La operación militar de EE. UU. del pasado 3 de enero para detener y sacar de Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro ha provocado en el país sudamericano una transición política que la justicia española quiere aprovechar. 

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a las autoridades de Caracas para que le faciliten información sobre 14 miembros de ETA huidos que supuestamente se refugian en su territorio, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.

 En su resolución, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado señala que ha tomado esta decisión al considerar que el “cambio político operado recientemente en Venezuela” —en clara referencia a la llegada  de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro— “permite inferir una colaboración” de las autoridades del país sudamericano para localizar a este grupo de etarras. 

El juez añade que a algunos de los miembros de ETA les constan “reclamaciones judiciales pendientes” por atentados de los primeros años de la democracia.

 Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración, principalmente de extradición, alegando que los etarras reclamados por España se encuentran en el país amparados por un convenio bilateral de los años 80.

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Además de sobre De Juana, el juez pide a las autoridades judiciales venezolanas “cuanta información posean” de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal. 

El magistrado pretende “poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista” dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK en sus siglas en euskera) en la que ya figuran como imputadas otras siete personas desde hace un año.

El juez señala que estos etarras supuestamente refugiados en Venezuela aparecen citados en un informe de la Guardia Civil del pasado 25 de septiembre en el que les vinculaba con el EIPK, un órgano que el instituto armado sitúa como subordinado al aparato político de la extinta organización terrorista y que esta utilizaba para realizar “un seguimiento” de los etarras asentados en terceros países y prestarles “asistencia jurídica y económica”, además de para someterlos a “control”, según detalla el magistrado. 

El juez aclara que aspira a saber el “grado de responsabilidad en el seno de este colectivo” de cada uno de los 14 en una investigación sustentada en parte en el llamado archivo de ETA, más de 40.000 documentos en papel y cientos de terabytes en formato digital intervenidos a miembros de la banda armada entre 1999 y 2010 en Francia y que París remitió a España en 2018.

El auto incluye una segunda comisión rogatoria, en este caso dirigida a EE. UU., donde se encuentra encarcelado por narcotráfico el exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, el exgeneral Hugo Armando Carvajal, El Pollo, extraditado a la justicia estadounidense por España en julio de 2023 tras ser arrestado en Madrid. 

El juez pide a las autoridades de Washington que le faciliten “cuanta documentación o información se halle en el procedimiento judicial” seguido contra exmilitar venezolano “sobre los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela”. También que le tomen declaración como testigo, para lo cual anuncia que enviaría un “pliego de preguntas” si acceden a colaborar.

El juez concluye que la declaración de Carvajal puede servir para avalar los datos que pudiera aportar precisamente Caracas. Durante su estancia en España y para evitar su entrega a Estados Unidos, el exmilitar aseguró tener información sobre el paradero en Venezuela de presuntos miembros de ETA amparados por el régimen de Maduro e, incluso, ofreció un supuesto informe en el que aparecían datos de 17 de ellos, de los que 10 aparecen citados ahora en el auto del juez De Jorge.

El juez ha acordado librar ambas comisiones rogatorias —a las que se oponía la Fiscalía por considerarlas innecesarias— a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), personada en esta causa como acusación popular. 

En su escrito, fechado en enero semanas después de la caída de Maduro, DyJ sostenía que Venezuela es “uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA” huidos de la justicia española. Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas de seguridad cifran en 23 los etarras en busca y captura “ubicados en distintos países”, entre los que citan al país sudamericano junto a Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México y Uruguay. Fotografías de parte de ellos aparecen en el listado de personas más buscadas que la Guardia Civil tiene en su página web.

La asociación de víctimas afirmaba en su escrito que “es notorio y conocido” que durante los mandatos de Hugo Chávez y Maduro “los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño, haciendo inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española para responder por sus crímenes terroristas”.

 DyJ añadía que ello se había traducido en la negativa de Caracas a atender “las múltiples peticiones de extradición que, en los últimos 25 años, se han cursado por las autoridades judiciales españolas, negando reiteradamente su colaboración en dichas entregas”. Esta actitud, recalca la asociación, ha imposibilitado que “hayan podido ser enjuiciados, habiendo prescrito en muchos de los casos, los delitos cuya participación se les atribuía”.

 Era la propia asociación la que apuntaba en su escrito que la caída de Maduro invitaba “a considerar el cambio de situación política en Venezuela” como detonante de un hipotético cambio de las autoridades de Caracas que lleve a estas a “colaborar con España en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA” o “cualquier otro no referido” en el escrito y que pudiera residir en el país. 

En el caso de que las autoridades judiciales venezolanas finalmente faciliten los datos reclamados, DyJ aspira a que posteriormente el Gobierno de Delcy Rodríguez acuerde la “entrega y puesta a disposición de la justicia española” de los 14 etarras.

Con información de El País

Guatemala solicitó ayuda internacional por los destrozos causados por el paso del ciclón Eta, que dejó unos 46 muertos, 96 desaparecidos y casi 700.000 afectados.

«Se ha sobrepasado la capacidad de respuesta nacional», afirmó en un comunicado Óscar Cossio, secretario ejecutivo de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred).

La cancillería hizo llegar el llamamiento al cuerpo diplomático, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional acreditados en Guatemala, reseñó la agencia AFP.

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«El objetivo es coordinar de manera ágil y oportuna, mediante la administración ordenada, optimización y rendición de cuentas de la ayuda humanitaria internacional», agregó.

El canciller Pedro Brolo entregó al embajador de Estados Unidos, William W. Popp, una carta oficial donde el gobierno solicita el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para migrantes irregulares en el país norteamericano.

«El Gobierno de Guatemala reitera la necesidad de que los guatemaltecos que se encuentren en los EE.UU., puedan permanecer y no ser deportados», comentó Brolo.

El canciller dirigió la carta al Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

En la nación estadounidense se estima que viven cerca de 2,7 millones de guatemaltecos, pero solo 400.000 tiene documentos para trabajar.

Entre enero y septiembre pasados los guatemaltecos en el exterior, en especial Estados Unidos, enviaron 8.060 millones de dólares por remesas.

Esta cifra supera los 7.906 millones del mismo período del año pasado.

El Congreso de Guatemala declaró este miércoles el estado de calamidad pública en 10 de sus 22 departamentos.

El martes, los socorristas y militares guatemaltecos suspendieron la búsqueda de desaparecidos en una comunidad indígena, donde unas 150 viviendas quedaron sepultadas.

Según las autoridades, el alud dejó al menos 100 indígenas mayas soterrados en esa zona empobrecida del país, pero únicamente recuperan ocho cuerpos.

El paso de Eta por Centroamérica dejó más de 200 muertos y desaparecidos y miles de afectados.

Tras su paso por Centroamérica, Eta se dirigió a Cuba y luego a Florida, en Estados Unidos.

Al menos 50 muertos podría haber dejado el paso de la tormenta tropical Eta por Guatemala por un deslizamiento de tierra en el departamento de Alta Verapaz y también en Huehuetenango, en el norte del territorio.

La información la suministró el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien indicó que el alud de Alta Verapaz tuvo lugar en el caserío Quejá, en el municipio San Cristóbal Verapaz, a unos 203 kilómetros de la capital.

«Tenemos que lamentar que hoy en la mañana llevábamos cuatro muertos y ahorita nos sube arriba de los 50 muertos», estimó el mandatario en rueda de prensa.

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Según la agencia internacional EFE, Giammattei llegó al centro de mando de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), instalado en el municipio de Puerto Barrios, Izabal, más de 290 kilómetros al noreste de la capital.

«Entre los aludes que se están dando en el área de Huehuetenango (oeste del país) y en el área de San Cristóbal Verapaz (del departamento de Alta Verapaz), en donde estamos tratando de llegar a pie, porque no logramos llegar a la aldea Quejá, se estiman 25 casas soterradas que es la mitad de la aldea, por el alud y se calcula no menos de 50 personas ahí adentro de las casas», enfatizó el gobernante.

Agregó que aún las autoridades y la entidad de protección civil no ha podido establecer «cuántas casas hay» y sostuvo que se está «movilizando todo el apoyo que tenemos».

Mis oraciones están con todas las familias afectadas, con aquellos que no solo perdieron lo material, también a sus seres queridos. Estaremos junto con ustedes para superar esta tragedia, como lo hemos hecho en otras ocasiones. pic.twitter.com/LSt78n4pT1