Cinco años después de firmar la paz, viven con terror en las mismas montañas de Colombia donde combatieron. En sus casas prefabricadas, los exguerrilleros confiesan sentirse cazados como «conejos» indefensos.

A comienzos de 2017 unos 300 guerrilleros de las FARC se concentraron en un pequeño predio rural del municipio de Miranda, en el departamento de Cauca (suroeste), para entregar las armas. En la zona abundan los cultivos ilegales de marihuana.

En esa época todo era fiesta, pero luego la mayoría huyó. Una ola de asesinatos selectivos y la falta de tierras para sus proyectos agrícolas – «un incumplimiento de lo acordado», alegan – rompió la vida colectiva. 

«El mismo dolor que se le causó a tantas personas se ha vuelto un odio», dice a la AFP Luz Dary Guarnizo, viuda de un exguerrillero asesinado a hachazos no muy lejos.

Aquí solo quedan unos 35 hombres y mujeres que no tuvieron adónde ir. A veces, cuentan, se oyen los disparos de los grupos que llegaron primero que el Estado para llenar el vacío dejado por las FARC en la cordillera.

Paradójicamente, la paz ha sido letal: 293 exguerrilleros fueron asesinados desde el desarme que vigiló la ONU. Cuando enfrentaban la ofensiva militar, entre 2006 y 2009, el ejército abatía a unos 640 guerrilleros al año, según el centro de estudios independiente sobre el conflicto CERAC.

Ya sin armas, fueron asesinados 59 por año. 

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«Lo que se ha dado es por venganzas de un pasado», explica Guarnizo, una campesina de 52 años. 

El 27 de diciembre de 2020 su esposo fue descuartizado. Manuel Alonso era un exguerrillero de 54 años que estuvo en prisión. En una de sus últimas fotos se le ve, sonriente, canoso y con un bigote en lo alto de un cerro sosteniendo una podadora. 

«Me siento impotente. El acuerdo era que se iban a cuidar las vidas (…) A él, que fue uno de los que quiso que este proceso siguiera, le quitaron la vida», suelta la viuda con voz entrecortada. 

Conocido como Romel, Alonso salió de prisión en 2018 gracias al acuerdo de paz. Se dedicó a la ebanistería y la serigrafía, cuenta Luz Dary en su taller ahora abandonado. 

Aun con la zozobra, los exguerrilleros limpian caminos, reparan escuelas o siembran árboles a la espera de que sus gestos sean reconocidos por un tribunal de paz que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes aporten verdad y reparen a sus víctimas. 

Romel estaba respondiendo por unos 18 secuestros, algunos en esta misma región. «Yo no sé quién lo mató, pero si sé por qué lo mataron», se lamenta Luz Dary. Una posible venganza asoma en su relato. 

Solo en el 9% de los asesinatos de excombatientes la justicia ha identificado a los responsables.

La brutalidad del crimen marcó a los pobladores de esta aldea de casas con techo de lata:  «A mí me da miedo, temor salir, me da miedo con mi marido, con el papá de mis hijos, porque el riesgo es que de pronto (los exguerrilleros) salgan y no vuelvan a sus hogares», cuenta Amparo Cunda, una mujer de 28 años casada con un excombatiente de las FARC.

«Muchos de los hombres y mujeres que hoy estamos como firmantes de paz haciendo actividades en los territorios somos declarados objetivo militar», denuncia Sandra Morales.

Una decena de escoltas – la mayoría exguerrilleros – y dos camionetas blindadas acompañan en todo momento a esta mujer de 40 años, exnegociadora del acuerdo de paz en La Habana y quien en la guerra se hacía llamar Camila Cienfuegos.

Ignacio Loaiza era uno de los rebeldes que dejaron las armas y conformaban su esquema de seguridad. 

Fue asesinado a tiros en mayo. Estaba solo, «fue una cosa muy dura», recuerda Morales durante un recorrido por la región con la AFP.

En su computador tiene docenas de fotos de compañeros que corrieron la misma suerte.

«En la guerra hubo momentos muy difíciles porque estábamos armados y sabíamos que era confrontación de dos fuerzas (…) pero es que ahora me parece muy cruel, porque se han dedicado a cazarnos como conejos, como patos», reclama desconsolada.

Nuevos grupos comandados por exmiembros de las FARC que se apartaron del pacto de paz, bandas de origen paramilitar y la guerrilla del ELN se disputan el control del Cauca. Es uno de los departamentos con narcocultivos de Colombia.

Es uno de los departamentos con narcocultivos de Colombia. Aquí también han caído nueve de los 43 exFARC asesinados este año. 

Con la paz ya en marcha, los vecinos se acercaban a jugar fútbol en una cancha sintética construida junto al complejo donde viven los excombatientes. El año pasado un mortero artesanal fue lanzado cerca. Al parecer iba dirigido contra una patrulla militar. Tras la explosión, no volvieron ni los vecinos ni los soldados. 

«Esto se debe (…) a una ausencia del Estado. No solamente de la presencia de fuerza pública, sino de un Estado con vías, con educación, con justicia», apunta Leonardo González, investigador del centro de estudios independiente Indepaz.

Según González, los disidentes están detrás de gran parte de los crímenes. En su mayoría son «nuevos reclutas» que no pertenecieron a las FARC y «ven la implementación del acuerdo como un enemigo» contra la expansión de los cultivos de marihuana y coca.

Las historias de muerte se suceden. Como en el conflicto, son las viudas las que las cuentan. Nancy Medina tenía un bebé de tres años con Fernando Ramos, un exguerrillero indígena asesinado en el municipio de Caldono, en Cauca. 

«Lo sacaron de su sitio de trabajo con engaños, diciéndole que hiciera un domicilio (…) lo estaban esperando para hacerle una emboscada», relata la mujer. La autoridad indígena identificó a los culpables como disidentes de la organización Dagoberto Ramos. 

Mientras sigan prófugos, Nancy teme por ella y su pequeño Elián. «Pueden tener represalias con la familia», comenta en voz baja. 

En medio de la crisis generada por el desorden con el plan de vacunación, por orden de Nicolás Maduro inmunizaron a cien exguerrilleros venezolanos de los años 60 y 70.

La información se conoció a través de un comunicado de la la Vicepresidencia Ejecutiva que además indicó que vacunaron a otros «luchadores sociales».

«El proceso de vacunación para quienes apostaron sus vidas y sueños por la liberación de Venezuela durante la cuarta república se da con motivo a la conmemoración de los 59 años de El Porteñazo. Es una sublevación ocurrida el 2 de junio de 1962, en la base naval Agustín Armario, ubicada en la ciudad de Puerto Cabello», detalló el escrito.

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En la jornada , además de los exguerrilleros, también vacunaron a sus familiares. Lo hicieron «en reconocimiento a su entrega y lucha durante la permanencia de los gobiernos opresores y representantes del puntofijismo».

Y no contentos con esto, la orden es extender estas jornadas al interior del país. Lo harán «para atender a otros hombres y mujeres que presentes enfrentaron a la mal llamada democracia representativa». Y agrega que esta «se caracterizó por la desaparición» de quienes «que alzaban su voz por defender sus derechos».

Según la nota, lograron hacer de Venezuela un país «donde imperara la justicia, la paz y libertad».

Mientras esto ocurre, en Caracas y el resto del país hay colas en los centros de vacunación dispuestos para tal fin. El desorden viene porque o no hay las dosis o a la gente le debe llegar el mensaje de texto con la cita.

Hay reportes que señalan que tras horas en cola, los ciudadanos se regresan porque no alcanzaron la dosis.

Al país solo han llegado, oficialmente, poco más de tres millones de dosis y la administración de Maduro dice que hay un plan masivo de vacunación del que no se saben detalles.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y una delegación del partido FARC se reunieron este viernes para tratar el tema de la violencia contra exguerrillero.

El exjefe Guerrillero, Rodrigo Granda, es uno de los participantes a la reunión y dijo a la agencia EFE que reclamará a Duque por «la cantidad de líderes de nuestra organización que están siendo asesinados en todas las partes del país».

#AEstaHora adelantamos reunión de trabajo con excombatientes Farc. Les reiteramos voluntad del Gobierno de construir #PazConLegalidad. Exponemos avances en municipios PDET y la decisión de adelantar recursos de regalías, que se iban a invertir en 7 años, para ejecutarlos en 2. pic.twitter.com/eofkvLn38u

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, la violencia se ha cobrado la vida de al menos 23 exguerrilleros. La organización espera medidas del gobierno de Iván Duque para que cese esta situación.

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«Ya cumplimos 237 asesinatos, con los dos últimos presentados en Buga, en el Valle del Cauca (suroeste). Queremos manifestarle al señor presidente cómo podemos entre todos parar este baño de sangre que recorre el país», afirmó Granda.

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Por su parte, Duque publicó en sus redes sociales fotos del encuentro con la delegación de la FARC y reiteró «la voluntad del Gobierno de construir paz con legalidad».

Exguerrilleros de las FARC pidieron perdón este jueves a las víctimas de secuestros masivos.

Son conocidos en Colombia como «pescas milagrosas», el arrepentimiento lo demostraron un acto de reconciliación en la vereda en Villavicencio.En el evento, realizaron una caminata que los exguerrilleros emprendieron el pasado miércoles desde el municipio de Mesetas, hacia Bogotá.

Esto lo hicieron para protestar contra los asesinatos de 234 de sus compañeros desde la firma del acuerdo de paz en 2016.«A ustedes, que fueron tan afectados por los violentos estruendos de la guerra, les pedimos, con humildad, que nos perdonen”, aseveraron.

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Se arrepintieron por los miedos, las angustias, los dolores, las pérdidas humanas y materiales

“Esto se los causamos al reducir su territorio a un campo de batalla militar», manifestó el delegado del partido FARC, Pastor Alape.El secuestro en Colombia se volvió masivo e indiscriminado en el periodo más crítico de escalamiento de la violencia, entre 1996 y 2002.En ese periodo, además de los secuestros masivos en aviones comerciales, se produjeron secuestros también masivos e indiscriminados en las carreteras del país.

Estos lo hicieron, por medio de las llamadas «pescas milagrosas», describió el estudio.

Los exguerrilleros reconocieron que esas acciones son «injustificables» y agregaron que «no hay otra forma de explicarlas.De acuerdo a cifras oficiales, en el país hay 37.375 víctimas de secuestro, miles de ellas fueron secuestradas en los retenes ilegales.

Los guerrilleros detenían a las personas, y una vez corroboraban su situación económica o identificaban sus nombres, las secuestraban.«Pedimos perdón al país, pedimos perdón a todas las personas y familias que sufrieron la práctica del secuestro”, reiteró.

Pidió perdón a las víctimas de mortalidad de acciones en la guerra», agregó Alape.

Los exguerrilleros reiteraron su compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Aseguraron que seguirán aportando verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.«Les pedimos perdón por el dolor causado, les pedimos perdón por todas las afectaciones a causa de nuestro accionar”.

“Pedimos su perdón y les garantizamos que jamás volveremos a la guerra, les garantizamos que lucharemos porque no haya repetición”, destacaron.

Asimismo, resaltaron su intención de que la firma del Acuerdo de Paz traiga transformaciones sociales en el país, agregó Alape. 

Con información de EFE

El exjefe guerrillero y ahora senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, alias “Julián Gallo”, confesó que fue él quien ejecutó la orden de asesinar al político Álvaro Gómez Hurtado en 1995.

En una entrevista que le realizó el diario El Espectador de Colombia dijo que la responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, “de la cual yo era comandante en ese momento”.

“La orden la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño, que era el comandante a quien yo le atendía órdenes. Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la RUAN”, explicó.

Además, precisó que  “participaron exclusivamente guerrilleros urbanos de la RUAN” y descartó alianzas con otros actores armados, tal como la familia de la víctima ha denunciado.

“Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez Hurtado fueron asesinados por la Policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse”.

Agrega: “Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros, intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención”.

Nacido en 1919, Álvaro Gómez Hurtado era hijo del expresidente conservador Laureano Gómez.

Laureano Gómez gobernó Colombia entre 1950 y finales de 1951, cuando tuvo que dejar el cargo por problemas de salud.

Gómez Hurtado fue docente y fundador de la Universidad Sergio Arboleda y fue justo saliendo de dictar clases allí, cuando cayó víctima de unos sicarios.

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Fue emboscado el 2 de noviembre de 1995 y le propinaron cuatro disparos en pecho y cabeza que le cegaron su vida.

Gómez Hurtado era por aquella época uno de los críticos más feroces del gobierno de Ernesto Samper, cuya renuncia solicitaba por el escándalo sobre el supuesto financiamiento que recibió para su campaña electoral por parte del Cartel de Cali.

Pese a todos los asesinatos, los exguerrilleros han llegado al Senado por el Acuerdo de Paz, sin embargo las víctimas en Colombia no olvidan y exigen justicia.

“Esperamos que se entienda que nosotros llegamos al Congreso producto del Acuerdo de Paz, como reconocimiento de nuestro alzamiento armado. Hicimos dejación de armas a cambio de participación política. No tendría sentido que se cuestionara el Acuerdo”.

Lozada habla sobre estos crímenes porque “nosotros firmamos una paz que tiene a las víctimas en el centro”.

“En La Habana tuvimos discusiones internas, sabíamos que llegaría este momento, que hubo hechos del conflicto muy dolorosos cuya responsabilidad no se conocía y que nosotros íbamos a tener que asumir”.

Asegura que estas confesiones no se dan de la noche a la mañana, “cuando avanzamos en dar verdad, estamos enviando una señal al país de que nos la jugamos toda por la paz».

«Queremos que el acuerdo regrese a su esencia original para que la verdad sea completa y tenga los matices de todos los que estuvimos enfrentados en el conflicto”.

El senador pidió perdón a la familia de Álvaro Gómez Hurtado y le solicitó que los escuchen.

“Que nos perdonen, que encontremos el momento para sentarnos y nos puedan escuchar. Tenemos toda la disposición de hacerlo, sabemos que no será fácil, ojalá nos escuchen”.

Cientos de mujeres que hicieron parte de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) denunciaron abusos sexuales por parte de comandantes que hoy están en el Senado de Colombia.

En un reportaje del periodista Kevin Pinzón para Testigo Directo, una exguerrillera de las FARC cuenta cómo fue su vida llena de maltratos y vejaciones.

También asegura que denunciará todo lo que vivió junto a otras compañeras.

Para ello se recogen no sólo testimonios, sino pruebas físicas de los maltratos y vejaciones.

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Iván Márquez, Iván Darío Velásquez “El Paisa”, Rodrigo Londoño “Timochenko”, han negado todo ante la Comisión de la Verdad.

Vean este reportaje para saber la historia de ambas partes y conocer quién está mintiendo.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) detalló que perpetraron al menos 42 masacres en lo que va de año en Colombia.

Mediante un informe destacó que en ellas, fueron asesinaron a 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Entre ellos, están incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.

El informe ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, señala que hubo disminución en las tasas nacionales de homicidios.

Sin embargo, alertó que la violencia en las regiones afectadas por el conflicto ha continuado.

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El texto señala 42 masacres verificadas por la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., mientras que otras 13 están en verificación.

Entre las víctimas de las masacres hay 19 menores de edad y 12 mujeres.

Los departamentos más afectados son Antioquia (13), Cauca (8), Nariño (7) y Norte de Santander (4).

Destacó que cometieron los crímenes principalmente en zonas de escasa presencia estatal.

Especialmente con altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados y organizaciones criminales.

El informe resaltó que la violencia “incesante” contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz en Colombia.

Detalló que en lo que va de 2020 asesinaron a 50 exguerrilleros de las FARC, dos de ellos mujeres.

Estos hechos, elevan a 224 los exmiembros de la guerrilla asesinados desde que el gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre del 2016.

Incluso en ese año, el 30% de los asesinatos se cometieron cerca de las nuevas áreas de reincorporación, la mayoría situadas en regiones rurales.

El texto resaltó que en respuesta a los ataques, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC.

Con respecto a las investigaciones realizadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General, citada por la ONU, se reportan 30 condenas y 20 casos en etapa de juicio

En el tiempo de la elaboración del informe fueron detenidos cuatro sospechosos de ser autores intelectuales, por lo que suman 15 desde la firma del acuerdo final.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU instó a las instituciones que apoyen a la UEI para fortalecer su presencia en las regiones.

Presentarán el informe en Colombia el próximo 14 de octubre por Carlos Ruiz Massieu, representante especial ante el Consejo de Seguridad de la ONU.