La ONG Fundaredes informó este viernes que en abril se contabilizaron 56 homicidios en seis estados fronterizos del país. Con ellos se suman 285 asesinatos en el primer cuatrimestre de 2022.

Según los datos de la organización, en enero se registraron 91 homicidios, en febrero 67 y en marzo 71. Este último es el mes con la mayor tasa de asesinatos en lo que va de año en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Asimismo, Fundaredes indicó, en su informe «Curva de la Violencia», que el mes pasado se documentaron 23 desapariciones, para un total de 119 en los primeros cuatro meses del año. Además, hubo 24 enfrentamientos armados en abril, que suman 94 desde enero.

«Los índices de criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela continúan en aumento. Estas entidades se convirtieron en territorios donde impera la indiferencia de las instituciones del Estado venezolano y persisten las disputas entre grupos irregulares por control y dominio territorial para mantener sus operaciones criminales», aseguró la ONG.

Bolívar, que limita con Brasil, registró el mayor índice de violencia en abril con 20 homicidios. Le siguen Zulia y Táchira, que limitan con Colombia, con 16 y 9 homicidios, respectivamente.

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Según Fundaredes, el trabajo de documentación en Táchira «dejó en evidencia cómo la presencia del ELN y la megabanda Tren de Aragua mantienen elevados los índices de violencia en la línea fronteriza, amedrentando a los habitantes que deben convivir bajo las operaciones de estos actores».

«Del mismo modo, los asesinatos en los pasos ilegales, conocidos como trochas, se recrudecieron durante el mes de abril, donde al menos 10 venezolanos perdieron la vida en manos de la guerrilla del ELN», indicó.

En Amazonas, en el sur del país, donde se computaron cuatro homicidios, el «recrudecimiento de la violencia ha generado una vulnerabilidad en las comunidades indígenas» asentadas en ese territorio «de basta riqueza de minerales y selva».

Las mismas «se ven afectadas por la actuación de los grupos armados irregulares que controlan la minería ilegal», según la organización.

Por otra parte, los habitantes de los sectores Arenales, El Ripial y Las Mercedes del municipio Páez del estado Apure, continúan bajo un escenario de graves hechos de violencia y vulneración a sus derechos humanos.

Allí, no solo los grupos irregulares de la zona actúan de manera criminal, sino que también se le suman los abusos de la parte de la FAN y otros cuerpos de seguridad.

«Se valen de su poder cometieron allanamientos a fincas, destrucción a la propiedad privada y detenciones arbitrarias durante las operaciones de seguridad y defensa desplegadas en la entidad llanera», destaca.

Entre las estadísticas recabadas Apure registró 1 homicidio y 1 enfrentamiento armado durante el acontecer violento del mes de abril.

En este sentido, los hechos de violencia perpetrados en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón demuestran que la población de estos territorios se encuentra potencialmente en riesgo.

FundaRedes a través de sus investigaciones detectó que la violencia de las tres unidades de análisis correspondiente al estado Falcón aumentó 57,2% con referencia a abril de 2021.

En 2021, Fundaredes documentó, al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos, en los que 439 personas murieron. Esto representó 45 % del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones

La Organización No Gubernamental (ONG), Fundaredes informó este sábado que durante febrero registraron 67 homicidios; 37 desapariciones o secuestros y 17 enfrentamientos armados en 6 de los 8 estados fronterizos de Venezuela.

Aseveró que los datos recogidos en el informe «Curva de la Violencia», los recabaron en; Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas; que limitan con Colombia o Brasil.

La ONG indicó que Zulia fue la región «más violenta» con 21 homicidios; seguido de Bolívar con 19, Táchira con 17, Apure con 16, Falcón con 3 y Amazonas con 1.

Destacó que en Zulia, las actividades relacionadas a la «extorsión continúan tomando auge»; con la utilización de «artefactos explosivos para amedrentar y amenazar a las víctimas».

Por su parte, determinó que en Bolívar, la «minería ilegal» sigue «generando violencia de la mano de grupos armados irregulares; así como los llamados ‘sindicatos’; los cuales controlan estos territorios y la extracción minera».

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Por otra parte, Fundaredes advirtió que la información recabada sobre el estado Apure refleja «las adversidades» por la que pasan los ciudadanos; debido «al conflicto armado que se desarrolla en esa entidad por parte de los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y las disidencias de las FARC, con el objetivo de controlar el territorio».

«Una de las hazañas criminales de estos grupos es la activación de minas antipersonales en la región llanera; atemorizando considerablemente a la población que huye a territorio colombiano en busca de protección», subrayó.

La ONG sostuvo que estos hechos tienen sus antecedentes en marzo del año pasado; cuando estalló un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y un grupo disidente de las FARC en Apure; en el que murió un número no determinado de militares y ocho de ellos fueron secuestrados durante más de un mes.

Los estados fronterizos, continúan siendo epicentro de muertes violentas; incluso, alertan un incremento tras el arraigo de Grupos Armados Irregulares (GAI); los cuales se suman a las bandas delincuenciales con alto poder de fuego.

Ante esta situación, la Organización No Gubernamental, Fundaredes, mediante su instrumento “Curva de la Violencia”, le hizo seguimiento a los homicidos; desapriciones y secuestros. También monitoreó los enfrentamientos ocurridos en Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón.

La ONG determinó que en noviembre, se documentaron 77 asesinatos, 20 personas reportadas como desaparecidas y 21 enfrentamientos armados; en los que perdieron la vida 31 personas.

Estas cifras representan un incremento de 28% con relación al mes anterior, en el caso de los asesinatos. 26% en relación con las desapariciones y/o secuestros; y un 31% en lo que corresponde a enfrentamientos armados.

Durante el estudio y monitoreo, alertaron sobre el incremento de casos de abuso sexual contra adolescentes y niños; así como el recrudecimiento de la violencia entre bandas que se disputan el control de los negocios ilícitos en las entidades fronterizas; también el surgimiento de nuevas agrupaciones delictivas que usan granadas y armas de guerra para cometer sus fechorías.

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Zulia continúa encabezando la lista de entidades violentas, seguida de Bolívar y Falcón. El municipio Maracaibo ocupo el primer lugar en presentar hechos de violencia con doce (12) víctimas de asesinato; seguido de Jesús Enrique Lossada con ocho (08) casos,  San Francisco con cuatro (04).

Mientras los municipios La Cañada de Urdaneta y Santa Rita registraron tres (03) víctimas cada uno; Machiques de Perijá, Miranda y Lagunillas cada uno con dos (02) muertes; y en los municipios Simón Rodríguez, Baralt, Rosario de Perijá y Cabimas se documentó un (01) caso en cada uno.

Cabe destacar que varios de estos decesos tuvieron lugar en medio de enfrentamientos entre organismos de seguridad del Estado y presuntos delincuentes pertenecientes a bandas criminales que mantienen azotada a la población Zuliana. Dieciocho personas perdieron la vida bajo estas circunstancias.

Bolívar es la segunda entidad con elevados índices de criminalidad. Región minera donde los GAI han tomado el control de la zona, especialmente los llamados “sindicatos”, la guerrilla del ELN, bandas delincuenciales y algunos grupos de indígenas.

En noviembre de 2021, la entidad registró  un total de veinte (20) homicidios, siendo diecinueve  (19) las victimas de género masculino y una (01) femenina. Los municipios con mayor incidencia en estos hechos fueron El Callao y Caroní  con ocho (08) víctimas cada uno, el municipio Angostura del Orinoco con dos (02) y los municipios Sucre y Padre Pedro Chien con uno (01) cada uno.  En cuanto a los enfrentamientos, se registraron un total de cinco (05), en los que fallecieron nueve (09) personas. En estos sucesos hubo la participación de organismos de seguridad como la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional, Polibolívar  y efectivos del Ejército venezolano.

Falcón, para este mes de noviembre de 2021 se presenta como la tercera entidad con más índice de violencia y criminalidad, los homicidios que se perpetran en esta región se deben a enfrentamientos, sicariato, riñas, ajuste de cuentas y venganza. Las bandas delincuenciales se enfrentan y asesinan entre ellos por el control de zonas.

Esta entidad con salida al mar Caribe,  contabilizó durante noviembre de 2021, registra en las unidades once (11) víctimas de homicidio, nueve  (09) desapariciones o secuestros y  tres (03) enfrentamientos armados

Táchira ocupa el cuarto lugar de la lista de entidades violentas en la frontera venezolana; entre los hechos más resaltantes destacan las amenazas de sujetos que dicen ser integrantes de la guerrilla del ELN; contra viajeros que intentan pasar con equipaje o mercancías por el Puente Internacional Simón Bolívar, y son víctimas de amenazas y extorsiones por parte de estos antisociales, quienes les exigen importantes cantidades en dólares o pesos.

Otro de los flagelos por los que atraviesa el estado son los femicidios, cuyos casos se han incrementado en esta entidad andina. Los municipios Pedro María Ureña, Torbes, San Cristóbal y Libertador se distribuyen los cuatro asesinatos registrados este mes en territorio tachirense, mientras los municipios San Cristóbal, Fernández Feo y Andrés Bello registraron un (01) caso de desaparición o secuestro cada uno.

En Táchira, la unidad de análisis de enfrentamientos contabilizó un (01) solo hecho que tuvo lugar en la Trocha La Mona del Municipio Pedro María Ureña, donde falleció un presunto integrante del grupo paramilitar “Clan del Golfo”.

Zulia es el estado fronterizo más violento del país y en segundo lugar se encuentra Bolívar, aseguró el informe «Curva de la violencia», presentado este lunes por Fundaredes.

En el estudio se determinó la situación de seis estados en el primer trimestre de este 2021.

Los estados observados fueron: Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas, Apure y Falcón.

Estas seis entidades tienen en común que en sus territorios operan bandas criminales, de narcotráfico, grupos armados colombianos.

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También hay disputas por minas y alertan que la presencia de grupos de seguridad del Estado, es casi nula.

Fundaredes determinó que los habitantes de esas localidades prefieren ese «gobierno criminal» y no los organismos de seguridad oficiales.

El abogado y criminólogo Luis Izquiel indicó que en el primer trimestre, en estos seis estados, ocurrieron 306 homicidios.

Aseguró que «más de la mitad fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado».

Izquiel enfatizó que muchos de estos son disfrazados como enfrentamientos.

En este período de tiempo, en esas seis entidades se contabilizaron 77 desapariciones.

Asimismo, advierte que detrás de estas hay muchos asesinatos que no pueden incluirse en las estadísticas por no estar confirmados.

Igualmente alerta que existen tumbas clandestinas, donde pueden encontrarse muchos de estos supuestos desaparecidos.

Luis Useche, gerente jurídico de Fundaredes, aseguró que pese a lo alarmante de las cifras, este año se registró un descenso importante en el número de homicidios en comparación a periodos anteriores.

«Está descendiendo la criminalidad, pero aún no se corresponde con lo que debería ser la realidad del país», señala.

Además, recordó que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana.

Durante este primer trimestre del año se dieron 113 enfrentamientos armados:

75 ocurrieron en Zulia, 16 en Bolívar y dos en Falcón; por lo que Useche pide a las autoridades nacionales poner atención a esta situación.

En lo que va de año, los hechos que causaron mayor conmoción son los que suceden en Apure desde el 21 de marzo.

Los enfrentamientos armados pusieron en vilo a la población de la entidad.

Esto generó que más de 6.000 ciudadanos se desplazaran hacia Colombia huyendo de la inseguridad.

La ONG Fundaredes denunció «un alarmante incremento en la violencia en la frontera venezolana», durante la cuarentena.

Javier Tarazona, director general de la organización, alertó que este incremento se ha producido «a pesar de las restricciones de la movilidad».

Dijo que han aumentado los «homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 en comparación con las cifras del 2019, y también  frente a los datos registrados en los primeros tres meses del año».

«han aumentado los homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 en comparación con las cifras del 2019»

En tal sentido miembros de FundaRedes enviaron un documento a Tareck William Saab, Fiscal del régimen, con el registro de víctimas de la violencia correspondiente al segundo trimestre del 2020.

«Es una documentación desarrollada sobre la criminalidad que se ha dado en un contexto opresivo, con un decreto que impide la movilidad ciudadana en todos los estados del país, y con mayores controles militares y policiales en la frontera», detalló Javier Tarazona, en nota de prensa.

Explicó que «la violencia en los estados Táchira, Zulia, Falcón, Bolívar, Apure y Amazonas da cuenta de un total de 435 homicidios, que representa un aumento de 28,5 % frente al mismo período del año anterior; además de 44 personas desaparecidas para 83 % de incremento, y 170 enfrentamientos armados que representan 22 % más que en el mismo lapso de 2019».

“Vemos cómo la actuación de grupos armados irregulares, bandas criminales e incluso la participación de funcionarios de cuerpos de seguridad en delitos, aumentó en momentos en que supuestamente hay mayor control, pero la realidad es que los ciudadanos están cada vez más indefensos frente a la violencia que se ha convertido en cotidianidad”, dijo Tarazona.

Desde FundaRedes expresaron el rechazo a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de otros cuerpos policiales y fuerzas armadas venezolanas.

Tarazona precisó que en las últimas horas ocurrieron más de cinco homicidios en la zona de frontera colombo – venezolana, donde hay amplia actividad delictiva de grupos como el ELN, las FARC, además de organizaciones paramilitares.

Reiteró que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de velar por la soberanía, por el derecho a la vida, y además es deber del Ministerio Público adelantar investigaciones y presentar actos conclusivos de esta perversidad que ocurre en territorio nacional.