En el barrio La Rivera de Cúcuta, las autoridades arrestaron por orden judicial a un sujeto identificado con los apellidos de Soto Barragán, un presunto criminal que explotaba sexualmente a menores de edad y produciría material pornográfico, bajo la fachada de un estudio webcam.

Mediante actividades de registro y allanamiento, fue que uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, materializaron la captura del sujeto, de 35 años, oriundo de Bogotá, que era requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal.

En medio del operativo, las autoridades incautaron, seis discos duros, un celular con presunto contenido documental de la explotación, cuatro cédulas colombianas falsas, que serían utilizadas para evadir los controles de las plataformas digitales, y elementos de uso sexual empleados en las transmisiones.

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“La investigación inició en diciembre del año 2024, el hombre presuntamente captaba adolescentes de nacionalidad venezolana para explotarlas sexualmente a través de plataformas digitales internacionales. Para lograr su cometido, él expedía documentos de identidad falsos para registrar a las menores como adultas en los sitios web”, indicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Mecuc.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y fue enviado a prisión por los delitos de trata de personas en concurso con pornografía con menores de 18 años.

Con información de La Opinión, de Cúcuta

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía  y el apoyo del CTI, logró la captura en flagrancia de tres presuntos delincuentes vinculados a delitos de proxenetismo y demanda de explotación sexual.

Durante la operación, fue posible rescatar a cinco menores de edad, quienes eran víctimas de explotación sexual. 

Los detenidos, de nacionalidad colombiana y venezolana, se dedicaban a la explotación de los menores, así como a la comercialización de contenido sexual a través de diversas plataformas digitales.

En el procedimiento, las autoridades incautaron diez teléfonos móviles, una agenda y tres micro SD, elementos que actualmente están siendo analizados por el personal investigativo para profundizar en la investigación y desmantelar la red criminal.

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Los tres individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por los delitos de proxenetismo y demanda de explotación sexual.

La investigación continúa abierta, y las autoridades reafirman su compromiso en la lucha contra los delitos que atentan contra la dignidad y los derechos de los menores.

La Policía Nacional de Colombia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o al número contra el crimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva sobre la información suministrada.

Con información de Policía de Colombia

La Policía Nacional ecuatoriana informó sobre el rescate de once venezolanas, entre ellas una adolescente de 15 años, en tres inmuebles situados en Guayaquil, donde funcionaban prostíbulos y eran explotadas sexualmente.

Durante el operativo, también fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos señalados como los responsables de esta red de explotación.

Las investigaciones iniciaron en febrero, cuando las autoridades liberaron a otras tres menores de edad que también eran víctimas de explotación sexual y se arrestaron a dos personas.

Edwin Íñiguez, el jefe de la Unidad Nacional de Trata de Personas de la policía, explicó «las tenían encerradas en el inmueble en muchos casos y sometidas a maltrato si no aceptaban ciertas actividades de índole sexual. Eran amenazadas y mantenían una deuda permanente con sus captores».

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Algunas de las víctimas fueron captadas directamente en Ecuador, mientras que a otras las engañaron en Venezuela con la promesa de un viaje pagado, que se convertía en una deuda que nunca terminaba de saldar.

«Muchas de las chicas sabían a lo que venían. La actividad sexual no es un delito (en Ecuador), pero sí las circunstancias en las que se desarrollaba. Una vez que ingresaban (a los inmuebles), no les dejaban salir, o si salían eran controladas», precisó Íñiguez.

La adolescente de 15 años rescatada fue trasladada a un centro de acogida mientras se busca a sus familiares. Durante el allanamiento a uno de los prostíbulos, la policía encontró un arma de fuego, entre otras pruebas que serán usadas en la investigación.

A principios de semana, otras ocho mujeres venezolanas, también víctimas de explotación sexual en Ecuador, lograron regresar a su país de origen con la ayuda de las autoridades ecuatorianas y colombianas, tras haber sido rescatadas días antes.

Con información de Efe

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a una mujer y dos hombres por presuntamente mantener en cautiverio y someter a  explotación sexual a una joven de 25 años y sus hijos.

Así lo informó el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram.

Explicó que las personas detenidas quedaron identificadas como Joselhyn Maynett Blanco Torrealba (43), Keiber Beikert Tovar Blanco (25) y Yanis José Herrera Pinto (39), quienes fueron detenidos en el sector Sorocaima, parroquia Samán de Guere, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

“A través del trabajo de campo se pudo determinar que la víctima le solicitó ayuda a Joselhyn Blanco, quien era su vecina y amiga, porque no tenía donde pernoctar, petición a la que accedió la mujer”, relató.

«Una vez dentro del inmueble, Blanco le informó que se encontraba cautiva, por cuanto Keiber Tovar Blanc (25) y Yanis Herrera (39) la forzaron a agredir a sus pequeños hijos y filmaron el hecho, con la intención que, si no accedía a sus requerimientos, difundirían el material a través de redes sociales», agregó.

Resaltó que la situación se mantuvo así durante aproximadamente un año, tiempo en el que la forzaron a tener encuentros sexuales con distintos hombres y exigían diversas sumas de dinero.

“Beneficiándose económicamente en perjuicio de la víctima y sus hijos, a quienes mantenían amenazados de muerte si comentaban lo sucedido”, afirmó el director del Cicpc.

Durante la detención, los funcionarios hallaron tres celulares y un Keeway Outlook, placa AD2K26U, mientras que las víctimas fueron resguardadas.

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El caso quedó a la orden de la Fiscalía 26° del Ministerio Público.

Una adolescente de 15 años y dos menores de edad, fueron rescatados por la policía en el estado Delta Amacuro, justo antes de que fuesen entregados a una red de trata de personas, encargada de enviar esclavos sexuales a Trinidad y Tobago.

El rescate se produce por una acción en conjunto entre la Comisión Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una vez que conocieron el caso de una menor de edad de 15 años, quien fue reportada por sus padres la semana pasada como desaparecida.

Según el informe extraoficial, la niña no había llegado a su hogar y esto puso en alerta a los familiares, quienes acudieron a las autoridades.

Cuando la policía realizó las verificaciones del entorno de la niña, sobre todo en sus redes sociales, encontró que a través de Facebook la víctima había sido contactada ofreciéndole falsas mejoras y regalos.

Tanto el CONAS como la PNB realizaron verificaciones a través de las redes y equipo telefónicos, logrando ubicar el pasado jueves una casa en la población de Coporito Abajo, en el estado deltano.

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Al llegar al lugar, encontraron a la muchacha de 15 años y otros dos menores de edad, que estaban listos para ser entregados a una red de trata de personas.

Durante el procedimiento policial fue detenido un hombre de 60 años, quien era el encargado de mantener cautivas a las víctimas.

En la urbanización El Prebo, parroquia San José, municipio Valencia del estado Carabobo, funcionarios del Cicpc, aprehendieron a Hilary Ramírez de 26 años de edad y a Antonio Márquez de 28, pareja delictiva que se dedicaba a la creación y comercialización de contenido pornográfico.

Douglas Rico, director del organismo, indicó en su cuenta en Instagram que conocieron del caso a través de una denuncia formulada por la madre de una de las víctimas.

Posteriormente, «una comisión policial inmediatamente inició las investigaciones de campo, entrevistas psicológicas y un arduo trabajo de experticias documentales».

Las averiguaciones arrojaron que «esta pareja delictiva utilizaba la red social Facebook para captar a sus víctimas, ganándose su confianza y luego mediante engaños y falsas promesas de empleo, las incitaron a trabajar para ellos, a través de una aplicación de contenido para adultos, llamada página Coco Live, donde creaban perfiles con datos de identificación falsos para evitar ser descubiertos», relató el comisario.

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El modus operandi era «aprovecharse de la vulnerabilidad de sus víctimas para subir fotografías con poca ropa, realizar actividades sexuales explícitas y transmitir videos en vivo con hombres de diferentes países, con la finalidad de adquirir diamantes virtuales y al lograr la meta exigida por la aplicación, les entregaban un porcentaje a las jóvenes, quedándose estos con el resto del dinero obtenido».

El Cicpc informó que estos delincuentes, quienes presentaban un registro policiales, ya estaban siendo investigados en dos expedientes previos, donde aplicaban el mismo modus operandi con jóvenes y mujeres adultas.

«Al verse descubiertos emigraron del país y al regresar, continuaron con el mismo modus operandi, usando líneas telefónicas extranjeras para así desviar las actuaciones policiales», agregó el director.

El caso está a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público del estado Carabobo.

Un total de 8 hombres se encuentran tras las rejas, después de estar acusados de explotación sexual por 23 mujeres colombianas en España.

La Guardia Civil española logró el rescate de las víctimas, una de ellas con discapacidad intelectual, las cuales fueron llevadas por una red de trata de personas desde Colombia hacia España.

A las mujeres les ofrecieron en su nación llevarlas hasta la península ibérica, para llevar a cabo trabajos de peluquería y cuidado de personas de la tercera edad.

Al llegar a la nación europea fueron obligadas a trabajar sexualmente, para pagar la supuesta deuda que habían obtenido con la organización, por el traslado y cobijo que les dieron.

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Todas fueron despojadas de sus documentos de identificación y las mantenían constantemente viajando de una región a otra, para así, la red internacional de trata de personas, evitar cualquier seguimiento de las autoridades policiales.

Informó la Guardia Civil Española, que la organización logró hacerse de varias propiedades inmuebles tanto en España como en Colombia.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron rescatar a tres menores de edad que iban a ser trasladadas a Perú para ser explotadas sexualmente por una red de trata de personas.

Así a conocer Douglas Rico, director general del Cicpc, en su cuenta de la red social Instagram.

La operación se realizó luego de que el padre de una de las víctimas, una joven de 16 años, denunciara que su hija había sido contactada por su madre, quien reside en Perú, ofreciéndole un trabajo que resultó ser una falsa promesa.

Informó Rico que las comisiones policiales realizaron un extenso trabajo de triangulación telefónica y pesquisas de campo que les permitió ubicar a la menor en las inmediaciones del Terminal La Bandera, en Caracas, cuando se disponía a emprender el viaje hacia Colombia.

Junto a ella, se encontraban otras dos jóvenes, de 14 y 15 años, quienes también habían sido engañadas por la misma red de trata de personas.

Las investigaciones revelaron que la madre de la joven de 16 años se desempeña como trabajadora sexual y pretendía inducir a su hija y a las otras menores a dicha actividad. Como evidencias, se incautaron dos celulares, marca iPhone, que al ser sometidos a experticias telefónicas se le extrajo información de interés criminalístico.

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El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 74° del Ministerio Público, mientras se continúa el trabajo de investigación para dar con el paradero de los demás integrantes de la red de trata de personas.

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La organización criminal internacional Tren de Aragua genera millones de soles a través de su principal negocio ilícito en Perú: la explotación sexual, según una investigación de la Policía Nacional de ese país (PNP). 

Para lograrlo, esta red tiene un sistema que empieza y termina en Venezuela, llegando a las manos de Niño Guerrero, su máximo cabecilla, recoge un trabajo de Infobae.

Según información de la PNP y la Fiscalía, por el trabajo que realizan las sub organizaciones que trabajan en alianza o para el Tren de Aragua en Perú, Niño Guerrero recibiría S/ 4,5 millones al mes aproximadamente.

Tren de Aragua es una organización con jerarquía. Esta estructura es utilizada en su negocio de la explotación sexual, asegura un informe de El Comercio.

La PNP estima que al menos unas 2.000 mujeres son explotadas sexualmente en país inca, además de aquellas que son enviadas a zonas del interior, donde impera la minería ilegal o el narcotráfico.

La cadena para capturar a sus víctimas inicia en Venezuela, donde se “contrata” a la mayoría de las mujeres. Muchas, entre ellas menores de edad, fueron captadas con engaños. Les dijeron que iban a trabajar en discotecas o restaurantes, pero luego fueron obligadas a ejercer la prostitución. Si no cumplen, las violentan sexualmente, por lo que terminan haciéndolo contra su voluntad.

Un segundo grupo de la red criminal se encarga de trasladarlas de Venezuela a Perú, para lo cual deben pagar una “suscripción”. Se estima que esta puede superar los S/ 20.000. Una vez que están en el país, un tercer grupo las ubica en las famosas casas de acogida. Luego las colocan en plazas, como les llaman a las zonas específicas donde operan.

Las mujeres explotadas deben pagar un cupo aproximado de 700 soles a la semana.

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Además de Lince, en Lima se han identificado por lo menos ocho plazas donde el Tren de Aragua tiene presencia: Plaza Norte, Pro, Huandoy, Estación Plaza San Martín, alrededores del Hospital María Auxiliadora, Jr. Zepita, Breña y Chosica.

Con información de Infobae

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dio un nuevo golpe a las redes de explotación sexual infantil, tras capturar a tres sujetos involucrados en este delito.

Fue el director general del CICPC, quien detalló el caso mediante sus redes sociales, informando que esta captura se logró a través de la división de Investigaciones de Delitos Informáticos.

Los detenidos quedaron identificados como: Luis Eduardo Mujica Torrellas (28), Moisés De Jesús Arteaga García (26) y Antonio Rafael Guzmán Villarroel (30).

Rico, detalló que a estos sujetos se le individualizó su participación criminal en los hechos, por cuanto, Luis, valiéndose de su labor de profesor de baile y organizador de eventos sociales, captaba a las niñas y jóvenes para realizar sesiones fotográficas de carácter sexual.

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En cuando a Moisés, otro de los detenidos, destacó que era participante activo en la elaboración del contenido explícito, subido de tono con menores de edad; finalmente. Mientras que Antonio, realizaba las sesiones de fotos.

Luego de la investigación pertinente, funcionarios del CICPC, allanaron la Quinta Herminia, ubicada en Bellas Artes, parroquia La Candelaria, municipio Libertador, Caracas, lugar que fungía como un estudio y en donde las víctimas acudieron para realizar las sesiones fotográficas.

Los delincuentes realizaban este trabajo, prometiendo a los jóvenes, que estas fotografías serían enviadas a una academia de modelaje internacional y serían imagen de marcas importantes de vestimenta, maquillaje y accesorios; sin embargo, utilizaban estas sesiones de fotos para comercializarlas a través de la red oscura.

Un mega operativo de la Policía Nacional de Perú realizado en cinco lugares en los que se ejerce la prostitución, ubicadas en el Cercado de Lima, San Martín de Porres, El Agustino, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, logró rescatar a 115 mujeres, entre ellas 70 venezolanas.

La información la dio a conocer el general Carlos Malaver Odias, jefe de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM), al hacer un balance de las últimas horas.

El jefe policial indicó que “es indispensable romper el eslabón principal de la explotación sexual y la trata de personas, que es la existencia de prostíbulos y delitos conexos, donde también buscan subsistencia, mujeres y minorías sexuales que están en vulnerabilidad absoluta”.

Se trata de las 115 mujeres rescatadas, de las cuales 70 son venezolanas, 32 peruanas, 8 colombianas y 5 ecuatorianas.

Las mujeres fueron rescatadas de 5 plazas de explotación sexual de Lima Metropolitana y en un night club de La Victoria; asimismo, autoridades arrestaron a 7 presuntos mafiosos, reseña La República.

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El reporte de las autoridades asegura los capturados pertenecen a una banda criminal denominada Los Eróticos de la Vicky; están señalados por la presunta comisión del delito contra la dignidad humana (trata de personas) con fines de explotación laboral y delito contra la libertad (proxenetismo y favorecimiento a la prostitución).

Dos de los detenidos  tenían órdenes de captura vigentes (requisitoriados) por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (TID); los sujetos quedaron identificados como:  Nelwin Guerrero Córdova (28) y Oscar Gregorio Álvarez Márquez (39), respectivamente.

También capturaron  Rafael David Martínez Rivas (55), Orlando Miguel García Sanjuan (45), Belinyer Antonio Febres Gamboa (35), Jean Carlos Briceño Villarreal (42) y Arismar Gabriela Hernández Linares (42).

Unas 14 personas han sido detenidas en la provincia de Murcia, España, acusadas de un delito de explotación sexual de mujeres y hombres procedentes de Colombia.

Entre las víctimas liberadas se encontraban cuatro hermanas del cabecilla de la banda, que cumple ya prisión preventiva.

El hombre se aprovechaba de la relación de parentesco y de la situación de precariedad en Colombia para ayudarlas a viajar a España con el fin de encontrar trabajo.

Sin embargo, y de la misma manera que otras víctimas, las hermanas descubrieron que habían sido engañadas y habían adquirido una deuda económica que debían amortizar prostituyéndose, informó la Policía este miércoles en rueda de prensa con la agencia EFE.

La investigación se inició gracias a una denuncia recibida por las fuerzas de seguridad en la dirección de correo electrónico trata@policia.es, que alertaba de una posible casa de citas sexuales en Molina de Segura (Murcia).

Según Caracol dio a conocer: las pesquisas permitieron determinar la presencia de una organización criminal que presuntamente regentaba, al menos desde 2017, tres viviendas en esa localidad y en Cabezo de Torres.

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En numerosos viajes a Colombia, el jefe de la organización también contactaba con hombres jóvenes a los que embaucaba con falsas promesas de obtener grandes cantidades de dinero si se desplazaban a España con él.

Luego eran forzados a mantener relaciones sexuales con hombres en los prostíbulos que dirigía, y en ocasiones incluso con él mismo.

En una de las viviendas, según declaraciones recogidas por los investigadores, una mujer transexual falleció a mediados de 2022 por una parada cardiorespiratoria después de un servicio sexual de larga duración con consumo de estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil.

El grupo criminal alojaba supuestamente en las casas de dos a seis personas. En estos inmuebles, donde también se vendían sustancias estupefacientes, las sometían a un control férreo, exigiendo disponibilidad todo el día.

El trato que recibían era intimidatorio y degradante, obligadas a consumir drogas.

Dos sujetos con antecedentes en el delito de trata de personas, fueron detenidos por el CICPC  cuando intentabas trasladar a dos menores de edad hacia el estado Táchira, para luego llevarlas a Perú, Chile y Ecuador  para explotarlas sexualmente.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que fueron los efectivos de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente, lo que lograron rescatar dos jóvenes de 16 y 17 años.

Las dos jóvenes serían trasladadas hasta territorio extranjero con fines de explotación sexual, en el procedimiento  fueron detenidos dos hombres, encargados de su traslado.

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El CICPC realizó una investigación que permitió determinar responsabilidades de los dos sujetos detenidos identificados como Luis José Suárez Villegas y Ricardo Jesús Rodríguez Subero.

La versión policial indica que Luis, quien es vendedor de boletos aéreos, es contactado por una persona en territorio extranjero, para que le trámite boletos a menores de edad, sin la autorización de sus padres.

Ante esta situación buscó la colaboración de Ricardo, quien es encargado de una de las taquillas de venta dentro del terminal de pasajeros La Bandera; para ubicar una unidad que las llevara a San Antonio del Táchira.

En Táchira las menores son recibidas por otra persona aún por identificar y detener; la cual se encarga de llevarlas a Perú, Chile y Ecuador bajó engaño de una oferta laboral y una vez allá.

Una vez fuera del país, a las jóvenes les retienen sus documentos venezolanos y su celular, con la finalidad de prostituirlas y lucrarse en perjuicio de las víctimas.

El procedimiento de detención de los dos sujetos tuvo lugar dentro del Terminal de pasajeros La Bandera, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, Caracas.

A los sujetos se retuvieron dos celulares. Se pudo conocer que ambos tienen antecedentes por el mismo delito; se encuentran involucradas en cuatro expedientes.

La Fiscalía 100° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas será la encargada de imputar los delitos correspondientes.

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Tras la activación de un dispositivo de seguridad e inteligencia en Táchira, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lograron la captura de tres integrantes de la banda “Los Caracas” dedicada a la explotación y abuso sexual de niños de edad en la zona.

La prensa  local reseña que miembros de la FANB desmantelaron una red de prostitución infantil en Coloncito, municipio Panamericano, en el estado Táchira.

El grupo de delincuencia organizada que se dedicaba a la explotación y abuso sexual de niños en ese sector, reseña La Prensa Táchira.

Los manejos y  accionar de esta organización criminal fueron detectados luego de labores de inteligencia ejecutada por efectivos de diferentes cuerpos de seguridad en la zona.

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Se pudo conocer que la banda identificada como “Los Caracas”  estaba integrada por dos mujeres y un hombre, en edades de 37, 44 y 20 años de edad.

Los sujetos presuntamente utilizaban menores de edad para servicios sexuales,  operaban en la zona de Coloncito y sus adyacencias.

La Fiscalía Vigésima Secta del Ministerio Público con competencia en el tipo de actividad ilícita se hará cargo del caso.

Son varios los operativos que se han realizado en Lima, y de acuerdo con la información que se maneja, todo parece indicar que parte de comercio sexual están implicados venezolanos tanto en el manejo del negocio como las víctimas explotadas.

Recientemente, la prensa local dio a conocer que en uno de los rescates de la policía, pudieron constatar que algunas de las jovencitas, menores de edad, prestaban servicios sexuales dos veces por semana en el penal de Huacho, por este caso aislaron a tres reclusos de nacionalidad venezolana.

Se trata de la desarticulación de la banda “Los tratantes del norte chico”, una organización criminal dedicada a la trata de personas, reseña Perú 21.

En esa oportunidad detuvieron a varias personas tres personas y “rescatan a ocho menores y una adulta de 19 años, víctimas de explotación sexual”.

El Coronel Manuel Díaz Barco, de la división contra la trata de personas, indicó que llamó la atención de las autoridades es que “en el inmueble de acogida es que se advierte que las menores presentaban sellos en los antebrazos de registros de ingreso al penal”.

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Según las declaraciones de Omar Méndez, jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), las menores ingresaron con documentación falsa. Es decir, según las cédulas de identidad que portaban, eran mayores de edad.

En el reportaje mostraron una identificación de una de las menores y se trataba de una cédula de identidad venezolana.

El INPE anunció que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes; tras revelarse que menores de edad eran llevadas al penal de Huacho.

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Además, emitió un comunicado en el cual indica  que por el caso se procedió a “aislar a los tres internos de nacionalidad venezolana, que serían familiares de las presuntas menores de edad, y que estarían involucrados en el posible hecho delictivo, por seguridad y mientras duren las investigaciones”.

Explica la autoridad penitenciaria que las personas extranjeras que ingresan a los penales a visitar a sus familiares deben presentar su cédula de identidad y una declaración jurada.

Destaca que en muchos casos lleva firma de un notario o juez de paz, señalando el vínculo con el recluso.

“En este caso hemos podido detectar en el penal de Huacho que tenemos una cédula de identidad de una mayor de edad, lo que nos hace presumir que ha sido falsificado. Pero además tenemos un documento, que es una declaración firmada por el interno, a quien van a visitar señalando que tienen una relación de convivencia con esta menor de edad. Toda esta información la estamos alcanzando al Ministerio Público y a la Policía Nacional”.

Asimismo, se conoció que realizan las investigaciones para “descartar algún tipo de involucramiento de personal penitenciario y dar las medidas correspondientes”.

“Yo tengo un registro del 15 de octubre que ha ingresado una persona junto a una mujer que podría ser la proxeneta. Tenemos la foto de la cédula de identidad y la declaración jurada. Tenemos identificado a tres hombres venezolanos a quienes se les ha favorecido con esta visita. Se les ha separado preventivamente e iniciado una investigación de carácter penitenciario”.

Los dos hombres ubicaban a las jóvenes entre 15 y 25 años, les tomaban fotografías y las publicaban en redes sociales con la finalidad de que terceros, visualizaran a las víctimas planificaran el encuentro.

Los interesados contactaban a los sujetos identificados como, Carlos José Sánchez Márquez (33) y Luis Alfredo Fuete Salazar (24), y estos les exigían entre 40 y 50 dólares americanos, a cambio de encuentros sexuales o transmisiones en vivo.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal La Fría, estaban detrás de esta red de explotación sexual que ofrecía esta jóvenes en Colombia.

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Pero la captación de las mujeres la realizaban en el Casco Central de La Fría, municipio García de Hevia, en el estado Táchira, allí los atraparon.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que, los mencionados, llevaban a las víctimas hacía un bar ubicado en Puerto Asís, Departamento de Pereira, en la República de Colombia.

Allí eran recibidas por Cristian Camilo Aguirre, aún por detener; para que prestaran servicios sexuales en el referido establecimiento.

La detención de los delincuentes se generó en las adyacencias donde operaban, ubicándoles dos celulares, donde se evidencian sus negocios ilícitos y un envoltorio de presunta marihuana dentro de una fruta.

Ambos están a disposición de las Fiscalías 19º y de Flagrancia del Ministerio Público.

Por medio de varios operativos ejecutados por la Policía Nacional del Perú, han logrado desarticular una red de tratas de personas en Lima. Según el reporte de las autoridades, 589 venezolanas fueron rescatadas, de las cuales 28 eran menores de edad.

La policía peruana informó este miércoles que también rescató a 221 peruanas, 100 ecuatorianas, 14 colombianas, tres bolivianas, una dominicana y una argentina, según reporte de la agencia AP.

El jefe de la Dirección Policial contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, el general Ulises Guillén, detalló que desde enero hasta inicios de octubre los operativos policiales han hallado a más mujeres venezolanas que peruanas víctimas de este delito.

La mayor incidencia de este delito ocurre en Lima pero también en el sur, donde se ha extendido la minería ilegal de oro como en las regiones de Madre de Dios y Puno, cercanas a Bolivia, y en Cusco y Arequipa indica un comunicado del Ministerio del Interior citado por AP.

La información que manejan las autoridades es que en la mayoría de las ocasiones los dueños de  comercios, ubicado cerca de los campamentos de mineros, obligan a las mujeres a beber con los clientes y mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

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De acuerdo con los datos oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el mes de abril los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población total de unos 33 millones de habitantes.

Asimismo explican que en Lima hay 1,1 millones de venezolanos, lo que se traduce que en es la ciudad del mundo con la mayor cantidad de venezolanos desplazados.

En tal sentido, el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, sostuvo entonces que “si Lima estuviera en Venezuela sería la tercera ciudad de Venezuela con el mayor número de venezolanos”.

Alrededor del mundo, unos 694 venezolanos, en su mayoría mujeres y niñas, que han sido sometidos a explotación sexual y trabajos forzados.

Dicha cifra alarmante obedece a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual indica que hasta mediados de este 2022, la trata de personas, específicamente de venezolanos, ha llegado a naciones lejanas como Islandia, China y hasta Egipto.

Javier Ignacio Mayorca, especialista en Criminalísticas y comunicador social, realiza un análisis sobre el informe, del cual se puede conocer que desde el Departamento de Estado, se habla de la diáspora y el crecimiento de estos flagelos, que van casi en paralelo. Es decir, mientras más venezolanos hay dispersos en el mundo, mayor es el número de personas que son víctimas de bandas organizadas, coyotes y tráfico de personas.

Para Norteamérica, la zona de mayor incidencia de trata de personas y explotación sexual de venezolanos ocurre en las islas del Caribe. Curazao, Aruba y Saint Marteen.

El informe hace un severo análisis del cómo estas Antillas no han desplegado políticas internas y legislativas al respecto.

Sin embargo, regiones como Europa, Asía y África no escapan a que las mafias de la explotación sexual y los trabajos forzados, no vean apetecibles a los venezolanos, como potenciales víctimas

«En la medida en que se prolonga la emergencia humanitaria compleja en que vive Venezuela, que la diáspora se va extendiendo, que va incrementando su número, en esa misma medida se van detectando casos de venezolanos que son objeto de tráfico de personas», dice Mayorca.

Por otra parte, el informe adelanta que si bien hay algunos avances sobre la forma en como se aborda el delito en Venezuela, también es cierto que no es la forma idónea.

Para el Departamento de Estado la trata y explotación sexual, así como los trabajos forzados en contra de venezolanos, no solamente ocurren fuera del país.

El informe señala que grupos delictivos que operan en el Arco Minero, al sur de Venezuela, se encargan de retener a personas para que trabajen de forma esclavizante, mientras que las niñas y las mujeres son sometidas a trabajos sexuales.

Vale acotar que en el mundo hay una nueva forma de esclavitud, en la que muchos venezolanos han caído.

«Esta forma de esclavitud moderna en la que se ofrecen trabajos, aparentemente con la noción de un futuro mejor, y cuando llegan a destino les dicen que tienen unas deudas enormes, que deben pagar en muy poco tiempo, por lo que deben trabajar de forma forzada».

Kali es una muchacha venezolana, estudiante de ingeniería, que tuvo que dejar sus estudios ante la situación crítica que en su momento atravesaba la educación universitaria en Venezuela.

En una reunión familiar se entera que existe, a través de la internet, una empresa de colocaciones internacional. La misma manifiesta que todos los clientes son verificados y garantiza seguridad y estabilidad laboral a los jóvenes que se han de inscribir, para optar por un trabajo en otra parte del mundo.

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La joven reúne y adjudica los trámites correspondientes. Es cuando la empresa de colocaciones le adjudica a una familia de clase alta en Egipto. Supuestamente, las credenciales de esta familia han sido verificados y gozan de gran prestigio.

Kali se embarca en su viaje a Egipto, esperanzada en que podría mejorar su situación social y económica.

Vale acotar que según los términos de la empresa de colocaciones, la familia adinerada que recibía a Kali se comprometía a pagar el traslado, alimento, alojamiento y salario.

Pero el infierno de esta venezolana comenzó cuando pisó por primera vez la mansión de la familia egipcia adinerada. El empleador procedió a confiscarle sus documentos.

La obligaron a vivir en un sótano con otras siete mujeres, que estaban allí en igual situación a la de Kali.

Obligadas a trabajar más de 15 horas y sin un pago salarial, atendiendo a los niños de la familia, Kali se mantiene varios meses.

Un día Kali llevaba al hijo del patrón al colegio y conoció a una mujer que hablaba español. Pudo establecer contacto con ella y esta le presentó a un grupo de amigos venezolanos.

Sus paisanos, al enterarse de la situación, deciden llevar a cabo un plan y ayudan a Kali a escapar de la mansión. Posteriormente, ponen a la muchacha en manos de las autoridades diplomáticas venezolanas en Egipto.

Hoy día Kali lleva una vida menos ajetreada y segura en Panamá.

(Historia reseñada en el informe del Departamento de Estado)

El Departamento de Estado de Estados Unidos le lanzó serias advertencias a Curazao, Aruba y Saint Marteen, cuando en un informe sobre el tratado de delitos de explotación sexual y trata de personas, indican que estas Antillas no han abordado los temas con la disposición y seriedad necesaria.

Dicho informe habla sobre el auge de estos dos flagelos humanos, en donde gran parte de las víctimas terminan siendo mujeres y niñas venezolanas.

Así lo dio a conocer el medio digital Crónicas del Caribe, de la mano del periodista venezolano, Javier Ignacio Mayorca, quien indica que el informe habla directamente sobre las fallas cometidas por los gobiernos de estas islas, al momento de identificar la trata de personas y la explotación sexual, así como el procesamiento judicial de estos delitos.

En el comunicado del Departamento de Estado se puede leer con detenimiento los señalamientos en contra de cada una de las islas.

Las autoridades norteamericanas señalan directamente a Curazao y Saint Marteen, como dos administraciones que no han aplicado «los protocolos para la investigación, y el tratamiento de las víctimas», dice Mayorca.

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Debido a esto, las autoridades norteamericanas incluyeron a Curazao en la lista de los países que no hacen lo suficiente para combatir los delitos de Trata de personas y explotación sexual, mientras que Aruba ha pasado a una «lista de observación».

Desde el 2019, la policía en Curazao solo adelanta un caso por año de estos tipos. Sin embargo, los juristas y magistrados curazoleños están poco familiarizados con los temas y en muchos casos, los acusados terminan en libertad.

Tratan el tema de contrabando de personas como el delito genérico, tráfico y contrabando.

Además, en ninguna de las islas existen refugios idóneos para tener a personas víctimas de estos flagelos.

En Saint Marteen, el problema mayor está relacionado a grupos de trata de personas, que coaccionan a las mujeres para que hagan trabajo forzado, así como prostitución y se relacionen a otros delitos como robo, hurto y drogas.

La Policía del estado Monagas desmanteló la banda “Las Mami Chulas”, quienes se dedicaban a la explotación sexual de niñas y adolescentes en el casco central de la entidad.

El secretario de Seguridad Ciudadana y director de Polimonagas, coronel Jonny Jesús Berroterán Pereiro, explicó que en este procedimiento resultaron detenidos siete sujetos, quienes presuntamente se dedicaban al oficio de proxenetas.

La aprehensión se hizo en la plaza Piar de Maturín, donde se acercaban para captar a las menores.

Los detenidos son: Evaryelis Michel Martínez Villahermosa (20), apodada «La Rapera» líder de la banda; Oswaldo José Del Pino Duque (53), alias El Pecho, quien supuestamente captaba a las menores de edad y conseguía clientes.

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Además, Robert Alexander Cortez (41) apodado El Pellejo, quien además, presuntamente, le suministraba sustancias estupefacientes a las adolescentes; Crisney Alexandra Pérez Cabrera (20), alias La Alex, quien en articulación con Sujei Carmen Gracias Hernández (20), conocida como La Sujei, trasladaban a las menores de edad a moteles

También están detenidos, Mauricio Jesús Pérez (22), conocido como El Rapero y Oscar Daniel Valdez (41) alias El Milton.

El Coronel explicó que mediante trabajos de inteligencia en el casco central de la capital, específicamente en horas nocturnas, los oficiales lograron la aprehensión de estas personas.

Para ese momento, ya habían captado varias menores entre los 12 y 16 años de edad, quienes fueron rescatadas y entregadas a los consejeros de protección del niño, niña y adolescente para su resguardo en casas abrigo.

Asimismo, se allanaron varios moteles de la ciudad donde ingresaban estas menores. Incautaron vestuario, maquillaje y artículos de belleza, objetos con los que supuestamente preparaban a las adolescentes; además de dos teléfonos celulares.

El caso se encuentra a las órdenes del Ministerio Público del estado Barinas.