El jueves 4 de diciembre la Asamblea Nacional (AN)   sancionó una ley denominada oficialmente Ley por Palestina y la Justicia, cuyo objetivo central es la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), tratado internacional ratificado por Venezuela en el año 2000 y vigente desde 2002. 

Un instrumento legislativo aprobado por el Parlamento electo en diciembre de 2020 sobre el cual, hasta ahora, no se tiene noticia de su aprobación presidencial (promulgación) y de su publicación en Gaceta Oficial.

La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis de esta norma aprobada por la AN y de sus alcances reales para la reparación y la justicia para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.

La iniciativa ha sido presentada por el oficialismo como un acto de «defensa de la soberanía» y como una respuesta a lo que se califica como la «instrumentalización política» de la CPI, en particular a raíz de la investigación abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, conocida como Situación Venezuela I, que se encuentra formalmente activa desde noviembre de 2021.

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No obstante, más allá del discurso político que ha acompañado esta decisión, la ley sancionada no produce los efectos jurídicos que se le atribuyen, presenta serios cuestionamientos desde el punto de vista constitucional y no impide ni suspende la competencia de la CPI sobre los presuntos crímenes cometidos en el país ni el desarrollo de la investigación actualmente en curso.

La ley aprobada no constituye una denuncia formal del Estatuto de Roma ni implica, por sí misma, la retirada de Venezuela de la Corte Penal Internacional. 

Su efecto se limita a derogar la ley interna mediante la cual la AN, en el año 2000, autorizó la aprobación del tratado como paso previo a su ratificación por el Ejecutivo.

Esta diferencia es relevante. En el derecho internacional, los tratados no dejan de estar vigentes por la simple derogación de su ley aprobatoria interna, sino únicamente a través de los mecanismos expresamente previstos en el propio tratado, conforme al principio pacta sunt servanda (lo que significa que los pactos deben cumplirse) y a las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En el caso del Estatuto de Roma, su artículo 127 establece de manera clara que un Estado parte solo puede retirarse mediante una notificación formal de denuncia dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que actúa como depositario del tratado. Dicha denuncia solo produce efectos 1 año después de su recepción y no tiene carácter retroactivo.

Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha realizado ninguna notificación de este tipo ante el secretario general de la ONU, en consecuencia, el país continúa siendo Estado parte del Estatuto de Roma, con todas las obligaciones jurídicas que ello conlleva.

Pero además debe considerarse lo siguiente: en Venezuela, quien tiene la potestad para denunciar un tratado es el presidente de la República, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 236 de la Constitución. Por ejemplo, esta facultad ya fue ejercida, sin que fuera precedida por acto alguno del Parlamento, cuando el entonces presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En consecuencia, no hace falta ninguna actuación de la AN para denunciar un tratado, pues basta que el Poder Ejecutivo exprese su voluntad y denuncie el tratado de que se trate ante el órgano correspondiente para que, en el ámbito internacional y nacional, dicha denuncia tenga efectos.

En ese sentido, al no haberse verificado el acto de denuncia del presidente de la República ante el secretario general de la ONU, la aprobación de la derogación de la ley aprobatoria del Estatuto no cumple con los requerimientos jurídicos necesarios para considerarse como una denuncia eficaz del Estatuto de Roma.

Ahora bien, en el caso de que el Ejecutivo nacional efectivamente decida ejercer la potestad de denunciar formalmente el Estatuto de Roma, dicha decisión no afectaría la competencia de la CPI respecto de los crímenes cometidos durante la vigencia del tratado ni el curso de la investigación actual Venezuela I, así como tampoco respecto de los hechos que ocurran durante el año siguiente a la denuncia, ya que se hace efectiva transcurrido un año a partir de su denuncia formal.

El propio artículo 127 del Estatuto dispone expresamente que la denuncia no libera al Estado de las obligaciones asumidas mientras era parte del mismo, ni afecta la competencia de la CPI respecto de los presuntos crímenes cometidos con anterioridad a que la denuncia surta efectos jurídicos, es decir, al año de su denuncia formal ante el secretario general de la ONU por el Ejecutivo nacional.

La CPI mantiene competencia sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde 2014.

La investigación abierta en 2021 continúa su curso con independencia de decisiones o actos adoptados en el ámbito interno; en este caso nos referimos a la Ley por Palestina y la Justicia, recién aprobada por el Parlamento venezolano.

Un eventual retiro solo tendría efectos hacia el futuro y solo respecto de hechos cometidos después de que la denuncia se haga efectiva, lo que además ocurriría 1 año después de su notificación formal.

La experiencia comparada respalda esta interpretación. Estados como Filipinas y Burundi, que denunciaron el Estatuto de Roma mientras estaban bajo examen o investigación, no lograron detener los procedimientos en su contra. 

En el caso filipino, el expresidente Rodrigo Duterte fue puesto a disposición de la CPI, se le confirmaron cargos por crímenes de lesa humanidad y enfrentará juicio ante la Corte, pese a la retirada de su país.

De materializarse una eventual denuncia del Estatuto de Roma, Venezuela se incorporaría a un grupo reducido de Estados que han optado por retirarse de la CPI en contextos de escrutinio internacional por la comisión de crímenes graves. 

Esta conducta se inscribe en una práctica más amplia del Estado venezolano, que en diversas oportunidades ha denunciado tratados o se ha retirado de organizaciones internacionales tras enfrentar mecanismos de control o rendición de cuentas.

Así ocurrió con la salida de la Comunidad Andina, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la Organización de Estados Americanos. 

En estos casos, las decisiones no respondieron a un debate jurídico sustantivo sobre los compromisos asumidos, sino a reacciones del Gobierno venezolano frente a instancias internacionales de supervisión.

Hasta ahora, solo Burundi y Filipinas han consumado su retiro de la CPI. Otros Estados, como Hungría, Burkina Faso, Malí y Níger, han anunciado su intención de hacerlo, pero no han formalizado la denuncia ante el secretario general de la ONU. Existen, además, precedentes relevantes de países que revirtieron su decisión tras controles constitucionales internos.

Los casos de Gambia y Sudáfrica resultan ilustrativos. En particular, la Corte Constitucional sudafricana declaró inconstitucional el retiro del Estatuto de Roma por haberse realizado sin la debida participación parlamentaria, lo que obligó al Ejecutivo a revertir la decisión.

 Este precedente muestra que la denuncia de un tratado internacional no es un acto exento de control constitucional y que los compromisos en materia de justicia penal internacional forman parte del Estado de derecho.

Más allá del debate jurídico, esta decisión tiene implicaciones prácticas para la ciudadanía.

 La investigación de la CPI se abrió porque, hasta ahora, no ha sido posible esclarecer y sancionar de manera efectiva en el país graves violaciones de derechos humanos. Mientras esa situación no cambie, la CPI mantiene su competencia.

Acciones como las analizadas no modifican la necesidad de que el sistema de justicia nacional funcione de manera independiente y eficaz. Tampoco altera el curso de los procesos internacionales en marcha.

Para las víctimas y sus familiares, la CPI sigue siendo una instancia relevante en la búsqueda de justicia. 

Para el resto de la población, este tipo de decisiones pone de relieve la importancia de contar con instituciones sólidas, transparentes y capaces de garantizar derechos, así como de cumplir los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano.

Lo importante a destacar en este caso es que, se denuncie o no el Estatuto de Roma, ello no afecta la esperanza de las víctimas de obtener justicia.

Con información de Acceso a la Justicia

La Asamblea Nacional (AN), en sesión plenaria, sancionó por unanimidad  el proyecto de Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“Esta ley pone de manifiesto la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo palestino, que sufre y ha sufrido el genocidio más crudo de la humanidad por parte del sionismo Israel”, dijeron en el debate.

En ese sentido, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, manifestó que esto también se hace «para denunciar ante el mundo, la inutilidad de una institución que debería servir para proteger a los pueblos, pero que solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».

Rodríguez denunció la “inutilidad y vasallaje“ por parte de la CPI a la cual catalogó como “una institución que deberia servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperio norteamericano".

Una vez  sancionada la Ley, la misma se remite al presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución.

Luego que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara frente a Nicolás Maduro que iniciará una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; hay que explicar en qué consisten las normativas por las que se rige la CPI para hacer tales investigaciones, entre ellas, el Estatuto de Roma.

El 17 de julio de 1998 se estableció la CPI gracias a la firma de decenas de países que conformaron el Estatuto de Roma, su herramienta constitutiva. Entre esas naciones, Venezuela destacó en el año 2000 por ser el primer país latinoamericano en suscribirse a este tratado. Según la propia Corte, en 2019 al menos unos 123 países habían sellado su rúbrica en el Estatuto de Roma. Hoy alcanza los 183 signatarios.

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Lo crearon debido a que en el último siglo han ocurrido las peores atrocidades de la historia. En demasiados casos, estos crímenes se cometieron bajo impunidad. Esto generó que otros desacataran abiertamente las leyes de lahumanidad.

La Argentina ratificó el Estatuto de Roma en 2001, menos de tres años después de su adopción.El Estatuto de Roma entró en vigor el 1º de julio de 2002 y consta de un Preámbulo y 13 partes.

La corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. Estos pactos suelen considerarlos complementarios al Estatuto para quienes los firman. Además, El Estatuto de Roma contempla que la Corte Penal Internacional tendrá un carácter complementario a las jurisdicciones nacionales.

Identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros.

Estos definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre.

El hecho de que una persona haya cometido un crimen por órdenes de un superior, no exime a esa persona de responsabilidad, por lo general.Entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010, se llevó a cabo la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda. La cual reunió a más de 80 delegaciones, representantes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes.

El Estatuto tipificó cuatro delitos para la competencia de la CPI: El crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Uno de los aspectos resaltantes del pacto es la improcedencia de cargo oficial que pueda tener un eventual señalado. Es decir, todos son iguales ante la CPI, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado.

En tal sentido, la administración de Nicolás Maduro tuvo que aceptar el establecimiento de un Memorándum de Entendimiento con el fiscal Khan, cuyo objetivo será facilitar la presente investigación.

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una averiguación ante las denuncias por delitos de Lesa Humanidad en contra de la administración de Nicolás Maduro ya comienzan a generar reacciones.

Una de las más significativas es la de la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien se puso a la orden de la CPI para ofrecer los detalles que maneja sobre las presuntas violaciones cometidas por Maduro y sus personeros.

Ortega Díaz, quien en su momento también fue fiscal del desaparecido presidente Hugo Chávez y del propio Nicolás Maduro, se refirió a la administración de este último como una especie de «autocracia», la cual a su juicio deberá responder a las víctimas de la violación de los derechos fundamentales desde el 2017.

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«Día histórico para #Venezuela. La @IntlCrimCourt inició la investigación contra la autocracia por crímenes de lesa humanidad. Estamos a disposición del fiscal @KarimKhanQC para colaborar cuanto sea necesario y lograr la justicia que merecen las víctimas de violaciones de DDHH», escribe Ortega Díaz.

La otrora Fiscal General de Nicolás Maduro, fue una de las primeras juristas que presentó una denuncia formal ante la CPI en contra del actual ocupante del Palacio de Miraflores.

Tras mi denuncia en 2017, es un hecho la visita del fiscal de la @IntlCrimCourt a Venezuela. Sabemos que la autocracia le mentirá a @KarimKhanQC, pero en el país hay ONGs y víctimas de crímenes de lesa humanidad que pueden hacerle revelaciones importantes sobre violaciones DDHH https://t.co/pkZSNehC2U

En su momento Ortega Díaz manifestó que ante la Corte Penal Internacional reposan no menos de dos mil expedientes que comprometen de manera considerable a Nicolás Maduro y gran parte de sus funcionarios. Sobre todo aquellos relacionados a los organismos de seguridad e inteligencia del país.

«En el expediente de Venezuela ante la CPI cursan más de 2.000 pruebas que nosotros consignamos. No solamente cuando se hizo la denuncia original el 16 de noviembre de 2017. También las que hemos consignado con posterioridad ampliando el caso», dijo Ortega Díaz.