El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió nuevas órdenes que pondría en riesgo la propiedad privada del país, y recordaría a gestión del presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez.

Este martes, al término de un encuentro de alto nivel de seguimiento a la declaratoria de desastre nacional, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, anunció que por orden del mandatario colombiano se va a aplicar la Ley 1520, que permitiría en última instancia la expropiación de predios para atender la situación de emergencia.

Asimismo, detalló que el objetivo es adquirir precios vía administrativa que permita la reubicación inmediata de familias afectadas por la ola invernal, en zonas alejadas a terrenos en alto riesgo.

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#AEstaHora | Presidente de la República, @petrogustavo, preside Mesa de Seguimiento del Decreto 2113 de 2022, por el cual se declaró Situación de Desastre Nal., con director de la @UNGRD, @javier_pava_s, y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) pic.twitter.com/q8BZHR9sOX

“En el tema de adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento que se llegue a requerir y el 75 incluso habla de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir, entonces lo que allí opera es la aplicación de estos artículos que están definidos en la ley”, sostuvo Pava.

En ese sentido, aseveró que la estrategia de Ollas Comunitarias será el mecanismo para combatir la situación de hambre que se está registrando en las regiones golpeadas por las constantes lluvias, fenómeno climático que ha traído inundaciones y deslizamientos de tierra.

“A través de alianzas públicas populares, se brindará alimentos calientes de manera continua a las comunidades afectadas por la situación de desastre nacional causada por la temporada de lluvias, en condiciones de calidad, inocuidad, proximidad y respetando sus tradiciones alimentarias”, puntualizó el funcionario.

Aseguró que quiere ir directamente con las organizaciones de base y esas suelen ser las Juntas de Acción Comunal. “También, implementar este programa en algunos sectores con tradiciones históricas que tienen unos procesos organizativos muy fuertes y no responden a las Juntas de Acción Comunal (JAC), como lo son las comunidades indígenas, afrocolombianas, de mujeres o de jóvenes”, señaló.

El presidente Gustavo Petro propuso ampliar un bono asistencial para los adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión en su vida productiva ni tienen un ingreso fijo. 

El gobierno otorgaría un subsidio de 500.000 pesos mensuales y el dinero lo tomarían de los fondos privados, que muchos colombianos tildan de expropiación; marco legal sería una reforma pensional que deberá ser aprobada en el Congreso.

“A través de un bono, que en lugar de $80.000, pase a ser de 500.000 y haga que el viejo que hoy no está pensionado pueda superar la línea de pobreza”, dijo el presidente Petro durante la posesión de 7 nuevos funcionarios de su gobierno.

El auxilio se otorgaría a tres millones de abuelos en el país e implicaría un gasto de 18 billones de pesos al año.

“Hay tres millones de adultos mayores que multiplicados por $500.000 implica claramente una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que quedan en fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”, explicó Petro.

El anuncio de Gustavo Petro ya había aparecido entre sus propuestas de la campaña presidencial que terminó ganando, sin embargo, no tendría la cobertura total de todos los adultos mayores que no tinen pensión.

El 9 de mayo de este año el ministerio de Hacienda del gobierno Duque calculó que en Colombia son 5,6 millones de personas las que están en edad de pensionarse pero que, por distintas razones, no tienen acceso a esta mesada mensual.

El gobierno anterior hizo cálculos e indicó que –si se cubriera con el medio salario mínimo a las 5,6 millones de personas– el gasto en el 2023 sería de 27,9 billones de pesos.

“Se supone que este impacto es mitigado por los aportes de los adultos mayores que al no obtener pensión aportan los saldos de sus ahorros en pensiones para obtener el beneficio de vejez”, había conceptuado el gobierno anterior.

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El anuncio del presidente Petro, a falta de conocerse el borrador de su reforma pensional, ocurrió en medio de la posesión de los directores del Departamento para la Prosperidad Social, Icfes, Icbf, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Dane, así como a la consejera para la Equidad de la Mujer y el presidente del Banco Agrario.

Las expropiaciones ordenadas durante los mandatos de Hugo Chávez le han costado, literalmente, una millonada a Venezuela. Este costo es de aproximadamente 30 millardos de dólares, por unos 50 casos de arbitrajes que se encuentran en tribunales internacionales.

La cifra está contenida en una investigación de la ONG, Cedice-Libertad, publicado a propósito de la reciente decisión del CIADI de ordenar al Estado venezolano a pagar 1.629 millones de dólares como indemnización, más los intereses y costos, por la expropiación de Agroisleña.

Se trata de la investigación: “Deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, realizado por el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.

El escrito destaca que los montos de las deudas por arbitraje incluyen las cantidades condenadas a pagar en los laudos. A esto se suman las tarifas administrativas de los centros de arbitrajes y los honorarios de los miembros de los diferentes tribunales arbitrales. Unidos a los costos asociados al proceso (expertos, peritos y pruebas) y los honorarios de los abogados.

“Nosotros sumamos alrededor de 30 millardo de dólares y se incluye honorarios de abogados y demás, por lo que sí es más o menos el monto de la deuda, pero se tiene que ver en contexto. Y es que la deuda de la República es alrededor de un poco más de 160 millardos de dólares. De ellos, el cálculo es que por lo menos 30 millardos son de estas demandas arbitrales”, comentó el abogado Ramón Escovar, miembro del Cedice.

No obstante, destacó que “se puede decir que a la República le ha ido muy bien”. “Es decir, la condena y los montos condenados a pagar no llegan a más de 25% o 26% de lo demandado. Con números concretos, han demandado casi 80 millardos de dólares y hasta ahora lo condenado no llega a 20 millardos de dólares. Lo que quiere decir que le ha ido bien, si uno lo ve objetivamente y de manera totalmente apolítico”, afirmó.

Sostuvo que muchas de las demandas son por montos que no eran razonables. “La realidad es que las expropiaciones fueron injustificables, pero las condenas y acuerdos de pago no llegan a casi 30%. Las condenas han sido un porcentaje bastante pequeño de lo que han demandado los inversionistas o personas expropiadas”, señaló.

Asimismo, reiteró que la cantidad total son 30 millardos de dólares son solo de las inversiones de los protegidos por tratados. “Imaginemos cuánto será la cantidad de la repercusión económica de las expropiaciones realizadas a todos los demás”, comentó el abogado.

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Escovar, dijo que “todas esas políticas (de expropiación) se han detenido. De hecho, lo que se está hablando ahorita es que se han devuelto algunas expropiaciones, por lo que objetivamente han cesado. La información que se tiene es que se está pensando de una manera de no compensar. Pero por lo menos devolver los bienes o empresas a la gente expropiada”, dijo.

Dijo que los casos del Sambil La Candelaria y de Agroisleña “fueron bastante emblemáticos”.

Afirmó que «ninguna de las expropiaciones que se hicieron tenían sentido. Además, la gran mayoría no se mantuvo produciendo después de la medida. Incluso se puede ver que no están operativas muchas empresas en esa situación. La expropiación del Sambil jamás debió ocurrir, así como tampoco la de otras empresas productivas”, insistió.

Descartó que la devolución empresas expropiadas sea a corto plazo. “Hay un tema político que hace más difícil que se haga a corto plazo. Sin embargo, capaz las más urgentes se hagan a corto plazo y luego el resto, así sean alianzas públicas-privadas”, dijo en el portal Hispanopost.

En menos de tres días a Nicolás Maduro le cayeron encima, como un par de fardos, dos casos emblemáticos de expropiaciones de empresas de la era chavista: el Sambil de La Candelaria y Agroisleña.

Pero, no contentos con esto, desde el Zulia, Manuel Rosales devolvió varias empresas que habían sido expropiadas hace años y estaban casi en el piso.

¿Qué significa que Nicolás Maduro haya decidido revertir la expropiación del Sambil?. Lo más probable es que maduro se haya visto obligado, ante la imposibilidad de captar inversionistas que exigen seguridad jurídica.

En el caso del centro comercial, luego de 14 años de expropiado, los dueños del centro comercial anunciaron «la reversión de la expropiación».

El grupo Cohen, dueño del recinto, se cuidó de no criticar ni a maduro ni a Hugo Chávez, a pesar de que este hizo de la expropiación del Sambil en La Candelaria, una especie de emblema de su gobierno.

Por el contrario. Los Cohen destacaron que el centro comercial estaba «en perfectas condiciones». Que loa parte invadida solo eran áreas externas. Y tanto así que en unas cuántas semanas van a inaugurar los espacios.

Para el analista Tomás Socías López, detrás de esta devolución hay un interés: «el deseo de enviar un mensaje a los inversionistas, nacionales y extranjeros».

Destaca que tras miles de expropiaciones efectuadas por Chávez, «las consecuencias le estallaron en la cara a Maduro», debido a que «sin respeto a la propiedad privadas, no hay inversiones».

«El mensaje es claro. Los inversionistas que desean traer sus capitales a Venezuela deben estar seguros de que no les van a quitar sus propiedades, por motivos ideológicos», señala Socías.

Con esta posición coincide la firma Aristimuño Herrera, que agrega que «si en Venezuela hay una recuperación económica», es lógico que en la misma se incluya el respeto a la propiedad privada».

De otro lado, Socías añade que «en manos del Estado aún hay unas 600 empresas expropiadas que no sirven para nada. Por ello, el Ejecutivo ha rectificado».

Y, finalmente, la ONG, Cedice-Libertad, cree que «hay que ir con cautela», ante estas reversión.

“Cabe preguntarse si era necesario volver añicos a un país para terminar dónde se empezó, regresando a sus legítimos propietarios los bienes que les fueron arrebatados”, sostiene.

“Es cierto que la confianza es indispensable para la recuperación de la economía. Pero la generación de riqueza y bienestar solo son posibles cuando existe respeto y garantía irrestrictos al derecho de propiedad”, agrega.

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El caso de la empresa de fertilizantes Agroisleña, cuyo caso fue a parar hasta el CIADI, es más delicado y problemático para Maduro.

Independientemente o no de que Maduro vaya a pagar la indemnización de 1.640.000.000 de dólares que exige la sentencia del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se trata de un golpe duro contra las expropiaciones.

Aunque han pasado los años, el tribunal determinó que el Estado debe pagar esa indemnización.

Además de la indemnización, el Estado venezolano también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento. Y otros 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos. Esto, por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.

Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas.

 Los expertos sostienen que otra de las razones es que está en marcha un proceso de diálogo. El mismo está en la mira no solo del país, sino de varios países, potenciales inversionistas.