El Departamento de Estado de Estados Unidos enfatizó el peligro que corren los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela debido al alto riesgo de “detenciones injustas”, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de salud.

Las autoridades estadounidenses emitieron un recordatorio de que el país sudamericano tiene el nivel 4 de “no viajar” el pasado 8 de enero, en su cuenta de la red social X, una advertencia que ya habían emitido en septiembre de 2024, recuerda El Nuevo Herald.

Venezuela aparece en esa lista con otros países como Haití, Irán, Rusia, Ucrania, Corea del Norte y Siria, entre otras naciones.

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El recordatorio se emitió dos días antes de que el gobernante Nicolás Maduro se juramentara para un tercer mandato el pasado 10 de enero.

“Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro Aviso de Viaje para Venezuela es el Nivel 4 ‘No Viajar’ debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela. Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela”, indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos anunció este lunes nuevas normas para proteger los datos del gobierno federal y la información personal de los ciudadanos estadounidenses, evitando que caigan en manos de países como Cuba, Venezuela, China, Irán y Rusia.

La normativa tiene como objetivo implementar una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, en febrero de este año, reseña EFE.

En la práctica, estas medidas establecen límites a ciertas transacciones comerciales para impedir que enemigos de EE.UU. utilicen datos financieros, genómicos y de salud de ciudadanos estadounidenses para realizar ciberataques, espionaje y chantaje.

Las restricciones se dirigen contra lo que EE.UU. considera «naciones preocupantes», una designación que incluye a China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela.

Las normas presentadas este lunes especifican, por primera vez, los tipos y cantidades de datos cuya transferencia queda prohibida.

En concreto, se incluyen datos genómicos de más de 100 estadounidenses, así como información personal de salud o financiera de más de 10.000 personas. Además, se prohibiría la transferencia de datos de geolocalización de más de 1.000 dispositivos estadounidenses.

La nueva normativa daría poder al Departamento de Justicia para hacer cumplir estas disposiciones por la vía penal y civil.

La orden ejecutiva se basa en la preocupación de los servicios de inteligencia estadounidenses de que países adversarios estén tratando los datos personales de ciudadanos estadounidenses como un valioso «recurso estratégico», accediendo a ellos de manera creciente mediante terceros.

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Uno de los objetivos de estas naciones es supuestamente comprender mejor el comportamiento de la población estadounidense, incluyendo sus hábitos de consumo, para potencialmente utilizar esta información en contra de Washington.

Además, según la Casa Blanca, estos datos pueden ser robados para someter a los ciudadanos de EE.UU. a estafas, chantajes y otras violaciones de la privacidad.

Algunas de las víctimas podrían ser miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. o funcionarios de su Gobierno, lo que supone un riesgo aún mayor para Washington.

Con información de EFE

Este martes fueron liberados dos de los estadounidenses presos que se encontraban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El helicoide.

Los mismos fueron entregados a los representantes de Estados Unidos para que abandonen el país.

Se asegura que esto es resultado de los recientes acuerdos del gobierno de Nicolás Maduro con la administración de Joe Biden.

#19Dic #UltimaHora ? LIBERADOSEste martes fueron liberados de la sede del Sebin, El Helicoide, los ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia."Por fortuna estarán con sus familiares en esta… pic.twitter.com/hJ0mnyDKJd

«Nos complace la liberación de los ciudadanos estadounidenses Airan Berry y Luke Denman. Por fortuna estarán con sus familiares en esta Navidad, más de 300 presos políticos venezolanos están en prisión y también merecen su libertad», anunció la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Luke Denman y Airan Berry fueron capturados por participar en la fallida Operación Gedeón, para derrocar al gobierno Nicolás Maduro en el año 2020. En esta incursión otros ciudadanos fueron detenidos mientras que otros murieron al enfrentarse a los cuerpos de seguridad.

El Ministerio Público los imputó por los delitos de «conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo», por los que un tribunal los condenó a purgar 20 años de cárcel.

Pero estos no eran los únicos estadounidenses que permanecían primados de libertad en Venezuela. Se conoce de otros cuatro que están recluidos en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Estados Unidos aún espera por la liberación de sus ciudadanos Eyvin Hernández, Jarrel Kenemore, Joseph Criistella y Savoi Wright.

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Por otra parte, se comenta extraoficialmente que la negociación no termina así.

Fuentes indicaron al medio El Tiempo, de Bogotá, que se ha conversado sobre un posible canje por el empresario colombo-venezolano Álex Saab. 

Dos estadounidenses, entre ellos, uno de los seis exdirectivos de la petrolera Citgo, llegaron este miércoles a Estados Unidos tras ser liberados de la cárcel en Venezuela; días después de una reunión de una delegación de Washington con Nicolás Maduro.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, confirmó que Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández llegaron al país; y lo calificó de «importante paso positivo». Pero insistió en que «se libere a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y en todo el mundo».

Cárdenas, exvicepresidente de Relaciones Estratégicas de Citgo, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, fue arrestado en 2017; por su parte, el cubano-estadounidense Fernández a principios de 2021, en el estado Táchira (fronterizo con Colombia); bajo la acusación de «terrorismo».

En las cárceles venezolanas aún quedan cuatro empleados estadounidenses de Citgo y otro con residencia permanente, así como tres exmarines, publicó la agencia AFP.

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que Cárdenas y Fernández fueron «detenidos injustamente».

Según la ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Fernández fue detenido y acusado de terrorista «simplemente por llevar consigo un dron». Él afirma que estaba haciendo turismo en Venezuela y que fue interceptado por militares en una alcabala.

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Las excarcelaciones se producen después de que Maduro recibiera el fin de semana en Caracas a una delegación del gobierno de Biden.

Entre los temas abordados en la cita figuraron la «energía y la seguridad energética», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki; quien matizó que el diálogo energético y la situación de los detenidos eran «conversaciones separadas».

El martes Biden decretó un embargo sobre las importaciones a Estados Unidos de petróleo y derivados rusos; como parte de una cascada de sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania.

El encuentro en Caracas marcó un giro en las relaciones bilaterales, rotas en 2019 después de que la Casa Blanca considerara fraudulenta la reelección de Maduro el año anterior. Desde entonces Estados Unidos, al igual que más de 50 países; reconoce a Juan Guaidó como presidente interino.

Luego de esos comicios, Estados Unidos emitió una serie de sanciones contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y contra PDVSA. Específicamente un embargo petrolero que le impide negociar el crudo (que representaba 96% de los ingresos del país) en el mercado estadounidense. Desde entonces Maduro ha contado con el apoyo de Rusia para poder seguir exportando petróleo.

Además, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Maduro de narcotráfico y ofreció incluso una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

La oposición venezolana pidió condicionar cualquier acuerdo energético a una democratización del país porque estima que Maduro lidera una «dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad».

«Todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición a la democracia y la libertad de Venezuela», escribió la oficina de Juan Guaidó.

Su representante diplomático en Washington, Carlos Vecchio, aseguró que «las dictaduras secuestran ciudadanos nacionales e internacionales para luego utilizarlos como fichas de canje y chantaje».

El lunes Maduro anunció la reactivación «con mucha fuerza» de un proceso de diálogo en México con la oposición paralizado hace cinco meses. Psaki lo calificó este miércoles de «señal alentadora».

Por el momento se desconocen las condiciones en las cuales se liberó a Cárdenas y a Fernández, si quedan libres de cargos o si se trata de excarcelaciones bajo medidas judiciales.

Su liberación «no hubiera sucedido sin el trabajo incansable durante meses por parte de diplomáticos», incluido el enviado presidencial especial para temas de rehenes, Roger Carstens, afirmó la portavoz de la Casa Blanca; quien añadió que Estados Unidos seguirá discutiendo «una variedad de temas que incluyen; ante todo, los estadounidenses injustamente retenidos». 

El 4 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -la máxima corte de Venezuela- había ratificado las condenas contra los Citgo 6.

El TSJ confirmó la condena de 13 años y siete meses de cárcel y una multa de dos millones de dólares contra José Ángel Pereira Ruimwyk, expresidente de la empresa Citgo; así como las penas de ocho años y 10 meses de prisión contra Tomeu Vadell, Jorge Luis Toledo, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y el ahora liberado Cárdenas.

Estados Unidos también ha reclamado la liberación del exmarine Matthew Heath, arrestado en septiembre de 2020 y procesado por «terrorismo»; acusado de espía y de tramar supuestos planes para atacar instalaciones petroleras y eléctricas; así como de otros dos veteranos militares, Airan Berry y Luke Denman, arrestados por una fallida incursión por mar para derrocar a Maduro en mayo de 2020.