Una operación conjunta de la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, desarticularon una red criminal internacional que había defraudado en España, más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía.

Por este caso hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar.

Cabe destacar que la Guardia Civil esclareció un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueos de capitales y pertenencia a organización criminal.

La organización defraudó más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.

La operación Canmoney se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.

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Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.

Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.

Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.

? 28 DETENIDOS Y 30 INVESTIGADOSAutoridades de España y Colombia desarticularon una red criminal internacional que había defraudado con más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía? @1Yasminvelasco pic.twitter.com/rZLp1IStMV

Diez funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat fueron detenidos por su presunta vinculación con una estructura criminal que desalojaba apartamentos para venderlos en dólares, según fuentes judiciales citadas por Últimas Noticias.

Las detenciones fueron practicadas durante las últimas horas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, luego de una denuncia de la viceministra Carolina Cestari.

Un primer procedimiento se efectuó en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, parroquia Coche, municipio Libertador, torre 17, apartamento 2B, kilómetro 8 de la Panamericana.

En ese urbanismo fueron detenidos Ada Nacary Llovera Castellanos (líder de la comunidad y del comité familiar), así como las funcionarias de MinVivienda, Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.

Estas personas presuntamente solían amedrentar con armas de fuego a residentes del referido urbanismo para obligarlos a desalojar el inmueble, según las investigaciones iniciales.

Posteriormente, el apartamento desalojado era presuntamente adjudicado nuevamente a un nuevo dueño que previamente cancelaba entre 5 y 7 mil dólares, de acuerdo a lo investigado.

En ese caso, mientras Ada Llovera (jefa de comunidad) realizaba los desalojos arbitrarios, bajo amenazas e intimidaciones, simultáneamente las funcionarias de MinVivienda se dedicaban a agilizar y habilitar el trámite para readjudicar los inmuebles.

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Un segundo procedimiento policial se produjo en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.

En ese despacho detuvieron a cinco funcionarios de MinVivienda identificados como Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares); Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación); Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares); Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).

Además de la detención de esas personas, los funcionarios de la PNB entrevistaron a la viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien informó sobre los resultados parciales de una auditoría practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.

Algunas de las irregularidades detectadas en la auditoría

Ocho casos de registros de cédulas incongruentes: cinco presentan solo dos dígitos y tres con dígitos duplicados.

Las 3.382 cédulas duplicadas en el sistema: 486 casos de doble beneficio en diferentes parroquias, 2.841 casos con doble registro, 53 casos con 3 registros y 2 casos con cuatro registros.

Urbanismos donde no están cargados los registros. Ejemplo, en el urbanismo Ciudad Tiuna, sector Ezequiel Zamora, no existen registros de las torres 21, 13, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, y solo dos registros en la torre 44.

Finalmente, en ese mismo despacho de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano fue detenido Germán Antonio Medina Vargas, acusado de haber desalojado a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela de su apartamento ubicado en la torre 2, piso 9, Ciudad Tiuna (Los Rusos), parroquia Coche, municipio bolivariano Libertador.

Medina Vargas labora en MinVivienda como analista.

En ese procedimiento incautaron documentos que reflejan la presunta implicación del exviceministro Héctor Bastidas en desalojos de inmuebles para readjudicarlos a quienes cancelaran sumas en dólares.

La Fiscalía 78 en materia de corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez, fue notificada de los procedimientos.

En el estado Zulia se hizo famosa una familia porque sus integrantes conforman una banda de estafadores y dos de sus integrantes fueron detenidos por funcionarios del Cicpc.

El director del organismo, Douglas Rico, informó que “Family Phishing”, como se conoce a la banda, estafa desde Colombia y le dicen así, porque aplican la modalidad de «Phishing, donde les hacían llegar a sus víctimas correos electrónicos alusivos a entes oficiales, a fin de obtener información personal de los mismos y utilizarlos con fines delictivos».

Asimismo, hackeaban correos electrónicos para luego comunicarse con los contactos de las víctimas y solicitar dinero en su nombre a fin de estafarlas y lucrarse de manera ilícita».

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Los detenidos, dos hombres de 21 y 29 años, junto a tres personas más; forman parte de una familia.

El Cicpc continúa el trabajo de investigación para determinar la totalidad de las víctimas y el dinero obtenido a través de estos delictivos.

El caso está a la orden de la Fiscalía 14º del Ministerio Público.

En Vichada fue desarticulada una red señalada de robarse 8 mil millones de pesos a través de licencias de maternidad a mujeres en estado de gestación que eran engañadas. Fueron más de 400 mujeres víctimas en toda Colombia.

El modus operandi de esta organización criminal, dicen los investigadores, iniciaba ubicando y perfilando a mujeres embarazadas en diferentes municipios del país.

“Una organización dedicada a estafar el sistema de salud y a las mujeres en estado de gestación”, indicó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía de Vichada.

“Afiliaban al sistema de salud a las mujeres embarazadas entre el 5 y 7 mes de gestación por medio de una empresa fachada, que le decían que era una ONG o era una entidad del Estado”, contó Fajardo a Caracol noticias que informó en primicia.

Lo que no sabían las víctimas es que estaban firmando un contrato como si fueran empleadas de una empresa.

“Les ofrecían entre un millón de pesos y al final de su gestación les incrementaban ese sueldo, el cual que pasaba entre los 4 y los 12 millones de pesos al final”, explicó el coronel.

“Después de ahí seguí con mi embarazo y estas personas seguían contactándose conmigo y me decían que les avisara cuando yo tuviera el bebé”, aseguró la víctima.

Ya cuando las mujeres daban a luz se llevaban la sorpresa de que el dinero correspondiente a su licencia de maternidad ya había sido reclamado por miembros de esta red criminal.

“Al momento que dan a luz, la empresa fachada o de papel cobran las licencias de maternidad ante las EPS y a las mujeres embarazadas les entregan una suma irrisoria de 100 a 200 mil pesos”, agregó Fajardo a Caracol que dio a conocer la noticia.

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Tras una larga investigación, la Policía del Vichada ubicó a ocho señalados integrantes de esta red delictiva que habría engañado a 428 mujeres en diferentes municipios colombianos para apropiarse de dineros del Estado.

“A ellas les daban una mínima cuantía, pero el resto iba para las empresas fachada de esta estructura criminal, logrando desfalcar al Estado y a la seguridad en salud de aproximadamente 8 mil millones de pesos”, aseguró un investigador de la Sijín de la Policía de Vichada.

“Esas personas contaban con una documentación que certificaba la legalidad de más o menos 19 empresas que tenían como fachada para cometer los ilícitos”, puntualizó el coronel Fajardo.

Los ocho capturados fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Seis de ellos fueron enviados a la cárcel y a los otros dos le dieron casa por cárcel.

Aumenta el número de personas que acusan supuestamente de estafa al deportivo La Paz Fútbol Club con sede en Bogotá.

Esta institución deportiva ofrecía llevar jóvenes futbolistas a jugar a España.

Decenas de familias consignaron dineros para visas y tiquetes pero ninguno viajó.

La periodista Laura Sua conversó con los implicados en esta investigación.

¡Imperdible! Reportaje que pueden ver aquí:

No se confíe. La delincuencia ha avanzado conforme pasan los años, al punto que según cifras oficiales los delitos violentos han disminuido, mientras que los delitos informáticos y estafas a través de redes sociales y WhatApp se incrementa.

¿Qué quiere decir esto? Que la delincuencia cada vez más perfecciona sus métodos para estafar y lograr dinero fácil a través de medios digitales, es decir, aplican estrategias como la de Hola Soy María, ayúdame que tengo un familiar enfermo, o estoy cambiando unos dólares.

También, está la suplantación de identidad o el hackeo de cuentas de WhatsApp para enviar mensajes a los contactos de las víctimas y ofrecer el cambio de dólares, por lo general ofrecen precios bien atractivos para hacer caer a la gente.

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En tal sentido, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminaslísticas, (Cicpc), comisario Douglas Rico, explicó que «los delincuentes usan plataformas como Market Play para cometer robos a personas que usas este sistema para adquirir bienes”.

“Otro modus operandi es el uso de mensajes de texto para notificar el supuesto bloqueo por falta de pago y solicitan el ingreso de un código, mediante el cual logran tener acceso a la cuenta de WhatsApp o correo electrónico”, agregó.

En entrevista a Unión Radio, Rico destacó que los teléfonos celulares y las redes sociales se han convertido en las herramientas que usan los amigos de lo ajeno para quitarle el dinero a sus víctimas.

Cada vez son más frecuentes los casos cercanos de estafas y es precisamente por esa razón que el director del CICPC, destaca la importancia de realizar las denuncias correspondientes.

También hay una serie de recomendaciones que dan los órganos de seguridad para prevenir los delitos de delitos informáticos:

• Evita compartir el código de seguridad de los equipos tecnológicos.

• Verifica el valor de los productos y los perfiles de los usuarios que realizan las publicaciones a través de la plataforma de comercio digital Marketplace de Facebook.

• Activa la verificación en dos pasos para proteger tu WhatsApp de accesos indebidos.

• Aplicar el control parental a las diferentes redes sociales utilizadas por los niños, niñas y adolescentes.

Funcionarios de la delegación municipal Maracaibo del Cicpc, detuvieron a una banda de estafadores, luego de que se apropiaran de gran cantidad de dinero de la Agropecuaria Los Potreros.

El director del organismo policial, Douglas Rico, informó que las tres personas que conformaban el grupo delictivo cometieron una estafa tan grande que afectaron la actividad económica de la compañía.

La autora intelectual y material del hecho quedó identificada como Andrea Virginia Rondón Fernández (28), quien se valió de su condición de analista de compras y emitía falsos presupuestos de colaboraciones a entidades públicas.

Ella aprobaba estos presupuestos, «sin consentimiento de la directiva para recibir de forma fraudulenta los montos solicitados», relató Rico.

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Posteriormente, «el dinero era transferido a una cuenta manejada por Kassandra Coromoto Buscan Medina (30), propiedad de su esposo, identificado como Enderbis Jesús Fernández Buscan, aún por aprehender.

Luego, este sujeto transfería el dinero «a la cuenta de Luis Daniel Vera Morales (30), quién a su vez retornaba el dinero a la autora del hecho, obteniendo un lucro propio por dicha acción».

Cada vez que se hacía una transferencia del dinero, cada dueño de una cuenta recibía un porcentaje del dinero, ocasionando un perjuicio económico a la empresa afectada por el monto de 13 mil 886 bolívares.

Al detener a los estafadores, se les ubicaron tres celulares, donde se evidencian las transacciones ilícitas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), capturaron a tres hombres que fingían ayudar a comedores populares para estafar a comerciantes en La Guaira.

Los tres miembros de la banda de “estafadores religiosos” están identificados como, Cesar Rodríguez, Richard Reyes y Joan Pudier,

Los aprehendieron el pasado lunes en Macuto cundo se disponían a llevarse una mercancía de un comedor popular.

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Durante la captura les incautaron tres teléfonos y 20 combos de proteína como pollo, varios tipos de carne, queso y chuleta valorados en casi 1.000 dólares.  

Esta mercancía era trasladada al sector 23 de Enero de Caracas para su comercialización.   

Los tres sujetos solicitaban a los dueños de frigoríficos y demás locales comerciales, grandes cantidades de alimentos presuntamente para abastecer los comedores populares.

El padre Abelardo Bazo, párroco de la Catedral de La Guaira, informó que esas personas «estafaron a un comerciante más de 2.000 dólares, fingiendo que ayudaban al comedor de la iglesia».

Roceli Herrera, encargada del comedor, precisó que empezó a sospechar cuando los delincuentes “me piden tener la mercancía unos instantes porque el del transporte no tenía tanto espacio para buscar otro vehículo, supuestamente para trasladarlo a otro comedor”.    

En el programa de televisión «Séptimo Día» varias mujeres contaron sus experiencias con dos hombres que, dicen ellas, tiene un modus operandi casi calcado. 

Se contactan por redes sociales, se acercan, las enamoran y luego empiezan a pedir dinero prestado en el marco de esa relación, aunque pocas veces lo devuelven.

Entre ellos dos parece que no hay ningún vínculo, pero el resultado es el mismo.

En el programa de Caracol Televisión, en el que una vez mostraron la cara de dos hombres que arrendaban viviendas y nunca pagaban el alquiler, varias mujeres contaron su historia con ellos para que más personas no caigan en su engaño, pues ambos siguen en las calles con libertad.

Inspiradas en el «Estafador de Tinder», tres mujeres decidieron contar lo que vivieron con Jack Becker, un hombre les dijo que nació en Tabio, Cundinamarca, pero habla con acento español, mostrándose como un hombre que tiene linaje internacional.

La primera en contar la historia fue Yamile. Ella se contactó con este hombre a través de Facebook Parejas, una aplicación de la red social que muchas personas usan para contactarse con personas y conocerse.

Según ella, Jack Becker usa un número internacional en WhatsApp y se muestra como “una persona interesante, culta”. 

Le mandaba videos, audios y luego de 15 días la denunciante fue a su casa para empezar una relación que se fue creando con el pasar de los días.

Así como el «Estafador de Tinder», este hombre decía que debía viajar y salir del país.

“Yo sentí que era una buena persona porque estaba conmigo”, dijo la mujer. 

Esa confianza se transformó en algo bueno para él, pues le pidió un préstamo de cinco millones.

“Yo le presté tres. Mi miedo no era que no me pagara, sino que no era mía (la plata)”, contó Yamile.

Aunque había quedado de pagarle a la semana siguiente, este colombiano que hablaba como español sacó excusas:

“Dijo que no tenía efectivo para consignarme entonces me manda un pantallazo de una transferencia de 1.1000 dólares que supuestamente hizo a mi cuenta“, confesó Yamile.

Luego de eso, ella le volvió a prestar 1’200.000 pesos. “Supuestamente en tres días me iba a pagar los 1.500 dólares”, añadió.

Como la plata nunca llegó, ella le pidió que le diera el dinero en efectivo, pero él le respondió: “Déjame yo hablo con mi banco para ver qué fue lo que pasó”.

Lo cierto es que este dinero nunca llegó y Jack Becker le seguía sacando excusas para no verla. 

“Yo no sabía que estaba en la manos de un estafador profesional”, dijo Yamile, quien luego de investigar en internet se dio cuenta que estaba hablando con una persona que había hablado con muchas mujeres y les había quitado mucho dinero.

Cristina Hurtado es otra de las bogotanas que contó su historia en el programa de investigación. 

Ella también cayó en las manos de este hombre, aunque solo le dio 300.000 pesos y se alertó porque, en una de sus salidas, se dio cuenta que él no era viudo, como decía, pues la hija de este hombre le confesó que hablaba todos los días con su madre.

Pero Jack Becker no era el único nombre que usaba. Beatriz, otra mujer, también dice que tuvo una relación él, aunque se le presentó como Hans Collins. 

Ella se trasladó de Tunja a Bogotá y este hombre hasta le mostró un anillo.

“Yo me enamoré de él y me decía que tenía un apartamento, pero que tenía que pagar unas cosas entonces yo le di como tres millones de pesos”, confesó esta joven sobre este hombre, quien desapareció luego de darle ese dinero.

Cuando «Séptimo Día» llegó hasta su vivienda en Cota, este hombre no quiso dar ninguna declaración por sus actos y dijo que después respondería, aunque se montó en su vehículo y nunca más apareció.

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El señalado aquí se llama Yovany Anchique Cardozo y se contactó con sus víctimas por Tinder. 

Una de las mujeres que cayó en sus encantos fue Sandra, una antioqueña empapada en el mundo de la moda.

“Él era el hombre más espectacular del mundo y como yo empezaba mi empresa él era muy pendiente. Se me metió por los ojos”, dijo esta mujer.

Luego de estar varias semanas juntos, él le manifestó tener problemas económicos, así que ella le prestó un millón de pesos.

Este hombre decía tener en su cabeza una idea de una aplicación y le vendió acciones: “5 % a 13 millones de pesos.

Para ese momento ya teníamos una relación estable y yo se lo presentaba como mi novio a mis amigas, clientas y familia”.

“Un día se dio cuenta que me iban a pagar una plata y dejé que le consignaran en la cuenta de él 20 millones“, confesó Sandra, que para entonces llevaban un año y dos meses de relación.

Sin embargo, en ese momento, mientras Yovany estaba con Sandra, él también conquistaba a una modelo que se presentó como Daniela. Sandra se dio cuenta de esta situación por las imágenes que compartió Daniela de un viaje que hizo con este hombre a Cartagena.

A pesar de esto, la relación continuó y dice Sandra que en total le dio unos 60 millones de pesos, aunque Yovany seguía cortejando a Daniela quien confiesa que ya “era una cosa más de interés porque él era superbotado”.

El fin de la relación de Sandra con él llegó porque, asegura ella, hubo maltrato físico y psicológico luego de dos años juntos.

Otra afectada fue la empresaria Marcela Cañas, quien invirtió 10 millones de pesos por el 5 % de las acciones de la compañía que él tenía.

Ella también descubrió que le era infiel cuando vio fotos de un viaje a otra ciudad con otra mujer, así que la relación amorosa llegó a su fin a los siete meses, pero el vínculo empresarial seguía vigente.

Yiovany no le quería devolver el dinero, razón por la que tuvo que acudir a las vías legales.

“Él sin dejar una ya tiene asegurada a otra. Carmen lo dejó a él y estaba con Marcela. Cuando ella lo dejó llegó a mí. Conmigo fue la que más duró y a la que más dinero le sacó”, contó Sandra.

Aunque en «Séptimo día» también lo quiso entrevistar, este hombre al que las mujeres señalan de mentiroso y embaucado también huyó de la conversación montándose un carro y diciendo que todo se debe expresar lo hará en la vías jurídicas, aunque, aparentemente, es difícil comprobarles el delito de estafa.

La nueva serie “El Estafador de Tinder” que se encuentra en el top 10 de las más vistas en Colombia ha inspirado a muchas mujeres y hombres a contar sus historias de estafa y sus experiencias en la aplicación de citas para que otros no caigan en los engaños de usuarios que en vez de buscar conocer personas nuevas usan la aplicación para otros fines. 

En el caso colombiano, una usuaria de Twitter contó que vivió una situación similar a la del documental pero afortunadamente se dio cuenta que el sujeto le quería robar dinero y no cayó.

Luego de contar su experiencia otras mujeres se contactaron con ella y le contaron que, había pasado por una situación similar.

En uno de los casos una de las víctimas perdió 11 millones de pesos y hasta la fecha las autoridades no han logrado impedir este nuevo crimen tecnológico.

La mujer comentó que un sujeto que se hace llamar Juan Fernando, contacta mujeres por aplicaciones de citas y les hace creer que se dedica a la ganadería y tiene mucho dinero.

El estafador hace que sus víctimas confíen en él y cuando menos se lo esperan busca una excusa para pedirles dinero.

“Match en tinder, pasamos a WhatsApp. Dos semanas llamándome todas las noches, hablamos todo el día, saludo diario a las 5 am, planeó un viaje a verme, el día del viaje me llamó varias veces en el camino y en una de las llamadas dijo estar en un retén del ejército”, describió la mujer.

Cuando le habló del supuesto retén le comentó que le estaban pidiendo 3′000.000 millones de pesos y que le hacía falta una suma muy cercana al millón de pesos, por lo que procedió a pedírselos a la mujer que con mucha suspicacia notó que todo se trataba de una estafa, por lo que inmediatamente se negó.

“Cuando dije que no caería en su estafa me colgó. Una hora después envío un mensaje “acá tiene la ubicación que quería”. Jamás estuvo en Antioquia ni camino a Mzls. Luego me bloqueó”, trino la usuaria que aparece como Caro la Plus; y agregó que “Rastreé su ubicación, bastante cerca a la cárcel las Heliconias de Leticia, Caquetá así que no me sorprende que haya estado hablando por dos semanas con un convicto”.

Su denuncia en redes la cerró la víctima dando a conocer que, además, las fotos que usaba el sujeto no eran suyas sino que se las había robado a un hombre identificado como Damián Manco y que ejerce como veterinario.

A su denuncia, como lo comentó a la Revista Semana, se le sumaron las de otras mujeres que comentaron una historia similar y que en su mayoría lograron librarse de la estafa.

Sin embargo, a una de las mujeres el estafador le logró robar 11 millones de pesos en marzo de 2021.

Con la víctima que perdió su dinero, el hombre uso el mismo modus operandi, la única diferencia fue que en vez de usar un reten como excusa le dijo a la mujer que enviaría unas cosas desde México a su familia y uso los datos de la víctima.

Posterior a esto, la mujer recibió una llamada de la aduana, con sonido de aviones al fondo, y donde le señalaron que llegó un paquete con televisores, teléfonos y muchos artículos más, pero que hay también miles de dólares y eso es un delito por o que tenía que paga una multa.

La víctima asustada por la llamada, pagó lo que le pedían pues el sujeto le aseguró que solucionaría todo, pero una vez consignó el dinero el hombre se desapareció por completo.

Un nuevo caso de estafa a turistas se conoció en la ciudad de Santa Marta. Se trata de un grupo de 70 turistas que llegaron a la capital del Magdalena, teniendo reservas en un alojamiento del sector El Rodadero y por las que hoy nadie les responde.

“Hicimos los giros que nos solicitó la señora Luzbeth Soto, quien supuestamente era la encargada de los apartamentos; ahora que llegamos a la ciudad, encontramos que no hay ninguna reserva y nos dejó en la calle”, relató Sebastián Romero, uno de los afectos, quien dice haber pagado $30 millones de pesos por el alquiler de 10 apartamentos.

Según Iván Calderón, secretario Distrital de Desarrollo Económico, comentó sobre la situación que tiene a estas personas afectadas en la ciudad, y que según él, fueron contactadas desde la informalidad.

“Esta persona, Lusbeth Soto, ya había presuntamente estafado a una persona reconocida que tiene ese servicio en El Rodadero”, señaló el funcionario, quien también explicó que en el más reciente caso ya están al frente funcionarios de las entidades encargadas, junto con la Policía de Turismo.

De acuerdo con Calderón, la situación fue provocada por “esa mala práctica que tienen tanto algunos propietarios de apartamentos, como bastantes o muchos turistas que les gusta comprar en la calle o a la informalidad. No les gusta conseguir un establecimiento con todos los requisitos de ley, sino que prefieren ahorrarse unos pesos y comprar en la calle y entregar esas altas sumas de dinero a una persona que no tiene un establecimiento formal o un registro”.

Según explicó, una de las afectadas entregó más de 20 millones de pesos desde junio, un hecho que Calderón calificó como lamentable y por eso hizo un llamado a los turistas para que antes de realizar algún tipo de abono, “por favor verifiquen las circunstancias, los antecedentes y revise si esta persona es formal o no, porque pueden presentarse estos casos”.

El funcionario también señaló que es posible que lleguen otras denuncias de estafa relacionadas con esta persona, ya que “ayer se hicieron unos acuerdos, porque los propietarios de los apartamentos dicen que no han recibido dinero de la comisionista y los turistas dicen que si le entregaron a la comisionista”.

De acuerdo con el secretario Calderón, el fenómeno de la parahotelería viene afectando al turismo samario desde hace varios años, y es algo que es más notorio en estos momentos del año cuando se reportan niveles de ocupación hotelera del 90 %, haciendo que las personas aprovechen el “boom” para alquilar informalmente propiedades, fuera de las reglamentaciones establecidas para el sector.

Además, explicó que pese a los operativos que recurrentemente hacen las autoridades, es difícil controlar la situación; más aún cuando, según comentó, tienen alta injerencia en la ciudad plataformas como AirBnB. Cabe mencionar que, con la nueva Ley de Turismo, sancionada hace un año, este tipo de plataformas “deberán contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y quienes anuncien sus servicios a través de ellas deberán contar también con este requisito, es decir, tener el RNT”.

Según comentó el funcionario al diario El Tiempo, todos los casos de este tipo que se presentan en la ciudad de Santa Marta, ocurren en el sector de la informalidad hotelera.

Alerta sanitaria en La Guaira ante el creciente número de profesionales inescrupulosos que juegan con la salud y la angustia de los ciudadanos, quienes ofrecen supuestas pruebas PCR falsas para despistar la COVID-19.

Los estafadores ofrecen el servicio a domicilio y cobran entre 80 y 140 dólares.

Cabe destacar, que el estado con mayor número de contagios es La Guaira.

Esta situación es aprovechada por profesionales inescrupulosos para hacer negocios.

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Carolina  Uzcategui, presidenta del Colegio de Bionalistas de Vargas, aseguró que los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) están en capacidad de realizar las pruebas de forma gratuita.

Informó que en Vargas el laboratorio de Sanidad cuenta con un equipo de inmunofluorescencia para pacientes con síntomas COVID-19.

La administración de Nicolás Maduro informó el pasado domingo que Venezuela registra 27 casos de contagio del nuevo Coronavirus por cada 100 mil habitantes.

Esto trajo como consecuencia un aumento en el número de muertes a causa de las variantes P1 y P2 del COVID-19.

También informó la detección de nuevos casos de esta variante, cuya carga viral es más fuerte, en el eje carretero desde Bolívar, Monagas y Anzoátegui.

Asimismo en otros estados del país como Mérida, La Guaira, Miranda y Distrito Capital.

Detectives de la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cicpc detuvieron a tres de los integrantes de una banda de estafadores apodada “los Marmoleros 3D de Venezuela”.

 Estos estafadores que realizaban sus actividades criminales en Caracas, Miranda y Carabobo.

A través de sus redes sociales, la policía científica identificó a los detenidos como Eleazar Alfonzo, de 48 años; Yonay Jesús Contreras Medina, de 32; y José Daniel Cepeda Landaeta, de 33.

 A los sujetos los detuvieron en tres localidades: en el sector La Trinidad de la parroquia Baruta, estado Miranda y en el sector Plaza Venezuela, parroquia Libertador, Distrito Capital.

 La tercera ubicación fue la parroquia Miguel Peña, de Valencia, estado Carabobo.

Se pudo conocer que aún queda por detener a un individuo identificado como José Alejandro Alfonzo Llovera, de 55 años de edad.

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Los delincuentes tenían como modus operandi la captación de las víctimas a través de las redes sociales.

Les ofrecían servicio de la instalación de pisos de porcelanato en 3D líquido y, una vez realizada la negociación e inspección de la propiedad, procedían a cobrar una cuota inicial sobre el supuesto trabajo a realizar.

Una vez que obtenían el dinero se daban a la fuga, cortando todo tipo de comunicación con las víctimas, informó El Carabobeño.

Las autoridades identificaron las  plataformas digitales bajo los nombres de @Pisos3DCepex (Instagram), Cepex – Pisos 3D (Facebook) o @MiPiso3D (Twitter).

Al momento de las detenciones lograron decomisar un vehículo Hyundai Sedan, placa GCN34A, un automóvil Chevrolet placa GBW00X y tres equipos telefónicos marca Xiaomi.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Funcionarios del Cicpc logaron el desmantelamiento de una red criminal denominada “los Paqueteros” que estafaba abuelitos en Carabobo, Aragua y Caracas.

La estafa se hacia a través de la compra de tickets de juegos de azar, a partir de los cuales les decían que eran ganadores y terminaban sustrayéndoles dinero para supuestamente darles acceso al premio.

Douglas Rico, director general de la policía científica, aseguró que los timadores estudiaban a sus víctimas.

Dentro de las características que buscaban:  debían jugar con frecuencia elementos como lotos, kinos, entre otros.

Otro aspecto es que fueran preferiblemente extranjeros, aunque esto no era limitativo.

Una vez que marcaban a sus potenciales víctimas, les decían que habían ganado la semana anterior.

Les hacía creer que no podían cobrar el dinero por no tener la nacionalidad venezolana. En este sentido, les solicitaban ciertas cantidades para gestionar el cobro de los premios.

Por lo general era varias veces el importe del pago por el ticket comprado por los jugadores.

El cuerpo policial logró identificar unas 20 personas afectadas por esta organización criminal.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 60 y los 77 años, informó El Carabobeño.

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El comisario Rico identificó a los delincuentes como Eddy Argenis Castillo Guédez, alias “el Catire”, de 51 años de edad; Eddy Argenis Castillo Sánchez, alias “Edito”, de 25 años; José Oswaldo González, alias “Don José”, de 61 años de edad; y Óscar Gabriel Bercoski, alias “el Libanés”, de 43 años.

Rico señaló que gracias a este último hombre, de ascendencia árabe, lograban engañar a ludópatas venezolanos de la tercera edad.

Este hombre les hacía creer que como eran extranjeros requerían de alguien que le ayudara a cobrar su premio y envolvían a los infortunados hasta quitarles importantes sumas de dinero.

Dos horas antes de realizarse la audiencia de captura pautada por el Tribunal Primero de Control Estadal del Circuito Judicial Penal de Lara fijada para el lunes, una fuente confirmó que la Fiscal Décima del estado Lara que llevó la investigación por estafa denunciada por un empresario larense durante más de cuatro meses, signada con el MP-200241-2020, en último momento antes de la audiencia contra los estafadores fue relevada del caso y ahora las riendas las tiene la Fiscal Primera, por razones que hasta ahora se desconocen.

Una investigación hecha por funcionarios del CICPC determinó que Jorge Alberto Rodríguez Morón y Alan Alberto Rodriguez Camacho fueron los responsables del delito de estafa.

Este delito lo cometieron contra empresarios públicos y privados en el estado Lara en los últimos años.

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Transcendió que durante la audiencia a los imputados les otorgaron por solicitud de la fiscalía las siguientes medidas:

Arresto domiciliario

Secuestro de los bienes implicados

Bloqueo de cuentas bancarias personales y jurídicas

Prohibición de salida del país

Prohibición de enajenar y gravar

Paralización de las actividades comerciales de las empresas relacionadas en la estafa las cuales son Corporación Industrial Venelara, C.A. y Fertinisol, C.A.

Ratificación de orden de captura contra los ciudadanos Carmen Yolanda Camacho Santeliz, Lourdes Nathalia Gómez y Carlos Caracciolo Peñaranda Pita.

Los ciudadanos se encuentran prófugos de la justicia.

Estafa calificada en grado continuada, prevista y sancionada en los artículos 462 y 464 del Código Penal en concordancia con el articulo 99 Ejusdem.

Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Fraudes concernientes a la producción industrial y comercial, previsto y sancionado en el artículo 337 del Código Penal Venezolano Vigente para el momento de ocurrir los hechos.

Todo comenzó el 24 de septiembre del 2012 cuando Jorge Alberto Rodriguez Morón, utilizó a la abogada Lourdes Gómez Alvarez.

Álvarez era representante de la empresa Corporación Industrial Venelara, C.A. y la utilizaron para estafar al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) / Insumos Ferroviarios C.A (INFERCA).

El acto lo hicieron por un monto de diez millones novecientos cincuenta mil bolívares fuertes.

En ese momento representaba el equivalente a un millón quinientos mil dólares ($1.500.000).

Con este monto inicial, se tenía previsto el comienzo de la construcción de los nuevos talleres de mantenimiento.

Para realizar el nuevo ferrocarril que tendría Barquisimeto tal como lo anunciaba Hugo Chávez, Presidente de Venezuela en su momento. 

El monto total del Contrato N° CJ-2012-002-2 de esta obra fue de veinticuatro millones quinientos veintinueve mil ciento cincuenta y dos bolívares fuertes.

Para la fecha eran tres millones quinientos mil dólares aproximadamente ($3.500.000).

Una fuente consultada en Insumos Ferroviarios C.A (INFERCA) relató que Aracelis Morón madre de Jorge Alberto Rodríguez Morón, quien para la fecha era auditora interna de Insumos Ferroviarios C.A. fue intermediaria para que los presuntos estafadores obtuvieran los contratos y consumaran los delitos.

También en 2013, la fuente del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) relató que a esta empresa la estafaron estas mismas personas.

Debido a que se les asignó según Contrato N° CJ-2013-014-9, la adquisición y el suministro de siete mil doscientos cincuenta metros cúbicos (7.250 m3) de balasto para la sustitución del balasto contaminado de la vía férrea, en el Tunel Tazón, del tramo Caracas – Cúa.

Para esa fecha el estado dio un anticipo en bolívares fuertes de cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos treinta y dos sesenta y cinco céntimos.

Equivalente a $700.000. La empresa contratada fue Corporación Industrial Venelara (CIVELCA). 

Y por último en fecha 16 de Junio de 2014 fueron vinculados por estafa al estado por 5.641.949,00

Utilizando la empresa Two Way Enterprises INC domiciliada en EE.UU, asegurando falsa tecnología.

Engañando de esta manera al estado para cometer sus fechorías, los mismos no contaban con las credenciales técnicas y financieras necesarias para ejecutar el proyecto.

Se supo que el dinero fue derrochado en lujos y regalías afectando no solo al estado venezolano.

También a centenares de familias larenses quienes se beneficiaban a través de la ejecución de contratos colectivos.

Se conoció que Insumos Ferroviarios C.A (INFERCA) empresa del estado rescinde el contrato y ordena a la empresa aseguradora ejecutar la fianza.

Esta se niega por vicios en el contrato alegando la omisión de cláusulas contractuales donde se expresa la notificación al cambio o modificación en el contrato.

Quedando la responsabilidad sobre la empresa Two Way Enterprises INC.

En ese sentido, los responsables son los estafadores los representantes legales Jorge Alberto Rodríguez Morón y Alan Alberto Rodriguez Camacho.

El detenido Jorge Alberto Rodríguez Morón también presenta denuncia por presentar documentación falsa al no ser ingeniero graduado en una universidad alguna.