En Perú, la temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.

El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.

Su poder de intimidación desafía al impopular gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.

«A la fecha tenemos (…)  500 colegios extorsionados» a nivel nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.

De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.

Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.

«Es prácticamente como una pandemia pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.

A las afueras, un grupo de cinco militares y policías vigilaban el ingreso de los alumnos.

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En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1.200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no dejó víctimas, pero causó daños en la puerta principal y obligó a iniciar clases de manera virtual.

Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100.000 soles (unos 27.000 dólares) para no atacar.

Después del atentado, llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato.

«YA TE EXPLOTE TU COLEGIO Y AUN SIN DARME SOLUCIÓN», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.

El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o «padre de familia dentro o fuera del colegio».

Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.

Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17.000 instituciones y 2,5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.

Ante «tanto miedo y tensión», familias está considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.

El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.

El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.

Mientras se multiplican las protestas, Boluarte se hunde en las encuestas. Un 93% de peruanos rechaza su mandato, según recientes encuestas, lo que la ubica entre los presidentes más impopulares del mundo.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.

«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión» se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.

Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.

Según la policía, en 2024 recibió 19.443 denuncias por este delito frente a las 22.294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.

El Fiscal Tarek William Saab anunció que los 3 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)  que extorsionaron a turistas en Portuguesa fueron imputados por los delitos de Constricción para obtener sumas de dinero, Privación Ilegítima de Libertad y Asociación para delinquir.

Saab detalló que a través de las Fiscalías 25ª y 85 Nacional de DDHH se logró imputar y privar de libertad a los funcionarios de la PNB) Vargas, José (Inspector), Chirinos, Enderson ( Inspector) y Leal, Ender (Primer Oficial) por la extorsión a los turistas.

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Mediante sus redes sociales reveló que los funcionarios valiéndose de su cargo “privaron de libertad ilegítimamente y solicitaron una suma de dinero a los turistas JORIS IFYE de nacionalidad francesa y ANGÉLICA ENRRIQUE de nacionalidad mexicana, a cambio de no detenerlos por llevar un dron dentro de su equipaje”.

El fiscal fue enfático al señalar que el Ministerio Público no permitirá impunidad alguna en casos de abusos policiales o violaciones a Derechos Humanos.

«Pobladores del eje fronterizo San Antonio del Táchira-Ureña, siguen siendo víctimas de letales ataques provocados por material explosivo lanzado a locales comerciales, centros de recreación y viviendas».

La denuncia la hizo el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en reporte donde se refiere, para citar un ejemplo, al último de los casos ocurridos en la población de Ureña, donde fue lanzada una granada fragmentaria a una vivienda del sector.

El atentado dejó una persona fallecida y dos más gravemente heridas, una mujer de 39 años y una niña de apenas 18 meses, afectadas con mutilaciones en extremidades y quemaduras respectivamente.

«Ya se contabilizan cinco atentados con granadas en lo que va de año. Cuatro en establecimientos nocturnos y este último ocurrido en una casa de habitación», resalta el OVV.

Agrega que «los mensajes intimidatorios se empiezan a naturalizar, los ataques con granada mantienen una constante de uno por mes desde la llegada del 2023 y las extorsiones van ganando terreno en el eje fronterizo por parte de grupos armados, entre ellos el ELN y el grupo criminal Tren de Aragua».

Aunado a lo anterior, el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira), tras el seguimiento a la prensa regional, determinó «una inusual variación en el comportamiento delictivo en la entidad en comparación con los meses anteriores».

Se trata del ascenso de las cifras, «lo cual se debe no a la ocurrencia de más sucesos, sino a que, en un mismo suceso, se registran dos o más delitos, lo que termina aumentando la estadística, que durante el mes de julio dejó un saldo de 18 hechos violentos, seis más que el mes anterior».

Alerta el observatorio que «la incidencia recayó sobre las agresiones interpersonales y los hurtos con seis casos cada uno, seguidos de cuatro homicidios, una extorsión y una agresión sexual».

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Asimismo, el observatorio alerta que hay una particularidad que se está haciendo frecuente y es «la publicación tardía de los hechos violentos, que ya han ocurrido meses atrás, sin ofrecerse más detalles. No se están generando pronunciamientos al tiempo».

Tras consultar varios periodistas de la fuente de sucesos, el OVV determinó que los comunicadores «coincidieron en que no cuentan con reportes actualizados de los distintos hechos que van ocurriendo por parte de las autoridades, aunque por la naturaleza de los hechos, al conocer los casos aseguran que si se está realizando el debido proceso».

Los delincuentes que tienen azotado a los comerciantes del estado Zulia, publicaron un video donde amenazan a una de sus víctimas con una ametralladora AK-47.

El vídeo publicado por los periodistas de sucesos, Roman Camacho y Delmiro del Barrio, muestran a un hombre desenfundando el arma y amenazando a la víctima.

“Este te lo tengo preparadito para vos, con esto te voy a hacer un desastre”, le dice el delincuente a la víctima.

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En el año 2020, unos 800 comerciantes en la entidad zuliana mantenían sus santamarías cerradas por el acecho de las megabandas dedicadas a la extorsión.

Hasta la primera semana de diciembre del año pasado, se perpetraron al menos 40 ataques con granadas a comercios, clínicas y empresas, según Fedecámaras Zulia.

Pero las cifras no terminan allí, al menos seis de cada 10 comerciantes reciben una llamada de extorsión y solo una resulta real.

Las otras llamadas, precisa Fedecamaras, son de pequeñas bandas que intentan que algún empresario caiga y les pague a ellos.

En un reportaje publicado por Crónica Uno, Luis Izquiel, abogado penal y criminólogo, explicó que las extorsiones en el estado están en manos de las bandas los Meleán, Yeico Masacre y los Leal.

Otras bandas como la del Adriancito y el Cagón operan no sólo en Zulia, sino también en Trujillo.

#DENUNCIA #EXTORSIÓN Un vídeo de fecha #2Feb donde una de la bandas de delincuentes del #Zulia extorsionan a una víctima. pic.twitter.com/BwhJOeOqxa

Una banda de agresores sexuales que se hacían pasar por brujos para violar, grabar y posteriormente extorsionar a sus víctimas fue desarticulada por la Policía Municipal de Peñalver (Polipeñalver), en el oeste de Anzoátegui.

Jesús Belmonte, director del cuerpo de seguridad dijo que «estos individuos atraían a personas para realizarles trabajos de santería, haciéndose pasar por presuntos babalaos, posteriormente eran trasladadas a la vivienda donde eran atadas, amordazadas y violadas. Todos estos actos eran grabados y fotografiados para luego extorsionar a las víctimas».

Belmonte informó que lograron la aprehensión de cuatro sujetos en una vivienda ubicada en el sector Nuevo Píritu, del municipio Píritu, los mismos quedaron identificados como Antuan de Jesús Blanco Mongollón de 19 años, apodado «El Rey de Orisha» y líder del grupo, Alfredo José Rosales González (18) «Alfredito», Geomar José Díaz Villanueva (18) «El Geo» y Yureima del Carmen Roldán Chipamo (34) «La Yure».

Los detenidos tenían en su poder tres teléfonos celulares con evidencias de interés criminalístico, como fotos, vídeos y conversaciones extorsionando a sus víctimas.

El alcalde de el municipio Peñalver, Jhonny Dib, aseguró que siguen con las investigaciones para dar con el paradero de otros integrantes de la banda.

Además, los detenidos, fueron puestos a la orden de la Sala de Flagrancia del Tribunal de Control del estado Anzoátegui, donde les dictaron medida privativa de libertad por delitos de agavillamiento y violación, previstos y sancionados en los artículos 286 y 374 del Código Penal.