El preso político José Breijo, de 73 años y doble nacionalidad venezolana y uruguaya, fue excarcelado este lunes y puesto bajo arresto domiciliario. Al llegar a su casa, un policía, que estaba ocupando ilegalmente su piso, lo echó de su propiedad para que durmiera en el suelo en su edificio, Pascuareli, situado en Bello Monte, al sur de Caracas.

 Lo insólito de su caso es que el okupa de su vivienda es el mismo policía que participó en su detención hace dos años por presunto terrorismo. Los agentes lo arrestaron porque Breijo estaba tomando fotos de una reunión donde discutían el conflicto de Palestina. Por tomar una foto que le pareció curiosa, Breijo fue recluido en el centro penitenciario de Tocuyito –oficialmente Internado Judicial de Carabobo–, donde pasó dos años detenido por acusaciones de terrorismo.

«Llego a mi apartamento y veo un candado puesto. Llevo 22 años viviendo aquí, pagando mi arriendo, y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador, no un terrorista, me lo han quitado todo», denunció Breijo en las redes sociales.

El septuagenario uruguayo presenta ahora un deterioro físico por el infierno vivido en la cárcel. Su estado emocional se ha agravado al encontrar su vivienda invadida. Finalmente, la Policía logró desalojar al agente, por lo que el excarcelado pudo recuperar su piso, pero totalmente desvalijado y vacío.

Su caso forma parte de las últimas 48 liberaciones condicionadas de presos políticos –entre ellos siete militares paracaidistas y un general–, de las 500 excarcelaciones que prometieron los hermanos Rodríguez.

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El caso de Breijo es el ejemplo vivo del expolio masivo y saqueo de la propiedad privada, además de la pública, que han padecido los venezolanos desde hace 27 años, a partir de la toma de posesión del presidente fallecido Hugo Chávez en 1999 bajo el lema del revolucionario ‘socialismo del siglo XXI’.

«Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro»

Las ONG como Transparencia Venezuela y el Observatorio de Derechos de Propiedad, así como medios de investigación como Armando.info suman unas 10.000 expropiaciones, confiscaciones y expolios de la era chavista que han afectado el patrimonio y los activos de opositores, tanto de los presos políticos como de exiliados y sus familiares. Los dueños de las casas, pisos, empresas, edificios, chalés, fincas y obras de arte tomadas ilegalmente nunca han sido indemnizados.

Chávez inició la ola de expropiaciones contra todo aquel que lo criticara. Uno de los primeros en caer fue el exembajador Diego Arria, cuya finca agrícola La Carolina, situada en el estado de Yaracuy, y otra propiedad suya de 373 hectáreas fueron confiscadas en 2010.

Los medios también se han visto afectados por las confiscaciones. Miguel Henrique Otero, presidente de ‘El Nacional’, y su familia siempre han estado en la mira del régimen. En mayo de 2021, la sede física del diario en Los Cortijos, zona industrial de Caracas, fue tomada y embargada por las autoridades chavistas tras una demanda por difamación. No contento con el expolio, el chavismo arremetió en febrero contra la vivienda de Antonieta Jurado, la esposa del dueño del diario, arrebatando sus muebles, obras de arte y vehículos.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y su familia también han corrido la misma suerte de los opositores exiliados. La quinta Los Gnomos de Mitzy Capriles de Ledezma, situada en la Laguna de Caraballeda, zona norte costera de Caracas, fue tomada por la fuerza por los militares de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 2023. Allí, los militares celebran sus fiestas, bodas y cumpleaños, según se observa en las fotos que cuelgan en las redes sociales. También perdió su piso situado en Santa Rosa de Lima, al sureste de Caracas.

A ellos se suman miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado, que han visto usurpadas sus propiedades estando ellos en el exilio. Es el caso de la asistente personal de la premio Nobel de la Paz, Laura Acosta, según relató a ABC; o de su número dos, Magalli Meda, que también lo denunció en las páginas de este periódico.

Este sábado, el opositor y exprisionero político Leopoldo López, exiliado en España, denunciaba en su cuenta de X la expropiación de su casa: «La dictadura no solo se robó una casa. Se apropió de un hogar lleno de recuerdos, sueños y proyectos».

Según la investigación del portal Armando.Info, la manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la militar DGCIM, de la policía política SEBIN o de la policía anticorrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio o la de un preso político. Entra a la fuerza sin orden judicial, revisa y saquea todo lo que quiere. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como coches u ordenadores, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de ropa y juguetes. Y los denunciantes son amenazados de muerte.

Cuando paseaba por la caraqueña Plaza Bolívar en 2010, el difunto Hugo Chávez, al pie de la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, señaló con su dedo la joyería La Francia. «¡Exprópiese!», ordenó. Desde entonces, las autoridades chavistas han arrebatado caprichosamente y sin pudor alguno los bienes de los presos políticos, perseguidos y exiliados. 

El régimen no da una cifra oficial sobre los casos de robos, expropiaciones y confiscaciones, pero las ONG han documentado unos 10.000 casos, de los cuales 5.000 entran en la categoría de empresas expropiadas, intervenidas o nacionalizadas. En el sector inmobiliario se calculan al menos 179 edificios privados, 64 estacionamientos y la paralización de decenas de conjuntos urbanísticos

. La propiedad privada se ve nuevamente amenazada con los anuncios de Delcy Rodríguez de promulgar una ley para reglamentar las viviendas vacías de los presos políticos y exiliados.

El piso de Bony Pertiñez, esposa del opositor Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la alcaldía mayor de Caracas, también fue confiscado después que huyera su esposo a Estados Unidos en 2019.

La abogada Bony Pertiñez relata: «El Estado venezolano se apropió de mi casa en forma indebida, sin dejarme demostrar la licitud de mi propiedad ni solicitar su devolución. Además del destierro forzoso al que me vi sometida, me generan un daño grave. No es solo una casa, es tu hogar, tu arraigo emocional, tu recuerdo, tu vida… Mis hijos y yo no tenemos una casa a la cual regresar. Son 15 años de vida que tienen con ellos. Pero ya entendí que, si esto es parte del costo de la libertad de Iván, pues no tiene precio».

Otro caso es el del coronel Oswaldo García Palomo, quien lleva más de siete años preso en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas. Su expediente incluye torturas que han sido documentadas y denunciadas por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional.

 García Palomo ha sido víctima de múltiples allanamientos de sus propiedades desde que le quitaron su residencia de Altos Mirandinos cerca de Caracas en 2019. Posteriormente, le confiscaron otras tres propiedades de su familia, denuncia su esposa Sorbay Padilla, quien tuvo que exiliarse por las amenazas recibidas.

Con información de ABC

“¡Exprópiese!”. La expresión fue inmortalizada por Hugo Chávez en enero de 2010. Mientras recorría la plaza Bolívar de Caracas, el difunto comandante la repetía una y otra vez para ordenar la eliminación de una serie de negocios privados que funcionaban en el centro de la capital venezolana.

Aunque su autor desapareció hace 13 años, la palabra vuelve a retumbar con fuerza ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), publicó el portal Infobae.

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El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que alcanzaría los 162 mil millones de dólares.

 El informe de Cedice registra 57 procedimientos arbitrales contra Venezuela, de los cuales 47 se gestionaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta la culminación de este estudio, 23 habían concluido con un fallo negativo para Caracas.

“Los acreedores cuya deuda ha sido reconocida y determinada en estos procedimientos de arbitraje tienen posición de cobro privilegiada entre los demás acreedores, por esta razón, esta categoría es de suma importancia para Venezuela”, explica la ONG.

Entre los arbitrajes que terminaron con condena en el CIADI, el análisis de Cedice destaca en primer lugar la expropiación que sufrió en 2007 ConocoPhillips, que demandó a la República por 8 mil 446 millones de dólares luego de que Chávez decretara la nacionalización de los proyectos que desarrollaba en la franja petrolífera del Orinoco.

Aunque el presidente Donald Trump ha invitado a las grandes corporaciones de energía a invertir nuevamente en Venezuela, el director ejecutivo de la multinacional norteamericana, Ryan Lance, ya dejó claro que su “enfoque principal sigue siendo intentar obtener la recuperación que nos corresponde por las dos sentencias que tenemos vigentes”.

 La política de expropiaciones ha puesto en peligro la propiedad de Citgo, empresa propiedad de PDVSA que opera en Estados Unidos.

Otro caso relevante que recoge el informe es el de la minera Crystallex, cuya concesión para explotar el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar fue revocada por Chávez en 2008.

La empresa canadiense reclamó como compensación mil millones de dólares y ante la falta de pago, acudió a la justicia de Estados Unidos para embargar a la refinadora Citgo, propiedad de Pdvsa.

El ímpetu nacionalizador de Cháez también afectó a la canadiense Rusoro Mining Limited, que interpuso una demanda ante el CIADI por la expropiación en 2011 de sus inversiones para la explotación del oro en Venezuela. El monto que exigió: 971.079.502 dólares.

“La política sistemática de violación a la propiedad privada y de expropiaciones llevadas a cabo por los regímenes chavistas no solo es contraria a las normas de la Constitución y de tratados de derechos humanos vigentes en Venezuela, sino que ha generado una grave crisis humanitaria y una deuda pública externa sin precedente en la historia de los países petroleros”, recalca Cedice.

Sin hacer mucho ruido y manteniendo el manto de opacidad, el chavismo comenzó a desandar sus pasos desde hace algunos años, frenando las expropiaciones y devolviendo propiedades a sus antiguos dueños. Esta tendencia se profundizó después del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó el ataque militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

 La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión de evaluación de activos públicos, que básicamente tiene como fin identificar aquellos bienes del Estado que pueden ser privatizados. Además, restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrir estos sectores al capital privado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió nuevas órdenes que pondría en riesgo la propiedad privada del país, y recordaría a gestión del presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez.

Este martes, al término de un encuentro de alto nivel de seguimiento a la declaratoria de desastre nacional, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, anunció que por orden del mandatario colombiano se va a aplicar la Ley 1520, que permitiría en última instancia la expropiación de predios para atender la situación de emergencia.

Asimismo, detalló que el objetivo es adquirir precios vía administrativa que permita la reubicación inmediata de familias afectadas por la ola invernal, en zonas alejadas a terrenos en alto riesgo.

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#AEstaHora | Presidente de la República, @petrogustavo, preside Mesa de Seguimiento del Decreto 2113 de 2022, por el cual se declaró Situación de Desastre Nal., con director de la @UNGRD, @javier_pava_s, y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) pic.twitter.com/q8BZHR9sOX

“En el tema de adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento que se llegue a requerir y el 75 incluso habla de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir, entonces lo que allí opera es la aplicación de estos artículos que están definidos en la ley”, sostuvo Pava.

En ese sentido, aseveró que la estrategia de Ollas Comunitarias será el mecanismo para combatir la situación de hambre que se está registrando en las regiones golpeadas por las constantes lluvias, fenómeno climático que ha traído inundaciones y deslizamientos de tierra.

“A través de alianzas públicas populares, se brindará alimentos calientes de manera continua a las comunidades afectadas por la situación de desastre nacional causada por la temporada de lluvias, en condiciones de calidad, inocuidad, proximidad y respetando sus tradiciones alimentarias”, puntualizó el funcionario.

Aseguró que quiere ir directamente con las organizaciones de base y esas suelen ser las Juntas de Acción Comunal. “También, implementar este programa en algunos sectores con tradiciones históricas que tienen unos procesos organizativos muy fuertes y no responden a las Juntas de Acción Comunal (JAC), como lo son las comunidades indígenas, afrocolombianas, de mujeres o de jóvenes”, señaló.

El presidente Gustavo Petro propuso ampliar un bono asistencial para los adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión en su vida productiva ni tienen un ingreso fijo. 

El gobierno otorgaría un subsidio de 500.000 pesos mensuales y el dinero lo tomarían de los fondos privados, que muchos colombianos tildan de expropiación; marco legal sería una reforma pensional que deberá ser aprobada en el Congreso.

“A través de un bono, que en lugar de $80.000, pase a ser de 500.000 y haga que el viejo que hoy no está pensionado pueda superar la línea de pobreza”, dijo el presidente Petro durante la posesión de 7 nuevos funcionarios de su gobierno.

El auxilio se otorgaría a tres millones de abuelos en el país e implicaría un gasto de 18 billones de pesos al año.

“Hay tres millones de adultos mayores que multiplicados por $500.000 implica claramente una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que quedan en fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”, explicó Petro.

El anuncio de Gustavo Petro ya había aparecido entre sus propuestas de la campaña presidencial que terminó ganando, sin embargo, no tendría la cobertura total de todos los adultos mayores que no tinen pensión.

El 9 de mayo de este año el ministerio de Hacienda del gobierno Duque calculó que en Colombia son 5,6 millones de personas las que están en edad de pensionarse pero que, por distintas razones, no tienen acceso a esta mesada mensual.

El gobierno anterior hizo cálculos e indicó que –si se cubriera con el medio salario mínimo a las 5,6 millones de personas– el gasto en el 2023 sería de 27,9 billones de pesos.

“Se supone que este impacto es mitigado por los aportes de los adultos mayores que al no obtener pensión aportan los saldos de sus ahorros en pensiones para obtener el beneficio de vejez”, había conceptuado el gobierno anterior.

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El anuncio del presidente Petro, a falta de conocerse el borrador de su reforma pensional, ocurrió en medio de la posesión de los directores del Departamento para la Prosperidad Social, Icfes, Icbf, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Dane, así como a la consejera para la Equidad de la Mujer y el presidente del Banco Agrario.

Las expropiaciones ordenadas durante los mandatos de Hugo Chávez le han costado, literalmente, una millonada a Venezuela. Este costo es de aproximadamente 30 millardos de dólares, por unos 50 casos de arbitrajes que se encuentran en tribunales internacionales.

La cifra está contenida en una investigación de la ONG, Cedice-Libertad, publicado a propósito de la reciente decisión del CIADI de ordenar al Estado venezolano a pagar 1.629 millones de dólares como indemnización, más los intereses y costos, por la expropiación de Agroisleña.

Se trata de la investigación: “Deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, realizado por el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.

El escrito destaca que los montos de las deudas por arbitraje incluyen las cantidades condenadas a pagar en los laudos. A esto se suman las tarifas administrativas de los centros de arbitrajes y los honorarios de los miembros de los diferentes tribunales arbitrales. Unidos a los costos asociados al proceso (expertos, peritos y pruebas) y los honorarios de los abogados.

“Nosotros sumamos alrededor de 30 millardo de dólares y se incluye honorarios de abogados y demás, por lo que sí es más o menos el monto de la deuda, pero se tiene que ver en contexto. Y es que la deuda de la República es alrededor de un poco más de 160 millardos de dólares. De ellos, el cálculo es que por lo menos 30 millardos son de estas demandas arbitrales”, comentó el abogado Ramón Escovar, miembro del Cedice.

No obstante, destacó que “se puede decir que a la República le ha ido muy bien”. “Es decir, la condena y los montos condenados a pagar no llegan a más de 25% o 26% de lo demandado. Con números concretos, han demandado casi 80 millardos de dólares y hasta ahora lo condenado no llega a 20 millardos de dólares. Lo que quiere decir que le ha ido bien, si uno lo ve objetivamente y de manera totalmente apolítico”, afirmó.

Sostuvo que muchas de las demandas son por montos que no eran razonables. “La realidad es que las expropiaciones fueron injustificables, pero las condenas y acuerdos de pago no llegan a casi 30%. Las condenas han sido un porcentaje bastante pequeño de lo que han demandado los inversionistas o personas expropiadas”, señaló.

Asimismo, reiteró que la cantidad total son 30 millardos de dólares son solo de las inversiones de los protegidos por tratados. “Imaginemos cuánto será la cantidad de la repercusión económica de las expropiaciones realizadas a todos los demás”, comentó el abogado.

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Escovar, dijo que “todas esas políticas (de expropiación) se han detenido. De hecho, lo que se está hablando ahorita es que se han devuelto algunas expropiaciones, por lo que objetivamente han cesado. La información que se tiene es que se está pensando de una manera de no compensar. Pero por lo menos devolver los bienes o empresas a la gente expropiada”, dijo.

Dijo que los casos del Sambil La Candelaria y de Agroisleña “fueron bastante emblemáticos”.

Afirmó que «ninguna de las expropiaciones que se hicieron tenían sentido. Además, la gran mayoría no se mantuvo produciendo después de la medida. Incluso se puede ver que no están operativas muchas empresas en esa situación. La expropiación del Sambil jamás debió ocurrir, así como tampoco la de otras empresas productivas”, insistió.

Descartó que la devolución empresas expropiadas sea a corto plazo. “Hay un tema político que hace más difícil que se haga a corto plazo. Sin embargo, capaz las más urgentes se hagan a corto plazo y luego el resto, así sean alianzas públicas-privadas”, dijo en el portal Hispanopost.

En menos de tres días a Nicolás Maduro le cayeron encima, como un par de fardos, dos casos emblemáticos de expropiaciones de empresas de la era chavista: el Sambil de La Candelaria y Agroisleña.

Pero, no contentos con esto, desde el Zulia, Manuel Rosales devolvió varias empresas que habían sido expropiadas hace años y estaban casi en el piso.

¿Qué significa que Nicolás Maduro haya decidido revertir la expropiación del Sambil?. Lo más probable es que maduro se haya visto obligado, ante la imposibilidad de captar inversionistas que exigen seguridad jurídica.

En el caso del centro comercial, luego de 14 años de expropiado, los dueños del centro comercial anunciaron «la reversión de la expropiación».

El grupo Cohen, dueño del recinto, se cuidó de no criticar ni a maduro ni a Hugo Chávez, a pesar de que este hizo de la expropiación del Sambil en La Candelaria, una especie de emblema de su gobierno.

Por el contrario. Los Cohen destacaron que el centro comercial estaba «en perfectas condiciones». Que loa parte invadida solo eran áreas externas. Y tanto así que en unas cuántas semanas van a inaugurar los espacios.

Para el analista Tomás Socías López, detrás de esta devolución hay un interés: «el deseo de enviar un mensaje a los inversionistas, nacionales y extranjeros».

Destaca que tras miles de expropiaciones efectuadas por Chávez, «las consecuencias le estallaron en la cara a Maduro», debido a que «sin respeto a la propiedad privadas, no hay inversiones».

«El mensaje es claro. Los inversionistas que desean traer sus capitales a Venezuela deben estar seguros de que no les van a quitar sus propiedades, por motivos ideológicos», señala Socías.

Con esta posición coincide la firma Aristimuño Herrera, que agrega que «si en Venezuela hay una recuperación económica», es lógico que en la misma se incluya el respeto a la propiedad privada».

De otro lado, Socías añade que «en manos del Estado aún hay unas 600 empresas expropiadas que no sirven para nada. Por ello, el Ejecutivo ha rectificado».

Y, finalmente, la ONG, Cedice-Libertad, cree que «hay que ir con cautela», ante estas reversión.

“Cabe preguntarse si era necesario volver añicos a un país para terminar dónde se empezó, regresando a sus legítimos propietarios los bienes que les fueron arrebatados”, sostiene.

“Es cierto que la confianza es indispensable para la recuperación de la economía. Pero la generación de riqueza y bienestar solo son posibles cuando existe respeto y garantía irrestrictos al derecho de propiedad”, agrega.

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El caso de la empresa de fertilizantes Agroisleña, cuyo caso fue a parar hasta el CIADI, es más delicado y problemático para Maduro.

Independientemente o no de que Maduro vaya a pagar la indemnización de 1.640.000.000 de dólares que exige la sentencia del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se trata de un golpe duro contra las expropiaciones.

Aunque han pasado los años, el tribunal determinó que el Estado debe pagar esa indemnización.

Además de la indemnización, el Estado venezolano también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento. Y otros 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos. Esto, por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.

Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas.

 Los expertos sostienen que otra de las razones es que está en marcha un proceso de diálogo. El mismo está en la mira no solo del país, sino de varios países, potenciales inversionistas.