atribuciones a las alcaldías».

Alertó a la ciudadanía que «debe estar movilizada y en conocimiento. La expresión ‘consejo comunal’, suena desde el 2005 con la reforma de la Ley del Poder Público Municipal que data de 1976 la cual en estos días ha sonado mucho a raíz de definir el inicio de los periodos y nombramiento de directivas de los concejos», explicó.

“Al mencionarse en el 2005 los consejos comunales eran como instancias locales de planificación pública con funciones de participación directa y protagónica, dialéctica usada siempre por el socialismo”, agregó

Sostuvo que «esta propuesta legislativa antes, y ahora con las reformas, atenta contra los principios de participación política, democrática, y del sistema político republicano desarrollado en la Constitución de 1999. No se establece un sistema de control, ni de contrapeso o equilibrio”, remarcó.

A juicio del parlamentario, tal como están planteadas las leyes que piensan reformar, «el Estado Comunal contradice nuestra identidad republicana que viene de 1811, lo que es raro para quienes se dicen bolivarianos».

Enfatizó en que «en la Carta Magna, el municipio es el eje de organización de la sociedad. No es la comuna que no aparece en el texto constitucional. Por ello insistimos en que deben activarse los mecanismos de consulta, como el referendo, para aprobar esas normativas».

Sánchez alertó que las reformas de estas leyes serán usadas por el oficialismo en las próximas campañas electorales, bajo «la cobija del empoderamiento del pueblo, cuando en verdad nos ven como súbditos, así que escucharemos más a menudo la expresión: ‘comuna o nada’”.

En la mira de la AN se encuentra la reforma de la Ley Orgánica de Comunas, la Ley Orgánica de Consejos Comunales, la Ley de Competencia y Transferencias del Poder Popular, la Ley del Parlamento Comunal Nacional, la Ley de Comunicación del Poder Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social y la ley de Producción Social de Vivienda y Hábitat.

A propósito de la conmemoración de la Batalla de Carabobo, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que se refirió a la instauración del Estado Comunal.

En el texto, resaltó que viola los principios constitucionales de participación protagónica y la democracia.

Argumentó que este mecanismo busca «la implementación de un sistema totalitario».

En un comunicado por el bicentenario de la Batalla de Carabobo, los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela, sostuvo que la administración de Maduro intenta hacer a un lado al pueblo.

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Además, recordó que la ciudadanía está golpeada por la grave crisis en los servicios públicos y la economía.

“Se pretende imponer una nueva visión y un modelo diverso al de la democracia participativa y protagónica propuesto en la Constitución”, advirtió la CEV.

Por ello, los obispos instaron a los venezolanos a defender la democracia.

Asimismo, la Iglesia expresó preocupación por el aumento de los migrantes y refugiados venezolano.

Ciudadanos que parten hacia otras naciones en búsqueda de mejores condiciones de vida.

“Los oscuros nubarrones que se ciernen sobre el país y las consecuencias de malas prácticas políticas de los últimos años plantean la urgente necesidad de “REFUNDAR LA NACION”.

Basada en los principios que constituyen la nacionalidad, inspirada en el testimonio de tantos hombres y mujeres que hicieron posible la Independencia».

Tuvieron que pasar 14 años para que la sombra del Estado Comunal volviera a proyectarse sobre Venezuela. Todo, mientras en nuestro país nos preocupamos por sobrevivir a la crisis y a la pandemia.

El madurismo avanza en la creación de ese “Estado” que, según los expertos, es “un adefesio” que acabará con una de las conquistas más grandes de la democracia: la descentralización.

El Estado Comunal trató de imponerse en la reforma de la Constitución que Hugo Chávez perdió en el 2007. Luego, en el 2010, nacieron las comunas y los consejos comunales, formas de “gobierno” que ya existen, pero aún no alteran el funcionamiento de las gobernaciones y alcaldías.

Pese a que hay miles de comunas y consejos comunales constituidos e incluso tienen una ley que las rige, su influencia no va más allá del ámbitos locales. A decir de los expertos consultados, la imposición del Estado Comunal, acabaría precisamente con la división de nuestro territorio como lo conocemos.

Con las elecciones del 6 de diciembre del 2020. Estas derivaron en el nacimiento de una Asamblea Nacional dominada por completo por el Psuv.

Este Parlamento, recibió en enero, varias leyes, entre ellas la de las Ciudades Comunales y la del Parlamento Comunal. Ambas han sido aprobadas en primera discusión y están en proceso de consulta.

El Estado Comunal “es un ardid más del régimen. Han tratado de implementarlo desde que Chávez fracasó con la reforma constitucional que pretendió consagrarlo”, dijo el exdiputado Luis Barragán.

Recordó que, desde ese año, hicieron “leyes, reglamentos, resoluciones y providencias que violan la Constitución. Ni siquiera trataron de ‘normalizar’ la situación a través de la constituyente electa en 2017. Pudieron hacer una ley constitucional”, explicó.

Barragán ratifica que “no existe en la Constitución de 1999 nada que tenga que ver con el Estado Comunal. Hay algo llamado Poder Popular que ha impuesto las comunas y los consejos comunales. Los mismo están orientados desde un ministerio específico y por encima de las asociaciones ver vecinos, por ejemplo”.

“El Poder Popular es lo que diga el régimen. Es como ocurre desde hace muchas décadas en NorCorea y Cuba, etc. Y no por casualidad, el Estado Comunal es fiel reflejo de lo que ocurre en Cuba. Se lleva por el medio a la institución municipal, cultivada y heredada desde la colonia española”.

“El Poder Popular y el Estado Comunal es una colcha disparatada de mil retazos. Muy poco o nada abona. Meten cualquier idea sobre congestión, autogestión, mesas técnicas de trabajo. Lo distorsiona todo”, afirmó.

Ambos conceptos “constituyen una experiencia de radical inseguridad jurídica. Impone conceptos ambiguos, vagos y extravagantes que se vierten en sus definiciones y procedimientos”, alertó.

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Por su parte, el dirigente opositor, Daniel Antequera, denuncia que el Estado Comunal “atenta contra la República. Representa una amenaza para los estados y municipios”.

“Se pretende quitar el poder real que tienen los ciudadanos” y que se logró gracias a la descentralización.

Para Antequera, es necesario “generar de esto un gran movimiento político y social. La aprobación y ejecución de este Estado significa un peligroso atraso para Venezuela”.

En este sentido coincide Paulino Betancourt, secretario ejecutivo de Vente Miranda.

“Denunciamos esta tentativa fraudulenta de crear una nueva geometría del poder. Quieren transformar la organización político territorial del Estado venezolano y su división político-administrativa”, dijo.

Aseguró que “la intención es instaurar un proyecto político de socialismo comunal. Este es visiblemente incompatible con la democracia representativa y participativa. También con el Estado Federal descentralizado, y el principio del pluralismo consagrado en nuestra Carta Magna”.

A su juicio, “la comuna es la aniquilación de la República, porque nuestra República está basada en el municipio, como unidad básica de gobierno. Las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, son la base de la república democrática”.

Recuerda que “en esta estructura el voto es universal, directo y secreto. En el Proyecto de Ley se deja el tema abierto sin mayor claridad, solo se menciona que habrá una elección popular, a mano alzada. Por tanto, no hay más elecciones, la votación es de segundo o tercer grado”.

Alerta que en la propuesta “lo que cuenta es el colectivo, desaparece el individuo y no habrá autonomía. Este es un sistema que solo sirve para perpetuarse en el poder. La idea es que los voceros electos a mano extiendan el dominio del PSUV”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, experto municipalista, sostiene que “estamos en presencia de un inaplazable debate. El oficialismo madurista pretende usar la mayoría con la que hoy cuenta en la Asamblea Nacional, para continuar rebanando las instituciones públicas”.

Para el experto, se trata de “la aprobación de instrumentos pseudolegales que le permitan imponer de nuevo el Estado Comunal. Quiere romper definitivamente el Estado democrático, social de derecho y de justicia”, consagrado en la Carta Magna, en su artículo 2.

Resalta el contenido de la Ley de Ciudades Comunales, como el ejemplo de sus afirmaciones. Se refiere al dispositivo 56, relacionado con las transferencias de competencias.

Artículo 56: «Los Órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades políticos-territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia … De acuerdo al marco legal y desarrollo del Plan de La Patria en la transformación popular y revolucionaria del Estado…».

El especialista señala que “esto está en contradicción con lo establecido de manera inequívoca en la CRBV, en su artículo 16: «…Con el fin de organizar políticamente la república, el territorio se divide en el de los estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en municipios».

Afirma que “el madurismo pretende vaciar al municipio, célula básica de la nación. Quiere edificar unas fantasmales ciudades comunales, rojas rojitas. Con estas se vaciarían de competencias, atribuciones y recursos económicos a nuestros soberanos municipios. Y será para cederlos a unos aparatos políticos sectarios de elecciones de segundo y tercer grado”.

Por último, la ONG especializada en temas de derecho, Acceso a la Justicia, alerta que, con estas leyes, “los poderes territoriales, municipal y estadal prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución. Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del sistema nacional de justicia de paz».

Alerta que “Maduro quiere darles vida a cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.

Advierte que “la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución. Pretende reemplazarlos por otros entes, entre ellos la comuna y las ciudades comunales”.

“Ello configura un grave atentado a la autonomía municipal, por cuanto se trata de una estructura superpuesta a los municipios y estados”, añade.

“La estructura de la ciudad comunal, tal como está prevista en la propuesta legislativa, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo, vulnerando así, entre otros, el artículo 136 constitucional”, afirma la ONG.

Dice que, “en este modelo de Estado comunal se funcionaliza la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central. Todo según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe autoprestar los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que este le indique y permita”.

“Sin duda, la ciudad comunal representa un grave retroceso y la desaparición de la forma de Estado federal en Venezuela que data de 1811, con el propósito no solo de eliminar a los municipios y entidades federales, sino también de intensificar la construcción de una forma de organización político social en la que el Ejecutivo nacional controla las comunidades y ejerce un dominio sin freno de otros poderes del Estado sobre ellas”, concluye.

Sin duda, la ciudad comunal representa un grave retroceso y la desaparición de la forma de Estado federal en Venezuela que data de 1811, con el propósito no solo de eliminar a los municipios y entidades federales, sino también de intensificar la construcción de una forma de organización político social en la que el Ejecutivo nacional controla las comunidades y ejerce un dominio sin freno de otros poderes del Estado sobre ellas.