La explotación ilegal del oro está afectando en la salud no sólo de las comunidades indígenas, sino también a toda la población del estado Bolívar por la contaminación de la cuenca del río Caroní.

En entrevista exclusiva para Mesa de Análisis, el médico pediatra Hugo Lezama denunció que la irracionalidad y desorganización en el Arco Minero está, “no solo eliminando la ecología de la región y cambiando el área geográfica”; sino algo aún más grave, “contaminando el agua que se consume en la entidad con mercurio, afectando la salud de los habitantes del estado Bolívar”

“El agua que llega directamente a todo el estado Bolívar, viene del río Caroní y en sus cuencas están lanzando mercurio que contaminan el agua que se consume y también los peces”.

Dijo que por parte del gobierno regional, no hay una política para resolver el problema, “lo único que les importa es explotar el oro y llevárselo del país”.

Explica que las consecuencias del consumo de mercurio no son inmediatas. «Es una sustancia que va causando daño en el ser humano y al pasar el tiempo es que empiezan a salir enfermedades como consecuencias del envenenamiento».

Enfermedades como el paludismo, propio de las zonas selvática, asegura Lezama, está en zonas urbanas. También la malaria, la difteria y el sarampión que «sabemos que están allí pero no podemos decir cifras, ni las tenemos porque el boletín epidemiológico hace mucho tiempo que dejó de salir».

Desnutrición en los niños

El doctor Hugo Lezama dice que de cada 10 niños que llegan a su consulta, 6 sufren de desnutrición, casi 60% están en esas condiciones. “Es una cifra muy preocupante”, dijo.

“La población sufre por la crisis socioeconómica y tenemos una población infantil desnutrida, sobre todo en la zona de San Félix en el estado Bolívar”.

Con respecto al Covid-19 en niños, dijo que “gracias a Dios no es una población vulnerable como lo es la tercera edad. Los niños superan la enfermedad satisfactoriamente”.  

Un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado “Situación de la Amazonía Venezolana en Tiempos de Pandemia”, asegura que entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos que están contaminando el agua, destruyendo la fauna y el ecosistema.

En un reportaje realizado por el Correo del Caroní, aseguran que esta destrucción nació con el Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016 por el régimen de Nicolás Maduro que prometían, entre otras cosas, “la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio”.

Nada se cumplió y desde hace cuatro años el Arco Minero, representa “un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”.

Según el informe, “del total de 1.781 centros de explotación minera, el estado más afectado es Bolívar donde hay un aproximado de 1.684 puntos de minería ilegal”, donde las cuencas afectadas son de “los ríos Caroní, Caura, Cuyuní y Cuchivero”.

Además, señala que el río Caroní es el más explotado de todos. Este junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, el cual abastece de electricidad a gran parte del país. Sin embargo, el documento detalla textualmente que “se han georreferenciado 1.149 puntos de minería ilegal, perjudicando áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Canaima, Zona Protector sur del estado Bolívar y la Reserva Forestal La Paragua”.

Las poblaciones indígenas también están afectadas por la minería ilegal sobre todo del estado Delta Amacuro, en la desembocadura del río Orinoco, donde viven los indígenas waraos.

Señalan que la contaminación de las aguas y peces por mercurio se termina acumulando en el cuerpo de estos miembros de la comunidad, lo que puede generar el deterioro en diferentes órganos y alterando múltiples funciones, incluidas las neurológicas.

El documento también reafirma lo denunciado en múltiples ocasiones por distintas ONG del país y lo expuesto por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en referencia a la ola de violencia que afecta la seguridad de poblaciones indígenas.

“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, expresa textualmente la Asamblea Mundial por la Amazonia.