De marzo a septiembre de 2020, meses en el que se mantiene el estado de Alarma por la llegada del COVID-19, se reportaron 5 personas asesinadas y 442 detenidas en el contexto de manifestaciones en el país, según Provea.  

Estas cifras, son presentadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos en su informe denominado “La disciplina del miedo: Las detenciones arbitrarias y asesinatos en protestas”.

Según el documento, de las 442 detenidos, 159 se realizaron de manera arbitraria.

Entre las detenciones están a periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena.

“En detrimento del ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al COVID-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”, reza el documento.

De esas 159 personas, 108 (67,5%) ocurrieron en los tres primeros meses del año. “El único estado donde no se presentó detenciones fue Amazonas”.

Provea señala que 34 casos (21,25%) están concentrados en Caracas y 38 casos (24%) de la totalidad de las detenciones se realizó contra mujeres.

Destaca el informe que en total 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron de las detenciones arbitrarias.

De esos cuerpos de seguridad destacan, la Guardia Nacional con 34 casos, las Faes con 17 casos y la Dgcim con 17 casos.

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En operaciones conjuntas  se registraron dos casos entre la GNB y los llamados colectivos.  

Provea asegura que la ausencia de lineamientos claros sobre la política de cuarentena que ha aplicado el régimen, “ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”.

Esta situación agravó “las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país”.

En cuanto a los perfiles de personas detenidas, precisa que al menos 59 (37,10%) detenciones ocurrieron contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

33 (20,7%) son detenciones arbitrarias a personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos.

Asimismo, hubo 25 (13,5%) privaciones de libertad a personal de salud, entre ellos médicos, enfermeras y personal obrero.

10 sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.

“Sobre los hechos que motivaron la acción al menos 17 personas detenidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia”.

Agrega que al menos 13 personas las detuvieron arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio.

El ministerio del Trabajo del régimen considera que el derecho a las vacaciones de los empleados y obreros venezolanos se encuentra suspendido. Esto mientras dure el Estado de Alarma decretado por Nicolás Maduro para evitar la propagación de la COVID-19.

La información la publicó la ONG Acceso a la Justicia en su portal. Se trata de un pronunciamiento de la consultoría jurídica del despacho, del 18 de septiembre de 2020.

«Se suspenden parcialmente, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio una de las facultades del patrono o patrona vinculadas a organizar y dirigir las fechas de otorgamiento de vacaciones a sus trabajadores (…) no podrán otorgarse vacaciones o ser compensadas con dicho periodo», señala el documento.

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Asimismo, consideró «sin efecto» las vacaciones ya otorgadas durante la actual crisis. «Igualmente, en caso de que algunos trabajadores se encontraran disfrutando de sus vacaciones, para la fecha de la declaratoria del ‘Estado de Alarma’ estas quedan suspendidas».

En ambos casos, «se exhorta a los patronos y trabajadores a negociar una nueva fecha para el disfrute de las vacaciones de manera efectiva».

El pronunciamiento del ministerio surgió en respuesta a una interrogante de la Cigarrera Bigott. El 11 de septiembre, la empresa envió un escrito en el que preguntaba: «¿En los actuales momentos se puede otorgar el disfrute de vacaciones a los trabajadores que han permanecido activos y que hayan cumplido con el tiempo necesario para solicitar el disfrute?».

«El organismo público no solo no respondió esa interrogante. También realizó una declaración que es general e incompleta. Suscita más dudas de las que aclara», aseguró la ONG.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ) al servicio de Nicolás Maduro declaró constitucional la prórroga del decreto de Estado de Alarma.

Este decreto corresponde al N° 4.337 dictado por Maduro en el que se prorroga el estado de Alarma hasta noviembre.

Publicaron este decreto en la Gaceta Oficial N° 6.579 Extraordinario del 05 de octubre de 2020.

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Conforme lo prevé el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, mediante la sentencia  Nº 0146-2020 de la Sala Constitucional de Maduro informó que entró en vigencia desde el momento de su dictamen.

Asimismo el cuestionado Poder Judicial resaltó que  su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume.

Finalmente, el fallo ordenó la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial, en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

Nicolás Maduro declaró Estado de Alarma en el país desde que se registró el primer casos de COVID-19en Venezuela.

Desde allí lo prorroga mensualmente, pese a modificaciones a la cuarentena.

Ante la inminencia de un fin de semana largo por el festivo del 12 de octubre, el Gobierno de España declaró el estado de alarma en Madrid. De esta manera, las autoridades de esa nación esperan frenar los contagios de COVID-19.

La decisión la tomó el gobierno de Pedro Sánchez, en medio de una disputa con la Comunidad de Madrid. La alcaldesa, Isabel Díaz Ayuso, se negaba a cerrar la ciudad, como parte de las medidas aplicadas en otras regiones.

Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, convocó el jueves a un consejo de ministros para imponerse sobre el gobierno madrileño. Y lo logró.

Los medios españoles informaron que Sánchez quiso llegar a un acuerdo con Díaz Ayuso. Le presentó tres opciones que permiten mantener las medidas preventivas revocadas por los tribunales.

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La primera es que fuera la Comunidad de Madrid la que dicte la orden. La segunda era que el Ejecutivo regional solicitara al Gobierno la declaración del estado de alarma. Y última consistía en que el propio Gobierno de Sánchez fuera el que impusiese ese estado de excepción.

Ante la negativa de la presidenta de la comunidad, Sánchez llamó al Consejo y este decidió imponer la medida.

Los madrileños llevan al menos tres semanas asistiendo a un enfrentamiento político sin precedentes. Todo en medio de una pandemia que tiene a Madrid como epicentro europeo. La incertidumbre de la población se produce porque no tiene muy claro qué medidas restrictivas están en vigor y cuales no.

Durante estos días la población ha asistido a las presiones del Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid tomara medidas para cortar los contagios. El Gobierno de Ayuso emitió una normativa que solo imponía restricciones a algunos barrios de la región, que desde el departamento dirigido por el ministro Salvador Illa se tachó de demasiado laxa.

Un total de 200.000 dólares aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar a la población afectada por el desbordamiento del río El Limón, en el estado Aragua.

Estos recursos se aprobaron tras la declaración del Estado de Alarma, por parte del presidente encargado, Juan Guaidó. Este decreto fue autorizado por la Asamblea Nacional.

Se trata de «una donación para asistencia humanitaria, por un monto de US$200.000 de recursos no reembolsables», señala el comunicado del BID.

Agrega que el «principal objetivo de estos recursos es apoyar al Gobierno Interino de Venezuela en la implementación de acciones humanitarias»· Las mismas «están destinadas a los afectados de la crecida y desborde del río El Limón».

Explica que «este apoyo consiste en proveer insumos esenciales como: productos alimenticios, medicinas, agua». Todo «para satisfacer las necesidades inmediatas de la población».

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Asimismo, el BID «contempla brindar servicios de socorro y transporte de los bienes antes indicados a las áreas afectadas. Por ejemplo: alquiler de equipos, maquinarias y combustibles para asegurar que las comunidades afectadas puedan superar la difícil situación».

Las fuertes lluvias que cayeron en el estado Aragua provocaron el desbordamiento del río El Limón. Resultaron afectadas principalmente familias que residen en el municipio Mario Briceño Iragorry en Maracay. El alud destruyó unas 100 viviendas.

El presidente encargado, Juan Guaidó, emitió el decreto de «estado de alarma» en el estado Aragua, debido al efecto devastador del desbordamiento de varios ríos, entre ellos El Limón. Esta medida, publicada en Gaceta Legislativa y redes sociales, permite a Guaidó solicitar ayuda internacional para socorrer a los afectados.

«Se instruye a todo el personal del servicio exterior del país a los fines de realizar todas aquellas gestiones pertinentes», señala. Añade que se debe «coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra Nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación».

Y resalta que estas acciones se tiene que realizar «de conformidad con las instrucciones giradas por la Presidencia en conducción de las relaciones internacionales».

«Se declara el estado de alarma, como modalidad del estado de excepción, en el territorio del estado Aragua», dice el documento. Agrega que la medida se toma «debido a los estragos causados por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los cauces hídricos de este estado».

Destaca que «el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de treinta (30) días, pudiendo ser prorrogable por treinta (30) días adicionales».

Para ejecutar el decreto, «se declara un régimen especial» que incluye: ordenar a las autoridades administrativas correspondientes que se aboquen a la atención urgente de todas las comunidades afectadas por el desbordamiento del río El Limón».

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Igualmente «ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que se brinde la debida protección a los habitantes de todas las comunidades afectadas». También ordena que la FAN «trabaje en articulación con bomberos y Protección Civil».

También exige «a los integrantes de los cuerpos de seguridad abstenerse de impedir u obstaculizar el trabajo realizado por los voluntarios en las zonas afectadas».

Establece que «los órganos y entes de la Administración Pública Nacional establezcan horarios de labores del personal». Esto «para la máxima colaboración en la restitución de los servicios básicos en las comunidades afectadas».

Por otro lado, «instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud pública para que procuren la obtención de recursos, servicios y personal técnico capaz desuperar las necesidades las comunidades afectadas». Esta parte se ejecutaría «conjuntamente con el sector privado, así como con órganos multilaterales de cooperación internacional».

ATENCIÓN | Presidente (e) de Venezuela @jguaido decreta Estado de Alarma en el estado Aragua por los estragos de las fuerte lluvias. La medida permitirá solicitar cooperación internacional para atender la emergencia que padece la población.Documento: https://t.co/QjFUcBIyv6

Delcy Rodríguez informó este viernes que debido al incremento de casos por COVID-19 en el país, Nicolás Maduro extendió el decreto de Estado de Alarma por un mes más. En ese sentido, Venezuela se mantendrá en cuarentena radical hasta el 12 de agosto.

Durante un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez detalló que esta nueva medida del régimen que lidera Nicolás Maduro es para atender “la emergencia de COVID-19 en el país”.

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Desde marzo, Maduro decretó Estado de Alarma en el país, el cual fue extendiendo todos los meses hasta la actualidad. Pese a que decía en cada balance que Venezuela tenía el brote por COVID-19 “controlado”, los casos se mantenían en alza.

A principios de junio el régimen inició un esquema de flexibilización en el país primero el 5+10 que luego fue modificado al 7+7, eso significaba que 7 días algunos sectores económicos iban a abrir sus puertas en horario especial, mientras que los otros 7 días se mantenían en cuarentena radical.

Sin embargo, la semana del 29 de junio al 5 de julio la flexibilización no aplicó para todos los estados por ello Distrito Capital, Miranda, y algunos municipios de Aragua, Carabobo, Táchira y Zulia se mantuvieron en cuarentena.

Se disparó el número de contagios por segunda día consecutivo, el miércoles hubo 38.137 y este jueves la cifra alcanzó los 39.327 casos, el número más alto desde que arrancó la pandemia en marzo.

Varios estados en alerta y con medidas más drásticas debido al rebrotes es parte de panorama que se presenta en Texas, Arizona, Florida, California, Nevada, Carolina del Norte y California, donde se habían levantado las restricciones y reanudado las actividades económicas.

El aumento en el reporte de casos obedece a que EE. UU. incrementó la realización de pruebas diagnósticas con más de 25 millones aplicadas y eso ha permitido detectar nuevos focos de la enfermedad. Sin embargo, la curva de casos positivos, ha venido creciendo paralelamente.

En los estados con rebrotes las hospitalizaciones y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo han comenzado a crecer preocupantemente; además, el aumento de casos se ha concentrado en los menores de 30 años quienes, al parecer, no estarían aplicando con rigor las medidas de distanciamiento social y de uso de tapabocas.

En Texas, por ejemplo, medidas como no salir de sus casas y el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos se generalizan, Su gobernador, Greg Abbott ordenó a algunos hospitales suspender los procedimientos quirúrgicos para dar espacio a los pacientes de COVID-19.

En total, en EE. UU. han muerto unas 122.000 personas por el virus y ya hay casi 2,5 millones de casos. El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró que el número total de contagios es al menos 10 veces más alto que la cifra oficial.

Redfield calculó que el 8 por ciento de la población en el país norteamericano se contagió desde febrero de 2020 (24 millones) y al menos 300 millones de personas estría en riesgo de infectarse.