El Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, publicó este jueves su último informe en el que advierte que el éxodo podría llegar a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022.

David Smolansky, explicó que con la crisis y la reapertura de fronteras, el éxodo de venezolanos podría convertirse “en el más grande del mundo por encima de Siria”.

En la actualidad son más de 5,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos.

Este incremento considerado el más alto en la historia de la región Latinoamericana.

Este número, según el documento, “supera el total de población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda, entre otros países”.

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Asimismo, destaca que hay migrantes y refugiados venezolanos, conocidos como “caminantes”, que han recorrido más de 3.500 kilómetros a pie, muchas veces descalzos.

“Caminar desde Cúcuta, en Colombia, hasta Lima, Perú, es equivalente a caminar desde Madrid hasta Helsinki o desde Nueva York hasta Salt Lake City”, agrega el reporte.

Smolansky informó, además, que el Grupo de Trabajo recogió en su investigación más de 600 testimonios de migrantes y refugiados venezolanos.

Ellos expresan que se han visto forzados a escapar de su país.

Entre las razones que esgrimen están:  “Emergencia humanitaria compleja, violación sistemática a los derechos humanos, inseguridad, colapso de los servicios básicos y alto costo de vida”.

Sostiene que, pese a que las fronteras están cerradas por la pandemia, “se estima que entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente por caminos irregulares”.

Aseguran que el financiamiento a esta crisis “es la décima parte de lo que se ha aportado para atender a la crisis de refugiados siria”.

Señala que mientras la ayuda a los refugiados sirios promedia los 5.000 dólares por persona, en el caso de los venezolanos es de 480 dólares.

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La migración de venezolanos es un fenómeno que afecta a la región desde 2015, luego que comenzara un éxodo masivo por falta de garantías y de un sistema de gobierno en constante lucha política por mantenerse en el poder.

A la fecha, Colombia, con 29,9% del total de venezolanos migrantes; Perú, con 19,8%; Chile, con 19,7%, y Argentina, con 8,9%, son los países de Latinoamérica con mayor número de migrantes venezolanos, según el portal La República.

Indicó la publicación que desde que comenzó el éxodo en Venezuela la mayor concentración de migrantes se encuentra en estos países.

Según datos proporcionados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Acnur, al cierre de 2020, en la región había cerca de 5,4 millones de refugiados venezolanos.

De los cuales, 2,4 millones cuentan con un permiso de residencia y estancia temporal.

Mientras que otros 143.664 ya cuentan con alguna forma de estatus legal dentro de los países de acogida.

Hasta finales del año pasado había 798.128 solicitudes de refugio pendientes.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos para apaciguar el fenómeno migratorio de la última mitad de década, los problemas superan los esfuerzos.

La región atraviesa una fuerte crisis en el mercado laboral, los niveles de inseguridad alimentaria superan los mínimos de pobreza.

Además la falta de garantías en seguridad, según la ONU, ha removido fuertemente los ánimos de la región, según La República.

La estrategia, que está compuesta por cuatro ejes centrales:

Dentro del plan para la inclusión socioeconómica de los venezolanos migrantes a la región hay dos objetivos claros.

De acuerdo con Luis Felipe López-Calva, director Regional para América Latina y El Caribe del Pnud, cerca de 85% de la población venezolana se encuentra en América Latina y el Caribe.

Por lo que la región tiene que enfrentar nuevos retos en materia de movilidad de las personas, de acceso a los servicios básicos y de protección.

Así como de inclusión en los mercados laborales y de cohesión social.

Según las estimaciones de la OIT, 80% de los migrantes venezolanos que participan de la economía tienen jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales y devengan hasta 60% de un salario mínimo.

Además, el organismo internacional señala que 45% de las microempresas creadas por migrantes regulares muere en los primeros cinco años de vida.

Es por eso que  propender por la legalización del capital humano extranjero y asegurar sus condiciones laborales tendría un impacto positivo.

Esto se traduciría  en la reducción de las tasas de inseguridad, de hambre y de pobreza en la región.

Según lo aseguró Vinícius Carvalho Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe.

El informe de la estrategia detalló que los gobiernos formarán una red de cooperación que permitirá que los migrantes accedan de forma gratuita a los servicios de salud de sus países y que tengan seguridad social.

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Según la OIT, las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, sobretodo las mujeres, encuentran más posibilidades de emplearse en la economía informal.

Esto con las limitaciones que implica en cuanto al acceso a los derechos laborales.

La razón es estructural, pues entre la mitad y tres cuartos de los empleos de América Latina y el Caribe están dentro de la economía informal.

Dado que se trata de empleos sin contrato laboral y en condiciones precarias o porque abarcan emprendimientos de baja productividad y sin posibilidad de costear coberturas frente a los riesgos.