Apenas Delcy Rodríguez intervino en la sesión de la ONU, en Ginebra, donde se rinden cuentas por el Examen Periódico Universal, varios países hicieron sus recomendaciones.

Pero, esas recomendaciones pasaron a ser críticas contra la administración de Nicolás Maduro.

Estados Unidos exigió que se inicien «investigaciones, en 6 meses, ante asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles. Además de la liberación de todos los presos políticos».

Suecia pidió garantizar «los derechos de las mujeres y establezca un plan de protección hacia ellas. Que termine con la represión sistemática de los defensores de DD.HH. y garantice protección».

«Quisiéramos recomendar a Venezuela que atienda el problema de las víctimas de trata de personas», dijo el representante de Serbia.

«Venezuela es la segunda crisis de migrantes en el mundo. Recomendamos trabajar con la ONU y garantizar la libertad de expresión». También «modificar la ley contra el odio para que no sea usado contra la disidencia», manifestó el embajador de Eslovaquia.

Mientras que Eslovenia pidió «que se garantice la protección de los defensores de derechos humanos».

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Entre tanto, desde Sudáfrica celebraron «los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza. Recomendamos que siga con los esfuerzos para reformar el sistema carcelario y cumplir con las normas Nelson Mandela».

La representante española pidió «garantizar el cese de los actos de persecución, criminalización y encarcelamiento de opositores». Además de «canalizar los conflictos sociales, políticos e institucionales a través de la participación».

«Recomendamos ponerle fin a las barreras administrativas contra las ONG. También adoptar las reformas para garantizar la independencia del sistema judicial, dar a acceso al país de una comisión internacional independiente y aceptar las visitas», agregó.

Incluso Tailandia intervino para que «fortalezcan los esfuerzos para combatir la trata y tráfico de personas. Especialmente de mujeres, niños y migrantes venezolanos e implementar un plan nacional efectivo para combatir el tráfico de personas.

La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. Lo hizo para rendir cuentas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza cada cinco años, a todos los países miembros.

«Hoy la Venezuela agredida y acosada puede mostrar números positivos y avances, pero también es consciente de sus desafíos», dijo la funcionaria.

“Venezuela garantiza los derechos sociales y económicos … Debe resaltarse el compromiso del Estado venezolano con el goce de los derechos políticos», aseguró.

«En estos cinco años que transcurrieron Venezuela cerró con un crecimiento de 7.6% en su PIB», afirmó.

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Nuevamente, culpó a las sanciones de varios de los problemas que hay en el país. “Algo está mal cuando convivimos en el mismo lugar agresores y víctimas”, afirmó. Lo hizo en relación con las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido que forman parte del Consejo de la ONU.

«Que rindan cuentas todos los miembros de fuerzas de seguridad o grupos armados por el régimen responsables de abusos contra los derechos humanos», expresó.

«Aceptamos las 193 recomendaciones que nos hicieron. Este Consejo debe reflexionar y el sistema de los DD. HH. debe ponerse al servicio de los pueblos», manifestó.

Igualmente, enfiló sus baterías contra el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Al respecto, dijo que se debe “evitar a toda costa la instrumentalización política de los derechos humanos”.

Asimismo, fustigó la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI). «Hay un desequilibrio entre el norte y el sur”, dijo respecto a las investigaciones realizadas por la CPI.

También habló sobre la actuación de la administración madurista frente a la pandemia. «Frente a la atención sanitaria privada de los sistemas capitalistas, nuestro modelo público ha sido un éxito en el manejo de la pandemia», afirmó.

Aseguró que Venezuela respondió a la crisis sanitaria «pese a que la asfixia económica nos privó de 99 % de nuestras divisas (…) y se bloquearon recursos para la compra de vacunas, tratamientos y equipamientos», subrayó.