La expulsión de 60 migrantes venezolanos, anunciada por el gobierno de Chile, resultó fallida por cuanto no se concretó la autorización del vuelo, según indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Esto trae como consecuencia que los 60 venezolanos queden en libertad, de acuerdo a las leyes la PDI, solo podrá retenerlos durante cinco días, luego de este tiempo, tendrán que ser liberados.

Los detalles del caso los ofreció este jueves, la ministra Tohá quien detalló que las diligencias tanto administrativas, como judiciales, se realizaron para que viajaran en un avión de la aerolínea Estelar de Venezuela el viernes 24 de noviembre.

La prensa local señala que se trata de vuelos privados, que requieren una autorización de apertura del espacio aéreo al INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil), del gobierno de Venezuela.

Fuentes del gobierno chileno, le confirmaron a BioBio que “el vuelo fue rechazado por parte de Venezuela -sin entregar una razón de manera formal-, argumentando que la autorización no llegó de forma oportuna”.

Sin embargo, horas más tarde el director nacional de Migraciones de Chile, Luis Thayer, explicó que el vuelo con 60 expulsados, no se concretó debido a una falta en un permiso técnico, y eximió de responsabilidad al gobierno venezolano.

En declaraciones a la prensa indicó que «no hay negativa del gobierno venezolano (…) para que el vuelo pudiera materializarse, éste tiene que tener una autorización de un órgano técnico que es el Institución Nacional de Aeronática Civil de Venezuela que es equivalente a nuestra DGAC».

#crisimigratoria "Luis Thayer explicó que el viaje fue frustrado por la falta de un permiso que debía emitir el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, un organismo venezolano similar a la DGAC de Chile #TTE pic.twitter.com/QSmcyWx7Rs

En vista de la situación, el vuelo queda aplazado a la espera de las gestiones diplomáticas, cita el medio chileno.

Tras la suspensión de la expulsión, los señalamientos cayeron sobre el recién nombrado embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri.

Diputados califican la gestión del diplomático como un “fracaso”, mientras que el gobierno de Chile, evalúa la posibilidad de enviar a los vuelos comerciales.

La medida que en enviar a los venezolanos en vuelos comerciales, que no necesitan permisos, es para ganar tiempo y evitar que se termine el plazo de detención.

La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este martes la política migratoria del gobierno de Joe Biden con un contexto de al menos 11 millones de migrantes irregulares que viven en los Estados Unidos, sumado a los 227 migrantes deportados solo en septiembre y los miles que pujan por entrar en la frontera con México.

La Corte Suprema revisó lo concerniente a la deportación de migrantes en situación irregular, que en la era Biden da prioridad a los que representen una amenaza para la seguridad del país.

Se pudo conocer que los jueces conservadores del Corte Suprema de EE.UU. criticaron este martes los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden.

Esto como parte de la primera audiencia en el caso sobre su política de criterios de deportación, que impone claves diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump (2017-2021).

Cabe destacar que, de acuerdo a los datos que maneja la plataforma R4V, especializada en el tema migratorio en Estados Unidos, hay al menos 545 mil.

Por si fuera poco, hay decenas de venezolanos, que se encuentran en las ciudades fronterizas esperando para cruzar a EE.UU..

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Toda la polémica comenzó cuando Biden dio instrucciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en septiembre de 2021 para que se centrara en los extranjeros que representaran una amenaza (terrorista o criminal) o que hubieran llegado recientemente a territorio estadounidense.

A diferencia de las políticas de Donald Trump, partidario de que se expulsara a todos sin tener en cuenta si están integrados en la sociedad.

Las medidas migratorias afectan a más de 11 millones de migrantes en situación irregular.  Ante este panorama, el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas «no tiene los recursos para detener y expulsar a cada uno de estos no ciudadanos».

Las nuevas políticas migratorias de Biden tropezaron con la férrea oposición de estados dirigidos por los republicanos, que aducen que suponen más gastos en educación, policía y servicios sociales, reseña AFP.

Algunos de estos estados, entre ellos Texas, las impugnaron en los tribunales, que emitieron veredictos contradictorios.

Los estados demandantes aseguran que la nueva directriz es ilegal ya que, por ley, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación, reseña EFE.

En junio, un juez federal de Texas bloqueó las nuevas directrices migratorias del gobierno de Biden, ante lo cual este apeló a la Corte Suprema para poder aplicarlas.

 En julio, la Corte Suprema se negó a pronunciarse por la vía de urgencia, lo que hizo que las consignas se quedaran en letra muerta, pero accedió a examinar el fondo del caso, que será lo que haga este martes por la mañana durante una vista judicial en Washington.